David Colmenares
-Dimensiones mundiales del mismo
-Lecciones
-Fortalecer fiscalización
Retomemos el Estudio Mundial de Fraude Ocupacional y el Abuso 2010, elaborado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificado (ACFE), cuyo Capítulo México encabeza Juan Manuel Portal, el Auditor Superior de la Federación, que comenté el año pasado.
Este Estudio señala que la pérdida potencial estimada por fraude ocupacional en el Mundo asciende a 2.9 billones de dólares al año, partiendo de que la base promedio de pérdida por organización es del 5 % de sus ingresos anuales. Es claro que en todos los subtemas hay variaciones por regiones, sectores y responsables del mismo.
La definición de Fraude Ocupacional, incluye una amplia gama de delitos y estafas, que van -como señala el Reporte-, desde el “robo de identidad, hasta el acceso ilegal a datos y la falsificación de reportes de gastos La forma en que los perpetradores intentan apropiarse del dinero de sus víctimas son muy diversas y continuamente cambiantes.
En su origen, todos los fraudes implican una violación de la confianza”, sobre todo cuando un empleado abusa de su posición dentro de la organización para obtener un enriquecimiento personal, usando indebidamente los activos o recursos que resguarda. Esto aplica a los empleados de todos los niveles tanto de los gobiernos como los de las empresas. A pesar de las diferentes circunstancias, características estructurales y culturales, desarrollo político, económico y social, diferentes, el Estudio realizado en 106 países ha encontrado patrones comunes:
El fraude financiero que representa el 5 % de los fraudes, causa las mayores pérdidas, con un costo promedio de 4 millones de dólares por evento;
mientras que la apropiación indebida de activos, la forma más común de fraude con el 90 % de los casos, tiene una pérdida promedio de 135 mil dólares por evento;
el mejor “método” de detección son las denuncias anónimas, en el 42 % de los casos, como se ha observado desde hace 9 años;
los negocios y organizaciones pequeñas son más vulnerables, y por tanto víctimas desproporcionadas, lo mismo sucede a nivel de los gobiernos subnacionales y locales;
los sectores más recurrentes son los de la banca/servicios financieros, la manufactura y la administración pública en general, principalmente en obra pública, finanzas, permisos y adquisiciones;
los fraudes cometidos por dueños y ejecutivos son tres veces más costosos que los cometidos por los administradores y nueve veces los costos de los de los empleados;
pasan en promedio 18 meses para que los fraudes sean descubiertos. Los financieros 27 meses y 24 la alteración de cheques, los reembolsos de gastos, nómina y facturación;
en contabilidad, operaciones, ventas, dirección ejecutiva alta, servicio al cliente y compras, se cometen cuatro quintas partes de los fraudes;
El costo de los fraudes es incalculable, no sólo es el costo directo, sino la siembre de una cultura de la impunidad.
Hasta aquí este interesante Estudio, que nos deja lecciones que debemos considerar.
A nivel del sector público en México, se han dado avances importantes en la fiscalización, particularmente desde la Auditoría Superior de la Federación, un órgano técnico, profesional y autónomo. Pero debemos avanzar más por ejemplo en el Sistema Nacional de Fiscalización propuesto por el Auditor Superior, para consolidar las instituciones encargadas de la auditoría gubernamental y se fortalezca de manera integral la rendición de cuentas. Coincido con la necesidad de la creación de un organismo con plena autonomía -como también ha propuesto Juan Manuel Portal- que ejerciera la facultad de sancionar, ajena a cualquier conflicto de interés.
Una recomendación. La informacion del análisis de la Cuenta Pública 2010, me ha sido muy útil para mis clases en la UNAM. Vale la pena consultarla en la página web de la ASF.
-Dimensiones mundiales del mismo
-Lecciones
-Fortalecer fiscalización
Retomemos el Estudio Mundial de Fraude Ocupacional y el Abuso 2010, elaborado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificado (ACFE), cuyo Capítulo México encabeza Juan Manuel Portal, el Auditor Superior de la Federación, que comenté el año pasado.
Este Estudio señala que la pérdida potencial estimada por fraude ocupacional en el Mundo asciende a 2.9 billones de dólares al año, partiendo de que la base promedio de pérdida por organización es del 5 % de sus ingresos anuales. Es claro que en todos los subtemas hay variaciones por regiones, sectores y responsables del mismo.
La definición de Fraude Ocupacional, incluye una amplia gama de delitos y estafas, que van -como señala el Reporte-, desde el “robo de identidad, hasta el acceso ilegal a datos y la falsificación de reportes de gastos La forma en que los perpetradores intentan apropiarse del dinero de sus víctimas son muy diversas y continuamente cambiantes.
En su origen, todos los fraudes implican una violación de la confianza”, sobre todo cuando un empleado abusa de su posición dentro de la organización para obtener un enriquecimiento personal, usando indebidamente los activos o recursos que resguarda. Esto aplica a los empleados de todos los niveles tanto de los gobiernos como los de las empresas. A pesar de las diferentes circunstancias, características estructurales y culturales, desarrollo político, económico y social, diferentes, el Estudio realizado en 106 países ha encontrado patrones comunes:
El fraude financiero que representa el 5 % de los fraudes, causa las mayores pérdidas, con un costo promedio de 4 millones de dólares por evento;
mientras que la apropiación indebida de activos, la forma más común de fraude con el 90 % de los casos, tiene una pérdida promedio de 135 mil dólares por evento;
el mejor “método” de detección son las denuncias anónimas, en el 42 % de los casos, como se ha observado desde hace 9 años;
los negocios y organizaciones pequeñas son más vulnerables, y por tanto víctimas desproporcionadas, lo mismo sucede a nivel de los gobiernos subnacionales y locales;
los sectores más recurrentes son los de la banca/servicios financieros, la manufactura y la administración pública en general, principalmente en obra pública, finanzas, permisos y adquisiciones;
los fraudes cometidos por dueños y ejecutivos son tres veces más costosos que los cometidos por los administradores y nueve veces los costos de los de los empleados;
pasan en promedio 18 meses para que los fraudes sean descubiertos. Los financieros 27 meses y 24 la alteración de cheques, los reembolsos de gastos, nómina y facturación;
en contabilidad, operaciones, ventas, dirección ejecutiva alta, servicio al cliente y compras, se cometen cuatro quintas partes de los fraudes;
El costo de los fraudes es incalculable, no sólo es el costo directo, sino la siembre de una cultura de la impunidad.
Hasta aquí este interesante Estudio, que nos deja lecciones que debemos considerar.
A nivel del sector público en México, se han dado avances importantes en la fiscalización, particularmente desde la Auditoría Superior de la Federación, un órgano técnico, profesional y autónomo. Pero debemos avanzar más por ejemplo en el Sistema Nacional de Fiscalización propuesto por el Auditor Superior, para consolidar las instituciones encargadas de la auditoría gubernamental y se fortalezca de manera integral la rendición de cuentas. Coincido con la necesidad de la creación de un organismo con plena autonomía -como también ha propuesto Juan Manuel Portal- que ejerciera la facultad de sancionar, ajena a cualquier conflicto de interés.
Una recomendación. La informacion del análisis de la Cuenta Pública 2010, me ha sido muy útil para mis clases en la UNAM. Vale la pena consultarla en la página web de la ASF.
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