El procurador de EU, sostuvo que su agencia ha revisado millones de comunicaciones electrónicas y más de 140 mil páginas relativas a la operación
EFE
Washington. El procurador de Estados Unidos, Eric Holder, rechazó hoy cualquier posibilidad de renunciar al salir al paso a la demanda de que sea removido del cargo debido a su supuesta falta de cooperación en investigaciones como la de “Rápido y Furioso”.
“No tengo intención de renunciar”, reaccionó Holder cuando el senador republicano de Texas, John Cornyn, expresó su expectativa de que el presidente Barack Obama nombre a un nuevo procurador general que no politice la impartición de la justicia.
Holder sostuvo que su agencia ha revisado millones de comunicaciones electrónicas y más de 140 mil páginas relativas a “Rápido y Furioso” y ha propuesto un encuentro con los líderes republicanos de la Cámara de Representantes para alcanzar un compromiso.
“No me han respondido, lo que sugiere que la intención no es buscar un acomodo, sino una acción política”, señaló Holder durante su comparecencia ante el Comité Judicial del Senado.
Holder fue repetidamente cuestionado por los republicanos del panel senatorial, tanto en relación con el operativo “Rápido y Furioso” de trasiego ilegal de armas a México, como por la designación de dos fiscales en las filtraciones de seguridad nacional.
Aunque sólo Cornyn habló abiertamente de que Holder sea removido del cargo, otros como el senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, acusaron al procurador de poner en entredicho la seguridad nacional de Estados Unidos.
En descargo, Holder defendió no sólo la imparcialidad de los dos fiscales designados para investigar las filtraciones, sino la respuesta del Departamento de Justicia para evitar la repetición de operativos como “Rápido y Furioso”.
Al respecto sostuvo que durante la administración del presidente George W. Bush no se hizo “nada” para frenar operativos similares como el de “Receptor Abierto”, a través del cual se permitió la entrada ilegal a México de unas 300 armas.
“Nadie hizo nada, nada”, dijo Holder en alusión a su antecesor en el Departamento de Justicia.
Destacó asimismo que cuenta con la confianza del presidente Barack Obama, tal como lo expresó la víspera el portavoz presidente Jay Carney en relación con el proceso de desacato activado por los republicanos en relación con “Rápido y Furioso”.
Al inicio de la audiencia, Holder advirtió sobre una posible “crisis constitucional” en Estados Unidos en caso que avance el proceso de desacato previsto a ser votado en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el próximo 20 de junio.
Cuando el senador Mike Lee de Utah lo increpó sobre el uso del término, Holder señaló que quizás sería más conveniente hablar de un “conflicto constitucional”.
De ser aprobado por el Comité, el caso de desacato pasa al pleno de la Cámara de Representantes donde tiene altas posibilidades de ser aprobado. De allí sería turnado a la Fiscalía del Distrito de Columbia, encabezada por Ronald Machen Jr.
Bajo la legislación estadunidense, el fiscal debe convocar a un Gran Jurado para determinar si hubo una violación criminal. La sanción potencial incluye una pena carcelaria de un mes a no más de 12 meses.
EFE
Washington. El procurador de Estados Unidos, Eric Holder, rechazó hoy cualquier posibilidad de renunciar al salir al paso a la demanda de que sea removido del cargo debido a su supuesta falta de cooperación en investigaciones como la de “Rápido y Furioso”.
“No tengo intención de renunciar”, reaccionó Holder cuando el senador republicano de Texas, John Cornyn, expresó su expectativa de que el presidente Barack Obama nombre a un nuevo procurador general que no politice la impartición de la justicia.
Holder sostuvo que su agencia ha revisado millones de comunicaciones electrónicas y más de 140 mil páginas relativas a “Rápido y Furioso” y ha propuesto un encuentro con los líderes republicanos de la Cámara de Representantes para alcanzar un compromiso.
“No me han respondido, lo que sugiere que la intención no es buscar un acomodo, sino una acción política”, señaló Holder durante su comparecencia ante el Comité Judicial del Senado.
Holder fue repetidamente cuestionado por los republicanos del panel senatorial, tanto en relación con el operativo “Rápido y Furioso” de trasiego ilegal de armas a México, como por la designación de dos fiscales en las filtraciones de seguridad nacional.
Aunque sólo Cornyn habló abiertamente de que Holder sea removido del cargo, otros como el senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, acusaron al procurador de poner en entredicho la seguridad nacional de Estados Unidos.
En descargo, Holder defendió no sólo la imparcialidad de los dos fiscales designados para investigar las filtraciones, sino la respuesta del Departamento de Justicia para evitar la repetición de operativos como “Rápido y Furioso”.
Al respecto sostuvo que durante la administración del presidente George W. Bush no se hizo “nada” para frenar operativos similares como el de “Receptor Abierto”, a través del cual se permitió la entrada ilegal a México de unas 300 armas.
“Nadie hizo nada, nada”, dijo Holder en alusión a su antecesor en el Departamento de Justicia.
Destacó asimismo que cuenta con la confianza del presidente Barack Obama, tal como lo expresó la víspera el portavoz presidente Jay Carney en relación con el proceso de desacato activado por los republicanos en relación con “Rápido y Furioso”.
Al inicio de la audiencia, Holder advirtió sobre una posible “crisis constitucional” en Estados Unidos en caso que avance el proceso de desacato previsto a ser votado en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el próximo 20 de junio.
Cuando el senador Mike Lee de Utah lo increpó sobre el uso del término, Holder señaló que quizás sería más conveniente hablar de un “conflicto constitucional”.
De ser aprobado por el Comité, el caso de desacato pasa al pleno de la Cámara de Representantes donde tiene altas posibilidades de ser aprobado. De allí sería turnado a la Fiscalía del Distrito de Columbia, encabezada por Ronald Machen Jr.
Bajo la legislación estadunidense, el fiscal debe convocar a un Gran Jurado para determinar si hubo una violación criminal. La sanción potencial incluye una pena carcelaria de un mes a no más de 12 meses.
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