Jenaro Villamil
Un nuevo frente de conflicto, ahora desde Estados Unidos, se abrió hoy a Enrique Peña Nieto: el empresario mexicano-estadunidense, José Luis Ponce de Aquino, interpuso una demanda contra el equipo cercano al candidato presidencial priista por un presunto fraude de 56 millones de dólares, relacionados con contratos de promoción e imagen.
Así, este conflicto se suma a las investigaciones en contra de Pancho Colorado, presunto operador financiero de Los Zetas vinculado al exgobernador priista veracruzano Fidel Herrera, y a las acusaciones en contra del exmandatario de Tamaulipas, Tomás Yarrington, también del PRI.
Esta mañana, el periódico Reforma publicó en primera plana una síntesis del caso y la periodista Carmen Aristegui entrevistó en MVS Noticias a Ponce de Aquino, dueño de Frontera Television Network (FTN), quien dio detalles suficientes sobre presuntas negociaciones con el secretario particular de Peña Nieto, Erwin Lino; con el jefe de Comunicación Social, David López; con su homólogo del PRI, Roberto Calleja, así como dos de los principales operadores peñistas: Luis Videgaray, coordinador general de la campaña, y Luis Enrique Miranda Nava, el “cerebro negro” del candidato desde Toluca.
Ponce de Aquino afirma en su demanda judicial, presentada ante una Corte del distrito centro en California, que fue contratado por Alejandro Carrillo Garza Sada, socio de la empresa Jiramos, S.A. de C.V., para difundir y posicionar la imagen de Peña Nieto entre la comunidad de origen mexicano. El proyecto fue de 56 millones de dólares.
Según la queja, el presunto fraude y conspiración consistió en hacerle creer al empresario dueño de FTN y de otras compañías de mercadotecnia que sería favorecido con un presupuesto millonario para lanzar espectaculares, anuncios en revistas, radio, televisión e Internet, usando su estructura y redes en Estados Unidos.
Por cierto, Ponce Aquino es un empresario de origen mexicano que hizo fortuna en Estados Unidos como corredor de bienes raíces.
Ponce de Aquino identificó a David López, Roberto Calleja y Alejandro Carrillo Garza Sada como los impulsores de este proyecto, el mismo día en que Peña Nieto rindió protesta como precandidato único del PRI a la Presidencia, en noviembre de 2011.
Sin embargo, el proyecto mercadológico nunca se realizó, a pesar de la firma de distintos contratos que garantizaban la propuesta. Ponce de Aquino afirmó en entrevista con Aristegui que la empresa Jiramos, S.A. recibió los 56 millones de dólares, al parecer provenientes del Consejo de Porcicultores Mexicanos.
El dinero se repartió entre los demandados y no se le pagó el proyecto a Ponce de Aquino.
De inmediato, en el espacio informativo de MVS, Eduardo Sánchez, vocero del PRI, negó la acusación.
Contraatacó al decir que se trataba de una “vulgar extorsión”, ya que un intermediario de Ponce de Aquino presuntamente les pidió hace unas semanas un monto de 5 millones de dólares para evitar el escándalo mediático.
En rueda de prensa, los directivos del PRI precisaron que la propuesta original se rechazó “por absurda”, y que cinco meses después de la reunión del 11 de noviembre pasado, Francisco Javier Torres, funcionario de Banco Inbursa y representante de Ponce de Aquino, fue el encargado de pedir 5 millones de dólares a cambio de no detonar lo que sería un escándalo mediático.
Y dio como ultimátum el 4 de mayo pasado.
El PRI presentó apenas el miércoles 13 una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) y consideró que el caso “tiene visos de un fraude entre particulares”, al que “burdamente” se trata de convertir en un asunto político.
No obstante, el caso llegó hasta el evento de campaña de Enrique Peña Nieto en Michoacán. El candidato presidencial priista especuló que se puede tratar “de algún vival o de algunos que quieren hacer realmente nota y escándalo de un tema que no tiene ningún soporte, ningún fundamento”.
Afirmó:
“No sé si esto está orquestado con el ánimo de venir a generar un escándalo de este tipo en este momento de campaña. Rechazo este tipo de imputaciones. Yo me estoy enterando de esto”.
Pese a ello, se trata de una mala noticia para Peña Nieto, ya que tanto el PRI como sus voceros confirmaron que sí existió la reunión de noviembre de 2011, pero aparentemente nunca informaron de ello a su propio jefe.
