Apro
El gobernador Gabino Cué reconoció la responsabilidad del gobierno de Oaxaca en las “graves violaciones” a los derechos humanos cometidas entre 2006 y 2007 durante la administración del priista Ulises Ruiz.
Ante las víctimas de la represión de 2006, familiares de éstas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, el mandatario señaló que a partir de este reconocimiento público de responsabilidad, su gobierno asume el compromiso de hacer justicia y ofrecer garantías para evitar que hechos como los de hace seis años se repitan y queden impunes.
Durante la conmemoración de los seis años del “fallido desalojo” que dio origen a la revuelta social de 2006 en Oaxaca, Gabino Cué, dijo que con este reconocimiento inicia el proceso de reconciliación y reconstrucción del tejido social del estado.
Hace seis años, el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, del PRI, ordenó el desalojo violento de profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que se mantenían en plantón en el zócalo de Oaxaca.
La represión motivó el surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y con ella un problema que fue clasificado de “seguridad nacional” al dejar 25 muertos, alrededor de 500 detenidos y 380 casos de tortura, así como siete desapariciones y millonarios daños materiales.
Estos hechos derivaron en la recomendación 15/2007 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Informe de Investigación 1/2007 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante el encuentro desarrollado este jueves en el Palacio de Gobierno, el jefe del Ejecutivo estatal indicó que este acto refrenda la voluntad política de su gobierno con la justicia y la democracia, y al mismo tiempo, iniciar un nuevo proceso integral de reconciliación y reconstrucción del tejido social entre la sociedad oaxaqueña.
En ese sentido, afirmó que en el ámbito de su competencia y de conformidad al mandato de la ley, todas las instancias del gobierno tienen la obligación de reconocer y brindar atención integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el periodo 2006-2007, de conformidad a la Ley General de la materia.
Este acuerdo –expresó– comprende la implementación de medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, refrendando con ello el compromiso del estado para respetar, promover y proteger los derechos fundamentales del pueblo oaxaqueño.
Es por ello que hizo “un llamado a la reconciliación” de la sociedad oaxaqueña, a las organizaciones, partidos políticos, sindicatos y líderes sociales. “Juntos debemos construir las condiciones de paz y concordia social, que hagan propicio el progreso del estado”, puntualizó.
Cué Monteagudo aseguró que ningún pueblo será libre ni alcanzará la paz y el desarrollo pleno si no erradica los enconos de su corazón, el dolor profundo que produce la negación de la memoria, la verdad y la justicia.
Añadió que con el esfuerzo de todos los ciudadanos, la protección de los derechos humanos se ha consolidado como eje trasversal en la obra del Gobierno de Oaxaca.
En su oportunidad, Merit Jiménez Jiménez, hija de José Jiménez Colmenares, asesinado en el conflicto sociopolítico, dijo que este acto marcará el inicio de la etapa que garantizará que actos como los del 2006 no vuelvan a repetirse en la entidad, así como el rompimiento del círculo vicioso de la impunidad.
A su vez, Porfirio Domínguez Muñoz, representante de la Comisión de Familiares de los Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadapo) indicó que con este evento se abre una luz de esperanza para todo aquel que se sienta víctima de violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, aclaró que no habrá justicia hasta que no sean castigados y encarcelados Ulises Ruiz Ortiz, Lizbeth Caña Cadeza, Bulmaro Rito Salinas, José Manuel Vera Salinas, Manuel Moreno Rivas, Jorge Franco Vargas y Lino Celaya Luría, estos dos últimos ahora apoya al exgobernador Diódoro Carrasco Altamirano, candidato al Senado de la República por el Partido Acción Nacional.
El gobernador Gabino Cué reconoció la responsabilidad del gobierno de Oaxaca en las “graves violaciones” a los derechos humanos cometidas entre 2006 y 2007 durante la administración del priista Ulises Ruiz.
Ante las víctimas de la represión de 2006, familiares de éstas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, el mandatario señaló que a partir de este reconocimiento público de responsabilidad, su gobierno asume el compromiso de hacer justicia y ofrecer garantías para evitar que hechos como los de hace seis años se repitan y queden impunes.
Durante la conmemoración de los seis años del “fallido desalojo” que dio origen a la revuelta social de 2006 en Oaxaca, Gabino Cué, dijo que con este reconocimiento inicia el proceso de reconciliación y reconstrucción del tejido social del estado.
Hace seis años, el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, del PRI, ordenó el desalojo violento de profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que se mantenían en plantón en el zócalo de Oaxaca.
La represión motivó el surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y con ella un problema que fue clasificado de “seguridad nacional” al dejar 25 muertos, alrededor de 500 detenidos y 380 casos de tortura, así como siete desapariciones y millonarios daños materiales.
Estos hechos derivaron en la recomendación 15/2007 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Informe de Investigación 1/2007 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante el encuentro desarrollado este jueves en el Palacio de Gobierno, el jefe del Ejecutivo estatal indicó que este acto refrenda la voluntad política de su gobierno con la justicia y la democracia, y al mismo tiempo, iniciar un nuevo proceso integral de reconciliación y reconstrucción del tejido social entre la sociedad oaxaqueña.
En ese sentido, afirmó que en el ámbito de su competencia y de conformidad al mandato de la ley, todas las instancias del gobierno tienen la obligación de reconocer y brindar atención integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el periodo 2006-2007, de conformidad a la Ley General de la materia.
Este acuerdo –expresó– comprende la implementación de medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, refrendando con ello el compromiso del estado para respetar, promover y proteger los derechos fundamentales del pueblo oaxaqueño.
Es por ello que hizo “un llamado a la reconciliación” de la sociedad oaxaqueña, a las organizaciones, partidos políticos, sindicatos y líderes sociales. “Juntos debemos construir las condiciones de paz y concordia social, que hagan propicio el progreso del estado”, puntualizó.
Cué Monteagudo aseguró que ningún pueblo será libre ni alcanzará la paz y el desarrollo pleno si no erradica los enconos de su corazón, el dolor profundo que produce la negación de la memoria, la verdad y la justicia.
Añadió que con el esfuerzo de todos los ciudadanos, la protección de los derechos humanos se ha consolidado como eje trasversal en la obra del Gobierno de Oaxaca.
En su oportunidad, Merit Jiménez Jiménez, hija de José Jiménez Colmenares, asesinado en el conflicto sociopolítico, dijo que este acto marcará el inicio de la etapa que garantizará que actos como los del 2006 no vuelvan a repetirse en la entidad, así como el rompimiento del círculo vicioso de la impunidad.
A su vez, Porfirio Domínguez Muñoz, representante de la Comisión de Familiares de los Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadapo) indicó que con este evento se abre una luz de esperanza para todo aquel que se sienta víctima de violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, aclaró que no habrá justicia hasta que no sean castigados y encarcelados Ulises Ruiz Ortiz, Lizbeth Caña Cadeza, Bulmaro Rito Salinas, José Manuel Vera Salinas, Manuel Moreno Rivas, Jorge Franco Vargas y Lino Celaya Luría, estos dos últimos ahora apoya al exgobernador Diódoro Carrasco Altamirano, candidato al Senado de la República por el Partido Acción Nacional.
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