Fuentes de la PGR aseguraron que existen elementos suficientes para someter a juicio a los mandos castrenses por delitos de narcotráfico
MARÍA IDALIA GÓMEZ, ARTURO ÁNGEL Y RAMÓN SEVILLA / 24 Horas
La Procuraduría General de la República (PGR) prepara ya la consignación contra los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas y Roberto Dawe González y se prevé que se concluya la próxima semana.
En el expediente que se enviará al juez federal se solicitarán las órdenes de aprehensión por delitos contra la salud, en su modalidad de colaboración para posibilitar la ejecución de este delito, por los que podrían alcanzar hasta 30 años de prisión.
Fuentes del gobierno general comentaron que se prevé dejar un desglose abierto de las indagatorias, para fincar más cargos y porque se prevé que sean presentados tres militares más de rangos menores.
Los funcionarios consultados por 24 HORAS coincidieron en que se pensaban agotar, por lo menos, 30 días del arraigo al que fueron sometidos los tres generales, pero el entorno político y las críticas en torno a la captura y arraigo de los militares “aceleraron los tiempos”, por lo que un equipo de agentes trabaja tiempo completo en la integración de la consignación.
De acuerdo a las fuentes, existen los elementos suficientes para someter a juicio a Escorcia Vargas, Ángeles Dauahare y a Dawe González por su colaboración, de diferentes formas, con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
La participación de los generales fue distinta, de acuerdo con las fuentes, no todos brindaron protección directa para el trasiego de cargamentos de droga o su almacenaje, otra de las formas de colaboración por parte de los generales habría sido el informarles sobre operativos en su contra y hasta brindarles protección. Otra forma fue reunirse, sin autorización, con alguno de los hermanos Beltrán Leyva o personas a su servicio, para recibir información de grupos enemigos, pero sin denunciar la ubicación de ellos para que fueran capturados.
De acuerdo a la información confirmada por dos fuentes, el testimonio que rindió hace unos días Sergio Villarreal Barragán, El Grande, quien permaneció en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) antes de ser extraditado a Estados Unidos, será una de las pruebas principales para acusar a los generales.
Villarreal Barragán, quien fue policía estatal y federal, se convirtió en uno de los operadores de los hermanos Beltrán Leyva y llegó a controlar la zona de La Laguna, en Durango y Coahuila, pero a pesar de las averiguaciones previas en su contra por asesinato, trasiego y venta de cocaína, así como lavado de dinero en México, prácticamente libró todas las acusaciones tras convertirse en testigo protegido de la SIEDO.
Las fuentes de gobierno comentaron que en Estados Unidos, El Grande se convertiría en testigo colaborador, por lo que su sentencia se reduciría y la compurgaría en una prisión de menor seguridad.
Por lo pronto, en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas ya compareció Villarreal Barragán, donde se le acusa de conspiración para importar, distribuir y posesión con la intención de distribuir cocaína y conspiración para lavado de dinero ocurridos entre 2006 y 2010, y desde el 23 de mayo el fiscal solicitó que la Corte sellara la declaración financiera que rindió y el informe de servicios de pre-proceso, un procedimiento que generalmente ocurre cuando se ofrecerá información importante por parte del acusado.
Cambia Ángeles de abogados
Alejandro Ortega Sánchez, quien fuera hasta el martes abogado del general Ángeles, ese día decidió renunciar a la defensa del militar.
El propio Ortega informó a este diario que ya no era el abogado del general; sin embargo, no aceptó una entrevista para dar mayores explicaciones e indicó que la familia Ángeles era la única autorizada para hacerlo.
En tanto, Adriana Ángeles, hija del general, confirmó el cambio en la representación legal de su padre.
“Efectivamente hubo un cambio y preferimos no decir nada más ahorita; estamos estudiando y trabajando con varios despachos para definir cómo se seguirá la defensa y quién la va a encabezar”, señaló en entrevista telefónica.
Durante el breve tiempo que Alejandro Ortega encabezó la defensa del general retirado e su participación enfrentó varias dificultades.
Luego de la detención del general el lunes 14 de mayo, el litigante intentó acreditarse durante toda la semana como su defensor ante la SIEDO para que se le permitiera ingresar a las instalaciones, pero no lo logró.
En ese lapso interpuso además una demanda de amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia de Amparo, bajo el argumento de que el general se encontraba incomunicado. Sin embargo, el recurso legal quedó sin efecto (fue sobreseído) luego de que se corroboró que su familia si pudo visitar al sospechoso en la Subprocuraduría.
