Jorge Fernández Menéndez
Equívocos tan evidentes como el ocurrido la semana pasada con la identidad del presunto hijo del Chapo Guzmán tienen dos explicaciones: una es circunstancial y deviene de las fallas de la coordinación en el Gabinete de Seguridad. Pero esas fallas, más allá de competencias y desconfianza entre las autoridades, tienen un origen estructural, institucional y deben ser corregidas por quien sea que llegue el próximo primero de diciembre a la Presidencia de la República.
El Gabinete de Seguridad funciona, desde hace años, sin una cabeza y sin una verdadera instancia de coordinación institucional. Es verdad que al frente de ese gabinete está el propio Presidente de la República, pero debajo del primer mandatario nadie tiene una responsabilidad real de coordinación y cada una de las instancias de seguridad en los hechos trabaja con amplia autonomía, competencia y desconfianza hacia las otras.
El problema comenzó con una de las primeras decisiones que adoptó la presidencia de Vicente Fox y se heredó a la de Felipe Calderón. Fox no tuvo, ni él ni su equipo, el tino de comprender los profundos y muy positivos cambios que se habían dado en el terreno de las estructuras de seguridad, sobre todo en los dos últimos años de la administración de Zedillo: se había fortalecido la Subsecretaría de Seguridad Pública en Gobernación, se habían creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Policía Federal Preventiva. Fuera de ese esquema, pero colaborando intensamente con esas instancias, estaba un Cisen que operaba con funcionarios de muy alto nivel y dependía directamente del secretario de Gobernación, que era el que operaba a su vez con el Presidente de la República. La Subsecretaría de Seguridad tenía un amplísimo margen de operación e incluso una cierta autarquía financiera, pero la responsabilidad política final pasaba por el secretario de Gobernación, que era el escalón previo imprescindible al Presidente de la República. Obviamente, la Sedena y la Secretaría de Marina dependían directamente del Presidente pero tenían una fuerte vinculación con la Secretaría de Gobernación y con la oficina del Presidente, que encabezaba entonces Liébano Sáenz. El sistema funcionaba y comenzaba a ser muy eficiente: estaba suficientemente centralizado, al mismo tiempo que existía un margen de autonomía que impedía que en temas tan delicados, que involucraban no sólo seguridad sino también inteligencia, se pudiera contaminar todo el sistema. Todos los funcionarios importantes de todas esas áreas eran, además, profesionales en el tema, muchos con formación en el extranjero.
Cuando Fox llegó al gobierno tomó decisiones muy desafortunadas. La primera: quitar la Subsecretaría de Seguridad del ámbito de Gobernación para crear la SSP, con lo cual le restó poder a Gobernación y, al mismo tiempo, politizó la seguridad, al darle estatus de Secretaría de Estado, una posición operativa pero, por propia definición, política, aunque tampoco le dio el control real de la seguridad. Al mismo tiempo creó un consejo de seguridad nacional que puso bajo el mando de Adolfo Aguilar Zinser, que nunca funcionó, porque el coordinador no tenía ni responsabilidad ni mando como para coordinar desde el Ejército hasta el Cisen. Más grave aún, designó en la SSP a Alejandro Gertz Manero que, por las causas que fuera, en unas semanas estaba enfrentado a los anteriores mandos de la Subsecretaría y de la naciente Policía Federal e inició un proceso judicial contra varios de los mandos de esa dependencia, que generó una ruptura absoluta, porque esos funcionarios seguían en muchos casos en el gobierno. A la PGR había llegado el general Rafael Macedo de la Concha, que entonces rescató a los mandos que estaban en pugna con la SSP y creó varias áreas para ellos, incluida la AFI, adonde llegó Genaro García Luna, que venía de tener la Dirección de Inteligencia del Cisen y que se llevó con él a muchos de los operadores del servicio, mismo que tuvo un recorte enorme en su presupuesto y dejó de ser considerado una pieza clave en la obtención de inteligencia, a pesar de los esfuerzos de Eduardo Medina Mora. El Cisen fue la única área de seguridad que quedó bajo la responsabilidad de Gobernación. Las dos secretarías militares terminaron teniendo que asumir responsabilidades cada vez mayores, pero también con mucha menor coordinación con las instancias civiles y con mayor desconfianza hacia ellas.
No todo era inconsciente, en muchos sentidos, eso era lo que se buscaba, que nadie tuviera mucho poder en el sector porque el mismo fue dividido en torno a los principales hombres y mujeres que se disputaban a su vez el poder dentro de la administración de Fox. Y eso iba en consonancia con un Presidente que consideraba que la seguridad no era un punto prioritario, por lo menos para su toma de decisiones.
Ese fue el escenario que, a grandes rasgos heredó el presidente Calderón, pero tampoco logró encontrar una respuesta institucional adecuada. Mañana abordaremos el tema.
