Anayeli García Martínez
Las mujeres víctimas de abuso sexual durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, advirtieron que si Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, llega a la Presidencia se instaurará una política de represión.
En conferencia de prensa, Italia Méndez y Edith Rosales, dos de las 11 víctimas que a seis años de los hechos continúan con su denuncia -la cual incluso ya fue admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-, afirmaron que si el candidato presidencial del PRI y PVEM gana las elecciones del próximo 1 de julio significaría “más autoritarismo, mano dura y represión”.
Las sobrevivientes de tortura sexual recordaron que durante los operativos en el Estado de México, el ahora candidato presidencial fue quien ordenó la incursión policial en la que 47 mujeres fueron abusadas sexualmente. Once de ellas continúan su denuncia.
En opinión de Rosales, Peña Nieto ha hecho hasta lo imposible por ganar la Presidencia reprimiendo movimientos sociales de quienes se oponen a los proyectos de Estado que lejos de beneficiar a la sociedad responden al poder y a la burguesía, como fue el caso de Atenco, donde se pretendió construir un aeropuerto.
Italia Méndez dijo que llevan seis años luchando contra la impunidad y evidenciando los nombres de los responsables de la represión, quienes lejos de ser investigados y sancionados fueron premiados con cargos públicos, y en el caso de Peña Nieto con la candidatura presidencial.
Cabe recordar que Eduardo Medina Mora, quien en 2006 era secretario de Seguridad Pública federal, un año después fue nombrado procurador general de la República; o bien Ardelio Vargas Fosado, que dirigió a la Policía Federal Preventiva y ahora es secretario de Seguridad Pública en el estado de Puebla.
En 2006 las denunciantes acudieron ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (entonces Fevim), la cual el 13 de julio de 2009 ya como Fevimtra cedió las investigaciones al fuero común.
En abril de 2008 el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) presentaron el caso ante la CIDH, que finalmente lo aceptó el 2 de noviembre de 2011 y ahora estudia las violaciones a la integridad, libertad, acceso a la justicia, igualdad y no discriminación cometidas contra las mujeres.
De acuerdo con Jaqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez -organización que lleva el caso-, en la Procuraduría de Justicia del Edomex (PGJEM) la investigación sigue “congelada”, es decir sin avances a pesar de estar abierta.
En su momento, la PGJEM sólo consignó a dos policías que después fueron absueltos. El primero fue sentenciado en mayo de 2008 por “actos libidinosos”, aunque la denunciante lo acusó de obligarla a realizarle sexo oral. El segundo fue acusado de tortura, pero se juzgó por abuso de autoridad.
La abogada dijo que en este proceso electoral no se puede olvidar el significado de la represión de Atenco y las propuestas que cada candidato presenta.
La antropóloga Rosalva Aída, quien tiene un amplio trabajo académico sobre tortura sexual, señaló que votar por el abanderado de la coalición Compromiso por México es igual a decir que a la sociedad no le importa que se viole sexualmente a las mujeres.
En junio de 2006, a través de sus declaraciones en los medios, Peña Nieto puso en duda las denuncias de las mujeres al afirmar: “También es conocido que los manuales de los grupos radicales dicen que hay que declararse violadas, en el caso de las mujeres, y en el de los hombres haber sido objeto de abuso y maltrato”.
En el acto las denunciantes presentaron el libro “Atenco: 6 años de impunidad, 6 años de resistencia”, cuyo objetivo es contribuir a la construcción de la memoria. Más tarde se realizó un plantón en la explanada del Palacio de Bellas Artes como recordatorio de los trágicos hechos.
Las mujeres víctimas de abuso sexual durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, advirtieron que si Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, llega a la Presidencia se instaurará una política de represión.
En conferencia de prensa, Italia Méndez y Edith Rosales, dos de las 11 víctimas que a seis años de los hechos continúan con su denuncia -la cual incluso ya fue admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-, afirmaron que si el candidato presidencial del PRI y PVEM gana las elecciones del próximo 1 de julio significaría “más autoritarismo, mano dura y represión”.
Las sobrevivientes de tortura sexual recordaron que durante los operativos en el Estado de México, el ahora candidato presidencial fue quien ordenó la incursión policial en la que 47 mujeres fueron abusadas sexualmente. Once de ellas continúan su denuncia.
En opinión de Rosales, Peña Nieto ha hecho hasta lo imposible por ganar la Presidencia reprimiendo movimientos sociales de quienes se oponen a los proyectos de Estado que lejos de beneficiar a la sociedad responden al poder y a la burguesía, como fue el caso de Atenco, donde se pretendió construir un aeropuerto.
Italia Méndez dijo que llevan seis años luchando contra la impunidad y evidenciando los nombres de los responsables de la represión, quienes lejos de ser investigados y sancionados fueron premiados con cargos públicos, y en el caso de Peña Nieto con la candidatura presidencial.
Cabe recordar que Eduardo Medina Mora, quien en 2006 era secretario de Seguridad Pública federal, un año después fue nombrado procurador general de la República; o bien Ardelio Vargas Fosado, que dirigió a la Policía Federal Preventiva y ahora es secretario de Seguridad Pública en el estado de Puebla.
En 2006 las denunciantes acudieron ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (entonces Fevim), la cual el 13 de julio de 2009 ya como Fevimtra cedió las investigaciones al fuero común.
En abril de 2008 el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) presentaron el caso ante la CIDH, que finalmente lo aceptó el 2 de noviembre de 2011 y ahora estudia las violaciones a la integridad, libertad, acceso a la justicia, igualdad y no discriminación cometidas contra las mujeres.
De acuerdo con Jaqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez -organización que lleva el caso-, en la Procuraduría de Justicia del Edomex (PGJEM) la investigación sigue “congelada”, es decir sin avances a pesar de estar abierta.
En su momento, la PGJEM sólo consignó a dos policías que después fueron absueltos. El primero fue sentenciado en mayo de 2008 por “actos libidinosos”, aunque la denunciante lo acusó de obligarla a realizarle sexo oral. El segundo fue acusado de tortura, pero se juzgó por abuso de autoridad.
La abogada dijo que en este proceso electoral no se puede olvidar el significado de la represión de Atenco y las propuestas que cada candidato presenta.
La antropóloga Rosalva Aída, quien tiene un amplio trabajo académico sobre tortura sexual, señaló que votar por el abanderado de la coalición Compromiso por México es igual a decir que a la sociedad no le importa que se viole sexualmente a las mujeres.
En junio de 2006, a través de sus declaraciones en los medios, Peña Nieto puso en duda las denuncias de las mujeres al afirmar: “También es conocido que los manuales de los grupos radicales dicen que hay que declararse violadas, en el caso de las mujeres, y en el de los hombres haber sido objeto de abuso y maltrato”.
En el acto las denunciantes presentaron el libro “Atenco: 6 años de impunidad, 6 años de resistencia”, cuyo objetivo es contribuir a la construcción de la memoria. Más tarde se realizó un plantón en la explanada del Palacio de Bellas Artes como recordatorio de los trágicos hechos.
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