Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
La muerte de Regina Martínez, corresponsal de La Jornada y Proceso, deja muchas interrogantes. Por la saña con la cual fue ejecutada, pues -advierte la información oficial- antes de estrangularla quisieron sacarle información y la tundieron a golpes. En el colmo de la desesperación, sus asesinos se llevaron la computadora de la periodista.
Cuentan, sus compañeros de oficio y algunos de quienes la conocieron, que investigó el crecimiento exponencial del narcotráfico en Veracruz, la posible relación de los barones de la droga con quienes en su momento fueron autoridades y, hoy, carecen de poder.
Me cuentan que hace 10 años, en noviembre de 2002, la Agencia Federal de Investigaciones detuvo, en Boca del Río, a Rafael Palomba Márquez, quien se desempeñaba como Delegado Regional de la Secretaria de Seguridad Pública en Veracruz puerto, por brindar protección al narcotraficante Quintero Meraz, “El Beto”, en la zona centro-costera de esa entidad, lo que no gustó a Alejandro Montano Guzmán, porque el detenido y él eran profesionales de la seguridad pública muy cercanos.
Dos años después asesinaron en la zona de Costa Esmeralda, al norte de Veracruz, a Alfonso Alegretti Mejía, ex delegado de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado en Tlapacoyan, a quien su jefe Alejandro Montano había nombrado Policía del Año 1999.
Lo anterior significa que para los periodistas que en esa entidad quieren ganarse la chuleta de manera honesta, deben elegir entre la omisión de ciertas verdades que son secretos por todos comentados, pero por nadie investigadas, o correr el riesgo de realizar investigaciones propias o paralelas a las realizadas por las distintas corporaciones y, además, estar dispuestos a recibir filtraciones que pueden conducirlos a la muerte, como a Regina Martínez, o pueden marcar a sus informadores, que más temprano que tarde también aparecerán ejecutados.
Me dicen los enterados y estudiosos de las rutas usadas por los barones de la droga, que Veracruz es paso obligado para el trasiego hacia la frontera con Estados Unidos, porque lo mismo pueden subir hasta el río Bravo, que en alguno de los puertos de ese estado o de Tamaulipas, embarcarla hacia los puertos de Luisiana y Florida, para acceder por otras rutas a los consumidores de Boston, Nueva York, Nueva Jersey y Filadelfia.
Me cuentan también que esas eran las preocupaciones que traían de cabeza a Regina Martínez y que ella investigaba, con el propósito de exponer a la opinión pública a las autoridades que se hacen cómplices de ese trasiego, porque no les queda de otra al estar amenazadas ellas y sus familias, advertidas incluso de que no pueden renunciar, o a quienes gustosos se acercan al “entre” con la certeza de que nunca serán descubiertos.
Es cierto, muchos procuran permanecer en el anonimato y tiene la habilidad y la suerte de lograrlo, mientras que otros no resisten las ganas de ser ostentosos, de ningunear, de mandar, de silenciar a golpes.
La muerte de Regina Martínez, corresponsal de La Jornada y Proceso, deja muchas interrogantes. Por la saña con la cual fue ejecutada, pues -advierte la información oficial- antes de estrangularla quisieron sacarle información y la tundieron a golpes. En el colmo de la desesperación, sus asesinos se llevaron la computadora de la periodista.
Cuentan, sus compañeros de oficio y algunos de quienes la conocieron, que investigó el crecimiento exponencial del narcotráfico en Veracruz, la posible relación de los barones de la droga con quienes en su momento fueron autoridades y, hoy, carecen de poder.
Me cuentan que hace 10 años, en noviembre de 2002, la Agencia Federal de Investigaciones detuvo, en Boca del Río, a Rafael Palomba Márquez, quien se desempeñaba como Delegado Regional de la Secretaria de Seguridad Pública en Veracruz puerto, por brindar protección al narcotraficante Quintero Meraz, “El Beto”, en la zona centro-costera de esa entidad, lo que no gustó a Alejandro Montano Guzmán, porque el detenido y él eran profesionales de la seguridad pública muy cercanos.
Dos años después asesinaron en la zona de Costa Esmeralda, al norte de Veracruz, a Alfonso Alegretti Mejía, ex delegado de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado en Tlapacoyan, a quien su jefe Alejandro Montano había nombrado Policía del Año 1999.
Lo anterior significa que para los periodistas que en esa entidad quieren ganarse la chuleta de manera honesta, deben elegir entre la omisión de ciertas verdades que son secretos por todos comentados, pero por nadie investigadas, o correr el riesgo de realizar investigaciones propias o paralelas a las realizadas por las distintas corporaciones y, además, estar dispuestos a recibir filtraciones que pueden conducirlos a la muerte, como a Regina Martínez, o pueden marcar a sus informadores, que más temprano que tarde también aparecerán ejecutados.
Me dicen los enterados y estudiosos de las rutas usadas por los barones de la droga, que Veracruz es paso obligado para el trasiego hacia la frontera con Estados Unidos, porque lo mismo pueden subir hasta el río Bravo, que en alguno de los puertos de ese estado o de Tamaulipas, embarcarla hacia los puertos de Luisiana y Florida, para acceder por otras rutas a los consumidores de Boston, Nueva York, Nueva Jersey y Filadelfia.
Me cuentan también que esas eran las preocupaciones que traían de cabeza a Regina Martínez y que ella investigaba, con el propósito de exponer a la opinión pública a las autoridades que se hacen cómplices de ese trasiego, porque no les queda de otra al estar amenazadas ellas y sus familias, advertidas incluso de que no pueden renunciar, o a quienes gustosos se acercan al “entre” con la certeza de que nunca serán descubiertos.
Es cierto, muchos procuran permanecer en el anonimato y tiene la habilidad y la suerte de lograrlo, mientras que otros no resisten las ganas de ser ostentosos, de ningunear, de mandar, de silenciar a golpes.
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