La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada ha determinado citar en calidad de testigos a integrantes del círculo familiar cercano a Yarrington
El Universal
En la investigación que realiza la PGR contra los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, el Ministerio Público de la Federación (MP) giró hasta el momento un total de 30 órdenes de localización y presentación contra personas presuntamente involucradas en operaciones financieras e inmobiliarias con recursos procedentes del narcotráfico.
Autoridades de la dependencia revelaron que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ha determinado incluso citar en calidad de testigos a los integrantes del círculo familiar cercano a Yarrington: su esposa, María Antonieta Morales Loo, así como a sus hijos María Antonieta y Tomás Antonio, cuyas cuentas y bienes también han sido rastreados para determinar si participaron en las operaciones ilícitas que hoy se le atribuyen al ex servidor público.
Además de las diligencias que se realizan en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, en busca de los prestanombres y operadores financieros que ocultaron el dinero que Yarrington recibió presuntamente del cártel del Golfo -como sobornos a cambio de protección-, un reporte interno de la dependencia confirma que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a México información sobre la situación patrimonial del ex gobernador para seguir integrando las acusaciones en su contra.
También se confirma que la PGR solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el congelamiento de las cuentas bancarias a su nombre, por lo que se está tramitando esta medida precautoria, pues el embargo permitirá a los peritos contables de la institución -con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda- indagar el origen de los recursos, así como las transacciones que realizó Yarrington desde 1998 a la fecha, cuando se presume que inició operaciones de lavado.
Entre las órdenes de localización y presentación giradas por la SIEDO aparecen empresarios señalados como sus prestanombres y operadores financieros, a los que se les atribuye relación con Yarrington Ruvalcaba y Hernández Flores.
En la lista están Alberto Berlanga Bolado, ex secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en la administración de Eugenio Hernández, quien junto con el presunto lavador de dinero Fernando Alejandro Cano (considerado fugitivo en Estados Unidos) crearon las empresas Cantera Parkway Development Partners de SA, LP, y su filial Cantera LLC, mediante la que adquirieron, por 6 millones 665 mil dólares, un predio de 18 hectáreas del condado Bexar, en San Antonio, Texas, propiedad de Yarrington.
También se busca a Sayed Farough Fatemi, quien al parecer habría realizado operaciones de lavado de dinero para Yarrington y varios negocios con Eugenio Hernández.
También se citará, en calidad de testigos, a algunos de sus ex colaboradores como Alfonso Salazar Arzola, ex director general de Turismo y Asuntos Internacionales; Fernando Tomás Cayuela, ex procurador; Alfredo Sandoval Musi, ex subsecretario de Egresos, y Ricardo Gamundi Rosas, ex dirigente estatal del PRI, quienes desde enero pasado aparecían en una lista de 46 personas a las que la PGR pidió "monitorear" sus entradas y salidas del país.
El Universal
En la investigación que realiza la PGR contra los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, el Ministerio Público de la Federación (MP) giró hasta el momento un total de 30 órdenes de localización y presentación contra personas presuntamente involucradas en operaciones financieras e inmobiliarias con recursos procedentes del narcotráfico.
Autoridades de la dependencia revelaron que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ha determinado incluso citar en calidad de testigos a los integrantes del círculo familiar cercano a Yarrington: su esposa, María Antonieta Morales Loo, así como a sus hijos María Antonieta y Tomás Antonio, cuyas cuentas y bienes también han sido rastreados para determinar si participaron en las operaciones ilícitas que hoy se le atribuyen al ex servidor público.
Además de las diligencias que se realizan en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, en busca de los prestanombres y operadores financieros que ocultaron el dinero que Yarrington recibió presuntamente del cártel del Golfo -como sobornos a cambio de protección-, un reporte interno de la dependencia confirma que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a México información sobre la situación patrimonial del ex gobernador para seguir integrando las acusaciones en su contra.
También se confirma que la PGR solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el congelamiento de las cuentas bancarias a su nombre, por lo que se está tramitando esta medida precautoria, pues el embargo permitirá a los peritos contables de la institución -con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda- indagar el origen de los recursos, así como las transacciones que realizó Yarrington desde 1998 a la fecha, cuando se presume que inició operaciones de lavado.
Entre las órdenes de localización y presentación giradas por la SIEDO aparecen empresarios señalados como sus prestanombres y operadores financieros, a los que se les atribuye relación con Yarrington Ruvalcaba y Hernández Flores.
En la lista están Alberto Berlanga Bolado, ex secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en la administración de Eugenio Hernández, quien junto con el presunto lavador de dinero Fernando Alejandro Cano (considerado fugitivo en Estados Unidos) crearon las empresas Cantera Parkway Development Partners de SA, LP, y su filial Cantera LLC, mediante la que adquirieron, por 6 millones 665 mil dólares, un predio de 18 hectáreas del condado Bexar, en San Antonio, Texas, propiedad de Yarrington.
También se busca a Sayed Farough Fatemi, quien al parecer habría realizado operaciones de lavado de dinero para Yarrington y varios negocios con Eugenio Hernández.
También se citará, en calidad de testigos, a algunos de sus ex colaboradores como Alfonso Salazar Arzola, ex director general de Turismo y Asuntos Internacionales; Fernando Tomás Cayuela, ex procurador; Alfredo Sandoval Musi, ex subsecretario de Egresos, y Ricardo Gamundi Rosas, ex dirigente estatal del PRI, quienes desde enero pasado aparecían en una lista de 46 personas a las que la PGR pidió "monitorear" sus entradas y salidas del país.
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