Jorge Fernández Menéndez
Si hay algo que es evidente es que nadie en el PRI quiere saber nada de Tomás Yarrington. Cuando comenzaron a presentarse las primeras acusaciones en febrero pasado, en el priismo se dijo que todo era parte de una campaña mediática y se recordó que el ex gobernador había dejado el poder hacía siete años. Ahora, con las acusaciones estadunidenses sobre la mesa, se ha comprendido que esa puede ser una bomba de tiempo que puede causar daños en muchos ámbitos, y el deslinde ha sido absoluto, incluida la suspensión inmediata de sus derechos de militante y, como dijo ayer Pedro Joaquín Coldwell, descartaron también que se pudiera tratar de un complot contra el PRI. El mismo deslinde ha alcanzado también a Humberto Moreira, del cual el candidato presidencial en los últimos días también ha puesto una distancia más que considerable.
Lo cierto es que ese deslinde, como aquí dijimos, tendría que haberse hecho en febrero, y lo mismo tendría que haber ocurrido con muchos personajes que siguen zopiloteando en torno a la candidatura de Peña Nieto y al que el PRI les ha abierto las puertas o los ha resucitado políticamente. No los necesitaba Peña hace unos meses y menos ahora. El problema es que ya muchos se han incrustado en su estructura, aunque sea en forma marginal, y poner distancia con ellos será más costoso, sobre todo cuando la campaña antiPRI ha logrado permear en distintos sectores sobre todo juveniles de la capital del país.
El mayor problema con el tema Yarrington, como aquí dijimos, es que podría escalar con mucha facilidad hasta el caso del asesinato de Rodolfo Torre Cantú y con ello puede llegar a personas que se ostentan, aún hoy, como operadores locales cercanos a Peña Nieto. El personaje central en esa trama está en poder de la justicia estadunidense. Se apellida Peña Argüelles y se supone que está colaborando con la justicia de ese país. Pero ese es un problema menor, en términos políticos, comparado con la percepción que eso generaría en muchos sectores. Puede ser que eso no influya en los resultados electorales o que lo haga marginalmente. Pero cuando se cumplen 19 años del asesinato del cardenal Posadas Ocampo habría que recordar cómo una serie de hechos desafortunados y que, según se dijo en su momento, no tenían relación entre sí, llegaron a descarrilar a la administración de Salinas en el momento de mayor apoyo interno y externo.
Mientras el caso Yarrington se desarrolla al ritmo de la justicia estadunidense y se esperan las repercusiones locales, otra noticia, que se dio como menor, tendría que ser tomada muy en cuenta. Sergio Villareal, apodado El Grande y hasta su detención el principal operador del cártel de los Beltrán Leyva, fue extraditado a Houston y presentado ante una corte federal en Texas. Hasta donde se tenía entendido, El Grande se habría convertido en testigo protegido en México y me imagino que en algo parecido ante la justicia estadunidense. No es la única fuente pero sí una de las más importantes en torno al arraigo de cuatro altos jefes militares, incluido el general Tomás Ángeles. La información que propició ese arraigo proviene, básicamente, de Estados Unidos, y a esas voces se une ahora la de El Grande. Si éste ha sido enviado a la Unión Americana, no es nada descabellado que su ex aliado y amigo y luego acérrimo enemigo, Édgar Valdez Villareal, La Barbie, más temprano que tarde siga el mismo camino, con el agregado de que La Barbie tiene nacionalidad estadunidense. Se supone que éste personaje también está colaborando con las autoridades y que es, él también, uno de los testimonios incriminatorios en el caso de los militares arraigados.
Más hilos que convergen. Cuando fue la detención del general Tomás Ángeles dijimos que habría que estar atentos para ver si no aparecía algún hilo que conectara su caso con el reciente asesinato del general Mario Arturo Acosta Chaparro. Inmediatamente después el procurador capitalino, Jesús Rodríguez Almeida, dijo que no había relación alguna entre ambos casos. Pero apenas ayer la PGJDF informó que siempre sí le tomará declaración al general Tomás Ángeles por el caso Acosta Chaparro. O sea que siempre sí existe la posibilidad de que los dos casos estén relacionados. No hay coincidencias en todas estas historias.
