Francisco Garfias
“Sí, por supuesto que hay riesgo de contagio”, admitió el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, cuanto le preguntamos sobre la efervescencia que provoca mantener encarcelados a los diez estudiantes de la Universidad San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, sujetos a proceso por secuestro y quema de autobúses.
El problema se puede salir de control, escalar, reventar, extenderse más allá de Michoacán. No hay nada más volátil y manipulable que los chavos convencidos de que luchan por una causa justa.
Los grupos radicales están al acecho. El cerillo en la mano. “El EPR se quiere colgar. Sacó un manifiesto. Hay gentes de la UNAM, el Ejército Zapatista, radicales de la meseta purépecha”, asegura el mandatario estatal.
El hombre está dispuesto a retirar los cargos que pesan sobre los estudiantes aún encarcelados. Está facultado para otorgar el “perdón”. Pero él también tiene su “pliego petitorio”. Quiere que el Consejo Universitario firme dos convenios. Uno con la rectoría de la Universidad, el otro con la alcaldía de Morelia.
El primero comprometería a los universitarios a reglamentar la admisión y estancia en las 36 casas de estudiantes que hay en Michoacán. “Hay gente que vive allí que tiene cincuenta y tantos años”, ilustra el gobernador.
El segundo convenio los compromete a no agredir a los ciudadanos, a no secuestrar, bloquear calles, quemar vehículos… “Vamos a resolver el problema, pero sacándole provecho”, sintetiza.
Ya encarrerado, el mandatario se quejó de una minuta firmada hace años por su antecesor perredista, Leonel Godoy, que otorga recursos —“unos 600 mil pesos”— al Consejo Universitario, para contratar vehículos y contar con viáticos para dirigirse a los estados donde hay “estudiantes sin recursos” —Chiapas, Oaxaca, Guerrero…— a invitarlos a la Universidad San Nicolás con alimentación y hospedaje.
“Ya no tenemos esos recursos”, les dijo el gobierno a los inconformes. Eso bastó para que se iniciaran las manifestaciones, el bloqueo de calles, el secuestro y quema de vehículos.
Vino el desalojo policiaco a las tres Casas del Estudiante ocupadas por el movimiento. 198 chavos fueron detenidos, de los cuales 10 están sujetos a proceso.
Vallejo nos dijo que las 36 Casas de Estudiantes le cuestan al erario unos 170 millones de pesos anuales y que no hay control alguno sobre estos recursos. “Si se repartieran por alumno, todos tendrían una beca de 30 mil pesos”, asevera.
Jura que él es gente de diálogo. “El secretario de gobierno estuvo dos noches negociando con ellos. Toleró insultos, desplantes, groserías. Al final se pararon y se fueron.
Diálogo, sí, pero no toleraremos secuestros, ni quema de autobuses, ni agresiones a la ciudadanía porque entonces ¿dónde queda la autoridad?
* * *
Buscamos al gobernador luego de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobara un punto de acuerdo en el que exhorta al gobernador de Michoacán a promover una política basada en el diálogo y el respeto a los derechos humanos, desechando el uso de la violencia contra los estudiantes.
En el debate alrededor del texto, hubo expresiones y señalamientos muy duros contra Fausto Vallejo. Jaime Cárdenas, del PT, lo acusó de “represivo”. No dejó pasar la oportunidad de inyectar su dosis de propaganda electoral.
“¿Qué pasaría en este país si un Presidente del PRI llega a gobernarnos? ¿Actuaría también así, respecto a los estudiantes de México? ¿Habría represión, como en el pasado, muerte de estudiantes? Preguntó el petista.
La perredista Mary Thelma Guajardo, autora del punto de acuerdo, calificó de “arbitaria” y “violenta” la actuación del gobierno michoacano.
El PRI votó a favor del texto. Está de acuerdo en que se investigue si los derechos humanos de los estudiantes fueron violados. Lo que rechazaron fue la personalización del asunto. José Ramón Martel, vicecoordinador de los diputados del tricolor, dijo en tribuna:
“Lo que no queremos es que aquí se hagan juicios personales del titular del Ejecutivo, para responsabilizarlo de la posible violación, que apenas se va a indagar, de los derechos humanos de los muchachos.”
Los legisladores exhortaron también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a intervenir “rápida y oportunamente” en el caso pero también a apurar la aplicación justa de la ley “ordenando, si es el caso, medidas cautelares de protección a los derechos humanos”.
