John Saxe-Fernández
Es un hecho que la pesadilla orwelliana acentuó su sombra tiránica sobre México por el contubernio del duopolio televisivo para imponer a Peña Nieto, una movida repleta de engaños y manipuleos de noticieros, programas de opinión o de humor, en realidad costosos infomerciales que se presentan con tonos de objetividad periodística o de sano entretenimiento, para desde ahí, día y noche, por seis años, torpedear a AMLO y garantizar la continuidad del régimen de despojo, corrupción, represión y entreguismo prianista.
La marrullería, develada por Jenaro Villamil desde Proceso y luego por The Guardian y confirmada por cables diplomáticos de Estados Unidos, difundidos por Wikileaks, llevó cientos de millones de pesos a insaciables bolsillos.
Hoy, poco antes de las elecciones, y gracias a la movilización del YoSoy132, el juego sucio concita un desprecio y rechazo que cubre todo el espectro ideológico.
Pero persisten el manoseo y estafa informativa que han envilecido Los Pinos, en especial desde que Fox llegó a la Presidencia. Es un ex gerente de Coca-Cola de lealtades frágiles, cuya casa matriz pasó sin dificultad a la Casa Blanca. Convencido de que ya el petróleo no es estratégico, favoreció a entes extranjeros y sus socios locales, con el boleto de llevar al codiciado y vital sector energético de México, como aspira el Banco Mundial, a un punto de venta.
El atroz régimen de usurpación electoral que ayudó a entronizar, con respaldo policial/militar y de inteligencia de Estados Unidos, desangra a México sembrando una gobernanza para el 1 por ciento fundada en el terror de Estado.
Como ocurre desde los años 1980, su sucesor, hasta el fin de su sexenio, insiste en empoderar a grandes emporios, Exxon-Móbil, Repsol, Chevron, Halliburton, Monsanto, Schlumberger, etcétera, ahora bajo cubierta del Acuerdo Trans-Pacífico –AT– (TPP, por sus siglas en inglés) que agrede a 99 por ciento de la sociedad civil, dentro y fuera del imperio y pone en entredicho la jurisdicción nacional para regular y reglamentar esos grandes monopolios. Durante la reunión del G-20 en Los Cabos, luego de una entrevista con Obama, Calderón presentó como gran noticia el ingreso de México a las negociaciones del AT y Ron Kirk, encargado de las negociaciones comerciales de Estados Unidos, dijo que la Casa Blanca estaba complacida de invitar a México, aunque ya el proceso lleva más de dos años y se realizó a espaldas de la opinión pública de Estados Unidos y del Congreso, en el más estricto secreto. Además de Estados Unidos incluye Australia, Nueva Zelandia, Perú, Chile, Singapur, Malasia, Vietnam y Brunei.
Kirk dijo a Reuters que Estados Unidos desearía incorporar a China. Por una fuga de seguridad divulgada por Public Citizen, ahora se sabe que bajo la mampara del libre comercio y de las reformas estructurales, los grandes monopolios ambicionan el desmantelamiento y absorción de las grandes empresas públicas, incluidas las más poderosas de China, así como invalidar toda regulación de los monopolios industriales, energéticos, biotecnológicos, agrícolas y bancario/financieros extranjeros. Eso incluye anular el control sobre la emisión de gases con efecto invernadero, extender la vigencia de las patentes farmacéuticas, dejar sin fuerza la defensa medioambiental terrestre, atmosférica y oceánica, desactivar la promoción de la salud y contra la pobreza, etcétera. De la documentación hasta hace poco ultrasecreta (tinyurl.com/ tppinvestment), se comprueba que aunque al AT se le llame acuerdo comercial es un TLCAN reloaded: desactiva la autoridad de los estados para regular las firmas extranjeras en su jurisdicción; ofrece incentivos para reclutar una fuerza laboral sometida a las reformas estructurales (precarización, contención salarial, liberación de precios, supresión de contratos colectivos, etcétera) e impulsa un instrumento internacional extrajudicial, un sistema legal de dos vías, dicen Lori Wallach y Todd Tucker (ibid.) que expande los privilegios otorgados por el TLCAN y concede a las firmas facultades para hacer a un lado leyes y cortes nacionales (incluidas las de Estados Unidos) y demandar compensaciones ante leyes de salud, medio ambiente, sustancias tóxicas, etcétera, que atenten contra las prerrogativas –y ganancias– conferidas por el AT.
Es un sistema, un tribunal a modo integrado por abogados de los monopolios –que fungen como jueces o defensores, según convenga– que, insisto, corroe la jurisdicción que rige el comportamiento de las empresas nacionales en cada país del AT.
Eso y mucho más, se divulgó cuando Calderón nos ingresaba al AT y decía que los líderes del G-20, hemos acordado (sic) evitar toda medida proteccionista durante los próximos dos años. No se refería al proteccionismo agrícola, industrial y en alta tecnología de Estados Unidos y Europa, ni a despojos de tierra avalados por el AT, sino a la defensa nacional de sectores estratégicos como la que aplican Brasil y Argentina en petróleo y electricidad.