MARÍA IDALIA GÓMEZ, ARTURO ÁNGEL Y RAMÓN SEVILLA / 24 Horas
La Procuraduría General de la República (PGR) prepara ya la consignación contra los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas y Roberto Dawe González y se prevé que se concluya la próxima semana.
En el expediente que se enviará al juez federal se solicitarán las órdenes de aprehensión por delitos contra la salud, en su modalidad de colaboración para posibilitar la ejecución de este delito, por los que podrían alcanzar hasta 30 años de prisión.
Fuentes del gobierno general comentaron que se prevé dejar un desglose abierto de las indagatorias, para fincar más cargos y porque se prevé que sean presentados tres militares más de rangos menores.
Los funcionarios consultados por 24 HORAS coincidieron en que se pensaban agotar, por lo menos, 30 días del arraigo al que fueron sometidos los tres generales, pero el entorno político y las críticas en torno a la captura y arraigo de los militares “aceleraron los tiempos”, por lo que un equipo de agentes trabaja tiempo completo en la integración de la consignación.
De acuerdo a las fuentes, existen los elementos suficientes para someter a juicio a Escorcia Vargas, Ángeles Dauahare y a Dawe González por su colaboración, de diferentes formas, con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
La participación de los generales fue distinta, de acuerdo con las fuentes, no todos brindaron protección directa para el trasiego de cargamentos de droga o su almacenaje, otra de las formas de colaboración por parte de los generales habría sido el informarles sobre operativos en su contra y hasta brindarles protección. Otra forma fue reunirse, sin autorización, con alguno de los hermanos Beltrán Leyva o personas a su servicio, para recibir información de grupos enemigos, pero sin denunciar la ubicación de ellos para que fueran capturados.
De acuerdo a la información confirmada por dos fuentes, el testimonio que rindió hace unos días Sergio Villarreal Barragán, El Grande, quien permaneció en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) antes de ser extraditado a Estados Unidos, será una de las pruebas principales para acusar a los generales.
Villarreal Barragán, quien fue policía estatal y federal, se convirtió en uno de los operadores de los hermanos Beltrán Leyva y llegó a controlar la zona de La Laguna, en Durango y Coahuila, pero a pesar de las averiguaciones previas en su contra por asesinato, trasiego y venta de cocaína, así como lavado de dinero en México, prácticamente libró todas las acusaciones tras convertirse en testigo protegido de la SIEDO.
Las fuentes de gobierno comentaron que en Estados Unidos, El Grande se convertiría en testigo colaborador, por lo que su sentencia se reduciría y la compurgaría en una prisión de menor seguridad.
Por lo pronto, en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas ya compareció Villarreal Barragán, donde se le acusa de conspiración para importar, distribuir y posesión con la intención de distribuir cocaína y conspiración para lavado de dinero ocurridos entre 2006 y 2010, y desde el 23 de mayo el fiscal solicitó que la Corte sellara la declaración financiera que rindió y el informe de servicios de pre-proceso, un procedimiento que generalmente ocurre cuando se ofrecerá información importante por parte del acusado.
Cambia Ángeles de abogados
Alejandro Ortega Sánchez, quien fuera hasta el martes abogado del general Ángeles, ese día decidió renunciar a la defensa del militar.
El propio Ortega informó a este diario que ya no era el abogado del general; sin embargo, no aceptó una entrevista para dar mayores explicaciones e indicó que la familia Ángeles era la única autorizada para hacerlo.
En tanto, Adriana Ángeles, hija del general, confirmó el cambio en la representación legal de su padre.
“Efectivamente hubo un cambio y preferimos no decir nada más ahorita; estamos estudiando y trabajando con varios despachos para definir cómo se seguirá la defensa y quién la va a encabezar”, señaló en entrevista telefónica.
Durante el breve tiempo que Alejandro Ortega encabezó la defensa del general retirado e su participación enfrentó varias dificultades.
Luego de la detención del general el lunes 14 de mayo, el litigante intentó acreditarse durante toda la semana como su defensor ante la SIEDO para que se le permitiera ingresar a las instalaciones, pero no lo logró.
En ese lapso interpuso además una demanda de amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia de Amparo, bajo el argumento de que el general se encontraba incomunicado. Sin embargo, el recurso legal quedó sin efecto (fue sobreseído) luego de que se corroboró que su familia si pudo visitar al sospechoso en la Subprocuraduría.
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