Carmen Aristegui
El tuit que Ricardo Salinas Pliego subió a su cuenta para anunciar que Televisión Azteca no transmitiría el debate presidencial del próximo domingo 6 de mayo, a las 8 de la noche –porque a esa hora transmitiría el partido Morelia-Tigres– enfureció a muchos y desató una ola de críticas y cuestionamientos, de tal naturaleza, en las redes sociales que hizo que el polémico empresario decidiera lanzar un segundo mensaje llamando, a quienes reclamaban su conducta, grupito de tuiteros autoritarios y celebrar con ello que, ahora sí, se estaba dando un verdadero debate.
El tono de sorna exacerbó, aún más, los ánimos entre quienes participan de las redes sociales y en una buena parte de quienes forman parte de la vida pública mexicana.
Desde luego, el capítulo de regatear o negar la transmisión del primer debate de los cuatro candidatos a la Presidencia para el próximo domingo ha sido interpretado como un desafío de las televisoras (Televisa en menor medida porque anunció la transmisión del debate, aunque lo hará en uno de los canales de menor cobertura), a la autoridad electoral y un atentado contra la vida democrática y al interés general.
Lo que más ha irritado a los críticos de Salinas ha sido el desplante burlón y prepotente que utilizó para mostrar cuánto menosprecia a la clase política, cuánto a la autoridad electoral y cuánto a las nociones básicas del juego democrático. Nada de eso sería tan grave de no ser porque se trata del concesionario que tiene en sus manos la segunda televisora del país, en el marco de un sistema duopólico como el que prevalece en México.
Y no sería tan preocupante si se tratara de un hecho aislado o de un exabrupto pasajero de un empresario poderoso. En este caso se trata de uno más en una larga lista de asuntos que ha protagonizado tan polémico personaje y que lo han colocado en el filo de la confrontación con poderes públicos y autoridades. En el caso de las electorales, de especial manera. El IFE y sus integrantes han sido sometidos a una intensa campaña de desprestigio y debilitamiento en los diferentes medios que están bajo el dominio del empresario.
Las historias conocidas públicamente alimentan la interrogante sobre por qué el Estado puso en manos de Ricardo Salinas una concesión tan relevante como la televisión. El caso Stanley, el caso de Canal 40, el de Unefon, las innumerables multas en tiempos electorales, el caso Rogelio Guerra más recientemente y otros tantos que son recordados ahora que se presenta un nuevo capítulo escandaloso con la transmisión negada a un debate presidencial.
Si la maniobra de las televisoras para dotar de la mínima cobertura posible al primer debate presidencial 2012 tiene que ver –como parece claro– con un interés en reducir los costos electorales que pudiera tener para el puntero un debate presidencial, el desplante arrogante del empresario hizo que la crítica se tornara más profunda. Fue tan desafiante su postura que se llegó al punto de tener que discutir si era necesario que el IFE solicitara una cadena nacional a Gobernación.
La propuesta fue derrotada y, hasta cuando esto se escribe, no hay noticia de que el Gobierno haya tomado la decisión de obligar a los medios electrónicos a enlazarse para transmitir el debate presidencial. Si decide hacerlo, el PRI ha dicho que será un acto autoritario y una condenable intervención gubernamental en el proceso electoral en curso.
Ciertamente, obligar a los concesionarios y a la sociedad a ver el debate, con una cadena nacional, podría parecer un extremo. El punto es que se construyó otro extremo y esto lo hicieron las televisoras con una actitud desafiante o, por decir lo menos, desconsiderada en un asunto de interés nacional. Su actitud ha colocado a los factores de poder en un esquema de tensión en los últimos días.
¿Qué poder está por encima del otro? ¿Quién manda? ¿Quién determina y hace valer el interés general?
Horas después de la discusión que protagonizaron consejeros electorales y representantes de partidos políticos en el Consejo General del IFE, la noche del miércoles, y que terminó con una votación en contra de la propuesta para que el organismo electoral solicitara, expresamente, a la Secretaría de Gobernación la cadena nacional, se oyeron voces como la de Alfredo Figueroa, consejero electoral, quien planteó que con este capítulo se da muestra de una circunstancia compleja y grave que coloca a México frente a una “posible crisis democrática".
“Esta no es una circunstancia ordinaria. No lo es que se intente bloquear, impedir (el debate), no propiciar culturalmente lo que se supone una democracia. Que los ciudadanos contrasten las opciones que se tienen”. El hecho, dice Figueroa, de que dos personas puedan decidir qué es lo que los mexicanos pueden ver en televisión, sin que la autoridad electoral pueda intervenir, significa una regresión al tiempo en que no existía el Instituto Federal Electoral como un órgano independiente.
“Se pone de manifiesto que no hay pluralidad... Se hace visible una circunstancia no democrática en el país”. Sin duda, el tema es ese y sobre él debería estar girando el verdadero debate nacional.
(Después de entregar esta columna, TV Azteca informó que transmitiría el debate por Canal 40, lo cual puede considerarse una nueva provocación, dado que para muchos esa señal se considera pirata o robada).