En el salón de sesiones estaba el ahora senador Leonel Godoy. Muy callado escuchó el debate sobre la situación en su estado. Luego fue hasta la curul de Martel y explicó su silencio: “Siendo ex gobernador, no quise atizarle al conflicto…
FIN
“Sí, por supuesto que hay riesgo de contagio”, admitió el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, cuanto le preguntamos sobre la efervescencia que provoca mantener encarcelados a los diez estudiantes de la Universidad San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, sujetos a proceso por secuestro y quema de autobúses.
El problema se puede salir de control, escalar, reventar, extenderse más allá de Michoacán. No hay nada más volátil y manipulable que los chavos convencidos de que luchan por una causa justa.
Los grupos radicales están al acecho. El cerillo en la mano. “El EPR se quiere colgar. Sacó un manifiesto. Hay gentes de la UNAM, el Ejército Zapatista, radicales de la meseta purépecha”, asegura el mandatario estatal.
El hombre está dispuesto a retirar los cargos que pesan sobre los estudiantes aún encarcelados. Está facultado para otorgar el “perdón”. Pero él también tiene su “pliego petitorio”. Quiere que el Consejo Universitario firme dos convenios. Uno con la rectoría de la Universidad, el otro con la alcaldía de Morelia.
El primero comprometería a los universitarios a reglamentar la admisión y estancia en las 36 casas de estudiantes que hay en Michoacán. “Hay gente que vive allí que tiene cincuenta y tantos años”, ilustra el gobernador.
El segundo convenio los compromete a no agredir a los ciudadanos, a no secuestrar, bloquear calles, quemar vehículos… “Vamos a resolver el problema, pero sacándole provecho”, sintetiza.
Ya encarrerado, el mandatario se quejó de una minuta firmada hace años por su antecesor perredista, Leonel Godoy, que otorga recursos —“unos 600 mil pesos”— al Consejo Universitario, para contratar vehículos y contar con viáticos para dirigirse a los estados donde hay “estudiantes sin recursos” —Chiapas, Oaxaca, Guerrero…— a invitarlos a la Universidad San Nicolás con alimentación y hospedaje.
“Ya no tenemos esos recursos”, les dijo el gobierno a los inconformes. Eso bastó para que se iniciaran las manifestaciones, el bloqueo de calles, el secuestro y quema de vehículos.
Vino el desalojo policiaco a las tres Casas del Estudiante ocupadas por el movimiento. 198 chavos fueron detenidos, de los cuales 10 están sujetos a proceso.
Vallejo nos dijo que las 36 Casas de Estudiantes le cuestan al erario unos 170 millones de pesos anuales y que no hay control alguno sobre estos recursos. “Si se repartieran por alumno, todos tendrían una beca de 30 mil pesos”, asevera.
Jura que él es gente de diálogo. “El secretario de gobierno estuvo dos noches negociando con ellos. Toleró insultos, desplantes, groserías. Al final se pararon y se fueron.
Diálogo, sí, pero no toleraremos secuestros, ni quema de autobuses, ni agresiones a la ciudadanía porque entonces ¿dónde queda la autoridad?
* * *
Buscamos al gobernador luego de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobara un punto de acuerdo en el que exhorta al gobernador de Michoacán a promover una política basada en el diálogo y el respeto a los derechos humanos, desechando el uso de la violencia contra los estudiantes.
En el debate alrededor del texto, hubo expresiones y señalamientos muy duros contra Fausto Vallejo. Jaime Cárdenas, del PT, lo acusó de “represivo”. No dejó pasar la oportunidad de inyectar su dosis de propaganda electoral.
“¿Qué pasaría en este país si un Presidente del PRI llega a gobernarnos? ¿Actuaría también así, respecto a los estudiantes de México? ¿Habría represión, como en el pasado, muerte de estudiantes? Preguntó el petista.
La perredista Mary Thelma Guajardo, autora del punto de acuerdo, calificó de “arbitaria” y “violenta” la actuación del gobierno michoacano.
El PRI votó a favor del texto. Está de acuerdo en que se investigue si los derechos humanos de los estudiantes fueron violados. Lo que rechazaron fue la personalización del asunto. José Ramón Martel, vicecoordinador de los diputados del tricolor, dijo en tribuna:
“Lo que no queremos es que aquí se hagan juicios personales del titular del Ejecutivo, para responsabilizarlo de la posible violación, que apenas se va a indagar, de los derechos humanos de los muchachos.”
Los legisladores exhortaron también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a intervenir “rápida y oportunamente” en el caso pero también a apurar la aplicación justa de la ley “ordenando, si es el caso, medidas cautelares de protección a los derechos humanos”.
En el salón de sesiones estaba el ahora senador Leonel Godoy. Muy callado escuchó el debate sobre la situación en su estado. Luego fue hasta la curul de Martel y explicó su silencio: “Siendo ex gobernador, no quise atizarle al conflicto…
FIN
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