Francisco Garfias
Ayer citamos al diputado del PRI, Rogelio Cerda, presidente de la Comisión de Defensa, sobre el caso del general Ángeles. El legislador dijo que esta historia es un “pleito viejo” del militar en retiro con los secretarios de la Defensa, Guillermo Galván, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Hoy supimos un poco más, pero en versión oficial.
El capítulo que sigue sucede después de las elecciones de 2006: El general Tomas Ángeles, considerado entonces en la terna para ser secretario de Defensa, y Rafael Macedo de la Concha, ex procurador general de la República, le llevaron a Juan Camilo Mouriño, hombre cercanísimo a Felipe Calderón, presidente electo, una propuesta para la Secretaría de Seguridad Pública.
Calderón se aprestaba a asumir la Presidencia de la República. Los jaloneos entre militares eran fuertes. Mouriño estaba impactado. Recuerdo perfectamente que en un bautizo nos dijo que los oficiales eran más grillos que los políticos.
La propuesta del tándem Ángeles-Macedo, obvio, no era Genaro García Luna. En el Búnker de Constituyentes juran, además, que el general Ángeles promovió entre sus amigos periodistas una “campaña de difamación” en contra del actual secretario de Seguridad Pública.
A Ángeles, por cierto, le hacía ilusión convertirse en sucesor de García Luna, en caso de triunfo del priista Enrique Peña Nieto.
Eran las cinco y media de la tarde cuando me enteré que un tercer militar había sido detenido y “presentado” en la SIEDO por supuestos vínculos con el narcotráfico. La fuente aseguraba no saber el nombre ni el rango. “Habrá un comunicado más tarde”, prometió.
La información la puse en mi cuenta de Twitter. Veinte minutos después verifiqué en los portales de los diarios. Nada. Empecé a dudar. No tardé en tranquilizarme.
Pasadas las seis comenzaron a publicarse las notas: se trataba del general Ricardo Escorcia Vargas, ex comandante de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, Sinaloa. Es un militar en retiro. Causó baja del servicio activo el 16 de abril de 2010, por cumplir la edad límite (65 años). A esas horas ya se sabía que a Ángeles Dauahare y al general brigadier Roberto Dawe González, a quien también incomunicaron, les habían dictado arraigo por 40 días.
De nada había servido que el abogado Armando Ortega Sánchez repitiera en los medios que la detención es ilegal porque nunca los citaron y no hubo flagrancia.
A los generales los retienen por delitos contra la salud en la modalidad de fomento y delincuencia organizada. No hay más pruebas que los dichos de testigos que han sido procesados. Los acusan de recibir dinero del encarcelado narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, conocido como La Barbie.
Destacan dos de los testigos mencionados. A uno le dicen “Jennifer” (nombre clave). Ha auxiliado a la PGR en diversas ocasiones. El otro es el general Arturo González Rodríguez, adscrito a Guardias Presidenciales, quien también se encuentra detenido.
“No son testimonios únicos, hay otros de militares y procesados”, aseguran fuentes vinculadas a la investigación, y advierten: “No es de ahora ni va a parar allí.”
La CNDH ya tomó cartas en el espinoso asunto del general Tomás Ángeles Dauahare, subsecretario de la Defensa a principios del sexenio, arraigado por supuestos vínculos con el narcotráfico.
El militar en retiro, a quien le impidieron comunicarse con su abogado y le designaron uno de oficio, ya se entrevistó con Josefina Eslava, visitadora de la Comisión. Sus familiares informan que el caso tiene el número de folio 48641. El licenciado Arturo González fue designado por la CNDH para darle seguimiento.
Ángeles habló ayer con su yerno Juan Manuel Flores Cabrera. Éste lo reporta como “muy tranquilo.” Hoy será visitado por su familia en la casa donde lo tienen arraigado.
Además de las denuncias ante la Profeco por el uso de una elefanta en un acto de campaña, Xavier González, candidato del PRI-PVEM a jefe delegacional en Miguel Hidalgo, enfrenta el rechazo de sus propios compañeros a la utilización de animales para llamar la atención de los medios.
Mariana Moguel, candidata a asambleísta por esa coalición, hija de Rosario Robles, abandonó el acto de arranque de campaña de González para no avalar la utilización de Mini (nombre del paquidermo.) “Siempre me voy a manifestar en contra del maltrato a los animales”, explicó la movidísima candidata.
La evaluación universal de los maestros, a la que se resiste veladamente el SNTE y abiertamente la CNTE, gana cada vez más adeptos. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que la citada evaluación debe cumplirse en tiempo y forma, lejos de los intereses personales y gremiales.
“Celebro la decisión del gobierno del presidente Felipe Calderón de emitir el decreto para dar autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ante esta medida positiva, no hay lugar para los pretextos ni para perder tiempo”, aseveró el empresario.
