Carlos Ramírez / Indicador Político
Los arteros asesinatos de periodistas realizados presuntamente por bandas criminales de los cárteles de la droga hay dejado claras las agendas políticas de grupos involucrados pero también han servido a algunos comunicadores para lavar responsabilidades propias.
El asesinato de la periodista veracruzana Regina Martínez --que hasta ahora carece siquiera de hipótesis confiables-- fue manipulado por el periodista y dueño de Proceso, Julio Scherer García, para autovictimarse y usado para demostrar una campaña supuestamente federal en contra de la publicación.
Sin embargo, el asunto es más sencillo: Sin pudor, Scherer sólo quiere regresar al territorio del periodismo después de que él y la revista Proceso fueran usados en mayo de 2010 en una operación de relaciones públicas por una facción del Cártel de Sinaloa y Scherer apareciera bajo el brazo protector del temible narco Ismael ‘El Mayo’ Zambada en un abrazo de camaradería.
Al apropiarse del cadáver de Regina Martínez y señalar que un crimen sin hipótesis era parte de la campaña contra Proceso, en realidad Scherer solamente quiso lavarse políticamente la cara por su encuentro --que no entrevista-- con El Mayo Zambada. Lo interesante del asunto es que Veracruz, donde fue asesinada la periodista, es hoy territorio en disputa entre el Cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán y su aliado El Mayo Zambada y el cártel de Heriberto Lazcano ‘El Lazca’.
En este contexto, la reaparición de Scherer en la escena pública para meter a fuerzas el asesinato de la periodista Martínez en una supuesta campaña contra Proceso debe remitir a un escenario de análisis que revive aquel encuentro de Scherer con El Mayo y obliga a los demás periodistas a ser precisamente periodistas y analistas y no dejarse arrastrar por las pasiones del momento.
En este contexto, destaca sobremanera el hecho de que las protestas de los periodistas se han endosado directamente contra el gobierno de Calderón y el gobernador Javier Duarte, pero hasta ahora no existe algún pronunciamiento directo de los periodistas contra los capos del narco --desde el Chapo, hasta El Lazca, pasando por El Mayo, los Carrillo y otros-- por ser los verdaderos responsables del asesinato y desaparición de trabajadores de la información.
Si bien es cierto que los gobernantes tienen la tarea obligatoria de dar protección a los ciudadanos, hasta ahora los asesinatos de periodistas han sido acreditados a narcos y delincuentes. Pero también hasta este momento no hay desplegados de periodistas ni denuncias contra los capos exigiendo su rendición. En este sentido, la protesta de los periodistas contra los gobiernos forma parte del juego político de los narcos para usar a los periodistas contra las autoridades.
En todo caso, las autoridades federales no se han atrevido a publicar evidencias, testimonios y pruebas de que trabajadores de la información han comenzado a ser cooptados por los cárteles de la droga como informantes, con la complicidad o negligencia de las autoridades estatales y municipales. Los dos gobiernos federales panistas fueron incapaces de tomar los hilos de relación de la autoridad con la prensa y algunas bandas criminales han sido capaces de relacionarse con algunos medios. El abrazo de Scherer con El Mayo Zambada todavía no se analiza con la profundidad que merece, aunque el asesinato de la periodista Martínez en Veracruz podría ser parte del escenario de revaluación del asunto.
Los periodistas merecen condiciones de seguridad para su trabajo, pero el periodismo de denuncia contra el poder tiene sus riesgos implícitos y asumibles.
Lo que debe manejarse con cuidado es el análisis de circunstancias: Expertos en indagaciones de crímenes consideran, por ejemplo, que los narcos nunca entran a casas de periodistas ni torturan sino que secuestran, levantan, desaparecen y asesinan en lugares despoblados; por tanto, el asesinato de la periodista Martínez debe ser analizado con cuidado para no adelantar vísperas. Eso sí, la prensa veracruzana, ante bandas criminales que han rebasado a las autoridades locales, ha quedado en medio de la disputa criminal El Chapo-El Mayo contra El Lazca. Y Scherer debe aclarar su encuentro de relaciones públicas con El Mayo antes de manipular el caso de la periodista Martínez.
Asimismo, organismos internacionales deben actuar contra bandas criminales con la misma enjundia como cuestionan a autoridades de países donde la violencia criminal va in crescendo. Ningún estatuto de prensa ni código de protección será suficiente para un periodista que quiere la gloria de la denuncia de bandas criminales y de sus complicidades con las autoridades. En todo caso, lo único que queda para proteger a los periodistas es darles un estatus diplomático en coberturas de guerra y con ello permitir el involucramiento de instancias de supervisión jurídica internacional. Ahora mismo, con impunidad, las narcoterroristas FARC mantienen secuestrado a un periodista francés.
Asimismo, la prensa misma debe tener claros sus adversarios y sus denuncias y evitar la manipulación de cadáveres para agendas particulares. Y en ese punto, con el asesinato de la periodista Martínez, Scherer debe aclarar su abrazo con El Mayo Zambada, sobre todo porque este capo opera en Veracruz.
Además, opino que Javier Sicilia, su movimiento, el rector de la UNAM José Narro y la prensa mexicana deben pedir directamente la rendición incondicional de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada, Heriberto Lazcano “El Lazca”, Servando Gómez “La Tuta”, Juan José “El Azul” Esparragoza, Vicente Carrillo Fuentes y otros capos y exigirles la entrega de su arsenal de armas para ser juzgados como responsables de la violencia criminal en el tráfico de drogas y de varios de miles de muertos.
