Carlos Ramírez / Indicador Político
El arraigo del general Tomás Ángeles Dauahare es ajeno a la sucesión presidencial y a la designación del secretario de la Defensa Nacional del próximo gobierno y bastante vinculado a una ofensiva de la DEA y de los Estados Unidos hacia México en el escenario de la campaña presidencial de Barack Obama.
Hacia el interior del ejército las opiniones sobre Ángeles son más buenas que malas, aunque en todos los niveles existe la certeza de que la justicia civil debe ir hasta el fondo de las acusaciones. Por tanto, se descarta algún ajuste de cuentas en los mandos castrenses.
La designación del secretario de la Defensa es diferente a los mecanismos civiles. El general secretario saliente siempre es consultado por el presidente electo sobre los mandos posibles a sucederlo y la lista es amplia y sin vetos, sobre todo porque los altos mandos son pocos y todos obedecen a las relaciones derivadas de la disciplina militar. Por tanto, son irreales las versiones de que el arraigo del general Ángeles estaría en la disputa de la cartera de Sedena.
Más aún, la verdadera lista de aspirantes a la titularidad de la Sedena se conoce hasta después de las elecciones presidenciales, a partir del 2000 en que se dio la alternancia. Y hasta donde se tienen datos, nunca se ha registrado alguna confrontación entre generales para posicionarse por la cartera de general secretario. Y más aún, Ángeles es retirado y hasta ahora no ha habido un general secretario regresado del retiro, además de que mantiene relaciones estrechas con los generales que estarían enfilados hacia la titularidad de la Sedena.
De ahí que la decisión de la PGR de solicitarle la presentación del general Ángeles y otros dos generales tiene escenarios ajenos al próximo gabinete:
1.- El momento político: la proximidad de la elección presidencial, la información que relaciona al ex gobernador priísta tamaulipeco Tomás Yarrington con el narcotráfico, el cerco que se cierra en torno a Joaquín El Chapo Guzmán, el debate sobre la continuidad o reformas el próximo sexenio de la estrategia del gobierno de Calderón contra el crimen organizado, el escalamiento en la violencia entre los cárteles usando a los medios como caja de resonancia y el debate el próximo 10 de junio entre candidatos presidenciales donde tocarán el tema de seguridad forman el contexto del corto plazo mexicano.
2.- El momento sucesorio. Después del arraigo de los generales por datos de presunta vinculación con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, el presidente Calderón lanzó un reto significativo a los candidatos: ¿Continuará el próximo gobierno o interrumpirá la lucha contra los cárteles? La continuidad o desviación de la estrategia es sin duda una de las más importantes preguntas en las sociedades que viven en los estados contaminados por el narcotráfico. Y queda también el dato de que el arraigo de tres generales antecedió la información sobre las relaciones del ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington con el narco, estallada en tribunales de los EU. De esta manera, la lucha contra el crimen organizado volvió a asumir su posición central en las campañas presidenciales.
3.- El factor Estados Unidos. Días después del arraigo de tres generales bajo información filtrada de haber tenido relaciones con el cártel de los Hermanos Beltrán Leyva se dieron tres hechos vinculados: La información proveniente de los EU sobre Yarrington, la versión de que la DEA tiene información de funcionarios y políticos vinculados al narco y la extradición el martes pasado de La Barbie a los Estados Unidos a pesar de ser la fuente de datos sobre corrupción de militares, políticos y periodistas. Por alguna razón La Barbie pasó a manos de la DEA, oficina antidrogas donde se manejan muchos expedientes de presuntos involucrados con el narco en México.
En este contexto, el arraigo de tres generales se localizó en tres escenarios ajenos a la composición del Ejército, donde los dos mensajes principales fueron enviados con claridad: Los militares no protegen la impunidad de altos mandos y la confianza social en el Ejército ha crecido a pesar de estos incidentes; después del arraigo de tres generales, una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica reveló que la confianza social en el ejército creció de 35% a 50% y una encuesta de Pedro Ferriz también registró el dato de que el 64% de su auditorio tenía más confianza en el Ejército.
Lo que queda es, entre todos, el caso del general Ángeles por sus buenas relaciones mediáticas, políticas y estadounidenses. Por lo pronto, Ángeles no fue despedido de la subsecretaría de la Defensa Nacional, sino que abandonó las funciones por haber cumplido la edad de retiro de 65 años; recientemente el general Roberto Miranda, inspector general con nivel de reconocimiento a nivel de subsecretario, también pasó a retiro por edad. De ahí que sea falsa la versión de supuestos enojos de Ángeles en su contra o de él con algún otro mando. Los dos subsecretarios posteriores a Ángeles -Armando Meza Castro y Humberto Alfonso Guillermo Aguilar- también dejaron el cargo por edad.
En cuanto a las críticas del general Ángeles contra la estrategia de combate al crimen organizado vertidas en una reunión del PRI en campaña presidencial, en la Defensa Nacional tienen la percepción de que al propio general debería de dar explicaciones porque a él le tocó, en el tiempo que fungió como subsecretario de la Sedena 1 Diciembre 2006 a 29 de Febrero 2008, participar en la decisión estratégica de mover a los militares a labores de seguridad interior --la seguridad pública como seguridad nacional--, y más cuando la estrategia no ha tenido variantes. Y a ello se agrega que los militares en retiro tienen libertad de criterio y de expresión.
Por lo pronto, el arraigo de tres generales fue una decisión de la PGR que encontró a un Ejército dispuesto a no apelar al fuero de guerra en casos de presuntas irregularidades de mandos, mientras todos los días se ven casos de políticos y funcionarios involucrados con el narco que se burlan de la ley.