Un nuevo frente de conflicto, ahora desde Estados Unidos, se abrió hoy a Enrique Peña Nieto: el empresario mexicano-estadunidense, José Luis Ponce de Aquino, interpuso una demanda contra el equipo cercano al candidato presidencial priista por un presunto fraude de 56 millones de dólares, relacionados con contratos de promoción e imagen.
Así, este conflicto se suma a las investigaciones en contra de Pancho Colorado, presunto operador financiero de Los Zetas vinculado al exgobernador priista veracruzano Fidel Herrera, y a las acusaciones en contra del exmandatario de Tamaulipas, Tomás Yarrington, también del PRI.
Esta mañana, el periódico Reforma publicó en primera plana una síntesis del caso y la periodista Carmen Aristegui entrevistó en MVS Noticias a Ponce de Aquino, dueño de Frontera Television Network (FTN), quien dio detalles suficientes sobre presuntas negociaciones con el secretario particular de Peña Nieto, Erwin Lino; con el jefe de Comunicación Social, David López; con su homólogo del PRI, Roberto Calleja, así como dos de los principales operadores peñistas: Luis Videgaray, coordinador general de la campaña, y Luis Enrique Miranda Nava, el “cerebro negro” del candidato desde Toluca.
Ponce de Aquino afirma en su demanda judicial, presentada ante una Corte del distrito centro en California, que fue contratado por Alejandro Carrillo Garza Sada, socio de la empresa Jiramos, S.A. de C.V., para difundir y posicionar la imagen de Peña Nieto entre la comunidad de origen mexicano. El proyecto fue de 56 millones de dólares.
Según la queja, el presunto fraude y conspiración consistió en hacerle creer al empresario dueño de FTN y de otras compañías de mercadotecnia que sería favorecido con un presupuesto millonario para lanzar espectaculares, anuncios en revistas, radio, televisión e Internet, usando su estructura y redes en Estados Unidos.
Por cierto, Ponce Aquino es un empresario de origen mexicano que hizo fortuna en Estados Unidos como corredor de bienes raíces.
Ponce de Aquino identificó a David López, Roberto Calleja y Alejandro Carrillo Garza Sada como los impulsores de este proyecto, el mismo día en que Peña Nieto rindió protesta como precandidato único del PRI a la Presidencia, en noviembre de 2011.
Sin embargo, el proyecto mercadológico nunca se realizó, a pesar de la firma de distintos contratos que garantizaban la propuesta. Ponce de Aquino afirmó en entrevista con Aristegui que la empresa Jiramos, S.A. recibió los 56 millones de dólares, al parecer provenientes del Consejo de Porcicultores Mexicanos.
El dinero se repartió entre los demandados y no se le pagó el proyecto a Ponce de Aquino.
De inmediato, en el espacio informativo de MVS, Eduardo Sánchez, vocero del PRI, negó la acusación.
Contraatacó al decir que se trataba de una “vulgar extorsión”, ya que un intermediario de Ponce de Aquino presuntamente les pidió hace unas semanas un monto de 5 millones de dólares para evitar el escándalo mediático.
En rueda de prensa, los directivos del PRI precisaron que la propuesta original se rechazó “por absurda”, y que cinco meses después de la reunión del 11 de noviembre pasado, Francisco Javier Torres, funcionario de Banco Inbursa y representante de Ponce de Aquino, fue el encargado de pedir 5 millones de dólares a cambio de no detonar lo que sería un escándalo mediático.
Y dio como ultimátum el 4 de mayo pasado.
El PRI presentó apenas el miércoles 13 una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) y consideró que el caso “tiene visos de un fraude entre particulares”, al que “burdamente” se trata de convertir en un asunto político.
No obstante, el caso llegó hasta el evento de campaña de Enrique Peña Nieto en Michoacán. El candidato presidencial priista especuló que se puede tratar “de algún vival o de algunos que quieren hacer realmente nota y escándalo de un tema que no tiene ningún soporte, ningún fundamento”.
Afirmó:
“No sé si esto está orquestado con el ánimo de venir a generar un escándalo de este tipo en este momento de campaña. Rechazo este tipo de imputaciones. Yo me estoy enterando de esto”.
Pese a ello, se trata de una mala noticia para Peña Nieto, ya que tanto el PRI como sus voceros confirmaron que sí existió la reunión de noviembre de 2011, pero aparentemente nunca informaron de ello a su propio jefe.
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