La Jornada
En los pasados cuatro días, al menos seis mandos del Ejército Mexicano –tres coroneles, dos mayores y un teniente coronel, cuyos nombres se mantienen en reserva en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales– han solicitado la protección de la justicia federal a diversos jueces de amparo en el país.
Según registros de las listas de acuerdos del Poder Judicial de la Federación (PJF), los juzgados primero, séptimo y décimo tercero de distrito en el estado de México, Jalisco y el Distrito Federal, respectivamente, han recibido demandas de amparo de los mandos militares que han dicho ser víctimas de "actos ilegales" de parte de supuestos agentes federales que pretenden detenerlos.
Negativas a discreción
Fuentes judiciales consultadas indicaron que el propósito de estos amparos es que los militares confirmen si existe alguna orden de presentación girada por fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR), ante la presunción de que se les investigue en la misma averiguación previa que se abrió contra el general de división en retiro Tomás Ángeles Dauahare.
De su lado, un juzgado federal en la ciudad de México negó ayer la suspensión definitiva en vía de amparo que solicitó el general de brigada Ricardo Escorcia.
El sábado anterior –en otras resoluciones judiciales– también se negó la protección provisional a los generales Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González, quienes junto con Escorcia Vargas permanecen retenidos en la casa de arraigo de la PGR, pues varios testigos han declarado en su contra dentro de una averiguación previa abierta por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).
En el caso del general Escorcia, el juzgado décimo de distrito en materia de amparo, a cargo de Gilberto Romero Guzmán, rechazó conceder la suspensión provisional debido a que los delitos imputados al militar son graves y la ley de amparo no protege a los quejosos cuando están sujetos a este tipo de investigaciones. En su demanda, Escorcia aseguró que es víctima de "tratos inhumanos, degradantes, de incomunicación y de tortura".
En la demanda de garantías que presentó Escorcia reclamó como acto principal el arraigo que, a solicitud de la Siedo, autorizó por 40 días el juez primero penal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, Luis Núñez Sandoval, según la demanda número 489/2012.
La Siedo indaga a los militares por delitos contra la salud y delincuencia organizada, pues con base en los dichos de testigos protegidos, como el llamado Jennifer, así como militares y agentes federales presos, presume que brindaban protección a cambio de sobornos de narcotraficantes como Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.
En los pasados cuatro días, al menos seis mandos del Ejército Mexicano –tres coroneles, dos mayores y un teniente coronel, cuyos nombres se mantienen en reserva en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales– han solicitado la protección de la justicia federal a diversos jueces de amparo en el país.
Según registros de las listas de acuerdos del Poder Judicial de la Federación (PJF), los juzgados primero, séptimo y décimo tercero de distrito en el estado de México, Jalisco y el Distrito Federal, respectivamente, han recibido demandas de amparo de los mandos militares que han dicho ser víctimas de "actos ilegales" de parte de supuestos agentes federales que pretenden detenerlos.
Negativas a discreción
Fuentes judiciales consultadas indicaron que el propósito de estos amparos es que los militares confirmen si existe alguna orden de presentación girada por fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR), ante la presunción de que se les investigue en la misma averiguación previa que se abrió contra el general de división en retiro Tomás Ángeles Dauahare.
De su lado, un juzgado federal en la ciudad de México negó ayer la suspensión definitiva en vía de amparo que solicitó el general de brigada Ricardo Escorcia.
El sábado anterior –en otras resoluciones judiciales– también se negó la protección provisional a los generales Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González, quienes junto con Escorcia Vargas permanecen retenidos en la casa de arraigo de la PGR, pues varios testigos han declarado en su contra dentro de una averiguación previa abierta por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).
En el caso del general Escorcia, el juzgado décimo de distrito en materia de amparo, a cargo de Gilberto Romero Guzmán, rechazó conceder la suspensión provisional debido a que los delitos imputados al militar son graves y la ley de amparo no protege a los quejosos cuando están sujetos a este tipo de investigaciones. En su demanda, Escorcia aseguró que es víctima de "tratos inhumanos, degradantes, de incomunicación y de tortura".
En la demanda de garantías que presentó Escorcia reclamó como acto principal el arraigo que, a solicitud de la Siedo, autorizó por 40 días el juez primero penal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, Luis Núñez Sandoval, según la demanda número 489/2012.
La Siedo indaga a los militares por delitos contra la salud y delincuencia organizada, pues con base en los dichos de testigos protegidos, como el llamado Jennifer, así como militares y agentes federales presos, presume que brindaban protección a cambio de sobornos de narcotraficantes como Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.
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