Los arteros asesinatos de periodistas realizados presuntamente por bandas criminales de los cárteles de la droga hay dejado claras las agendas políticas de grupos involucrados pero también han servido a algunos comunicadores para lavar responsabilidades propias.
El asesinato de la periodista veracruzana Regina Martínez --que hasta ahora carece siquiera de hipótesis confiables-- fue manipulado por el periodista y dueño de Proceso, Julio Scherer García, para autovictimarse y usado para demostrar una campaña supuestamente federal en contra de la publicación.
Sin embargo, el asunto es más sencillo: Sin pudor, Scherer sólo quiere regresar al territorio del periodismo después de que él y la revista Proceso fueran usados en mayo de 2010 en una operación de relaciones públicas por una facción del Cártel de Sinaloa y Scherer apareciera bajo el brazo protector del temible narco Ismael ‘El Mayo’ Zambada en un abrazo de camaradería.
Al apropiarse del cadáver de Regina Martínez y señalar que un crimen sin hipótesis era parte de la campaña contra Proceso, en realidad Scherer solamente quiso lavarse políticamente la cara por su encuentro --que no entrevista-- con El Mayo Zambada. Lo interesante del asunto es que Veracruz, donde fue asesinada la periodista, es hoy territorio en disputa entre el Cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán y su aliado El Mayo Zambada y el cártel de Heriberto Lazcano ‘El Lazca’.
En este contexto, la reaparición de Scherer en la escena pública para meter a fuerzas el asesinato de la periodista Martínez en una supuesta campaña contra Proceso debe remitir a un escenario de análisis que revive aquel encuentro de Scherer con El Mayo y obliga a los demás periodistas a ser precisamente periodistas y analistas y no dejarse arrastrar por las pasiones del momento.
En este contexto, destaca sobremanera el hecho de que las protestas de los periodistas se han endosado directamente contra el gobierno de Calderón y el gobernador Javier Duarte, pero hasta ahora no existe algún pronunciamiento directo de los periodistas contra los capos del narco --desde el Chapo, hasta El Lazca, pasando por El Mayo, los Carrillo y otros-- por ser los verdaderos responsables del asesinato y desaparición de trabajadores de la información.
Si bien es cierto que los gobernantes tienen la tarea obligatoria de dar protección a los ciudadanos, hasta ahora los asesinatos de periodistas han sido acreditados a narcos y delincuentes. Pero también hasta este momento no hay desplegados de periodistas ni denuncias contra los capos exigiendo su rendición. En este sentido, la protesta de los periodistas contra los gobiernos forma parte del juego político de los narcos para usar a los periodistas contra las autoridades.
En todo caso, las autoridades federales no se han atrevido a publicar evidencias, testimonios y pruebas de que trabajadores de la información han comenzado a ser cooptados por los cárteles de la droga como informantes, con la complicidad o negligencia de las autoridades estatales y municipales. Los dos gobiernos federales panistas fueron incapaces de tomar los hilos de relación de la autoridad con la prensa y algunas bandas criminales han sido capaces de relacionarse con algunos medios. El abrazo de Scherer con El Mayo Zambada todavía no se analiza con la profundidad que merece, aunque el asesinato de la periodista Martínez en Veracruz podría ser parte del escenario de revaluación del asunto.
Los periodistas merecen condiciones de seguridad para su trabajo, pero el periodismo de denuncia contra el poder tiene sus riesgos implícitos y asumibles.
Lo que debe manejarse con cuidado es el análisis de circunstancias: Expertos en indagaciones de crímenes consideran, por ejemplo, que los narcos nunca entran a casas de periodistas ni torturan sino que secuestran, levantan, desaparecen y asesinan en lugares despoblados; por tanto, el asesinato de la periodista Martínez debe ser analizado con cuidado para no adelantar vísperas. Eso sí, la prensa veracruzana, ante bandas criminales que han rebasado a las autoridades locales, ha quedado en medio de la disputa criminal El Chapo-El Mayo contra El Lazca. Y Scherer debe aclarar su encuentro de relaciones públicas con El Mayo antes de manipular el caso de la periodista Martínez.
Asimismo, organismos internacionales deben actuar contra bandas criminales con la misma enjundia como cuestionan a autoridades de países donde la violencia criminal va in crescendo. Ningún estatuto de prensa ni código de protección será suficiente para un periodista que quiere la gloria de la denuncia de bandas criminales y de sus complicidades con las autoridades. En todo caso, lo único que queda para proteger a los periodistas es darles un estatus diplomático en coberturas de guerra y con ello permitir el involucramiento de instancias de supervisión jurídica internacional. Ahora mismo, con impunidad, las narcoterroristas FARC mantienen secuestrado a un periodista francés.
Asimismo, la prensa misma debe tener claros sus adversarios y sus denuncias y evitar la manipulación de cadáveres para agendas particulares. Y en ese punto, con el asesinato de la periodista Martínez, Scherer debe aclarar su abrazo con El Mayo Zambada, sobre todo porque este capo opera en Veracruz.
Además, opino que Javier Sicilia, su movimiento, el rector de la UNAM José Narro y la prensa mexicana deben pedir directamente la rendición incondicional de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada, Heriberto Lazcano “El Lazca”, Servando Gómez “La Tuta”, Juan José “El Azul” Esparragoza, Vicente Carrillo Fuentes y otros capos y exigirles la entrega de su arsenal de armas para ser juzgados como responsables de la violencia criminal en el tráfico de drogas y de varios de miles de muertos.
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