Lilia Arellano
Por el contrario, el calderonismo está dispuesto a apostar su poco capital político a esa guerra estúpida y sangrienta que ahoga el territorio nacional con la ampliación de los “operativos seguros” en diversas entidades del país
La “guerra del narco” en México ha sido un fracaso monumental para la administración de Felipe Calderón. Más de 62 mil muertos y más de 20 mil desaparecidos, con aproximadamente medio millón de desplazados por el terror y la inseguridad, son saldos más que suficientes que podrían poner al actual inquilino de Los Pinos frente a una Corte Internacional para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad. No obstante, la misma estrategia policiaca-militar no sólo se mantiene sino que se refuerza: en las últimas horas se ampliaron los operativos en Nuevo León, Morelos, Tamaulipas y Veracruz y se reforzaron en Chiapas, en la frontera con Guatemala, con los mismos métodos, con los que se piensan obtener resultados diferentes a los registrados en más de cinco años de fallida guerra, lo cual es completamente estúpido desde cualquier punto de vista que se vea.
A pesar de las demandas a nivel internacional y en el plano nacional de diversos sectores en el sentido de que se cambie la estrategia para enfrentar al crimen organizado en cada uno de los países azotados por este flagelo y a nivel hemisférico, la estrategia no variará, al menos en los meses siguientes. La razón es sencilla: la administración de Barack Obama se niega en redondo a variar la estrategia seguida porque para su gobierno es prioritario mantener el abastecimiento de drogas a su creciente población adicta, más de 30 millones; para su industria militar las ganancias que dejan la venta legal e ilegal de armas son fundamentales para su economía, como también es primordial los dividendos que dejan en su sistema financiero el “lavado” de dólares producto de actividades ilegales, no sólo del narcotráfico y el contrabando de armas, sino de la trata de blancas y la extorsión, entre otros.
Apenas el miércoles pasado, Gil Kerlikowske, zar antidrogas de Estados Unidos, sostuvo que la legalización de las drogas no hará desaparecer el problema del crimen organizado en el continente. En la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), apostó por una “tercera vía” en la lucha contra el narcotráfico, que busca alejarse del enfoque estrictamente policial para impulsar la prevención y el tratamiento. La propuesta no es nueva y no es extraño que vuelva a aparecer en un periodo electoral. El candidato demócrata Barack Obama ya la había postulado hace cuatro años, y durante su gobierno quedó como asignatura pendiente. Ahora que salió en busca de votos sencillamente la recicla pero no hay señales de que, en caso de mantenerse en la Casa Blanca, la lleve a cabo con seriedad, lo que podría romper los cimientos de la estructura de los jefes del narcotráfico en el territorio estadounidense.
No, no se ve que haya determinación para recorrer esa “tercera vía”, sino por el contrario, la decisión parece haberse tomado para seguir por la misma ruta. Al menos así se evidenció en Washington en esta semana, cuando el Subcomité de Gastos Internacionales de la Cámara Baja de Estados Unidos avaló dotar a México con al menos 282 millones de dólares en asistencia antinarcóticos, como parte del paquete presupuestal para el año fiscal 2013. Además, de acuerdo con la subsecretaria de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y Laborales, Kathleen Fitzpatrick, la administración de Obama seguirá reteniendo el 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida condicionados al respeto de los derechos humanos hasta completar un análisis más profundo sobre la mejora y los avances reales en México en éste terreno.
AMPLIAN OPERATIVOS
Por el contrario, el calderonismo está dispuesto a apostar su poco capital político a esa guerra estúpida y sangrienta que ahoga el territorio nacional con la ampliación de los “operativos seguros” en diversas entidades del país, argumentando que la estrategia nacional de seguridad es en sí una política de Estado. Este jueves autoridades federales y del Estado de Nuevo León anunciaron la firma del convenio modificatorio del operativo “Nuevo León Seguro”, que extiende la presencia de las fuerzas federales en esa entidad mientras concluye el fortalecimiento de las policías locales.
