Raymundo Riva Palacio
El 16 de diciembre de 2009, tras varios días de persecución, un comando de élite de la Marina ejecutó una operación quirúrgica en un fraccionamiento en el centro de Cuernavaca donde murió Arturo Beltrán Leyva, el jefe del cártel que lleva el nombre de la familia. La operación tuvo éxito por la eficaz forma con la que actuó el comando, recién desempacado de su entrenamiento en Estados Unidos, a partir de dos factores: la información precisa que ubicó a Beltrán Leyva, y la neutralización de la protección institucional de la que gozó por años.
Ese episodio en Morelos es la otra cara de la narcopolítica en México y su penetración en las estructuras de seguridad. Es también la demostración de la discrecionalidad con la que se ha llevado a cabo la lucha contra las drogas que, cuando llega a los niveles de la alta política, el gobierno ha aplicado la norma juarista: a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, sólo justicia. La muerte de Beltrán Leyva no tuvo consecuencia política alguna para el gobernador Marco Adame, sino respaldo y cobijo del gobierno federal pese a indicios que sugieren que, cuando menos, se debió haber abierto una investigación que lo limpiara de cualquier sospecha.
La operación en contra de Beltrán Leyva tiene todavía muchos lados ocultos. Unos, de manera discreta, han sido resueltos. Por ejemplo, el que concierne al Ejército, sobre el cual la DEA, que aportó la información precisa de dónde estaba Beltrán Leyva, tenía dudas fundadas sobre su compromiso para actuar en contra del capo, quien tenia relación con varios mandos militares en esa zona. El mismo día en que murió, de acuerdo con personas que fueron arrestadas en la operación, tenía prevista una comida con el comandante de las 24ª. Zona Militar, el general Leopoldo Díaz.
La comida nunca se realizó, pero el general Díaz fue removido tiempo después. Díaz había remplazado al general Ricardo Escorcia, quien fue destituido de esa comandancia dos años antes, cuando a propósito del decomiso de cocaína en un avión que aterrizó en el aeropuerto de Cuernavaca, se descubrió protección militar a la banda criminal. Escorcia es uno de los principales testigos en el caso contra el general y ex subsecretario de la Defensa, Tomás Ángeles, sobre la presunta protección de varios oficiales de alto rango al Cártel de los Beltrán Leyva.
El Ejército, lento o rápido, procedió contra sus elementos. Pero en el gobierno federal, no lo hicieron así contra los suyos. Sobre Adame no hay investigación pendiente, pese a que la Marina tiene indicios sobre su presunta protección a Beltrán Leyva, como resultado de la información de inteligencia en la operación de aquél 16 de diciembre. Esa noche, la Marina monitoreó todas las comunicaciones de Beltrán Leyva donde figuraba una llamada a una persona no identificada, donde surgió el nombre del gobernador.
Según militares que han escuchado las grabaciones, Beltrán Leyva le gritaba que hablara con el gobernador Adame “para que pare” la operación desplegada en su contra. La manera como estaba fraseada la exigencia, de acuerdo con los militares, sugería complicidades con su gobierno, que se habían comenzado a probar en mayo de ese año cuando se arrestó a su secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca, por proteger a ese cártel. En aquella ocasión las fuerzas federales tomaron por completo la seguridad estatal, pero tampoco hubo consecuencias contra Adame.
El gobernador estaba blindado. Es el jefe político de la extrema derecha del PAN, y su esposa, vieja amiga de la primera dama Margarita Zavala, es la coordinadora regional de la campaña de su otra amiga, Josefina Vázquez Mota. Proceder en su contra afectaría por completo el discurso presidencial de que el narcotráfico es patrimonio del PRI y rompería la estrategia de la candidata presidencial de vincular a ex gobernadores tamaulipecos del PRI con el narcotráfico. Pero para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta. Y esto es lo que regularmente olvidan los panistas, sobretodo, en tiempos electorales.
