Jorge Camil
Comenzó a desarrollarse frente a nosotros en diciembre de 2006, pero nadie supo leer entre líneas. Todo parecía normal. Se trataba de un propósito tan inocente y meritorio como mantener las drogas fuera del alcance de nuestros hijos. Un programa de salud pública de tipo preventivo; el programa de un presidente que se decía humanista y veía en los ojos de los suyos el peligro que acechaba a los demás. Como no se reveló el verdadero propósito nadie exigió cifras: cuántos efectivos de uno y otro bandos; qué tipo de armas y qué poder de fuego. Jamás se dijo cuál sería la duración del programa. Tampoco había forma de medir el desempeño ni conocer la estrategia de salida. Nos sometimos a la lógica del poder. Tenía apariencia de ser sólo un golpe mediático, un quinazo, como se conoce el golpe de timón de otro presidente que 18 años antes había intentado legitimarse en el ejercicio.
Hubo protestas cuando nos enteramos de que la tarea se le había confiado a las fuerzas armadas. Nos pareció excesivo y peligroso involucrar al Ejército. A nuestro ejército de paz, que después de la Revolución estuvo acuartelado hasta octubre de 68, cuando en la noche de Tlatelolco otro presidente autoritario lo sacó a pacificar estudiantes que amenazaban sus Juegos Olímpicos. Los doblegó con la paz de los sepulcros. En aquel entonces se especuló, bajo ese manto de misterio que rodeaba las cosas oficiales, que habían sido 2 o 3 mil muertos: ¡una tragedia nacional!
Pero ahora son 60 mil muertos, miles de torturados y 10 mil desaparecidos. Hoy tenemos más de 50 mil miembros de las fuerzas armadas (la mitad del Ejército) desplegados en pie de guerra en el territorio nacional conquistando territorios perdidos. Hoy, en plena campaña para conservar el poder, nos enteramos de que mientras dormíamos el Presidente salvó la República.
Con saltos mortales que aumentaban cada vez más el nivel de peligro, y sin oposición alguna, pasamos de salvar a nuestros hijos a declarar una “guerra contra el narco” condenada al fracaso. Hasta que en 2008 supimos por boca de Calderón, muy a pesar suyo, que acusábamos síntomas de Estado fallido. Pretendió justificar la barbarie revelando en Madrid que el narco controlaba territorios, vendía protección, recaudaba impuestos y retaba al Estado en poder de fuego. Después, la Secretaría de la Defensa reconoció que el narco había puesto en riesgo la viabilidad del Estado.
Frente a los mexicanos la justificación ha sido la extradición de un puñado de narcos. Con eso olvidamos la lección de Colombia, donde la violencia descarnada y los ataques a la población civil se magnificaron cuando el gobierno decidió extraditar narcos; cuando Colombia se involucró en una guerra que era de Estados Unidos y ahora es nuestra. Enfrentados al fracaso cambiamos de rumbo; olvidamos al narcotráfico y lanzamos una guerra contra la delincuencia organizada. Eso era mediático y permitía continuar con igual estrategia y el mismo número de tropas para controlar el territorio.
Si es cierto que mientras dormíamos Calderón salvó a la República, también es cierto que en algún momento dio un golpe militar con el consentimiento de las fuerzas armadas. Ningún país civilista con instituciones democráticas tiene desplegado en pie de guerra a la mitad del ejército en su propio territorio. El mandatario es, y se siente, verdadero comandante en jefe. Asume su papel, y actúa en todo momento sabiendo que no se opondrán a sus designios ni los ciudadanos ni los secretarios de Defensa y Marina.
Conforme pasa el tiempo se amplia el universo confuso del quehacer oficial. Ahora estamos inmersos en una guerra civil en un país sostenido por las fuerzas armadas. Por orgullo personal Calderón no instala el estado de excepción. Sería reconocer que somos un Estado fallido. El tema es tan explosivo que ninguno de los candidatos toca al Ejército ni se atreve a comentar lo que debería ser tema central de las campañas. Nadie quiere provocar un rompimiento con el poder militar, que se ha vuelto cada día más expresivo (http://bit.ly/mSsWCu). Los candidatos evadieron el tema en el debate y usan eufemismos. Hablan de cambiar la estrategia.
Frustrado por el fracaso de su guerra y asesorado por funcionarios inexpertos, Calderón se echó en brazos del aparato militar de Estados Unidos. Comprometiendo nuestra soberanía aceptó que intervinieran la DEA, la CIA, el Pentágono y la junta de jefes del estado mayor de Estados Unidos. Permitió el sobrevuelo de aviones no tripulados y llegó a acuerdos que nos convierten en pieza clave para la seguridad territorial de ese país. The New York Times afirma que con el dinero, equipo y personal invertidos en México jamás aceptarían un cambio de estrategia con el nuevo gobierno (http://bit.ly/sUBjSx).
Luis Prados describió en El País el dilema que enfrenta el Ejército Mexicano: merced a la guerra de Calderón adquirió fuerza propia y se independizó de la presidencia, pero al mismo tiempo ha perdido imagen. El autor llama a ese problema la Revolución pendiente del Ejército Mexicano (http://bit.ly/Jb2q5p).