El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz firmaron el convenio de ampliación de seguridad hasta el 30 de noviembre de 2012. Ambos funcionarios se reunieron con líderes del sector privado del estado, con quienes analizaron la problemática de inseguridad prevaleciente en la entidad. Participaron representantes del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León A. C. (Ccinlac), la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Caintra y Coparmex. Alejandra Sota, vocera presidencial, explicó que las fuerzas federales extenderán su periodo de respaldo hasta que termine el fortalecimiento de las corporaciones locales.
También en Chiapas, autoridades de los tres niveles de gobierno acordaron reforzar los operativos de seguridad en la frontera con Guatemala, con el propósito de proteger a la población ante los hechos delictivos que se han presentado en la zona de Suchiate. Representantes de las instituciones de seguridad federal, estatal y municipal, así como de la iniciativa privada se reunieron para conocer el patrullaje permanente interinstitucional que realizarán efectivos del Ejército, Marina Armada de México, Policía Federal, Procuraduría General de la República, PGJE, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Suchiate. Se determinó que el grupo estará a cargo de un agente del ministerio público del fuero común, con el fin de privilegiar la prevención y el combate a la delincuencia.
En esta semana, el Gabinete de Seguridad anunció la puesta en Marcha del “Plan Morelos Seguro”, para reforzar la lucha contra la delincuencia en esa entidad. Ante el gobernador Marco Antonio Adame Castillo, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, afirmó que se reforzará la presencia de fuerzas federales en la entidad, en coordinación con la Sedena, y se incrementarán los patrullajes de las fuerzas del orden en Cuernavaca, Cuautla y el Sur del Estado. Asimismo, en Tamaulipas, Poiré y el gobernador Egidio Torre firmaron el Convenio Modificatorio Tamaulipas Seguro, con el que garantizan que las fuerzas federales apoyen la seguridad en esa entidad hasta el término del presente sexenio. El funcionario federal reconoció que en Tamaulipas, como en varias entidades del país, “estamos enfrentando un desafío estructural que se gestó durante bastante tiempo y al cual estamos dando una respuesta”. Torre Cantú, por su parte, dijo que la seguridad pública es uno de los 4 ejes que fundamentan su administración. Informó que están invirtiendo cerca de 2 mil millones de pesos adicionales en la Estrategia Integral de Seguridad Pública que se implementa con las fuerzas armadas y la policía federal.
Esos operativos de seguridad en Nuevo León, Chiapas, Morelos y Tamaulipas, se establecen a través de la misma estrategia que los que se llevan a cabo en Veracruz y Guerrero, por lo que no pueden esperarse resultados diferentes, es decir, siguen y seguirán las matanzas. Apenas los candidatos presidenciales están colocando en la agenda de sus preocupaciones la inseguridad derivada de la “guerra al narco” de Calderón. El priísta Enrique Peña Nieto sostuvo que la estrategia que emprendió el Gobierno Federal en contra de la criminalidad era “inevitable y obligada” pero “no ha funcionado”, por ello destacó la necesidad de replantearla. También Gabriel Quadri del Panal planteó la necesidad de que México asuma su liderazgo en América Latina y encabece los esfuerzos para debatir la regulación de las drogas en el continente.
A pesar de los riesgos que para la gobernabilidad representa el crimen organizado en México, el ex presidente de Colombia, César Gaviria, sostuvo que no hay elementos para pensar que en el país exista injerencia de las organizaciones criminales o que haya problemas por motivos de inseguridad en el próximo proceso electoral del 1 de julio. Lo anterior a pesar de las afirmaciones, el mes pasado, de Adam Blackwell, secretario de seguridad Multidimensional de la OEA, en el sentido de que el crimen organizado no solo representa una amenaza para la seguridad del continente, sino que además por medio de la violencia intenta imponer a sus candidatos en las elecciones.