El 16 de diciembre de 2009, tras varios días de persecución, un comando de élite de la Marina ejecutó una operación quirúrgica en un fraccionamiento en el centro de Cuernavaca donde murió Arturo Beltrán Leyva, el jefe del cártel que lleva el nombre de la familia. La operación tuvo éxito por la eficaz forma con la que actuó el comando, recién desempacado de su entrenamiento en Estados Unidos, a partir de dos factores: la información precisa que ubicó a Beltrán Leyva, y la neutralización de la protección institucional de la que gozó por años.
Ese episodio en Morelos es la otra cara de la narcopolítica en México y su penetración en las estructuras de seguridad. Es también la demostración de la discrecionalidad con la que se ha llevado a cabo la lucha contra las drogas que, cuando llega a los niveles de la alta política, el gobierno ha aplicado la norma juarista: a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, sólo justicia. La muerte de Beltrán Leyva no tuvo consecuencia política alguna para el gobernador Marco Adame, sino respaldo y cobijo del gobierno federal pese a indicios que sugieren que, cuando menos, se debió haber abierto una investigación que lo limpiara de cualquier sospecha.
La operación en contra de Beltrán Leyva tiene todavía muchos lados ocultos. Unos, de manera discreta, han sido resueltos. Por ejemplo, el que concierne al Ejército, sobre el cual la DEA, que aportó la información precisa de dónde estaba Beltrán Leyva, tenía dudas fundadas sobre su compromiso para actuar en contra del capo, quien tenia relación con varios mandos militares en esa zona. El mismo día en que murió, de acuerdo con personas que fueron arrestadas en la operación, tenía prevista una comida con el comandante de las 24ª. Zona Militar, el general Leopoldo Díaz.
La comida nunca se realizó, pero el general Díaz fue removido tiempo después. Díaz había remplazado al general Ricardo Escorcia, quien fue destituido de esa comandancia dos años antes, cuando a propósito del decomiso de cocaína en un avión que aterrizó en el aeropuerto de Cuernavaca, se descubrió protección militar a la banda criminal. Escorcia es uno de los principales testigos en el caso contra el general y ex subsecretario de la Defensa, Tomás Ángeles, sobre la presunta protección de varios oficiales de alto rango al Cártel de los Beltrán Leyva.
El Ejército, lento o rápido, procedió contra sus elementos. Pero en el gobierno federal, no lo hicieron así contra los suyos. Sobre Adame no hay investigación pendiente, pese a que la Marina tiene indicios sobre su presunta protección a Beltrán Leyva, como resultado de la información de inteligencia en la operación de aquél 16 de diciembre. Esa noche, la Marina monitoreó todas las comunicaciones de Beltrán Leyva donde figuraba una llamada a una persona no identificada, donde surgió el nombre del gobernador.
Según militares que han escuchado las grabaciones, Beltrán Leyva le gritaba que hablara con el gobernador Adame “para que pare” la operación desplegada en su contra. La manera como estaba fraseada la exigencia, de acuerdo con los militares, sugería complicidades con su gobierno, que se habían comenzado a probar en mayo de ese año cuando se arrestó a su secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca, por proteger a ese cártel. En aquella ocasión las fuerzas federales tomaron por completo la seguridad estatal, pero tampoco hubo consecuencias contra Adame.
El gobernador estaba blindado. Es el jefe político de la extrema derecha del PAN, y su esposa, vieja amiga de la primera dama Margarita Zavala, es la coordinadora regional de la campaña de su otra amiga, Josefina Vázquez Mota. Proceder en su contra afectaría por completo el discurso presidencial de que el narcotráfico es patrimonio del PRI y rompería la estrategia de la candidata presidencial de vincular a ex gobernadores tamaulipecos del PRI con el narcotráfico. Pero para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta. Y esto es lo que regularmente olvidan los panistas, sobretodo, en tiempos electorales.
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