Verónica Gascón y Henia Prado / Reforma
Los ataques de presuntos narcotraficantes contra bodegas y vehículos de la empresa Sabritas en Michoacán y Guanajuato son reprobables y no deben quedar en la impunidad: ése fue el clamor general tanto del sector privado como de asociaciones civiles.
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, lamentó los hechos y urgió a las autoridades de los tres niveles a coordinarse para resolver el caso.
"Que se aplique la ley y encuentren a los responsables y se proteja tanto a la sociedad como a las empresas. Esto no se puede permitir".
Además, pidió atacar de manera decidida los delitos que más laceran y lastiman a la sociedad y a los empresarios, como la extorsión y el cobro de "derecho de piso".
Entre viernes y sábado, comandos armados prendieron fuego en instalaciones de Sabritas en 3 municipios de Michoacán y 2 de Guanajuato, lo que dejó 42 vehículos calcinados y daños estructurales en 3 edificios.
Jorge Dávila, presidente de la Concanaco, señaló que se trata de un hecho inédito que va en contra del comercio organizado y la actividad económica del País.
Elías Kuri, presidente de la asociación Iluminemos México, subrayó que los ataques no deben quedar en la impunidad, pues la persistente falta de castigo fortalece al crimen organizado.
"Es una acción sumamente reprobable y preocupante. Hay que hacer una investigación seria porque no puede quedar solamente en tomar fotografías y ver el hecho, se tiene que llegar al fondo", dijo Kuri.
"Uno de los problemas más graves que tenemos es que carecemos de una investigación profesional, vemos la nota, lo que sucede, pero nunca vemos que haya un seguimiento, es importante cerrar filas".
María Elena Morera, quien encabeza Causa en Común, destacó que los ataques reflejan la errada política concentrada en el aspecto policiaco y la fortaleza de los criminales en el monopolio de la violencia.
"Nos hace pensar que no han controlado el crimen organizado, en lugar de que vayamos viendo que tenemos menos violencia, vamos viendo más, no todo se combate con policías federales, el Ejército y la Marina, debe haber una reconciliación en las comunidades y otras alternativas para los jóvenes, así como romper el financiamiento con los grupos de narcotraficantes, mientras ellos tengan el dinero para hacer estas cosas y pagar autoridades que de alguna manera los resguarden, no vamos a adelantar", señaló.
"Me parece muy peligroso que se empiecen a meter con empresas de esta naturaleza, sin embargo, ya lo hemos venido viendo desde hace mucho tiempo en Michoacán y Tamaulipas, donde llevan más de 6 años que cobran derecho de piso y que se meten con todos los civiles".
Javier Oliva, catedrático de la UNAM en seguridad nacional, coincidió en la vulnerabilidad de los ciudadanos comunes y empresarios.
"Puede encajar en la extorsión, una negativa de la propia empresa a pagar cuotas de protección a delincuentes, muchos concesionarios de compañías que venden camionetas también son sujetos a este tipo de extorsiones o a la venta forzada de vehículos, robo de automóviles en las carreteras, el robo de nodrizas", dijo.
Ayer, la Procuraduría de Guanajuato dio a conocer que el sábado fueron capturadas en el Municipio de Salvatierra cuatro personas que podrían estar implicadas en los ataques.
La detención ocurrió 12 horas después de que un comando armado ingresara a una bodega de Sabritas en Salvatierra e incendiara cinco vehículos repartidores.
Una de las versiones que trascendió el sábado fue que se trataba de una represalia del crimen organizado por el supuesto uso de unidades de la empresa en operaciones encubiertas del Ejército.
Ayer, Sabritas señaló en un comunicado que sus unidades están dedicadas exclusivamente a la distribución de sus productos.
Los ataques de presuntos narcotraficantes contra bodegas y vehículos de la empresa Sabritas en Michoacán y Guanajuato son reprobables y no deben quedar en la impunidad: ése fue el clamor general tanto del sector privado como de asociaciones civiles.
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, lamentó los hechos y urgió a las autoridades de los tres niveles a coordinarse para resolver el caso.
"Que se aplique la ley y encuentren a los responsables y se proteja tanto a la sociedad como a las empresas. Esto no se puede permitir".
Además, pidió atacar de manera decidida los delitos que más laceran y lastiman a la sociedad y a los empresarios, como la extorsión y el cobro de "derecho de piso".
Entre viernes y sábado, comandos armados prendieron fuego en instalaciones de Sabritas en 3 municipios de Michoacán y 2 de Guanajuato, lo que dejó 42 vehículos calcinados y daños estructurales en 3 edificios.
Jorge Dávila, presidente de la Concanaco, señaló que se trata de un hecho inédito que va en contra del comercio organizado y la actividad económica del País.
Elías Kuri, presidente de la asociación Iluminemos México, subrayó que los ataques no deben quedar en la impunidad, pues la persistente falta de castigo fortalece al crimen organizado.
"Es una acción sumamente reprobable y preocupante. Hay que hacer una investigación seria porque no puede quedar solamente en tomar fotografías y ver el hecho, se tiene que llegar al fondo", dijo Kuri.
"Uno de los problemas más graves que tenemos es que carecemos de una investigación profesional, vemos la nota, lo que sucede, pero nunca vemos que haya un seguimiento, es importante cerrar filas".
María Elena Morera, quien encabeza Causa en Común, destacó que los ataques reflejan la errada política concentrada en el aspecto policiaco y la fortaleza de los criminales en el monopolio de la violencia.
"Nos hace pensar que no han controlado el crimen organizado, en lugar de que vayamos viendo que tenemos menos violencia, vamos viendo más, no todo se combate con policías federales, el Ejército y la Marina, debe haber una reconciliación en las comunidades y otras alternativas para los jóvenes, así como romper el financiamiento con los grupos de narcotraficantes, mientras ellos tengan el dinero para hacer estas cosas y pagar autoridades que de alguna manera los resguarden, no vamos a adelantar", señaló.
"Me parece muy peligroso que se empiecen a meter con empresas de esta naturaleza, sin embargo, ya lo hemos venido viendo desde hace mucho tiempo en Michoacán y Tamaulipas, donde llevan más de 6 años que cobran derecho de piso y que se meten con todos los civiles".
Javier Oliva, catedrático de la UNAM en seguridad nacional, coincidió en la vulnerabilidad de los ciudadanos comunes y empresarios.
"Puede encajar en la extorsión, una negativa de la propia empresa a pagar cuotas de protección a delincuentes, muchos concesionarios de compañías que venden camionetas también son sujetos a este tipo de extorsiones o a la venta forzada de vehículos, robo de automóviles en las carreteras, el robo de nodrizas", dijo.
Ayer, la Procuraduría de Guanajuato dio a conocer que el sábado fueron capturadas en el Municipio de Salvatierra cuatro personas que podrían estar implicadas en los ataques.
La detención ocurrió 12 horas después de que un comando armado ingresara a una bodega de Sabritas en Salvatierra e incendiara cinco vehículos repartidores.
Una de las versiones que trascendió el sábado fue que se trataba de una represalia del crimen organizado por el supuesto uso de unidades de la empresa en operaciones encubiertas del Ejército.
Ayer, Sabritas señaló en un comunicado que sus unidades están dedicadas exclusivamente a la distribución de sus productos.
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