Salvador Guerrero Chiprés
El Presidente Felipe Calderón será recibido en Washington y Houston con una opinión pública adversa que asocia México con la inseguridad y la corrupción.
Acerca de la relación de servidores públicos, de menor y mayor rango, de todo el país, según el New York Times, con actos ilegales para promover licencias y permisos a favor de Walmart, el presidente Calderón encontrará insuficiente el arsenal de propaganda de que pueda echar mano.
En la misma situación se encontrarían muchas autoridades de todas las entidades federativas si conociéramos los nombres de los implicados y sus grupos de referencia que según ese diario estadounidense incurrieron en actos de corrupción a favor del principal empleador del sector privado en el país.
Al proporcionar empleos a más de 238 mil personas al mismo tiempo que causa la desaparición de otras decenas de miles en tiendas y establecimientos pequeños, haber crecido hasta tener 2087 tiendas y haber catapultado a México como la más grande demostración de que la inversión extranjera puede crecer aceleradamente si es apoyada por la corrupción, el caso de Walmart podrá convertirse en un ícono de la defraudación.
Violación no sólo a las leyes estadounidenses y mexicanas sino del propio y presunto compromiso que con la ética dice tener esa gigantesca empresa y la credibilidad en general de segmentos de la indispensable actividad empresarial transnacional y nacional.
Este no es únicamente el problema de un coloso, lo es de todos las demás personas físicas y morales que realizan actividades en un escenario cargado de irregularidades.
Necesitamos apostar a que la investigación del gobierno mexicano y de los gobiernos locales en particular, nos indique cuándo y cómo ocurrieron los pagos por “gestoría” a decenas de servidores públicos que obtuvieron avales para construir inmuebles o adaptarlos así como para iniciar la operación de nuevas unidades operativas de Walmart.
Esa empresa tuvo 22 mil 258 millones de utilidades netas en el 2011 gracias a su creciente presencia en el mercado minorista que impuso condiciones a 28 mil proveedores según el reporte correspondiente en la Bolsa Mexicana de Valores del cual da cuenta La Jornada este lunes. Ese acelerado posicionamiento, sostiene a su vez el reporte periodístico del NYT, se sostuvo en la corrupción.
Los investigadores sociales, periodistas, agentes del ministerio público tienen una señal extraordinaria: durante por lo menos ocho años, el reporte del NYT de este sábado refiere datos incluso de 2003, WalMart ha demostrado que toda la fiscalización, los órganos de transparencia locales y federal, así como las contralorías internas, no han podido establecer condiciones para disminuir las condiciones de la corrupción.
Además la corrupción en Walmart y prácticamente todos los gobiernos, según el reporte del NYT, y que implica gastos “para gestoría” por cerca de 24 millones de dólares apunta hacia la pregunta: ¿y la obras públicas en general, los presupuestos, que tan lejos o cerca están de esa condición encontrada por los investigadores en una cadena comercial?, ¿cuál es la relación de servidores públicos con empresas extranjeras o nacionales que quieren crecer aceleradamente a como dé lugar y en donde la contraparte empresarial ni siquiera tiene una comisión interna de revisión de prácticas ilegales como la presumida por Walmart?
Más precisamente aún: ¿cuál es el vínculo de políticos que quieren crecer a toda costa y empresas locales o extranjeras que también lo desean?
El Presidente Felipe Calderón será recibido en Washington y Houston con una opinión pública adversa que asocia México con la inseguridad y la corrupción.
Acerca de la relación de servidores públicos, de menor y mayor rango, de todo el país, según el New York Times, con actos ilegales para promover licencias y permisos a favor de Walmart, el presidente Calderón encontrará insuficiente el arsenal de propaganda de que pueda echar mano.
En la misma situación se encontrarían muchas autoridades de todas las entidades federativas si conociéramos los nombres de los implicados y sus grupos de referencia que según ese diario estadounidense incurrieron en actos de corrupción a favor del principal empleador del sector privado en el país.
Al proporcionar empleos a más de 238 mil personas al mismo tiempo que causa la desaparición de otras decenas de miles en tiendas y establecimientos pequeños, haber crecido hasta tener 2087 tiendas y haber catapultado a México como la más grande demostración de que la inversión extranjera puede crecer aceleradamente si es apoyada por la corrupción, el caso de Walmart podrá convertirse en un ícono de la defraudación.
Violación no sólo a las leyes estadounidenses y mexicanas sino del propio y presunto compromiso que con la ética dice tener esa gigantesca empresa y la credibilidad en general de segmentos de la indispensable actividad empresarial transnacional y nacional.
Este no es únicamente el problema de un coloso, lo es de todos las demás personas físicas y morales que realizan actividades en un escenario cargado de irregularidades.
Necesitamos apostar a que la investigación del gobierno mexicano y de los gobiernos locales en particular, nos indique cuándo y cómo ocurrieron los pagos por “gestoría” a decenas de servidores públicos que obtuvieron avales para construir inmuebles o adaptarlos así como para iniciar la operación de nuevas unidades operativas de Walmart.
Esa empresa tuvo 22 mil 258 millones de utilidades netas en el 2011 gracias a su creciente presencia en el mercado minorista que impuso condiciones a 28 mil proveedores según el reporte correspondiente en la Bolsa Mexicana de Valores del cual da cuenta La Jornada este lunes. Ese acelerado posicionamiento, sostiene a su vez el reporte periodístico del NYT, se sostuvo en la corrupción.
Los investigadores sociales, periodistas, agentes del ministerio público tienen una señal extraordinaria: durante por lo menos ocho años, el reporte del NYT de este sábado refiere datos incluso de 2003, WalMart ha demostrado que toda la fiscalización, los órganos de transparencia locales y federal, así como las contralorías internas, no han podido establecer condiciones para disminuir las condiciones de la corrupción.
Además la corrupción en Walmart y prácticamente todos los gobiernos, según el reporte del NYT, y que implica gastos “para gestoría” por cerca de 24 millones de dólares apunta hacia la pregunta: ¿y la obras públicas en general, los presupuestos, que tan lejos o cerca están de esa condición encontrada por los investigadores en una cadena comercial?, ¿cuál es la relación de servidores públicos con empresas extranjeras o nacionales que quieren crecer aceleradamente a como dé lugar y en donde la contraparte empresarial ni siquiera tiene una comisión interna de revisión de prácticas ilegales como la presumida por Walmart?
Más precisamente aún: ¿cuál es el vínculo de políticos que quieren crecer a toda costa y empresas locales o extranjeras que también lo desean?
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