Ayer citamos al diputado del PRI, Rogelio Cerda, presidente de la Comisión de Defensa, sobre el caso del general Ángeles. El legislador dijo que esta historia es un “pleito viejo” del militar en retiro con los secretarios de la Defensa, Guillermo Galván, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Hoy supimos un poco más, pero en versión oficial.
El capítulo que sigue sucede después de las elecciones de 2006: El general Tomas Ángeles, considerado entonces en la terna para ser secretario de Defensa, y Rafael Macedo de la Concha, ex procurador general de la República, le llevaron a Juan Camilo Mouriño, hombre cercanísimo a Felipe Calderón, presidente electo, una propuesta para la Secretaría de Seguridad Pública.
Calderón se aprestaba a asumir la Presidencia de la República. Los jaloneos entre militares eran fuertes. Mouriño estaba impactado. Recuerdo perfectamente que en un bautizo nos dijo que los oficiales eran más grillos que los políticos.
La propuesta del tándem Ángeles-Macedo, obvio, no era Genaro García Luna. En el Búnker de Constituyentes juran, además, que el general Ángeles promovió entre sus amigos periodistas una “campaña de difamación” en contra del actual secretario de Seguridad Pública.
A Ángeles, por cierto, le hacía ilusión convertirse en sucesor de García Luna, en caso de triunfo del priista Enrique Peña Nieto.
Eran las cinco y media de la tarde cuando me enteré que un tercer militar había sido detenido y “presentado” en la SIEDO por supuestos vínculos con el narcotráfico. La fuente aseguraba no saber el nombre ni el rango. “Habrá un comunicado más tarde”, prometió.
La información la puse en mi cuenta de Twitter. Veinte minutos después verifiqué en los portales de los diarios. Nada. Empecé a dudar. No tardé en tranquilizarme.
Pasadas las seis comenzaron a publicarse las notas: se trataba del general Ricardo Escorcia Vargas, ex comandante de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, Sinaloa. Es un militar en retiro. Causó baja del servicio activo el 16 de abril de 2010, por cumplir la edad límite (65 años). A esas horas ya se sabía que a Ángeles Dauahare y al general brigadier Roberto Dawe González, a quien también incomunicaron, les habían dictado arraigo por 40 días.
De nada había servido que el abogado Armando Ortega Sánchez repitiera en los medios que la detención es ilegal porque nunca los citaron y no hubo flagrancia.
A los generales los retienen por delitos contra la salud en la modalidad de fomento y delincuencia organizada. No hay más pruebas que los dichos de testigos que han sido procesados. Los acusan de recibir dinero del encarcelado narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, conocido como La Barbie.
Destacan dos de los testigos mencionados. A uno le dicen “Jennifer” (nombre clave). Ha auxiliado a la PGR en diversas ocasiones. El otro es el general Arturo González Rodríguez, adscrito a Guardias Presidenciales, quien también se encuentra detenido.
“No son testimonios únicos, hay otros de militares y procesados”, aseguran fuentes vinculadas a la investigación, y advierten: “No es de ahora ni va a parar allí.”
La CNDH ya tomó cartas en el espinoso asunto del general Tomás Ángeles Dauahare, subsecretario de la Defensa a principios del sexenio, arraigado por supuestos vínculos con el narcotráfico.
El militar en retiro, a quien le impidieron comunicarse con su abogado y le designaron uno de oficio, ya se entrevistó con Josefina Eslava, visitadora de la Comisión. Sus familiares informan que el caso tiene el número de folio 48641. El licenciado Arturo González fue designado por la CNDH para darle seguimiento.
Ángeles habló ayer con su yerno Juan Manuel Flores Cabrera. Éste lo reporta como “muy tranquilo.” Hoy será visitado por su familia en la casa donde lo tienen arraigado.
Además de las denuncias ante la Profeco por el uso de una elefanta en un acto de campaña, Xavier González, candidato del PRI-PVEM a jefe delegacional en Miguel Hidalgo, enfrenta el rechazo de sus propios compañeros a la utilización de animales para llamar la atención de los medios.
Mariana Moguel, candidata a asambleísta por esa coalición, hija de Rosario Robles, abandonó el acto de arranque de campaña de González para no avalar la utilización de Mini (nombre del paquidermo.) “Siempre me voy a manifestar en contra del maltrato a los animales”, explicó la movidísima candidata.
La evaluación universal de los maestros, a la que se resiste veladamente el SNTE y abiertamente la CNTE, gana cada vez más adeptos. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que la citada evaluación debe cumplirse en tiempo y forma, lejos de los intereses personales y gremiales.
“Celebro la decisión del gobierno del presidente Felipe Calderón de emitir el decreto para dar autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ante esta medida positiva, no hay lugar para los pretextos ni para perder tiempo”, aseveró el empresario.
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