Alberto J. Olvera
Las elecciones de 2012 se cubren en los medios como si los mexicanos no hubiéramos aprendido nada de las elecciones celebradas de 2006 a la fecha. La amnesia de nuestros opinólogos y de los encargados de la mayor parte de los noticieros es sorprendente. No sólo las elecciones de este año están reproduciendo los viejos vicios de siempre, sino que el alegre uso de las encuestas electorales olvida que en las elecciones locales de 2010 demostraron su falibilidad y algo aún más grave: la falta de confianza que la ciudadanía tiene en las empresas del ramo, tan grande como la confianza irredenta que la clase política y los opinadores depositan en ellas.
Vale la pena recordar que las elecciones locales de 2010 se produjeron en el contexto de la más brutal regresión democrática en materia electoral desde la creación de un IFE política y legalmente autónomo en 1996 y la subsecuente creación de organismos electorales estatales análogos. Hacía años que no se veía tal descaro en la abierta intromisión de los gobernadores en los procesos electorales, tal subordinación política de los organismos electorales, tal cantidad de dinero de dudoso origen invertido en las campañas; en fin, la violación sistemática de los principios que guiaron la precaria transición a la democracia electoral en México. Se perfilaba una abierta regresión autoritaria en la forma de carro completo para el PRI, anticipada de alguna forma por su triunfo contundente en las elecciones federales de 2009. Las encuestas señalaban que el PRI ganaría todas las gubernaturas en juego (Durango, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala) con porcentajes de triunfo mayores a 8% y en algunos casos con ventajas de 13 a 15% (como se anticipaba para Veracruz).
Ninguna encuestadora anticipó las derrotas del PRI en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, ni la cerrada competencia en Durango y Veracruz, estados que experimentaron una prolongada batalla postelectoral. En Veracruz el promedio de encuestas daba el triunfo al PRI por una diferencia de 14% de los votos, y en realidad fue de sólo 3%. Los triunfos de los frentes opositores en Puebla y Oaxaca fueron contundentes, y en Sinaloa fue muy apretado, pero aun más inesperado. Estos resultados significaron diferenciales de más de 10% en relación con las encuestas levantadas.
Los ciudadanos defendieron como pudieron la única libertad efectiva ganada en estos años: la del voto. La gente salió a votar con inteligencia para protestar o de plano liberarse de los cacicazgos de los gobernadores más pedestres del país, a pesar de que los candidatos priistas en los estados eran jóvenes “frescos” y no parte de la vieja maquinaria. Los ciudadanos adoptaron, en esa gesta, las mismas tácticas previas al 2000: ocultar su verdadera intención de voto y no dar a los encuestadores información cierta, dada la desconfianza y el temor reinantes.
Puede argumentarse que en las elecciones federales de 2012 la situación no es la misma, pues no se confronta al partido en el poder, el PAN, que está derrumbándose. Sin embargo, el hecho de que sea el PRI el partido que va al frente, y el consistente en que realiza una campaña como las del 2009 y 2010 –es decir, sin límites de gasto, con aparatos territoriales impresionantes, con los gobernadores priistas poniendo a sus empleados a trabajar descaradamente por el PRI–, y dado que los medios nacionales, pero ante todo los locales, están abiertamente al servicio del mismo partido, convierten al PRI en el aparato político dominante y en la principal amenaza antidemocrática.
Esta situación, percibida por los sectores más conscientes de la ciudadanía, y la reproducción de las prácticas históricas de inducción del voto por el PRI, aunadas a un abuso absoluto en los espacios mediáticos (en Veracruz el 80% del espacio en los periódicos está ocupado por el PRI), han creado una percepción del PRI como el partido gobernante, aun antes de serlo. Además, en la mayor parte del país el PRI es, en efecto, muy mal gobierno (Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Chihuahua). El voto de protesta, que típicamente se expresa como voto contra el partido en el gobierno, esta vez no va a ir dirigido solamente contra el PAN, al cual la ciudadanía de alguna manera ya da por descontado, sino también contra el PRI, porque el propio partido se ha mostrado y colocado en el imaginario público como partido hegemónico, no como alternativa.
Las empresas encuestadoras no están tomando nota de esta situación, lo cual es la repetición de su error del 2010. El alto porcentaje de “no respuesta” en sus encuestas debería indicarles que algo está pasando. Estamos de vuelta en una situación de desconfianza de los ciudadanos respecto del sistema político y sus actores, así como en relación a los medios, como el movimiento #YoSoy132 ha demostrado fehacientemente. No nos sorprendamos de que los resultados reales no coincidan con la mayoría de las encuestas.
*Periodista e investigador de la Universidad Veracruzana.
