John M. Ackerman
El miércoles 30, el Instituto Federal Electoral (IFE) se quedó mudo frente a la abierta provocación de parte de las principales televisoras del país, que decidieron transmitir tanto un partido de futbol como un programa de entretenimiento en sus canales estrella durante el horario del debate presidencial. Con su negativa a solicitar a la Secretaría de Gobernación (Segob) la transmisión en cadena nacional del debate, la autoridad electoral abdicó de su responsabilidad de garantizar el derecho a la información de los mexicanos.
El mismo miércoles, el IFE también dio luz verde a Enrique Peña Nieto para continuar con su campaña dispendiosa y rebasar los topes de gasto con total impunidad. En lugar de ejercer su facultad de informar desde ahora sobre los costos de la campaña del PRI, la autoridad decidió evitar problemas con el candidato puntero y esperar hasta el año que entra para rendir su informe.
Con estas decisiones, los consejeros demuestran su falta de voluntad para garantizar la vigencia de los principios constitucionales en materia electoral, a saber: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. También ponen en riesgo tanto la autenticidad del proceso electoral como la libertad de sufragio. Aparentemente no sirvió de nada expulsar a Luis Carlos Ugalde y sus colegas después de su cuestionada actuación durante las elecciones de 2006. Con muy pocas excepciones, los nuevos funcionarios repiten al pie de la letra el mismo guión de sus predecesores.
El consejero Alfredo Figueroa fue el único que defendió desde el principio hasta el final la necesidad de que el IFE solicitara la intervención de la Segob. Hasta el consejero Lorenzo Córdova, quien finalmente acompañó a Figueroa en la votación, primero expresó serias dudas al respecto, al comentar que “las competencias legales me parece que están claras. Nosotros no podemos exigir que la Secretaría de Gobernación realice una cadena nacional…”.
Los otros siete consejeros demostraron una lamentable timidez, parcialidad y subordinación a los poderes mediáticos. Destacan los titubeos de María Marván. Ante los cuestionamientos de Figueroa, quien le recordaba la utilización por el IFE de cadenas nacionales durante elecciones previas, la consejera se quedó sin argumentos: “Evidentemente, hay momentos en los que se puede pedir cadena nacional. Creo, para decirlo con todas sus letras, que la voluntad del legislador no le dio por decisión o por omisión, al IFE, a esta autoridad electoral, ninguna posibilidad de obligar a las concesionarias. La ley claramente dice y ahí no se equivocaron en la ley, bueno, no sé si se equivocaron o no, no hay un error de impresión; dice: las permisionarias deberán, las concesionarias podrán, a eso creo que es a lo que nos tenemos que atener”.
Lo que Marván “quiso decir” (Rubén Aguilar dixit) es que la ley no faculta al IFE para obligar a los concesionarios a transmitir el debate. Tiene razón. Sin embargo, la consejera se confunde porque lo que estaba bajo discusión no era la posibilidad de que la autoridad electoral impusiera directamente la cadena nacional, sino solamente que abriera la boca para solicitar de la manera más atenta a las autoridades correspondientes que pudieran intervenir para asegurar el derecho a la información de los ciudadanos.
Marván concluye que “llamar a cadena nacional por una decisión de una concesionaria, creo que tiene más perjuicios que beneficios para la vida democrática de este país y me parece terrible que vaya a ser el debate con menor posibilidad de audiencia”. En otras palabras, es más importante para la “vida democrática” proteger a las principales televisoras que defender a los millones de mexicanos que no tendrán la opción de ver el debate debido a la decisión unilateral de dos multimillonarios llamados Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga.
Por su parte, el consejero y distinguido jurista Sergio García Ramírez sostuvo que “las otras autoridades conocen cuáles son sus facultades, cuáles son sus atribuciones y sabrán cómo ejercerlas, sin necesidad de que les aconsejemos o sugiramos cómo deben desempeñarlas”. Sin embargo, la ley señala que es atribución del IFE, no de Segob, “realizar las gestiones necesarias a fin de propiciar la transmisión de los debates en el mayor número posible de estaciones y canales”. Así mismo, el artículo 2 del Cofipe ordena que el IFE “contará con el apoyo y colaboración de las autoridades federales”.