El arraigo del general Tomás Ángeles Dauahare es ajeno a la sucesión presidencial y a la designación del secretario de la Defensa Nacional del próximo gobierno y bastante vinculado a una ofensiva de la DEA y de los Estados Unidos hacia México en el escenario de la campaña presidencial de Barack Obama.
Hacia el interior del ejército las opiniones sobre Ángeles son más buenas que malas, aunque en todos los niveles existe la certeza de que la justicia civil debe ir hasta el fondo de las acusaciones. Por tanto, se descarta algún ajuste de cuentas en los mandos castrenses.
La designación del secretario de la Defensa es diferente a los mecanismos civiles. El general secretario saliente siempre es consultado por el presidente electo sobre los mandos posibles a sucederlo y la lista es amplia y sin vetos, sobre todo porque los altos mandos son pocos y todos obedecen a las relaciones derivadas de la disciplina militar. Por tanto, son irreales las versiones de que el arraigo del general Ángeles estaría en la disputa de la cartera de Sedena.
Más aún, la verdadera lista de aspirantes a la titularidad de la Sedena se conoce hasta después de las elecciones presidenciales, a partir del 2000 en que se dio la alternancia. Y hasta donde se tienen datos, nunca se ha registrado alguna confrontación entre generales para posicionarse por la cartera de general secretario. Y más aún, Ángeles es retirado y hasta ahora no ha habido un general secretario regresado del retiro, además de que mantiene relaciones estrechas con los generales que estarían enfilados hacia la titularidad de la Sedena.
De ahí que la decisión de la PGR de solicitarle la presentación del general Ángeles y otros dos generales tiene escenarios ajenos al próximo gabinete:
1.- El momento político: la proximidad de la elección presidencial, la información que relaciona al ex gobernador priísta tamaulipeco Tomás Yarrington con el narcotráfico, el cerco que se cierra en torno a Joaquín El Chapo Guzmán, el debate sobre la continuidad o reformas el próximo sexenio de la estrategia del gobierno de Calderón contra el crimen organizado, el escalamiento en la violencia entre los cárteles usando a los medios como caja de resonancia y el debate el próximo 10 de junio entre candidatos presidenciales donde tocarán el tema de seguridad forman el contexto del corto plazo mexicano.
2.- El momento sucesorio. Después del arraigo de los generales por datos de presunta vinculación con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, el presidente Calderón lanzó un reto significativo a los candidatos: ¿Continuará el próximo gobierno o interrumpirá la lucha contra los cárteles? La continuidad o desviación de la estrategia es sin duda una de las más importantes preguntas en las sociedades que viven en los estados contaminados por el narcotráfico. Y queda también el dato de que el arraigo de tres generales antecedió la información sobre las relaciones del ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington con el narco, estallada en tribunales de los EU. De esta manera, la lucha contra el crimen organizado volvió a asumir su posición central en las campañas presidenciales.
3.- El factor Estados Unidos. Días después del arraigo de tres generales bajo información filtrada de haber tenido relaciones con el cártel de los Hermanos Beltrán Leyva se dieron tres hechos vinculados: La información proveniente de los EU sobre Yarrington, la versión de que la DEA tiene información de funcionarios y políticos vinculados al narco y la extradición el martes pasado de La Barbie a los Estados Unidos a pesar de ser la fuente de datos sobre corrupción de militares, políticos y periodistas. Por alguna razón La Barbie pasó a manos de la DEA, oficina antidrogas donde se manejan muchos expedientes de presuntos involucrados con el narco en México.
En este contexto, el arraigo de tres generales se localizó en tres escenarios ajenos a la composición del Ejército, donde los dos mensajes principales fueron enviados con claridad: Los militares no protegen la impunidad de altos mandos y la confianza social en el Ejército ha crecido a pesar de estos incidentes; después del arraigo de tres generales, una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica reveló que la confianza social en el ejército creció de 35% a 50% y una encuesta de Pedro Ferriz también registró el dato de que el 64% de su auditorio tenía más confianza en el Ejército.
Lo que queda es, entre todos, el caso del general Ángeles por sus buenas relaciones mediáticas, políticas y estadounidenses. Por lo pronto, Ángeles no fue despedido de la subsecretaría de la Defensa Nacional, sino que abandonó las funciones por haber cumplido la edad de retiro de 65 años; recientemente el general Roberto Miranda, inspector general con nivel de reconocimiento a nivel de subsecretario, también pasó a retiro por edad. De ahí que sea falsa la versión de supuestos enojos de Ángeles en su contra o de él con algún otro mando. Los dos subsecretarios posteriores a Ángeles -Armando Meza Castro y Humberto Alfonso Guillermo Aguilar- también dejaron el cargo por edad.
En cuanto a las críticas del general Ángeles contra la estrategia de combate al crimen organizado vertidas en una reunión del PRI en campaña presidencial, en la Defensa Nacional tienen la percepción de que al propio general debería de dar explicaciones porque a él le tocó, en el tiempo que fungió como subsecretario de la Sedena 1 Diciembre 2006 a 29 de Febrero 2008, participar en la decisión estratégica de mover a los militares a labores de seguridad interior --la seguridad pública como seguridad nacional--, y más cuando la estrategia no ha tenido variantes. Y a ello se agrega que los militares en retiro tienen libertad de criterio y de expresión.
Por lo pronto, el arraigo de tres generales fue una decisión de la PGR que encontró a un Ejército dispuesto a no apelar al fuero de guerra en casos de presuntas irregularidades de mandos, mientras todos los días se ven casos de políticos y funcionarios involucrados con el narco que se burlan de la ley.
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