Eduardo Ibarra Aguirre
El cuerpo sin vida de Víctor Manuel Báez Chino fue encontrado con signos de tortura en la madrugada del 14 de junio en la calle Úrsulo Galván, de Xalapa, Veracruz. Suman ya nueve los periodistas asesinados en la entidad en 18 meses de gobierno de Javier Duarte de Ochoa, procedente de las filas del Partido Revolucionario Institucional.
Además, hubo un ataque con explosivos a un medio de comunicación y diversas agresiones graves como allanamientos, amenazas y despidos injustificados. Por amenazas e intimidaciones, más de media docena de periodistas han tenido que salir del estado ante la falta de garantías para el resguardo de sus vidas y el ejercicio de la libertad de expresión.
Ante el desolador panorama para la libertad de expresión en las tierras que gobernó Fidel Herrera Beltrán, para sus adversarios políticos El Zeta 1, organismos gremiales y profesionales de Chiapas, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Sinaloa y nacionales; así como de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Honduras, Inglaterra, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, además de organizaciones de América Central, América Latina y América sumaron voluntades para exigir al gobierno del estado de Veracruz lo siguiente:
“Ofrecer garantías efectivas de seguridad para la vida, la libertad, la integridad física y moral, y el ejercicio de la libertad de expresión para periodistas y medios de comunicación.
“Que ante las amenazas a la vida y a la libertad de expresión, el gobierno del estado actúe en consecuencia y con la debida diligencia, protegiendo a periodistas y medios de comunicación, y lo haga público.
“Que el gobierno del estado de Veracruz y la Procuraduría General de la República investiguen los casos de homicidios, desapariciones, amenazas y agresiones de cualquier tipo a periodistas y medios de comunicación, que de manera urgente identifique a los responsables y los someta a la justicia.
“Es indispensable que el gobierno transparente las investigaciones sobre los crímenes de periodistas ocurridos en la entidad, para lo cual debe de ofrecer, de manera inmediata, una explicación de los avances de las indagatorias, y la actualice en un plazo no mayor a tres meses”.
Colegas de diversas trayectorias periodísticas y que laboran en distintos medios de comunicación impresa y electrónica, demandan del gobierno de Felipe Calderón:
“Una acción urgente, extraordinaria e inmediata para Veracruz a fin de implementar medidas de protección para periodistas y que involucre a la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal.
“Apoyo institucional inmediato a la Feadle (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, de la PGR) para investigar los crímenes en todo el país, y que ésta informe sobre el avance de sus investigaciones con regularidad”.
No es mucho pedir. Solamente es lo elemental para que los trabajadores veracruzanos de los medios de comunicación al ejercer la libertad de expresión protejan un derecho constitucional de todos.
Tampoco debiera serlo para un gobierno federal que agota su tiempo, con bajos índices de aceptación ciudadana, pero que acumula reconocimientos en el extranjero, mientras la mayoría de los gobernados ansía el fin de la pesadilla denominada “gobierno de leyes” e incansable “promotor del estado de derecho” con base en la imposición a las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública, la subordinación de éstas a los planes geoestratégicos del Pentágono estadunidense, la criminalización del reclamo y el movimiento sociales...
El cuerpo sin vida de Víctor Manuel Báez Chino fue encontrado con signos de tortura en la madrugada del 14 de junio en la calle Úrsulo Galván, de Xalapa, Veracruz. Suman ya nueve los periodistas asesinados en la entidad en 18 meses de gobierno de Javier Duarte de Ochoa, procedente de las filas del Partido Revolucionario Institucional.
Además, hubo un ataque con explosivos a un medio de comunicación y diversas agresiones graves como allanamientos, amenazas y despidos injustificados. Por amenazas e intimidaciones, más de media docena de periodistas han tenido que salir del estado ante la falta de garantías para el resguardo de sus vidas y el ejercicio de la libertad de expresión.
Ante el desolador panorama para la libertad de expresión en las tierras que gobernó Fidel Herrera Beltrán, para sus adversarios políticos El Zeta 1, organismos gremiales y profesionales de Chiapas, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Sinaloa y nacionales; así como de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Honduras, Inglaterra, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, además de organizaciones de América Central, América Latina y América sumaron voluntades para exigir al gobierno del estado de Veracruz lo siguiente:
“Ofrecer garantías efectivas de seguridad para la vida, la libertad, la integridad física y moral, y el ejercicio de la libertad de expresión para periodistas y medios de comunicación.
“Que ante las amenazas a la vida y a la libertad de expresión, el gobierno del estado actúe en consecuencia y con la debida diligencia, protegiendo a periodistas y medios de comunicación, y lo haga público.
“Que el gobierno del estado de Veracruz y la Procuraduría General de la República investiguen los casos de homicidios, desapariciones, amenazas y agresiones de cualquier tipo a periodistas y medios de comunicación, que de manera urgente identifique a los responsables y los someta a la justicia.
“Es indispensable que el gobierno transparente las investigaciones sobre los crímenes de periodistas ocurridos en la entidad, para lo cual debe de ofrecer, de manera inmediata, una explicación de los avances de las indagatorias, y la actualice en un plazo no mayor a tres meses”.
Colegas de diversas trayectorias periodísticas y que laboran en distintos medios de comunicación impresa y electrónica, demandan del gobierno de Felipe Calderón:
“Una acción urgente, extraordinaria e inmediata para Veracruz a fin de implementar medidas de protección para periodistas y que involucre a la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal.
“Apoyo institucional inmediato a la Feadle (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, de la PGR) para investigar los crímenes en todo el país, y que ésta informe sobre el avance de sus investigaciones con regularidad”.
No es mucho pedir. Solamente es lo elemental para que los trabajadores veracruzanos de los medios de comunicación al ejercer la libertad de expresión protejan un derecho constitucional de todos.
Tampoco debiera serlo para un gobierno federal que agota su tiempo, con bajos índices de aceptación ciudadana, pero que acumula reconocimientos en el extranjero, mientras la mayoría de los gobernados ansía el fin de la pesadilla denominada “gobierno de leyes” e incansable “promotor del estado de derecho” con base en la imposición a las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública, la subordinación de éstas a los planes geoestratégicos del Pentágono estadunidense, la criminalización del reclamo y el movimiento sociales...
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