Pero es Leonardo Valdés quien falló de manera más marcada en su responsabilidad constitucional. La ley señala claramente que el Consejero Presidente tiene la facultad unilateral y discrecional de “establecer los vínculos entre el Instituto y las autoridades federales… en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando esto sea necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto”. Como bien lo recordó el mismo consejero Marco Antonio Baños, el IFE frecuentemente pide apoyo a otras autoridades. Ha firmado convenios de apoyo con la Segob en materia de seguridad, así como acuerdos con las Fuerzas Armadas para la vigilancia de las bodegas que todavía contienen las boletas electorales de 2006. Pero en lugar de atreverse a solicitar directamente el apoyo al gobierno federal para el crucial tema de los debates, Valdés prefirió diluir su responsabilidad en un desgastante debate entre los consejeros.
Pedro Joaquín Coldwell ha defendido la irresponsabilidad del IFE afirmando que en México ya no existe “un régimen político de pensamiento único donde sólo se ve lo que el caudillo quiera”. El dirigente partidista se pinta de cuerpo entero. Al equiparar al IFE con un “caudillo” y el debate democrático con el “pensamiento único”, evidencia el verdadero proyecto autoritario de los dinosaurios que buscan reconquistar el trono.
Absolutamente nadie propone obligar a ningún ciudadano a ver el debate. Al contrario, lo que se busca es garantizar que todos tengan la posibilidad de atestiguar el evento político, algo que solamente se podrá lograr con su transmisión por los canales de mayor cobertura. Si una persona no quisiera atender la cadena nacional, siempre existe la opción de simplemente apagar el televisor, algo, por cierto, que por fortuna cada vez más mexicanos empiezan a hacer ante el crecimiento de las redes sociales.
También era importante demostrar la fortaleza de la autoridad ante el abierto acto de sabotaje de parte de las principales televisoras. Ante la inacción del IFE, Televisa y TV Azteca ahora cuentan con la cancha libre para hacer y deshacer nuestro sistema democrático a su antojo. ¿Tendrán planeado el lanzamiento de un nuevo Teletón o Iniciativa México para el domingo 1 de julio, día de la jornada electoral?
El miércoles 30, el Instituto Federal Electoral (IFE) se quedó mudo frente a la abierta provocación de parte de las principales televisoras del país, que decidieron transmitir tanto un partido de futbol como un programa de entretenimiento en sus canales estrella durante el horario del debate presidencial. Con su negativa a solicitar a la Secretaría de Gobernación (Segob) la transmisión en cadena nacional del debate, la autoridad electoral abdicó de su responsabilidad de garantizar el derecho a la información de los mexicanos.
El mismo miércoles, el IFE también dio luz verde a Enrique Peña Nieto para continuar con su campaña dispendiosa y rebasar los topes de gasto con total impunidad. En lugar de ejercer su facultad de informar desde ahora sobre los costos de la campaña del PRI, la autoridad decidió evitar problemas con el candidato puntero y esperar hasta el año que entra para rendir su informe.
Con estas decisiones, los consejeros demuestran su falta de voluntad para garantizar la vigencia de los principios constitucionales en materia electoral, a saber: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. También ponen en riesgo tanto la autenticidad del proceso electoral como la libertad de sufragio. Aparentemente no sirvió de nada expulsar a Luis Carlos Ugalde y sus colegas después de su cuestionada actuación durante las elecciones de 2006. Con muy pocas excepciones, los nuevos funcionarios repiten al pie de la letra el mismo guión de sus predecesores.
El consejero Alfredo Figueroa fue el único que defendió desde el principio hasta el final la necesidad de que el IFE solicitara la intervención de la Segob. Hasta el consejero Lorenzo Córdova, quien finalmente acompañó a Figueroa en la votación, primero expresó serias dudas al respecto, al comentar que “las competencias legales me parece que están claras. Nosotros no podemos exigir que la Secretaría de Gobernación realice una cadena nacional…”.