Equívocos tan evidentes como el ocurrido la semana pasada con la identidad del presunto hijo del Chapo Guzmán tienen dos explicaciones: una es circunstancial y deviene de las fallas de la coordinación en el Gabinete de Seguridad. Pero esas fallas, más allá de competencias y desconfianza entre las autoridades, tienen un origen estructural, institucional y deben ser corregidas por quien sea que llegue el próximo primero de diciembre a la Presidencia de la República.
El Gabinete de Seguridad funciona, desde hace años, sin una cabeza y sin una verdadera instancia de coordinación institucional. Es verdad que al frente de ese gabinete está el propio Presidente de la República, pero debajo del primer mandatario nadie tiene una responsabilidad real de coordinación y cada una de las instancias de seguridad en los hechos trabaja con amplia autonomía, competencia y desconfianza hacia las otras.
El problema comenzó con una de las primeras decisiones que adoptó la presidencia de Vicente Fox y se heredó a la de Felipe Calderón. Fox no tuvo, ni él ni su equipo, el tino de comprender los profundos y muy positivos cambios que se habían dado en el terreno de las estructuras de seguridad, sobre todo en los dos últimos años de la administración de Zedillo: se había fortalecido la Subsecretaría de Seguridad Pública en Gobernación, se habían creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Policía Federal Preventiva. Fuera de ese esquema, pero colaborando intensamente con esas instancias, estaba un Cisen que operaba con funcionarios de muy alto nivel y dependía directamente del secretario de Gobernación, que era el que operaba a su vez con el Presidente de la República. La Subsecretaría de Seguridad tenía un amplísimo margen de operación e incluso una cierta autarquía financiera, pero la responsabilidad política final pasaba por el secretario de Gobernación, que era el escalón previo imprescindible al Presidente de la República. Obviamente, la Sedena y la Secretaría de Marina dependían directamente del Presidente pero tenían una fuerte vinculación con la Secretaría de Gobernación y con la oficina del Presidente, que encabezaba entonces Liébano Sáenz. El sistema funcionaba y comenzaba a ser muy eficiente: estaba suficientemente centralizado, al mismo tiempo que existía un margen de autonomía que impedía que en temas tan delicados, que involucraban no sólo seguridad sino también inteligencia, se pudiera contaminar todo el sistema. Todos los funcionarios importantes de todas esas áreas eran, además, profesionales en el tema, muchos con formación en el extranjero.
Cuando Fox llegó al gobierno tomó decisiones muy desafortunadas. La primera: quitar la Subsecretaría de Seguridad del ámbito de Gobernación para crear la SSP, con lo cual le restó poder a Gobernación y, al mismo tiempo, politizó la seguridad, al darle estatus de Secretaría de Estado, una posición operativa pero, por propia definición, política, aunque tampoco le dio el control real de la seguridad. Al mismo tiempo creó un consejo de seguridad nacional que puso bajo el mando de Adolfo Aguilar Zinser, que nunca funcionó, porque el coordinador no tenía ni responsabilidad ni mando como para coordinar desde el Ejército hasta el Cisen. Más grave aún, designó en la SSP a Alejandro Gertz Manero que, por las causas que fuera, en unas semanas estaba enfrentado a los anteriores mandos de la Subsecretaría y de la naciente Policía Federal e inició un proceso judicial contra varios de los mandos de esa dependencia, que generó una ruptura absoluta, porque esos funcionarios seguían en muchos casos en el gobierno. A la PGR había llegado el general Rafael Macedo de la Concha, que entonces rescató a los mandos que estaban en pugna con la SSP y creó varias áreas para ellos, incluida la AFI, adonde llegó Genaro García Luna, que venía de tener la Dirección de Inteligencia del Cisen y que se llevó con él a muchos de los operadores del servicio, mismo que tuvo un recorte enorme en su presupuesto y dejó de ser considerado una pieza clave en la obtención de inteligencia, a pesar de los esfuerzos de Eduardo Medina Mora. El Cisen fue la única área de seguridad que quedó bajo la responsabilidad de Gobernación. Las dos secretarías militares terminaron teniendo que asumir responsabilidades cada vez mayores, pero también con mucha menor coordinación con las instancias civiles y con mayor desconfianza hacia ellas.
No todo era inconsciente, en muchos sentidos, eso era lo que se buscaba, que nadie tuviera mucho poder en el sector porque el mismo fue dividido en torno a los principales hombres y mujeres que se disputaban a su vez el poder dentro de la administración de Fox. Y eso iba en consonancia con un Presidente que consideraba que la seguridad no era un punto prioritario, por lo menos para su toma de decisiones.
Ese fue el escenario que, a grandes rasgos heredó el presidente Calderón, pero tampoco logró encontrar una respuesta institucional adecuada. Mañana abordaremos el tema.
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