Jorge Fernández Menéndez
¿Quiere saber por qué no funcionan los esquemas de seguridad?, ¿por qué pasan los días y un día sí y otro también en distintos puntos de la República aparecen cuerpos asesinados, sicarios que se enfrentan en plena calle, por qué se extorsiona, se secuestra y se roba y pese a ello el índice de impunidad de los delitos denunciados continúa en 98 por ciento? ¿Quiere saber por qué, siendo un instrumento de una enorme utilidad social, leyes como la de víctimas o la de seguridad de los periodistas, serán siempre insuficientes para garantizar la seguridad de la gente? Si usted quiere saberlo, hay que ir a historias concretas, específicas, personales. Hay que aterrizar en lo local.
Horacio Barquín Ceballos fue ejecutado en Taxco el 30 de abril pasado. Fue literalmente acribillado. Al momento de su muerte era diputado suplente y coordinador del PRI en la zona norte de Guerrero. Según los medios locales, Barquín Ceballos era el operador político del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer y por eso también era el ahijado del general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro, que había sido asesinado apenas unos días antes en la Ciudad de México. El 20 de abril, tras la muerte de Acosta Chaparro, Barquín Ceballos había escrito en su cuenta de Facebook que “quien fuera el amigo de mi padre, compañero de trabajo y mi padrino se nos adelantó”.
Acosta Chaparro y, el padre del diputado asesinado, era el mayor Francisco Javier Barquín Alonso, ya fallecido, quien fue coacusado con Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo por narcotráfico y desaparición forzada de personas durante el periodo de la llamada guerra sucia, en el gobierno del también ya fallecido Rubén Figueroa Figueroa. Por esa amistad, Acosta Chaparro fue el padrino de Barquín.
La trama política en la que se movía Barquín Ceballos era muy oscura. Era el suplente del diputado por el PRD Juan Manuel Saidi Pratt, quien es, pese a aparecer como perredista, un destacadísimo priista y operador cercano del gobernador Ángel Heladio Aguirre. Saidi fue postulado y registrado, omitiendo sus antecedentes penales y violando los requisitos de elegibilidad, ya que este hombre estuvo preso acusado, nada más y nada menos, que del asesinato de su padre, un ex presidente municipal de Taxco.
Pero la historia de Barquín no era mejor: entre otros cargos en áreas de seguridad, fue director del Centro de Rehabilitación Social de Taxco, una posición que tuvo que abandonar porque se le acusaba de nexos con la delincuencia organizada y con aquellas fosas comunes que aparecieron tiempo atrás en esa ciudad. Pero mucho antes que eso, siendo menor de edad, Barquín había estado detenido en una correccional de menores, aunque no por delitos de juventud: estuvo acusado de varias muertes, incluso se encontraron varios cuerpos en un terreno familiar, en Tlaxcala, donde su padre fue, en esas fechas, jefe de la policía local. Tenía también antecedentes por una fuerte adicción a las drogas. Todo eso cuando era menor de edad. Cuando alcanzó la mayoría de edad fue liberado y los antecedentes los borraron, en buena medida por los apoyos familiares, pero desde entonces hasta concluir su carrera siguió siendo un personaje que estaba involucrado con los sectores más turbios de la sociedad. Lo que no le impidió hacer carrera política y ser desde director de reclusorio hasta diputado.
No se sabe por qué mataron a Barquín. En Guerrero muchos aseguran que, más allá del narcotráfico, a pesar de las acusaciones existentes en contra tanto de Barquín Ceballos como de Acosta Chaparro por esos temas, esas dos muertes están relacionadas con venganzas derivadas de su participación en la llamada guerra sucia, por parte de grupos que realizan, con éstos y otros involucrados, justicia por propia mano. Hay quienes directamente consideran que se trata de ajustes de cuentas del crimen organizado. Lo cierto es que resulta difícil de comprender que con personajes que han estado detenidos acusados de crímenes terribles; que nunca se rehabilitaron completamente; que mantenían sus carreras y su vida por lo menos en el límite de la legalidad, se pueda avanzar seriamente en la seguridad de toda una sociedad.
El problema está en la base, en los esquemas de complicidad y corrupción, en la protección que muchos políticos le siguen dando a este tipo de personajes. El tema va más allá de los partidos: Barquín era del PRI y Saidi del PRD con cachucha priista. El presidente municipal de Chinameca, Veracruz, Martín Padua Zúñiga, postulado por el PAN, fue detenido con el jefe de Los Zetas en la zona. No importa el partido.
Al escribir estas líneas, horas antes del debate, no sé lo que dirán los candidatos sobre la seguridad. Lo que sí sé, lo sabemos todos, es que, más allá de discursos y estrategias, de políticas y campañas, con personajes que han transitado siempre por malos caminos, que han cometido crímenes terribles que han quedado impunes, que se sabe que tienen turbios antecedentes y que sin embargo son protegidos e impulsados desde distintos espacios del poder, es imposible avanzar en la seguridad de la gente.