Es un hecho que la pesadilla orwelliana acentuó su sombra tiránica sobre México por el contubernio del duopolio televisivo para imponer a Peña Nieto, una movida repleta de engaños y manipuleos de noticieros, programas de opinión o de humor, en realidad costosos infomerciales que se presentan con tonos de objetividad periodística o de sano entretenimiento, para desde ahí, día y noche, por seis años, torpedear a AMLO y garantizar la continuidad del régimen de despojo, corrupción, represión y entreguismo prianista.
La marrullería, develada por Jenaro Villamil desde Proceso y luego por The Guardian y confirmada por cables diplomáticos de Estados Unidos, difundidos por Wikileaks, llevó cientos de millones de pesos a insaciables bolsillos.
Hoy, poco antes de las elecciones, y gracias a la movilización del YoSoy132, el juego sucio concita un desprecio y rechazo que cubre todo el espectro ideológico.
Pero persisten el manoseo y estafa informativa que han envilecido Los Pinos, en especial desde que Fox llegó a la Presidencia. Es un ex gerente de Coca-Cola de lealtades frágiles, cuya casa matriz pasó sin dificultad a la Casa Blanca. Convencido de que ya el petróleo no es estratégico, favoreció a entes extranjeros y sus socios locales, con el boleto de llevar al codiciado y vital sector energético de México, como aspira el Banco Mundial, a un punto de venta.
El atroz régimen de usurpación electoral que ayudó a entronizar, con respaldo policial/militar y de inteligencia de Estados Unidos, desangra a México sembrando una gobernanza para el 1 por ciento fundada en el terror de Estado.
Como ocurre desde los años 1980, su sucesor, hasta el fin de su sexenio, insiste en empoderar a grandes emporios, Exxon-Móbil, Repsol, Chevron, Halliburton, Monsanto, Schlumberger, etcétera, ahora bajo cubierta del Acuerdo Trans-Pacífico –AT– (TPP, por sus siglas en inglés) que agrede a 99 por ciento de la sociedad civil, dentro y fuera del imperio y pone en entredicho la jurisdicción nacional para regular y reglamentar esos grandes monopolios. Durante la reunión del G-20 en Los Cabos, luego de una entrevista con Obama, Calderón presentó como gran noticia el ingreso de México a las negociaciones del AT y Ron Kirk, encargado de las negociaciones comerciales de Estados Unidos, dijo que la Casa Blanca estaba complacida de invitar a México, aunque ya el proceso lleva más de dos años y se realizó a espaldas de la opinión pública de Estados Unidos y del Congreso, en el más estricto secreto. Además de Estados Unidos incluye Australia, Nueva Zelandia, Perú, Chile, Singapur, Malasia, Vietnam y Brunei.
Kirk dijo a Reuters que Estados Unidos desearía incorporar a China. Por una fuga de seguridad divulgada por Public Citizen, ahora se sabe que bajo la mampara del libre comercio y de las reformas estructurales, los grandes monopolios ambicionan el desmantelamiento y absorción de las grandes empresas públicas, incluidas las más poderosas de China, así como invalidar toda regulación de los monopolios industriales, energéticos, biotecnológicos, agrícolas y bancario/financieros extranjeros. Eso incluye anular el control sobre la emisión de gases con efecto invernadero, extender la vigencia de las patentes farmacéuticas, dejar sin fuerza la defensa medioambiental terrestre, atmosférica y oceánica, desactivar la promoción de la salud y contra la pobreza, etcétera. De la documentación hasta hace poco ultrasecreta (tinyurl.com/ tppinvestment), se comprueba que aunque al AT se le llame acuerdo comercial es un TLCAN reloaded: desactiva la autoridad de los estados para regular las firmas extranjeras en su jurisdicción; ofrece incentivos para reclutar una fuerza laboral sometida a las reformas estructurales (precarización, contención salarial, liberación de precios, supresión de contratos colectivos, etcétera) e impulsa un instrumento internacional extrajudicial, un sistema legal de dos vías, dicen Lori Wallach y Todd Tucker (ibid.) que expande los privilegios otorgados por el TLCAN y concede a las firmas facultades para hacer a un lado leyes y cortes nacionales (incluidas las de Estados Unidos) y demandar compensaciones ante leyes de salud, medio ambiente, sustancias tóxicas, etcétera, que atenten contra las prerrogativas –y ganancias– conferidas por el AT.
Es un sistema, un tribunal a modo integrado por abogados de los monopolios –que fungen como jueces o defensores, según convenga– que, insisto, corroe la jurisdicción que rige el comportamiento de las empresas nacionales en cada país del AT.
Eso y mucho más, se divulgó cuando Calderón nos ingresaba al AT y decía que los líderes del G-20, hemos acordado (sic) evitar toda medida proteccionista durante los próximos dos años. No se refería al proteccionismo agrícola, industrial y en alta tecnología de Estados Unidos y Europa, ni a despojos de tierra avalados por el AT, sino a la defensa nacional de sectores estratégicos como la que aplican Brasil y Argentina en petróleo y electricidad.
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