Los otros siete consejeros demostraron una lamentable timidez, parcialidad y subordinación a los poderes mediáticos. Destacan los titubeos de María Marván. Ante los cuestionamientos de Figueroa, quien le recordaba la utilización por el IFE de cadenas nacionales durante elecciones previas, la consejera se quedó sin argumentos: “Evidentemente, hay momentos en los que se puede pedir cadena nacional. Creo, para decirlo con todas sus letras, que la voluntad del legislador no le dio por decisión o por omisión, al IFE, a esta autoridad electoral, ninguna posibilidad de obligar a las concesionarias. La ley claramente dice y ahí no se equivocaron en la ley, bueno, no sé si se equivocaron o no, no hay un error de impresión; dice: las permisionarias deberán, las concesionarias podrán, a eso creo que es a lo que nos tenemos que atener”.
Lo que Marván “quiso decir” (Rubén Aguilar dixit) es que la ley no faculta al IFE para obligar a los concesionarios a transmitir el debate. Tiene razón. Sin embargo, la consejera se confunde porque lo que estaba bajo discusión no era la posibilidad de que la autoridad electoral impusiera directamente la cadena nacional, sino solamente que abriera la boca para solicitar de la manera más atenta a las autoridades correspondientes que pudieran intervenir para asegurar el derecho a la información de los ciudadanos.
Marván concluye que “llamar a cadena nacional por una decisión de una concesionaria, creo que tiene más perjuicios que beneficios para la vida democrática de este país y me parece terrible que vaya a ser el debate con menor posibilidad de audiencia”. En otras palabras, es más importante para la “vida democrática” proteger a las principales televisoras que defender a los millones de mexicanos que no tendrán la opción de ver el debate debido a la decisión unilateral de dos multimillonarios llamados Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga.
Por su parte, el consejero y distinguido jurista Sergio García Ramírez sostuvo que “las otras autoridades conocen cuáles son sus facultades, cuáles son sus atribuciones y sabrán cómo ejercerlas, sin necesidad de que les aconsejemos o sugiramos cómo deben desempeñarlas”. Sin embargo, la ley señala que es atribución del IFE, no de Segob, “realizar las gestiones necesarias a fin de propiciar la transmisión de los debates en el mayor número posible de estaciones y canales”. Así mismo, el artículo 2 del Cofipe ordena que el IFE “contará con el apoyo y colaboración de las autoridades federales”.
Pero es Leonardo Valdés quien falló de manera más marcada en su responsabilidad constitucional. La ley señala claramente que el Consejero Presidente tiene la facultad unilateral y discrecional de “establecer los vínculos entre el Instituto y las autoridades federales… en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando esto sea necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto”. Como bien lo recordó el mismo consejero Marco Antonio Baños, el IFE frecuentemente pide apoyo a otras autoridades. Ha firmado convenios de apoyo con la Segob en materia de seguridad, así como acuerdos con las Fuerzas Armadas para la vigilancia de las bodegas que todavía contienen las boletas electorales de 2006. Pero en lugar de atreverse a solicitar directamente el apoyo al gobierno federal para el crucial tema de los debates, Valdés prefirió diluir su responsabilidad en un desgastante debate entre los consejeros.
Pedro Joaquín Coldwell ha defendido la irresponsabilidad del IFE afirmando que en México ya no existe “un régimen político de pensamiento único donde sólo se ve lo que el caudillo quiera”. El dirigente partidista se pinta de cuerpo entero. Al equiparar al IFE con un “caudillo” y el debate democrático con el “pensamiento único”, evidencia el verdadero proyecto autoritario de los dinosaurios que buscan reconquistar el trono.
Absolutamente nadie propone obligar a ningún ciudadano a ver el debate. Al contrario, lo que se busca es garantizar que todos tengan la posibilidad de atestiguar el evento político, algo que solamente se podrá lograr con su transmisión por los canales de mayor cobertura. Si una persona no quisiera atender la cadena nacional, siempre existe la opción de simplemente apagar el televisor, algo, por cierto, que por fortuna cada vez más mexicanos empiezan a hacer ante el crecimiento de las redes sociales.
También era importante demostrar la fortaleza de la autoridad ante el abierto acto de sabotaje de parte de las principales televisoras. Ante la inacción del IFE, Televisa y TV Azteca ahora cuentan con la cancha libre para hacer y deshacer nuestro sistema democrático a su antojo. ¿Tendrán planeado el lanzamiento de un nuevo Teletón o Iniciativa México para el domingo 1 de julio, día de la jornada electoral?
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