¿Quiere saber por qué no funcionan los esquemas de seguridad?, ¿por qué pasan los días y un día sí y otro también en distintos puntos de la República aparecen cuerpos asesinados, sicarios que se enfrentan en plena calle, por qué se extorsiona, se secuestra y se roba y pese a ello el índice de impunidad de los delitos denunciados continúa en 98 por ciento? ¿Quiere saber por qué, siendo un instrumento de una enorme utilidad social, leyes como la de víctimas o la de seguridad de los periodistas, serán siempre insuficientes para garantizar la seguridad de la gente? Si usted quiere saberlo, hay que ir a historias concretas, específicas, personales. Hay que aterrizar en lo local.
Horacio Barquín Ceballos fue ejecutado en Taxco el 30 de abril pasado. Fue literalmente acribillado. Al momento de su muerte era diputado suplente y coordinador del PRI en la zona norte de Guerrero. Según los medios locales, Barquín Ceballos era el operador político del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer y por eso también era el ahijado del general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro, que había sido asesinado apenas unos días antes en la Ciudad de México. El 20 de abril, tras la muerte de Acosta Chaparro, Barquín Ceballos había escrito en su cuenta de Facebook que “quien fuera el amigo de mi padre, compañero de trabajo y mi padrino se nos adelantó”.
Acosta Chaparro y, el padre del diputado asesinado, era el mayor Francisco Javier Barquín Alonso, ya fallecido, quien fue coacusado con Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo por narcotráfico y desaparición forzada de personas durante el periodo de la llamada guerra sucia, en el gobierno del también ya fallecido Rubén Figueroa Figueroa. Por esa amistad, Acosta Chaparro fue el padrino de Barquín.
La trama política en la que se movía Barquín Ceballos era muy oscura. Era el suplente del diputado por el PRD Juan Manuel Saidi Pratt, quien es, pese a aparecer como perredista, un destacadísimo priista y operador cercano del gobernador Ángel Heladio Aguirre. Saidi fue postulado y registrado, omitiendo sus antecedentes penales y violando los requisitos de elegibilidad, ya que este hombre estuvo preso acusado, nada más y nada menos, que del asesinato de su padre, un ex presidente municipal de Taxco.
Pero la historia de Barquín no era mejor: entre otros cargos en áreas de seguridad, fue director del Centro de Rehabilitación Social de Taxco, una posición que tuvo que abandonar porque se le acusaba de nexos con la delincuencia organizada y con aquellas fosas comunes que aparecieron tiempo atrás en esa ciudad. Pero mucho antes que eso, siendo menor de edad, Barquín había estado detenido en una correccional de menores, aunque no por delitos de juventud: estuvo acusado de varias muertes, incluso se encontraron varios cuerpos en un terreno familiar, en Tlaxcala, donde su padre fue, en esas fechas, jefe de la policía local. Tenía también antecedentes por una fuerte adicción a las drogas. Todo eso cuando era menor de edad. Cuando alcanzó la mayoría de edad fue liberado y los antecedentes los borraron, en buena medida por los apoyos familiares, pero desde entonces hasta concluir su carrera siguió siendo un personaje que estaba involucrado con los sectores más turbios de la sociedad. Lo que no le impidió hacer carrera política y ser desde director de reclusorio hasta diputado.
No se sabe por qué mataron a Barquín. En Guerrero muchos aseguran que, más allá del narcotráfico, a pesar de las acusaciones existentes en contra tanto de Barquín Ceballos como de Acosta Chaparro por esos temas, esas dos muertes están relacionadas con venganzas derivadas de su participación en la llamada guerra sucia, por parte de grupos que realizan, con éstos y otros involucrados, justicia por propia mano. Hay quienes directamente consideran que se trata de ajustes de cuentas del crimen organizado. Lo cierto es que resulta difícil de comprender que con personajes que han estado detenidos acusados de crímenes terribles; que nunca se rehabilitaron completamente; que mantenían sus carreras y su vida por lo menos en el límite de la legalidad, se pueda avanzar seriamente en la seguridad de toda una sociedad.
El problema está en la base, en los esquemas de complicidad y corrupción, en la protección que muchos políticos le siguen dando a este tipo de personajes. El tema va más allá de los partidos: Barquín era del PRI y Saidi del PRD con cachucha priista. El presidente municipal de Chinameca, Veracruz, Martín Padua Zúñiga, postulado por el PAN, fue detenido con el jefe de Los Zetas en la zona. No importa el partido.
Al escribir estas líneas, horas antes del debate, no sé lo que dirán los candidatos sobre la seguridad. Lo que sí sé, lo sabemos todos, es que, más allá de discursos y estrategias, de políticas y campañas, con personajes que han transitado siempre por malos caminos, que han cometido crímenes terribles que han quedado impunes, que se sabe que tienen turbios antecedentes y que sin embargo son protegidos e impulsados desde distintos espacios del poder, es imposible avanzar en la seguridad de la gente.
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