Jorge Fernández Menéndez
Hay ocasiones en que toda la problemática de una administración, en este caso en el terreno de la seguridad, se puede poner de manifiesto con un solo acontecimiento. La historia del “presunto” hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el joven Jesús Alfredo Guzmán Salazar, que resultó ser Félix Beltrán León y no tener relación familiar alguna con el narcotraficante, es la mejor demostración de por qué lo que falla en el terreno de la seguridad no es, como se dice, a la ligera, y en muchas ocasiones, la estrategia, sino la política.
La historia ya es conocida. El jueves corrió fuertemente el rumor en los medios de que había sido detenido El Chapo Guzmán. A las pocas horas se supo que el detenido no era El Chapo, sino su hijo Jesús Alfredo, que acababa de ser incorporado por la justicia estadunidense a la lista negra del narcotráfico. Según aclaró el gobierno estadunidense, Jesús Alfredo era parte de los mandos con mayor poder en el cártel de Sinaloa. La Armada de México anunció la captura y en unas pocas horas presentó al joven, acompañado de quien se dijo que era su lugarteniente. Los dos se veían increíblemente jóvenes para la responsabilidad que supuestamente tenían. La DEA celebró las detenciones y, además, dejó en claro que la misma se había dado por el manejo conjunto de inteligencia con la Armada de México. En el comunicado llamó la atención, además de la juventud de los detenidos, que se insistiera en que Jesús Alfredo había sido plenamente identificado por las autoridades estadunidenses.
Pero desde el mismo jueves la información no parecía sólida. Unas horas después, un par de abogados y la familia del detenido comenzaron a divulgar que el joven no era Jesús Alfredo sino Félix Beltrán León, que el otro detenido era su medio hermano Kevin Daniel Beltrán Ríos y que no tenían, como el hijo del Chapo, 26 años, sino 23 y 19 años, respectivamente. En la noche del viernes, la PGR confirmó esos datos: el hijo del Chapo seguía en libertad y el gobierno federal había hecho el ridículo, en un caso equiparable a la detención de Jorge Hank Rhon y el michoacanazo, con la enorme diferencia de que en esos dos hechos, independientemente de cómo se dieron las cosas, se podría atribuir, sobre todo en el michoacanazo, a la intervención de los jueces, buena parte del fiasco. Aquí no: no hay responsabilidades que compartir, el costo lo debe asumir, completo, el gobierno federal.
¿Cómo se pudo haber dado un error de estas características? No hay secreto al respecto. Las áreas de inteligencia de Estados Unidos informaron a la Marina Armada de México que habían localizado a Jesús Alfredo en el contexto de la caza que se viene realizando desde tiempo atrás al Chapo Guzmán y sus principales colaboradores. La Marina inmediatamente desplegó el operativo y lo detuvo en Zapopan. No hubo resistencia. Según se sabe, el detenido negó ser el hijo de El Chapo, pero del otro lado de la frontera habrían confirmado la identidad. Sin embargo, en México, antes de la presentación, se mantenían las divergencias: sobre todo en la SIEDO tenían serias dudas de que el joven fuera Guzmán Salazar. La Marina, argumentando el respaldo estadunidense, presentó a los dos detenidos. Lo hizo en la SIEDO, pero sin la participación de funcionarios de la Procuraduría o de otras instancias de seguridad y antes de que se agotaran las “pruebas necesarias para conocer su identidad”, como diría el viernes cerca de la medianoche el comunicado de la PGR.
Confirmado el fiasco, confirmado que los detenidos no eran ni el hijo de El Chapo ni su lugarteniente, se arraigó de todas formas a los dos jóvenes porque se los considera operadores de una célula que dirigiría Jesús Alfredo Guzmán.
Es difícil entender por qué la prisa por presentar a los detenidos; ¿por qué no se agotaron las instancias de reconocimiento, sobre todo si se tenían dudas desde un principio sobre la identidad?; ¿por qué no se pueden poner de acuerdo las distintas áreas, y por qué se confió ciegamente en la información estadunidense, que fueron los primeros en deslindarse del asunto en cuanto se descubrió que se habían equivocado?
El problema es la ausencia de coordinación interna entre la Marina, la Procuraduría, el Ejército y la Policía Federal. Esas instancias nunca han tenido a lo largo del sexenio una coordinación efectiva y han desarrollado una competencia poco sana entre sí.
Es un problema de diseño institucional (Gobernación, como un ministerio del Interior, es la que debería coordinar esas áreas, pero hoy y desde el inicio del gobierno de Vicente Fox nadie lo hace en forma operativa y cotidiana) que genera desconfianza entre las instituciones y una vez más se pagan los costos quizás en el momento en el que menos posibilidad de aceptarlos tiene el gobierno federal.
No creo que la detención del hijo del Chapo Guzmán hubiera influido en la votación del próximo domingo, pero me temo que el fiasco de la confusión sí podrá hacerlo.
