Samuel García
Ayer la Comisión Federal de Competencia resolvió aprobar que los dos gigantes empresariales que dominan el mercado de la televisión en México, Televisa y TV Azteca, se asocien al 50% en Iusacell para competir en el mercado de la telefonía celular dominado por otro gigante, Telcel.
La comisión antimonopolios decidió sujetar su aprobación al cumplimiento de siete condiciones que se pueden agrupar en tres fundamentales:
1. El no entorpecimiento por parte de ambas televisoras del proceso de licitación de una tercera cadena de televisión abierta que deberá darse en un plazo máximo de 24 meses. Hay que recordar que el pasado 6 de junio la Cofetel resolvió que a más tardar el próximo 30 de noviembre se publicará la convocatoria para licitar frecuencias de televisión abierta.
2. Que la venta de publicidad en los canales de televisión abierta se realice a cualquier empresa competidora bajo condiciones de mercado. También hay que recordar que Telcel y Telmex retiraron su publicidad de Televisa argumentando condiciones no competitivas en las tarifas que pretendía la televisora. Una queja similar ha planteado recurrentemente Dish, el competidor director de Sky (de Televisa) en televisión satelital.
3. Que la venta de contenidos de televisión abierta se de por separado de la venta de los contenidos de televisión restringida. Tanto las empresas de cable como Dish se han visto imposibilitados de transmitir señales de televisión abierta por el empaquetamiento de los contenidos que realizan las televisoras elevando el precio por la venta de su señal.
Hasta allí la decisión de Cofeco.
Ahora bien, es innegable que estas condiciones impuestas por la Comisión Federal de Competencia disminuyen el riesgo de colusión y a la vez promueven una mayor competencia en los mercados de la televisión abierta y restringida. Y también es cierto que un nuevo ‘jugador’ del tamaño de Iusacell-Televisa será benéfico para el consumidor de la telefonía móvil.
Sin embargo lo que se observa en las recientes decisiones del organismo antimonopolios es la prisa por destrabar, de una vez, el entuerto en el mercado de las telecomunicaciones y de la televisión, y para ello se ha optado por una regulación más laxa, haciéndoles la vida más fácil a estos grandes jugadores.
Eso ocurrió con la reciente ‘condonación’ de la multa a Telcel a cambio de una serie de ‘condiciones’ que la empresa telefónica, en esencia, ya había aceptado previamente con Cofetel.
Con la resolución de ayer la historia se vuelve a repetir y la comisión antimonopolios le ‘facilita’ a Televisa y a Grupo Azteca su pretendida fusión en Iusacell sin grandes condiciones, a pesar de que el vocero de Azteca, Luis Niño de Rivera, declare públicamente que esas condiciones son ‘onerosas y excesivas’.
Nada de eso. Sujetar una decisión regulatoria, como ésta, a que ambas televisoras dominantes en su mercado, no entorpezcan abiertamente la licitación de nuevas frecuencias de televisión por medio de litigios, si bien luce como una medida práctica; es un reconocimiento explícito de la autoridad sobre la fuerza e influencia de las empresas televisoras en las decisiones legales y políticas del país.
Queda claro que los organismos reguladores no tienen la fuerza institucional para hacerles frente y de allí la laxitud en sus decisiones que hemos visto recientemente. Es una cuestión de tamaños.
Ayer la Comisión Federal de Competencia resolvió aprobar que los dos gigantes empresariales que dominan el mercado de la televisión en México, Televisa y TV Azteca, se asocien al 50% en Iusacell para competir en el mercado de la telefonía celular dominado por otro gigante, Telcel.
La comisión antimonopolios decidió sujetar su aprobación al cumplimiento de siete condiciones que se pueden agrupar en tres fundamentales:
1. El no entorpecimiento por parte de ambas televisoras del proceso de licitación de una tercera cadena de televisión abierta que deberá darse en un plazo máximo de 24 meses. Hay que recordar que el pasado 6 de junio la Cofetel resolvió que a más tardar el próximo 30 de noviembre se publicará la convocatoria para licitar frecuencias de televisión abierta.
2. Que la venta de publicidad en los canales de televisión abierta se realice a cualquier empresa competidora bajo condiciones de mercado. También hay que recordar que Telcel y Telmex retiraron su publicidad de Televisa argumentando condiciones no competitivas en las tarifas que pretendía la televisora. Una queja similar ha planteado recurrentemente Dish, el competidor director de Sky (de Televisa) en televisión satelital.
3. Que la venta de contenidos de televisión abierta se de por separado de la venta de los contenidos de televisión restringida. Tanto las empresas de cable como Dish se han visto imposibilitados de transmitir señales de televisión abierta por el empaquetamiento de los contenidos que realizan las televisoras elevando el precio por la venta de su señal.
Hasta allí la decisión de Cofeco.
Ahora bien, es innegable que estas condiciones impuestas por la Comisión Federal de Competencia disminuyen el riesgo de colusión y a la vez promueven una mayor competencia en los mercados de la televisión abierta y restringida. Y también es cierto que un nuevo ‘jugador’ del tamaño de Iusacell-Televisa será benéfico para el consumidor de la telefonía móvil.
Sin embargo lo que se observa en las recientes decisiones del organismo antimonopolios es la prisa por destrabar, de una vez, el entuerto en el mercado de las telecomunicaciones y de la televisión, y para ello se ha optado por una regulación más laxa, haciéndoles la vida más fácil a estos grandes jugadores.
Eso ocurrió con la reciente ‘condonación’ de la multa a Telcel a cambio de una serie de ‘condiciones’ que la empresa telefónica, en esencia, ya había aceptado previamente con Cofetel.
Con la resolución de ayer la historia se vuelve a repetir y la comisión antimonopolios le ‘facilita’ a Televisa y a Grupo Azteca su pretendida fusión en Iusacell sin grandes condiciones, a pesar de que el vocero de Azteca, Luis Niño de Rivera, declare públicamente que esas condiciones son ‘onerosas y excesivas’.
Nada de eso. Sujetar una decisión regulatoria, como ésta, a que ambas televisoras dominantes en su mercado, no entorpezcan abiertamente la licitación de nuevas frecuencias de televisión por medio de litigios, si bien luce como una medida práctica; es un reconocimiento explícito de la autoridad sobre la fuerza e influencia de las empresas televisoras en las decisiones legales y políticas del país.
Queda claro que los organismos reguladores no tienen la fuerza institucional para hacerles frente y de allí la laxitud en sus decisiones que hemos visto recientemente. Es una cuestión de tamaños.
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