Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
Los acontecimientos políticos frente a la sucesión presidencial sólo tienen un desenlace: la sovietización de la procuración y administración de justicia al mejor estilo del estalinismo. Las purgas con juicios a modo para imponer una voluntad y un criterio único, inoculado por la DEA para sujetar a México a su proyecto de seguridad nacional y regional, aunque se conculque el derecho al voto y se convoque a la confrontación, al golpe de Estado.
Los asesores estadounidenses del gobierno de México en estos temas proceden como lo hicieron los estalinistas para armar los Procesos de Moscú. Están en el ensayo-error, como ocurrió con el intento de desacreditar a Jorge Hank Rhon. Hoy usan a los empleados de la DEA, Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, y a Roberto López Nájera, Jenniffer, para hundir en el descrédito a las fuerzas armadas, a los ex militares perfilados para desempeñarse en los diversos ámbitos de la seguridad pública y la seguridad nacional.
Los lectores que deseen conocer de cómo funcionan las mentes y las instituciones del estalinismo y del panismo, pueden leer Stalin y los verdugos, del historiador inglés Donald Rayfield, o Los crímenes de Stalin, de León Trotski, pero si prefieren la novela, con El caso Tulayev, de Víctor Serge, pueden obtener la información necesaria acerca del veneno que los estadounidenses se esfuerzan por inocular en el estado de ánimo de la sociedad mexicana.
El historiador inglés anota: “Los acontecimientos de 1928 demostraban la astucia y la implacabilidad de Stalin como político. Había ensayado sus métodos no sólo para eliminar a sus rivales, sino a todo grupo del que pudiera emerger una futura oposición. Ahora tenía que poner a prueba otra de sus tácticas: los juicios ejemplares y amañados, un espectáculo en el que Menzhinski y algunos de sus subordinados, como Yákov Agránov, contaban ya con casi diez años de experiencia”.
Tanto han pregonado el presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reforma constitucional penal, la necesidad de los juicios orales y públicos y el debido proceso, con la idea de recuperar la credibilidad en la procuración y administración de justicia, que es momentos de que las instituciones pongan el ejemplo, muestren la confianza en las reformas que impulsaron.
Pero el secretismo con el que han procedido Marisela Morales y el general secretario de la Defensa Nacional; el conocimiento de que los testigos protegidos que señalaron a los generales son empleados de la DEA, y el hecho de que esta misma agencia actúe como operador político del Departamento de Estado, son muestra de la opacidad estalinista con la que procederán para culpar a Tomás Ángeles y coacusados, con la sospecha, por parte de la sociedad, de que el delito por el cual quiere borrárseles de cualquier participación en la administración pública, es no estar de acuerdo con los costos sociales y políticos del legado que el presidente de México tanto presume.
El destino de esos militares es el deshonor, el descrédito y la cárcel.
Los acontecimientos políticos frente a la sucesión presidencial sólo tienen un desenlace: la sovietización de la procuración y administración de justicia al mejor estilo del estalinismo. Las purgas con juicios a modo para imponer una voluntad y un criterio único, inoculado por la DEA para sujetar a México a su proyecto de seguridad nacional y regional, aunque se conculque el derecho al voto y se convoque a la confrontación, al golpe de Estado.
Los asesores estadounidenses del gobierno de México en estos temas proceden como lo hicieron los estalinistas para armar los Procesos de Moscú. Están en el ensayo-error, como ocurrió con el intento de desacreditar a Jorge Hank Rhon. Hoy usan a los empleados de la DEA, Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, y a Roberto López Nájera, Jenniffer, para hundir en el descrédito a las fuerzas armadas, a los ex militares perfilados para desempeñarse en los diversos ámbitos de la seguridad pública y la seguridad nacional.
Los lectores que deseen conocer de cómo funcionan las mentes y las instituciones del estalinismo y del panismo, pueden leer Stalin y los verdugos, del historiador inglés Donald Rayfield, o Los crímenes de Stalin, de León Trotski, pero si prefieren la novela, con El caso Tulayev, de Víctor Serge, pueden obtener la información necesaria acerca del veneno que los estadounidenses se esfuerzan por inocular en el estado de ánimo de la sociedad mexicana.
El historiador inglés anota: “Los acontecimientos de 1928 demostraban la astucia y la implacabilidad de Stalin como político. Había ensayado sus métodos no sólo para eliminar a sus rivales, sino a todo grupo del que pudiera emerger una futura oposición. Ahora tenía que poner a prueba otra de sus tácticas: los juicios ejemplares y amañados, un espectáculo en el que Menzhinski y algunos de sus subordinados, como Yákov Agránov, contaban ya con casi diez años de experiencia”.
Tanto han pregonado el presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reforma constitucional penal, la necesidad de los juicios orales y públicos y el debido proceso, con la idea de recuperar la credibilidad en la procuración y administración de justicia, que es momentos de que las instituciones pongan el ejemplo, muestren la confianza en las reformas que impulsaron.
Pero el secretismo con el que han procedido Marisela Morales y el general secretario de la Defensa Nacional; el conocimiento de que los testigos protegidos que señalaron a los generales son empleados de la DEA, y el hecho de que esta misma agencia actúe como operador político del Departamento de Estado, son muestra de la opacidad estalinista con la que procederán para culpar a Tomás Ángeles y coacusados, con la sospecha, por parte de la sociedad, de que el delito por el cual quiere borrárseles de cualquier participación en la administración pública, es no estar de acuerdo con los costos sociales y políticos del legado que el presidente de México tanto presume.
El destino de esos militares es el deshonor, el descrédito y la cárcel.
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