Hay ocasiones en que toda la problemática de una administración, en este caso en el terreno de la seguridad, se puede poner de manifiesto con un solo acontecimiento. La historia del “presunto” hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el joven Jesús Alfredo Guzmán Salazar, que resultó ser Félix Beltrán León y no tener relación familiar alguna con el narcotraficante, es la mejor demostración de por qué lo que falla en el terreno de la seguridad no es, como se dice, a la ligera, y en muchas ocasiones, la estrategia, sino la política.
La historia ya es conocida. El jueves corrió fuertemente el rumor en los medios de que había sido detenido El Chapo Guzmán. A las pocas horas se supo que el detenido no era El Chapo, sino su hijo Jesús Alfredo, que acababa de ser incorporado por la justicia estadunidense a la lista negra del narcotráfico. Según aclaró el gobierno estadunidense, Jesús Alfredo era parte de los mandos con mayor poder en el cártel de Sinaloa. La Armada de México anunció la captura y en unas pocas horas presentó al joven, acompañado de quien se dijo que era su lugarteniente. Los dos se veían increíblemente jóvenes para la responsabilidad que supuestamente tenían. La DEA celebró las detenciones y, además, dejó en claro que la misma se había dado por el manejo conjunto de inteligencia con la Armada de México. En el comunicado llamó la atención, además de la juventud de los detenidos, que se insistiera en que Jesús Alfredo había sido plenamente identificado por las autoridades estadunidenses.
Pero desde el mismo jueves la información no parecía sólida. Unas horas después, un par de abogados y la familia del detenido comenzaron a divulgar que el joven no era Jesús Alfredo sino Félix Beltrán León, que el otro detenido era su medio hermano Kevin Daniel Beltrán Ríos y que no tenían, como el hijo del Chapo, 26 años, sino 23 y 19 años, respectivamente. En la noche del viernes, la PGR confirmó esos datos: el hijo del Chapo seguía en libertad y el gobierno federal había hecho el ridículo, en un caso equiparable a la detención de Jorge Hank Rhon y el michoacanazo, con la enorme diferencia de que en esos dos hechos, independientemente de cómo se dieron las cosas, se podría atribuir, sobre todo en el michoacanazo, a la intervención de los jueces, buena parte del fiasco. Aquí no: no hay responsabilidades que compartir, el costo lo debe asumir, completo, el gobierno federal.
¿Cómo se pudo haber dado un error de estas características? No hay secreto al respecto. Las áreas de inteligencia de Estados Unidos informaron a la Marina Armada de México que habían localizado a Jesús Alfredo en el contexto de la caza que se viene realizando desde tiempo atrás al Chapo Guzmán y sus principales colaboradores. La Marina inmediatamente desplegó el operativo y lo detuvo en Zapopan. No hubo resistencia. Según se sabe, el detenido negó ser el hijo de El Chapo, pero del otro lado de la frontera habrían confirmado la identidad. Sin embargo, en México, antes de la presentación, se mantenían las divergencias: sobre todo en la SIEDO tenían serias dudas de que el joven fuera Guzmán Salazar. La Marina, argumentando el respaldo estadunidense, presentó a los dos detenidos. Lo hizo en la SIEDO, pero sin la participación de funcionarios de la Procuraduría o de otras instancias de seguridad y antes de que se agotaran las “pruebas necesarias para conocer su identidad”, como diría el viernes cerca de la medianoche el comunicado de la PGR.
Confirmado el fiasco, confirmado que los detenidos no eran ni el hijo de El Chapo ni su lugarteniente, se arraigó de todas formas a los dos jóvenes porque se los considera operadores de una célula que dirigiría Jesús Alfredo Guzmán.
Es difícil entender por qué la prisa por presentar a los detenidos; ¿por qué no se agotaron las instancias de reconocimiento, sobre todo si se tenían dudas desde un principio sobre la identidad?; ¿por qué no se pueden poner de acuerdo las distintas áreas, y por qué se confió ciegamente en la información estadunidense, que fueron los primeros en deslindarse del asunto en cuanto se descubrió que se habían equivocado?
El problema es la ausencia de coordinación interna entre la Marina, la Procuraduría, el Ejército y la Policía Federal. Esas instancias nunca han tenido a lo largo del sexenio una coordinación efectiva y han desarrollado una competencia poco sana entre sí.
Es un problema de diseño institucional (Gobernación, como un ministerio del Interior, es la que debería coordinar esas áreas, pero hoy y desde el inicio del gobierno de Vicente Fox nadie lo hace en forma operativa y cotidiana) que genera desconfianza entre las instituciones y una vez más se pagan los costos quizás en el momento en el que menos posibilidad de aceptarlos tiene el gobierno federal.
No creo que la detención del hijo del Chapo Guzmán hubiera influido en la votación del próximo domingo, pero me temo que el fiasco de la confusión sí podrá hacerlo.
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