Carlos Ramírez / Indicador Político
Los casos de los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia entraron en la zona del absurdo: a pesar de que la PGR cuenta con elementos que los involucran en actividades criminales y que el Ejército tomó la decisión de no protegerlos, ahora resulta que cierto sector de la opinión pública ha criticado a las fuerzas armadas que entregó a los acusados y no a los generales que se dejaron seducir por el dinero criminal.
Pero el asunto es menos tenebroso: la decisión del alto mando de no entorpecer una indagatoria de la PGR que involucraba a élites castrenses, entre ellas un ex agregado militar en Washington, contacto con la embajada de los EU y con los servicios de inteligencia y seguridad nacional y ex subsecretario de la Defensa Nacional, habla de la decisión de no cubrir ilegalidades como suele ocurrir en los sectores civiles y políticos.
A ello se agrega el hecho de que la disciplina militar es muy estricta: los mandos acusados de ilegalidades tienen que cumplir con los procesos civiles, en lugar de hacerlo, como antes, dentro de la justicia militar. Pocos han sabido leer en el caso de Ángeles, Dawe y Escorcia el debate ya resuelto en las fuerzas armadas: la jurisdicción militar no tapará actividades criminales, a diferencia, por ejemplo, de los políticos perredistas que le dieron fuero a Julio César Godoy y luego tuvieron que desaforarlo ante el cúmulo de pruebas.
Los señalamientos contra los generales son de seriedad: relaciones peligrosas con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, una derivación del cártel de Sinaloa del peligroso Joaquín “El Chapo” Guzmán, aunque luego lo acusaron de traición por el arresto militar de Alfredo Beltrán Leyva y entraron en una criminal guerra de pandillas.
De ahí que la decisión de la PGR de citar a los generales Ángeles, Dawe y Escorcia en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada para declarar sobre presuntas relaciones peligrosas, haya sido un paso significativo en el combate de la impunidad del poder. Pero los medios de comunicación se han quedado en la superficie del asunto: el nivel de mando de los generales citados, sin analizar el fondo del asunto: el blindaje institucional que tiene el Ejército para contener y no solapar irregularidades.
La decisión del alto mando militar de entregar a los tres generales a las autoridades de la PGR fue una decisión estratégica, que revela que la institución militar no va a proteger a presuntos involucrados en relaciones peligrosas con cárteles del crimen organizado, y representó un mensaje a los demás mandos de que la responsabilidad del Ejército es con la institución y no con los mandos.
El asunto central se localiza en la PGR, no en el Ejército, con lo que el arresto de tres generales no manchó a las fuerzas armadas ni generó sobresaltos internos. Al final, los generales investigados por la PGR tendrán que aclarar las acusaciones sin protegerse debajo del uniforme, aunque los tres buscaron inmediatamente la protección de mecanismos civiles usualmente utilizados para proteger la impunidad y detener el curso de la ley. Además seguramente van a reciclarse algunas revelaciones de La Barbie de que varios periodistas con presencia en medios nacionales han estado en las nóminas de los cárteles.
La protección del ejército de la contaminación de la corrupción del crimen organizado debería ser una prioridad de la sociedad, porque las fuerzas armadas son la última línea de defensa en la lucha contra el crimen organizado que ha aumentado la intensidad de la criminalidad en la lucha entre diferentes bandas por el control territorial de zonas de la República. Pero en lugar de reconocer el profesionalismo del Ejército, algunos medios presentan los casos extirpados como el fin de las fuerzas armadas, cuando en la realidad la situación es diferente: las fuerzas armadas han resistido hasta ahora la corrupción criminal. Asimismo el mensaje de los generales arraigados indicaría una profundización de las investigaciones al interior del Ejército para llegar hasta las últimas consecuencias.
Pero buena parte de los medios, con los cuales el general Ángeles había establecido relaciones públicas, ni siquiera se preocupan por ahondar en las pistas hasta ahora reveladas y se han dedicado a defender al general arraigado. Lo grave del asunto es que los generales detenidos presuntamente mantenían relaciones con los cárteles de Sinaloa. Por “cuidar” a un amigo se olvidan que los cárteles son los responsables directos del asesinato de decenas de periodistas.
Si se lee bien la información, el caso de los generales arraigados ya se salió del sector militar, se localiza en expedientes de la PGR y el Ejército nada tiene que ver ya con los cargos.
Además opino que Javier Sicilia, su movimiento y el rector de la UNAM, José Narro, y los periodistas, deben responsabilizar a los narcos de la violencia y los muertos, exigir sin dobleces la rendición incondicional de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada, Servando Gómez “La Tuta”, Juan José “El Azul” Esparragoza, Vicente Carrillo Fuentes y otros capos y demandar la entrega de su arsenal de armas, para ser juzgados como responsables de la violencia criminal en el tráfico de drogas y de varios de miles de muertos.
