Según los fiscales federales, el ex titular del Ejecutivo estatal en Tamaulipas aceptó millones de dólares en sobornos de los cárteles del narcotráfico
AP
El ex gobernador del estado mexicano de Tamaulipas Tomás Yarrington aceptó millones de dólares en sobornos de los cárteles del narcotráfico e invirtió el dinero en bienes raíces en Texas, según los fiscales federales en dos solicitudes de confiscación de propiedades que fueron presentadas el martes.
No se ha imputado todavía ningún cargo penal a Yarrington, quien fue gobernador del estado nororiental mexicano entre 1999 y 2004, pero las medidas presentadas ante el fuero civil afirman que cuando fue funcionario público, recibió ''millones de dólares en pagos'' de los cárteles de la droga ''y de varios esquemas de extorsión o soborno''.
En ese entonces, Yarrington utilizó a varios testaferros y negocios para ''convertirse en un gran inversionista en bienes raíces mediante varios mecanismos de lavado de dinero'', según los documentos interpuestos en Corpus Christi. El otro caso de confiscación fue presentado en San Antonio.
Las autoridades estadounidenses intentan decomisar un condominio en la isla South Padre y una propiedad de 18,6 hectáreas (46 acres) en San Antonio.
Un abogado de Yarrington en Houston dijo que estaba revisando los documentos que fueron divulgados el martes por la noche. Declinó pronunciarse de inmediato sobre los casos.
Yarrington fue también alcalde de Matamoros, la ciudad fronteriza con Brownsville, Texas, entre 1992 y 1995. Matamoros ha sido el centro de operaciones del Cártel del Golfo.
Según el caso presentado en Corpus Christi, Yarrington recurrió a un empresario mexicano que fue contratista para la alcaldía de Matamoros para que fuese el comprador oficial del condominio de 450.000 dólares en South Padre en 1998. La propiedad fue puesta a nombre de esa persona para evitar la detección de la Policía, según los fiscales.
Yarrington recurrió a sus ingresos ilícitos con los narcotraficantes para liquidar totalmente el condominio, el cual ha utilizado desde 1998, de acuerdo con el caso de confiscación.
En cuanto a los documentos presentados en la solicitud de San Antonio, los detalles de la transacción permanecen fuera de la vista pública, pero un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que la propiedad también habría sido obtenida por Yarrington y otros mediante ''fondos ilícitos''.
Los fiscales federales también difundieron el martes la acusación contra un empresario mexicano, Fernando Alejandro Cano Martínez, que supuestamente recibió dinero del Cártel del Golfo para sobornar a funcionarios de en Tamaulipas a fin de garantizar un mínimo de interferencia policial en las actividades del cártel.
La acusación contra Cano Martínez en Brownsville, por cargos de lavado de dinero, se basa en que tanto él como ''uno o más socios de la confabulación no acusados formalmente'' utilizaron un préstamo bancario de 6,7 millones de dólares para comprar una propiedad de 18,6 hectáreas en el condado de Bexar, del que San Antonio forma parte.
Cano era un empresario de la construcción de Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, en donde su compañía recibió varios contratos de una serie de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo menos desde 1993.
Uno de los últimos contratos adjudicados a la empresa fue en 2009, para una sección de una carretera que daba acceso a tierras que él tenía frente al puerto industrial de Altamira.
Un auditor federal lo obligó a regresar 2 millones de pesos por tramos de ese proyecto que fueron pagadas pero que quedaron sin pavimentar..
Cano está prófugo y no tiene abogados que lo representen en el caso.
AP
El ex gobernador del estado mexicano de Tamaulipas Tomás Yarrington aceptó millones de dólares en sobornos de los cárteles del narcotráfico e invirtió el dinero en bienes raíces en Texas, según los fiscales federales en dos solicitudes de confiscación de propiedades que fueron presentadas el martes.
No se ha imputado todavía ningún cargo penal a Yarrington, quien fue gobernador del estado nororiental mexicano entre 1999 y 2004, pero las medidas presentadas ante el fuero civil afirman que cuando fue funcionario público, recibió ''millones de dólares en pagos'' de los cárteles de la droga ''y de varios esquemas de extorsión o soborno''.
En ese entonces, Yarrington utilizó a varios testaferros y negocios para ''convertirse en un gran inversionista en bienes raíces mediante varios mecanismos de lavado de dinero'', según los documentos interpuestos en Corpus Christi. El otro caso de confiscación fue presentado en San Antonio.
Las autoridades estadounidenses intentan decomisar un condominio en la isla South Padre y una propiedad de 18,6 hectáreas (46 acres) en San Antonio.
Un abogado de Yarrington en Houston dijo que estaba revisando los documentos que fueron divulgados el martes por la noche. Declinó pronunciarse de inmediato sobre los casos.
Yarrington fue también alcalde de Matamoros, la ciudad fronteriza con Brownsville, Texas, entre 1992 y 1995. Matamoros ha sido el centro de operaciones del Cártel del Golfo.
Según el caso presentado en Corpus Christi, Yarrington recurrió a un empresario mexicano que fue contratista para la alcaldía de Matamoros para que fuese el comprador oficial del condominio de 450.000 dólares en South Padre en 1998. La propiedad fue puesta a nombre de esa persona para evitar la detección de la Policía, según los fiscales.
Yarrington recurrió a sus ingresos ilícitos con los narcotraficantes para liquidar totalmente el condominio, el cual ha utilizado desde 1998, de acuerdo con el caso de confiscación.
En cuanto a los documentos presentados en la solicitud de San Antonio, los detalles de la transacción permanecen fuera de la vista pública, pero un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que la propiedad también habría sido obtenida por Yarrington y otros mediante ''fondos ilícitos''.
Los fiscales federales también difundieron el martes la acusación contra un empresario mexicano, Fernando Alejandro Cano Martínez, que supuestamente recibió dinero del Cártel del Golfo para sobornar a funcionarios de en Tamaulipas a fin de garantizar un mínimo de interferencia policial en las actividades del cártel.
La acusación contra Cano Martínez en Brownsville, por cargos de lavado de dinero, se basa en que tanto él como ''uno o más socios de la confabulación no acusados formalmente'' utilizaron un préstamo bancario de 6,7 millones de dólares para comprar una propiedad de 18,6 hectáreas en el condado de Bexar, del que San Antonio forma parte.
Cano era un empresario de la construcción de Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, en donde su compañía recibió varios contratos de una serie de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo menos desde 1993.
Uno de los últimos contratos adjudicados a la empresa fue en 2009, para una sección de una carretera que daba acceso a tierras que él tenía frente al puerto industrial de Altamira.
Un auditor federal lo obligó a regresar 2 millones de pesos por tramos de ese proyecto que fueron pagadas pero que quedaron sin pavimentar..
Cano está prófugo y no tiene abogados que lo representen en el caso.
Comentarios