Samuel García
Ayer el gobierno de Estados Unidos a través de la vocería del Departamento de Estado que encabeza Hillary Clinton, ‘condenó enérgicamente’ los ataques perpetrados por el crimen organizado contra instalaciones y bienes de la empresa estadounidense PepsiCo -en su filial Sabritas- en los estados de Michoacán y Guanajuato.
Ayer el gobierno de Estados Unidos a través de la vocería del Departamento de Estado que encabeza Hillary Clinton, ‘condenó enérgicamente’ los ataques perpetrados por el crimen organizado contra instalaciones y bienes de la empresa estadounidense PepsiCo -en su filial Sabritas- en los estados de Michoacán y Guanajuato.
En lenguaje crudo, y más allá de la retórica diplomática de la respuesta oficial de la vocería, la condena a estas acciones criminales desde Washington es un reconocimiento explícito a la realidad violenta que se vive en ciertos territorios del país y que en esta ocasión tocó intereses empresariales estadounidenses. De allí la reacción.
Pero en México la respuesta de las autoridades es diametralmente distinta. Es la respuesta del funcionario más preocupado por el ‘control de daños’ político, que por las evidentes consecuencias de los gravísimos hechos violentos allí ocurridos.
El secretario de Economía Bruno Ferrari le dijo a Notimex según citan textualmente varios periódicos: “No veo por qué los empresarios tienen que preocuparse…por este caso, en el que se respondió de acuerdo con un protocolo. No veo por qué tiene que ser esto un sentido (?) para que haya pánico ni mucho menos y, por supuesto, las inversiones siguen previstas como estaban porque se trató de un caso aislado y se pudo acotar inmediatamente”. El burdo intento de tapar el sol con un dedo.
Ayer mismo la agencia Reuters publicó un amplio reportaje en el que consigna detalladamente cómo el grupo criminal denominado ‘Los Zetas’ han transitado desde la guerra del narco a la insurgencia y a la guerrilla urbana convirtiéndolo en el mayor desafío para el gobierno. “Esta brutalidad ha convertido a una de sus principales áreas de operación, en el noreste de México, en una zona prohibida para muchos empresarios y turistas. Policías y soldados mexicanos dicen que los Zetas son más parecidas a grupos insurgentes que a los cárteles tradicionales”, dice Reuters. ‘Han creado un nuevo modelo de crimen organizado y han llevado la violencia a nuevos niveles para tratar de acabar con los viejos cárteles. Esto tiene desestabilizadas a muchas áreas de México’, le dice Mike Vigil, un ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, a la agencia Reuters.
Esa realidad descarnada también la conocen los empresarios aunque no se diga en alta voz. La inseguridad más que se duplicó entre 2011 y 2012 (del 18% al 39%) como ‘factor negativo’ para las empresas en el país, de acuerdo a un estudio de la consultora KPMG. Según esta encuesta reciente entre 400 directivos en todo el país, el 64% y 71% mencionan a la seguridad pública y la corrupción, respectivamente, como factores clave para incrementar su competitividad. Un 30% de las empresas, que respondieron en ese sentido, han sido amenazadas, 24% extorsionadas, 10% han sufrido secuestros y 6% atentados, además del 54% que ha sufrido robos y el 34% que ha sido presa de la corrupción.
El 47% de estas empresas encuestadas dicen que el ambiente de inseguridad ha afectado sus decisiones de inversión de alguna manera, ya sea reduciéndolas, suspendiéndolas o, incluso, yéndose del país.
Y un dato más: el 55% de las empresas incrementarán sus gastos en seguridad hacia los próximos años según un estudio de la Cámara Americana de Comercio.
Pero el secretario Ferrari –en plena campaña electoral- dice que los ataques a Sabritas fue ‘un caso aislado’ y los empresarios no tienen de qué preocuparse. ¡Vaya, vaya!
Ayer el gobierno de Estados Unidos a través de la vocería del Departamento de Estado que encabeza Hillary Clinton, ‘condenó enérgicamente’ los ataques perpetrados por el crimen organizado contra instalaciones y bienes de la empresa estadounidense PepsiCo -en su filial Sabritas- en los estados de Michoacán y Guanajuato.
Ayer el gobierno de Estados Unidos a través de la vocería del Departamento de Estado que encabeza Hillary Clinton, ‘condenó enérgicamente’ los ataques perpetrados por el crimen organizado contra instalaciones y bienes de la empresa estadounidense PepsiCo -en su filial Sabritas- en los estados de Michoacán y Guanajuato.
En lenguaje crudo, y más allá de la retórica diplomática de la respuesta oficial de la vocería, la condena a estas acciones criminales desde Washington es un reconocimiento explícito a la realidad violenta que se vive en ciertos territorios del país y que en esta ocasión tocó intereses empresariales estadounidenses. De allí la reacción.
Pero en México la respuesta de las autoridades es diametralmente distinta. Es la respuesta del funcionario más preocupado por el ‘control de daños’ político, que por las evidentes consecuencias de los gravísimos hechos violentos allí ocurridos.
El secretario de Economía Bruno Ferrari le dijo a Notimex según citan textualmente varios periódicos: “No veo por qué los empresarios tienen que preocuparse…por este caso, en el que se respondió de acuerdo con un protocolo. No veo por qué tiene que ser esto un sentido (?) para que haya pánico ni mucho menos y, por supuesto, las inversiones siguen previstas como estaban porque se trató de un caso aislado y se pudo acotar inmediatamente”. El burdo intento de tapar el sol con un dedo.
Ayer mismo la agencia Reuters publicó un amplio reportaje en el que consigna detalladamente cómo el grupo criminal denominado ‘Los Zetas’ han transitado desde la guerra del narco a la insurgencia y a la guerrilla urbana convirtiéndolo en el mayor desafío para el gobierno. “Esta brutalidad ha convertido a una de sus principales áreas de operación, en el noreste de México, en una zona prohibida para muchos empresarios y turistas. Policías y soldados mexicanos dicen que los Zetas son más parecidas a grupos insurgentes que a los cárteles tradicionales”, dice Reuters. ‘Han creado un nuevo modelo de crimen organizado y han llevado la violencia a nuevos niveles para tratar de acabar con los viejos cárteles. Esto tiene desestabilizadas a muchas áreas de México’, le dice Mike Vigil, un ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, a la agencia Reuters.
Esa realidad descarnada también la conocen los empresarios aunque no se diga en alta voz. La inseguridad más que se duplicó entre 2011 y 2012 (del 18% al 39%) como ‘factor negativo’ para las empresas en el país, de acuerdo a un estudio de la consultora KPMG. Según esta encuesta reciente entre 400 directivos en todo el país, el 64% y 71% mencionan a la seguridad pública y la corrupción, respectivamente, como factores clave para incrementar su competitividad. Un 30% de las empresas, que respondieron en ese sentido, han sido amenazadas, 24% extorsionadas, 10% han sufrido secuestros y 6% atentados, además del 54% que ha sufrido robos y el 34% que ha sido presa de la corrupción.
El 47% de estas empresas encuestadas dicen que el ambiente de inseguridad ha afectado sus decisiones de inversión de alguna manera, ya sea reduciéndolas, suspendiéndolas o, incluso, yéndose del país.
Y un dato más: el 55% de las empresas incrementarán sus gastos en seguridad hacia los próximos años según un estudio de la Cámara Americana de Comercio.
Pero el secretario Ferrari –en plena campaña electoral- dice que los ataques a Sabritas fue ‘un caso aislado’ y los empresarios no tienen de qué preocuparse. ¡Vaya, vaya!
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