Los casos de los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia entraron en la zona del absurdo: a pesar de que la PGR cuenta con elementos que los involucran en actividades criminales y que el Ejército tomó la decisión de no protegerlos, ahora resulta que cierto sector de la opinión pública ha criticado a las fuerzas armadas que entregó a los acusados y no a los generales que se dejaron seducir por el dinero criminal.
Pero el asunto es menos tenebroso: la decisión del alto mando de no entorpecer una indagatoria de la PGR que involucraba a élites castrenses, entre ellas un ex agregado militar en Washington, contacto con la embajada de los EU y con los servicios de inteligencia y seguridad nacional y ex subsecretario de la Defensa Nacional, habla de la decisión de no cubrir ilegalidades como suele ocurrir en los sectores civiles y políticos.
A ello se agrega el hecho de que la disciplina militar es muy estricta: los mandos acusados de ilegalidades tienen que cumplir con los procesos civiles, en lugar de hacerlo, como antes, dentro de la justicia militar. Pocos han sabido leer en el caso de Ángeles, Dawe y Escorcia el debate ya resuelto en las fuerzas armadas: la jurisdicción militar no tapará actividades criminales, a diferencia, por ejemplo, de los políticos perredistas que le dieron fuero a Julio César Godoy y luego tuvieron que desaforarlo ante el cúmulo de pruebas.
Los señalamientos contra los generales son de seriedad: relaciones peligrosas con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, una derivación del cártel de Sinaloa del peligroso Joaquín “El Chapo” Guzmán, aunque luego lo acusaron de traición por el arresto militar de Alfredo Beltrán Leyva y entraron en una criminal guerra de pandillas.
De ahí que la decisión de la PGR de citar a los generales Ángeles, Dawe y Escorcia en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada para declarar sobre presuntas relaciones peligrosas, haya sido un paso significativo en el combate de la impunidad del poder. Pero los medios de comunicación se han quedado en la superficie del asunto: el nivel de mando de los generales citados, sin analizar el fondo del asunto: el blindaje institucional que tiene el Ejército para contener y no solapar irregularidades.
La decisión del alto mando militar de entregar a los tres generales a las autoridades de la PGR fue una decisión estratégica, que revela que la institución militar no va a proteger a presuntos involucrados en relaciones peligrosas con cárteles del crimen organizado, y representó un mensaje a los demás mandos de que la responsabilidad del Ejército es con la institución y no con los mandos.
El asunto central se localiza en la PGR, no en el Ejército, con lo que el arresto de tres generales no manchó a las fuerzas armadas ni generó sobresaltos internos. Al final, los generales investigados por la PGR tendrán que aclarar las acusaciones sin protegerse debajo del uniforme, aunque los tres buscaron inmediatamente la protección de mecanismos civiles usualmente utilizados para proteger la impunidad y detener el curso de la ley. Además seguramente van a reciclarse algunas revelaciones de La Barbie de que varios periodistas con presencia en medios nacionales han estado en las nóminas de los cárteles.
La protección del ejército de la contaminación de la corrupción del crimen organizado debería ser una prioridad de la sociedad, porque las fuerzas armadas son la última línea de defensa en la lucha contra el crimen organizado que ha aumentado la intensidad de la criminalidad en la lucha entre diferentes bandas por el control territorial de zonas de la República. Pero en lugar de reconocer el profesionalismo del Ejército, algunos medios presentan los casos extirpados como el fin de las fuerzas armadas, cuando en la realidad la situación es diferente: las fuerzas armadas han resistido hasta ahora la corrupción criminal. Asimismo el mensaje de los generales arraigados indicaría una profundización de las investigaciones al interior del Ejército para llegar hasta las últimas consecuencias.
Pero buena parte de los medios, con los cuales el general Ángeles había establecido relaciones públicas, ni siquiera se preocupan por ahondar en las pistas hasta ahora reveladas y se han dedicado a defender al general arraigado. Lo grave del asunto es que los generales detenidos presuntamente mantenían relaciones con los cárteles de Sinaloa. Por “cuidar” a un amigo se olvidan que los cárteles son los responsables directos del asesinato de decenas de periodistas.
Si se lee bien la información, el caso de los generales arraigados ya se salió del sector militar, se localiza en expedientes de la PGR y el Ejército nada tiene que ver ya con los cargos.
Además opino que Javier Sicilia, su movimiento y el rector de la UNAM, José Narro, y los periodistas, deben responsabilizar a los narcos de la violencia y los muertos, exigir sin dobleces la rendición incondicional de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada, Servando Gómez “La Tuta”, Juan José “El Azul” Esparragoza, Vicente Carrillo Fuentes y otros capos y demandar la entrega de su arsenal de armas, para ser juzgados como responsables de la violencia criminal en el tráfico de drogas y de varios de miles de muertos.
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