Si hay algo que es evidente es que nadie en el PRI quiere saber nada de Tomás Yarrington. Cuando comenzaron a presentarse las primeras acusaciones en febrero pasado, en el priismo se dijo que todo era parte de una campaña mediática y se recordó que el ex gobernador había dejado el poder hacía siete años. Ahora, con las acusaciones estadunidenses sobre la mesa, se ha comprendido que esa puede ser una bomba de tiempo que puede causar daños en muchos ámbitos, y el deslinde ha sido absoluto, incluida la suspensión inmediata de sus derechos de militante y, como dijo ayer Pedro Joaquín Coldwell, descartaron también que se pudiera tratar de un complot contra el PRI. El mismo deslinde ha alcanzado también a Humberto Moreira, del cual el candidato presidencial en los últimos días también ha puesto una distancia más que considerable.
Lo cierto es que ese deslinde, como aquí dijimos, tendría que haberse hecho en febrero, y lo mismo tendría que haber ocurrido con muchos personajes que siguen zopiloteando en torno a la candidatura de Peña Nieto y al que el PRI les ha abierto las puertas o los ha resucitado políticamente. No los necesitaba Peña hace unos meses y menos ahora. El problema es que ya muchos se han incrustado en su estructura, aunque sea en forma marginal, y poner distancia con ellos será más costoso, sobre todo cuando la campaña antiPRI ha logrado permear en distintos sectores sobre todo juveniles de la capital del país.
El mayor problema con el tema Yarrington, como aquí dijimos, es que podría escalar con mucha facilidad hasta el caso del asesinato de Rodolfo Torre Cantú y con ello puede llegar a personas que se ostentan, aún hoy, como operadores locales cercanos a Peña Nieto. El personaje central en esa trama está en poder de la justicia estadunidense. Se apellida Peña Argüelles y se supone que está colaborando con la justicia de ese país. Pero ese es un problema menor, en términos políticos, comparado con la percepción que eso generaría en muchos sectores. Puede ser que eso no influya en los resultados electorales o que lo haga marginalmente. Pero cuando se cumplen 19 años del asesinato del cardenal Posadas Ocampo habría que recordar cómo una serie de hechos desafortunados y que, según se dijo en su momento, no tenían relación entre sí, llegaron a descarrilar a la administración de Salinas en el momento de mayor apoyo interno y externo.
Mientras el caso Yarrington se desarrolla al ritmo de la justicia estadunidense y se esperan las repercusiones locales, otra noticia, que se dio como menor, tendría que ser tomada muy en cuenta. Sergio Villareal, apodado El Grande y hasta su detención el principal operador del cártel de los Beltrán Leyva, fue extraditado a Houston y presentado ante una corte federal en Texas. Hasta donde se tenía entendido, El Grande se habría convertido en testigo protegido en México y me imagino que en algo parecido ante la justicia estadunidense. No es la única fuente pero sí una de las más importantes en torno al arraigo de cuatro altos jefes militares, incluido el general Tomás Ángeles. La información que propició ese arraigo proviene, básicamente, de Estados Unidos, y a esas voces se une ahora la de El Grande. Si éste ha sido enviado a la Unión Americana, no es nada descabellado que su ex aliado y amigo y luego acérrimo enemigo, Édgar Valdez Villareal, La Barbie, más temprano que tarde siga el mismo camino, con el agregado de que La Barbie tiene nacionalidad estadunidense. Se supone que éste personaje también está colaborando con las autoridades y que es, él también, uno de los testimonios incriminatorios en el caso de los militares arraigados.
Más hilos que convergen. Cuando fue la detención del general Tomás Ángeles dijimos que habría que estar atentos para ver si no aparecía algún hilo que conectara su caso con el reciente asesinato del general Mario Arturo Acosta Chaparro. Inmediatamente después el procurador capitalino, Jesús Rodríguez Almeida, dijo que no había relación alguna entre ambos casos. Pero apenas ayer la PGJDF informó que siempre sí le tomará declaración al general Tomás Ángeles por el caso Acosta Chaparro. O sea que siempre sí existe la posibilidad de que los dos casos estén relacionados. No hay coincidencias en todas estas historias.
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