Las elecciones de 2012 se cubren en los medios como si los mexicanos no hubiéramos aprendido nada de las elecciones celebradas de 2006 a la fecha. La amnesia de nuestros opinólogos y de los encargados de la mayor parte de los noticieros es sorprendente. No sólo las elecciones de este año están reproduciendo los viejos vicios de siempre, sino que el alegre uso de las encuestas electorales olvida que en las elecciones locales de 2010 demostraron su falibilidad y algo aún más grave: la falta de confianza que la ciudadanía tiene en las empresas del ramo, tan grande como la confianza irredenta que la clase política y los opinadores depositan en ellas.
Vale la pena recordar que las elecciones locales de 2010 se produjeron en el contexto de la más brutal regresión democrática en materia electoral desde la creación de un IFE política y legalmente autónomo en 1996 y la subsecuente creación de organismos electorales estatales análogos. Hacía años que no se veía tal descaro en la abierta intromisión de los gobernadores en los procesos electorales, tal subordinación política de los organismos electorales, tal cantidad de dinero de dudoso origen invertido en las campañas; en fin, la violación sistemática de los principios que guiaron la precaria transición a la democracia electoral en México. Se perfilaba una abierta regresión autoritaria en la forma de carro completo para el PRI, anticipada de alguna forma por su triunfo contundente en las elecciones federales de 2009. Las encuestas señalaban que el PRI ganaría todas las gubernaturas en juego (Durango, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala) con porcentajes de triunfo mayores a 8% y en algunos casos con ventajas de 13 a 15% (como se anticipaba para Veracruz).
Ninguna encuestadora anticipó las derrotas del PRI en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, ni la cerrada competencia en Durango y Veracruz, estados que experimentaron una prolongada batalla postelectoral. En Veracruz el promedio de encuestas daba el triunfo al PRI por una diferencia de 14% de los votos, y en realidad fue de sólo 3%. Los triunfos de los frentes opositores en Puebla y Oaxaca fueron contundentes, y en Sinaloa fue muy apretado, pero aun más inesperado. Estos resultados significaron diferenciales de más de 10% en relación con las encuestas levantadas.
Los ciudadanos defendieron como pudieron la única libertad efectiva ganada en estos años: la del voto. La gente salió a votar con inteligencia para protestar o de plano liberarse de los cacicazgos de los gobernadores más pedestres del país, a pesar de que los candidatos priistas en los estados eran jóvenes “frescos” y no parte de la vieja maquinaria. Los ciudadanos adoptaron, en esa gesta, las mismas tácticas previas al 2000: ocultar su verdadera intención de voto y no dar a los encuestadores información cierta, dada la desconfianza y el temor reinantes.
Puede argumentarse que en las elecciones federales de 2012 la situación no es la misma, pues no se confronta al partido en el poder, el PAN, que está derrumbándose. Sin embargo, el hecho de que sea el PRI el partido que va al frente, y el consistente en que realiza una campaña como las del 2009 y 2010 –es decir, sin límites de gasto, con aparatos territoriales impresionantes, con los gobernadores priistas poniendo a sus empleados a trabajar descaradamente por el PRI–, y dado que los medios nacionales, pero ante todo los locales, están abiertamente al servicio del mismo partido, convierten al PRI en el aparato político dominante y en la principal amenaza antidemocrática.
Esta situación, percibida por los sectores más conscientes de la ciudadanía, y la reproducción de las prácticas históricas de inducción del voto por el PRI, aunadas a un abuso absoluto en los espacios mediáticos (en Veracruz el 80% del espacio en los periódicos está ocupado por el PRI), han creado una percepción del PRI como el partido gobernante, aun antes de serlo. Además, en la mayor parte del país el PRI es, en efecto, muy mal gobierno (Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Chihuahua). El voto de protesta, que típicamente se expresa como voto contra el partido en el gobierno, esta vez no va a ir dirigido solamente contra el PAN, al cual la ciudadanía de alguna manera ya da por descontado, sino también contra el PRI, porque el propio partido se ha mostrado y colocado en el imaginario público como partido hegemónico, no como alternativa.
Las empresas encuestadoras no están tomando nota de esta situación, lo cual es la repetición de su error del 2010. El alto porcentaje de “no respuesta” en sus encuestas debería indicarles que algo está pasando. Estamos de vuelta en una situación de desconfianza de los ciudadanos respecto del sistema político y sus actores, así como en relación a los medios, como el movimiento #YoSoy132 ha demostrado fehacientemente. No nos sorprendamos de que los resultados reales no coincidan con la mayoría de las encuestas.
*Periodista e investigador de la Universidad Veracruzana.
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