Comenzó a desarrollarse frente a nosotros en diciembre de 2006, pero nadie supo leer entre líneas. Todo parecía normal. Se trataba de un propósito tan inocente y meritorio como mantener las drogas fuera del alcance de nuestros hijos. Un programa de salud pública de tipo preventivo; el programa de un presidente que se decía humanista y veía en los ojos de los suyos el peligro que acechaba a los demás. Como no se reveló el verdadero propósito nadie exigió cifras: cuántos efectivos de uno y otro bandos; qué tipo de armas y qué poder de fuego. Jamás se dijo cuál sería la duración del programa. Tampoco había forma de medir el desempeño ni conocer la estrategia de salida. Nos sometimos a la lógica del poder. Tenía apariencia de ser sólo un golpe mediático, un quinazo, como se conoce el golpe de timón de otro presidente que 18 años antes había intentado legitimarse en el ejercicio.
Hubo protestas cuando nos enteramos de que la tarea se le había confiado a las fuerzas armadas. Nos pareció excesivo y peligroso involucrar al Ejército. A nuestro ejército de paz, que después de la Revolución estuvo acuartelado hasta octubre de 68, cuando en la noche de Tlatelolco otro presidente autoritario lo sacó a pacificar estudiantes que amenazaban sus Juegos Olímpicos. Los doblegó con la paz de los sepulcros. En aquel entonces se especuló, bajo ese manto de misterio que rodeaba las cosas oficiales, que habían sido 2 o 3 mil muertos: ¡una tragedia nacional!
Pero ahora son 60 mil muertos, miles de torturados y 10 mil desaparecidos. Hoy tenemos más de 50 mil miembros de las fuerzas armadas (la mitad del Ejército) desplegados en pie de guerra en el territorio nacional conquistando territorios perdidos. Hoy, en plena campaña para conservar el poder, nos enteramos de que mientras dormíamos el Presidente salvó la República.
Con saltos mortales que aumentaban cada vez más el nivel de peligro, y sin oposición alguna, pasamos de salvar a nuestros hijos a declarar una “guerra contra el narco” condenada al fracaso. Hasta que en 2008 supimos por boca de Calderón, muy a pesar suyo, que acusábamos síntomas de Estado fallido. Pretendió justificar la barbarie revelando en Madrid que el narco controlaba territorios, vendía protección, recaudaba impuestos y retaba al Estado en poder de fuego. Después, la Secretaría de la Defensa reconoció que el narco había puesto en riesgo la viabilidad del Estado.
Frente a los mexicanos la justificación ha sido la extradición de un puñado de narcos. Con eso olvidamos la lección de Colombia, donde la violencia descarnada y los ataques a la población civil se magnificaron cuando el gobierno decidió extraditar narcos; cuando Colombia se involucró en una guerra que era de Estados Unidos y ahora es nuestra. Enfrentados al fracaso cambiamos de rumbo; olvidamos al narcotráfico y lanzamos una guerra contra la delincuencia organizada. Eso era mediático y permitía continuar con igual estrategia y el mismo número de tropas para controlar el territorio.
Si es cierto que mientras dormíamos Calderón salvó a la República, también es cierto que en algún momento dio un golpe militar con el consentimiento de las fuerzas armadas. Ningún país civilista con instituciones democráticas tiene desplegado en pie de guerra a la mitad del ejército en su propio territorio. El mandatario es, y se siente, verdadero comandante en jefe. Asume su papel, y actúa en todo momento sabiendo que no se opondrán a sus designios ni los ciudadanos ni los secretarios de Defensa y Marina.
Conforme pasa el tiempo se amplia el universo confuso del quehacer oficial. Ahora estamos inmersos en una guerra civil en un país sostenido por las fuerzas armadas. Por orgullo personal Calderón no instala el estado de excepción. Sería reconocer que somos un Estado fallido. El tema es tan explosivo que ninguno de los candidatos toca al Ejército ni se atreve a comentar lo que debería ser tema central de las campañas. Nadie quiere provocar un rompimiento con el poder militar, que se ha vuelto cada día más expresivo (http://bit.ly/mSsWCu). Los candidatos evadieron el tema en el debate y usan eufemismos. Hablan de cambiar la estrategia.
Frustrado por el fracaso de su guerra y asesorado por funcionarios inexpertos, Calderón se echó en brazos del aparato militar de Estados Unidos. Comprometiendo nuestra soberanía aceptó que intervinieran la DEA, la CIA, el Pentágono y la junta de jefes del estado mayor de Estados Unidos. Permitió el sobrevuelo de aviones no tripulados y llegó a acuerdos que nos convierten en pieza clave para la seguridad territorial de ese país. The New York Times afirma que con el dinero, equipo y personal invertidos en México jamás aceptarían un cambio de estrategia con el nuevo gobierno (http://bit.ly/sUBjSx).
Luis Prados describió en El País el dilema que enfrenta el Ejército Mexicano: merced a la guerra de Calderón adquirió fuerza propia y se independizó de la presidencia, pero al mismo tiempo ha perdido imagen. El autor llama a ese problema la Revolución pendiente del Ejército Mexicano (http://bit.ly/Jb2q5p).
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