El tuit que Ricardo Salinas Pliego subió a su cuenta para anunciar que Televisión Azteca no transmitiría el debate presidencial del próximo domingo 6 de mayo, a las 8 de la noche –porque a esa hora transmitiría el partido Morelia-Tigres– enfureció a muchos y desató una ola de críticas y cuestionamientos, de tal naturaleza, en las redes sociales que hizo que el polémico empresario decidiera lanzar un segundo mensaje llamando, a quienes reclamaban su conducta, grupito de tuiteros autoritarios y celebrar con ello que, ahora sí, se estaba dando un verdadero debate.
El tono de sorna exacerbó, aún más, los ánimos entre quienes participan de las redes sociales y en una buena parte de quienes forman parte de la vida pública mexicana.
Desde luego, el capítulo de regatear o negar la transmisión del primer debate de los cuatro candidatos a la Presidencia para el próximo domingo ha sido interpretado como un desafío de las televisoras (Televisa en menor medida porque anunció la transmisión del debate, aunque lo hará en uno de los canales de menor cobertura), a la autoridad electoral y un atentado contra la vida democrática y al interés general.
Lo que más ha irritado a los críticos de Salinas ha sido el desplante burlón y prepotente que utilizó para mostrar cuánto menosprecia a la clase política, cuánto a la autoridad electoral y cuánto a las nociones básicas del juego democrático. Nada de eso sería tan grave de no ser porque se trata del concesionario que tiene en sus manos la segunda televisora del país, en el marco de un sistema duopólico como el que prevalece en México.
Y no sería tan preocupante si se tratara de un hecho aislado o de un exabrupto pasajero de un empresario poderoso. En este caso se trata de uno más en una larga lista de asuntos que ha protagonizado tan polémico personaje y que lo han colocado en el filo de la confrontación con poderes públicos y autoridades. En el caso de las electorales, de especial manera. El IFE y sus integrantes han sido sometidos a una intensa campaña de desprestigio y debilitamiento en los diferentes medios que están bajo el dominio del empresario.
Las historias conocidas públicamente alimentan la interrogante sobre por qué el Estado puso en manos de Ricardo Salinas una concesión tan relevante como la televisión. El caso Stanley, el caso de Canal 40, el de Unefon, las innumerables multas en tiempos electorales, el caso Rogelio Guerra más recientemente y otros tantos que son recordados ahora que se presenta un nuevo capítulo escandaloso con la transmisión negada a un debate presidencial.
Si la maniobra de las televisoras para dotar de la mínima cobertura posible al primer debate presidencial 2012 tiene que ver –como parece claro– con un interés en reducir los costos electorales que pudiera tener para el puntero un debate presidencial, el desplante arrogante del empresario hizo que la crítica se tornara más profunda. Fue tan desafiante su postura que se llegó al punto de tener que discutir si era necesario que el IFE solicitara una cadena nacional a Gobernación.
La propuesta fue derrotada y, hasta cuando esto se escribe, no hay noticia de que el Gobierno haya tomado la decisión de obligar a los medios electrónicos a enlazarse para transmitir el debate presidencial. Si decide hacerlo, el PRI ha dicho que será un acto autoritario y una condenable intervención gubernamental en el proceso electoral en curso.
Ciertamente, obligar a los concesionarios y a la sociedad a ver el debate, con una cadena nacional, podría parecer un extremo. El punto es que se construyó otro extremo y esto lo hicieron las televisoras con una actitud desafiante o, por decir lo menos, desconsiderada en un asunto de interés nacional. Su actitud ha colocado a los factores de poder en un esquema de tensión en los últimos días.
¿Qué poder está por encima del otro? ¿Quién manda? ¿Quién determina y hace valer el interés general?
Horas después de la discusión que protagonizaron consejeros electorales y representantes de partidos políticos en el Consejo General del IFE, la noche del miércoles, y que terminó con una votación en contra de la propuesta para que el organismo electoral solicitara, expresamente, a la Secretaría de Gobernación la cadena nacional, se oyeron voces como la de Alfredo Figueroa, consejero electoral, quien planteó que con este capítulo se da muestra de una circunstancia compleja y grave que coloca a México frente a una “posible crisis democrática".
“Esta no es una circunstancia ordinaria. No lo es que se intente bloquear, impedir (el debate), no propiciar culturalmente lo que se supone una democracia. Que los ciudadanos contrasten las opciones que se tienen”. El hecho, dice Figueroa, de que dos personas puedan decidir qué es lo que los mexicanos pueden ver en televisión, sin que la autoridad electoral pueda intervenir, significa una regresión al tiempo en que no existía el Instituto Federal Electoral como un órgano independiente.
“Se pone de manifiesto que no hay pluralidad... Se hace visible una circunstancia no democrática en el país”. Sin duda, el tema es ese y sobre él debería estar girando el verdadero debate nacional.
(Después de entregar esta columna, TV Azteca informó que transmitiría el debate por Canal 40, lo cual puede considerarse una nueva provocación, dado que para muchos esa señal se considera pirata o robada).
Comentarios