Por el contrario, el calderonismo está dispuesto a apostar su poco capital político a esa guerra estúpida y sangrienta que ahoga el territorio nacional con la ampliación de los “operativos seguros” en diversas entidades del país
La “guerra del narco” en México ha sido un fracaso monumental para la administración de Felipe Calderón. Más de 62 mil muertos y más de 20 mil desaparecidos, con aproximadamente medio millón de desplazados por el terror y la inseguridad, son saldos más que suficientes que podrían poner al actual inquilino de Los Pinos frente a una Corte Internacional para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad. No obstante, la misma estrategia policiaca-militar no sólo se mantiene sino que se refuerza: en las últimas horas se ampliaron los operativos en Nuevo León, Morelos, Tamaulipas y Veracruz y se reforzaron en Chiapas, en la frontera con Guatemala, con los mismos métodos, con los que se piensan obtener resultados diferentes a los registrados en más de cinco años de fallida guerra, lo cual es completamente estúpido desde cualquier punto de vista que se vea.
A pesar de las demandas a nivel internacional y en el plano nacional de diversos sectores en el sentido de que se cambie la estrategia para enfrentar al crimen organizado en cada uno de los países azotados por este flagelo y a nivel hemisférico, la estrategia no variará, al menos en los meses siguientes. La razón es sencilla: la administración de Barack Obama se niega en redondo a variar la estrategia seguida porque para su gobierno es prioritario mantener el abastecimiento de drogas a su creciente población adicta, más de 30 millones; para su industria militar las ganancias que dejan la venta legal e ilegal de armas son fundamentales para su economía, como también es primordial los dividendos que dejan en su sistema financiero el “lavado” de dólares producto de actividades ilegales, no sólo del narcotráfico y el contrabando de armas, sino de la trata de blancas y la extorsión, entre otros.
Apenas el miércoles pasado, Gil Kerlikowske, zar antidrogas de Estados Unidos, sostuvo que la legalización de las drogas no hará desaparecer el problema del crimen organizado en el continente. En la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), apostó por una “tercera vía” en la lucha contra el narcotráfico, que busca alejarse del enfoque estrictamente policial para impulsar la prevención y el tratamiento. La propuesta no es nueva y no es extraño que vuelva a aparecer en un periodo electoral. El candidato demócrata Barack Obama ya la había postulado hace cuatro años, y durante su gobierno quedó como asignatura pendiente. Ahora que salió en busca de votos sencillamente la recicla pero no hay señales de que, en caso de mantenerse en la Casa Blanca, la lleve a cabo con seriedad, lo que podría romper los cimientos de la estructura de los jefes del narcotráfico en el territorio estadounidense.
No, no se ve que haya determinación para recorrer esa “tercera vía”, sino por el contrario, la decisión parece haberse tomado para seguir por la misma ruta. Al menos así se evidenció en Washington en esta semana, cuando el Subcomité de Gastos Internacionales de la Cámara Baja de Estados Unidos avaló dotar a México con al menos 282 millones de dólares en asistencia antinarcóticos, como parte del paquete presupuestal para el año fiscal 2013. Además, de acuerdo con la subsecretaria de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y Laborales, Kathleen Fitzpatrick, la administración de Obama seguirá reteniendo el 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida condicionados al respeto de los derechos humanos hasta completar un análisis más profundo sobre la mejora y los avances reales en México en éste terreno.
AMPLIAN OPERATIVOS
Por el contrario, el calderonismo está dispuesto a apostar su poco capital político a esa guerra estúpida y sangrienta que ahoga el territorio nacional con la ampliación de los “operativos seguros” en diversas entidades del país, argumentando que la estrategia nacional de seguridad es en sí una política de Estado. Este jueves autoridades federales y del Estado de Nuevo León anunciaron la firma del convenio modificatorio del operativo “Nuevo León Seguro”, que extiende la presencia de las fuerzas federales en esa entidad mientras concluye el fortalecimiento de las policías locales.
El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz firmaron el convenio de ampliación de seguridad hasta el 30 de noviembre de 2012. Ambos funcionarios se reunieron con líderes del sector privado del estado, con quienes analizaron la problemática de inseguridad prevaleciente en la entidad. Participaron representantes del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León A. C. (Ccinlac), la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Caintra y Coparmex. Alejandra Sota, vocera presidencial, explicó que las fuerzas federales extenderán su periodo de respaldo hasta que termine el fortalecimiento de las corporaciones locales.
También en Chiapas, autoridades de los tres niveles de gobierno acordaron reforzar los operativos de seguridad en la frontera con Guatemala, con el propósito de proteger a la población ante los hechos delictivos que se han presentado en la zona de Suchiate. Representantes de las instituciones de seguridad federal, estatal y municipal, así como de la iniciativa privada se reunieron para conocer el patrullaje permanente interinstitucional que realizarán efectivos del Ejército, Marina Armada de México, Policía Federal, Procuraduría General de la República, PGJE, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Suchiate. Se determinó que el grupo estará a cargo de un agente del ministerio público del fuero común, con el fin de privilegiar la prevención y el combate a la delincuencia.
En esta semana, el Gabinete de Seguridad anunció la puesta en Marcha del “Plan Morelos Seguro”, para reforzar la lucha contra la delincuencia en esa entidad. Ante el gobernador Marco Antonio Adame Castillo, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, afirmó que se reforzará la presencia de fuerzas federales en la entidad, en coordinación con la Sedena, y se incrementarán los patrullajes de las fuerzas del orden en Cuernavaca, Cuautla y el Sur del Estado. Asimismo, en Tamaulipas, Poiré y el gobernador Egidio Torre firmaron el Convenio Modificatorio Tamaulipas Seguro, con el que garantizan que las fuerzas federales apoyen la seguridad en esa entidad hasta el término del presente sexenio. El funcionario federal reconoció que en Tamaulipas, como en varias entidades del país, “estamos enfrentando un desafío estructural que se gestó durante bastante tiempo y al cual estamos dando una respuesta”. Torre Cantú, por su parte, dijo que la seguridad pública es uno de los 4 ejes que fundamentan su administración. Informó que están invirtiendo cerca de 2 mil millones de pesos adicionales en la Estrategia Integral de Seguridad Pública que se implementa con las fuerzas armadas y la policía federal.
Esos operativos de seguridad en Nuevo León, Chiapas, Morelos y Tamaulipas, se establecen a través de la misma estrategia que los que se llevan a cabo en Veracruz y Guerrero, por lo que no pueden esperarse resultados diferentes, es decir, siguen y seguirán las matanzas. Apenas los candidatos presidenciales están colocando en la agenda de sus preocupaciones la inseguridad derivada de la “guerra al narco” de Calderón. El priísta Enrique Peña Nieto sostuvo que la estrategia que emprendió el Gobierno Federal en contra de la criminalidad era “inevitable y obligada” pero “no ha funcionado”, por ello destacó la necesidad de replantearla. También Gabriel Quadri del Panal planteó la necesidad de que México asuma su liderazgo en América Latina y encabece los esfuerzos para debatir la regulación de las drogas en el continente.
A pesar de los riesgos que para la gobernabilidad representa el crimen organizado en México, el ex presidente de Colombia, César Gaviria, sostuvo que no hay elementos para pensar que en el país exista injerencia de las organizaciones criminales o que haya problemas por motivos de inseguridad en el próximo proceso electoral del 1 de julio. Lo anterior a pesar de las afirmaciones, el mes pasado, de Adam Blackwell, secretario de seguridad Multidimensional de la OEA, en el sentido de que el crimen organizado no solo representa una amenaza para la seguridad del continente, sino que además por medio de la violencia intenta imponer a sus candidatos en las elecciones.
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