Samuel García
Una investigación de The New York Times publicada el sábado pasado puso al descubierto una serie de prácticas de corrupción realizadas desde las altas esferas ejecutivas de Wal-Mart de México.
De acuerdo a la investigación periodística los sobornos que habría pagado la empresa estadounidense de autoservicios más grande del país a funcionarios públicos para que se le otorguen y agilicen los trámites de licencias de construcción habría ascendido a más de 24 millones de dólares durante el periodo 2003-2005 que comprende la investigación realizada por el diario.
El reportaje de The New York Times da a conocer que según los archivos de la propia empresa, desde 2003 Wal-Mart de México pagó ‘contribuciones’ y ‘donaciones’ a los gobiernos de todo el país por 16 millones de dólares, cantidad que en realidad eran destinadas a facilitar la expedición de las licencias y permisos para la apertura de nuevas tiendas. Desde hace una década Wal-Mart de México ha desarrollado un agresivo programa de apertura de tiendas en México que lo han convertido no solo, y por mucho, en la mayor cadena comercial del país, sino también en el mayor empleador privado que existe en México.
El caso Wal-Mart que destapó el diario es un escándalo por donde se le vea y traerá consecuencias inevitables sobre la gerencia e imagen de la empresa. Más allá de revelar las prácticas corruptas realizadas por los gestores, que fueron avaladas por la dirección corporativa en México, los altos ejecutivos de Wal-Mart en su cuartel central en Bentonville, Arkansas; decidieron no solo no ir al fondo del asunto, aplicar las sanciones correspondientes, y las denuncias públicas ante las autoridades de México y Estados Unidos; sino que decidieron mantener la información en secreto a fin de no perjudicar su prestigio corporativo y proteger a sus altos ejecutivos que, claramente, estuvieron involucrados en estos asuntos de corrupción.
En una palabra, los altos ejecutivos de Wal-Mart tiraron a la basura sus códigos de ética y sus programas corporativos para combatir la corrupción, que tanto presumieron.
La otra cara de la moneda en este caso son las autoridades de los gobiernos estatales y municipales involucrados y que el reporte periodístico no identifica. Cómo olvidar, por ejemplo, las reiteradas denuncias planteadas por el Frente Cívico por la Defensa del Valle de Teotihuacán que en 2004 insistentemente increpó a Wal-Mart de México y a las autoridades municipales y federales de violentar los reglamentos para construir una tienda del grupo estadounidense en esa zona arqueológica del Estado de México. Las denuncias no sirvieron de mucho y finalmente la tienda se estableció allí a pesar de la ausencia de permisos, como lo señalaron en aquel tiempo los activistas ciudadanos.
Pero los casos se multiplican como la corrupción entre los funcionarios municipales y estatales que recibieron miles de dólares de los gestores y directivos de Wal-Mart, según documentan los testimonios recogidos por el Times.
¿Quiénes son estos funcionarios y qué gobiernos recibieron estos sobornos? Son las preguntas que ahora deben responderse a partir de una investigación seria desde la secretaría de la Función Pública a pesar del tiempo transcurrido.
El caso es una muestra más de la corrupción sistémica enquistada en el sector público y que tiene en estas grandes empresas a sus mejores ‘aliados’.
Una investigación de The New York Times publicada el sábado pasado puso al descubierto una serie de prácticas de corrupción realizadas desde las altas esferas ejecutivas de Wal-Mart de México.
De acuerdo a la investigación periodística los sobornos que habría pagado la empresa estadounidense de autoservicios más grande del país a funcionarios públicos para que se le otorguen y agilicen los trámites de licencias de construcción habría ascendido a más de 24 millones de dólares durante el periodo 2003-2005 que comprende la investigación realizada por el diario.
El reportaje de The New York Times da a conocer que según los archivos de la propia empresa, desde 2003 Wal-Mart de México pagó ‘contribuciones’ y ‘donaciones’ a los gobiernos de todo el país por 16 millones de dólares, cantidad que en realidad eran destinadas a facilitar la expedición de las licencias y permisos para la apertura de nuevas tiendas. Desde hace una década Wal-Mart de México ha desarrollado un agresivo programa de apertura de tiendas en México que lo han convertido no solo, y por mucho, en la mayor cadena comercial del país, sino también en el mayor empleador privado que existe en México.
El caso Wal-Mart que destapó el diario es un escándalo por donde se le vea y traerá consecuencias inevitables sobre la gerencia e imagen de la empresa. Más allá de revelar las prácticas corruptas realizadas por los gestores, que fueron avaladas por la dirección corporativa en México, los altos ejecutivos de Wal-Mart en su cuartel central en Bentonville, Arkansas; decidieron no solo no ir al fondo del asunto, aplicar las sanciones correspondientes, y las denuncias públicas ante las autoridades de México y Estados Unidos; sino que decidieron mantener la información en secreto a fin de no perjudicar su prestigio corporativo y proteger a sus altos ejecutivos que, claramente, estuvieron involucrados en estos asuntos de corrupción.
En una palabra, los altos ejecutivos de Wal-Mart tiraron a la basura sus códigos de ética y sus programas corporativos para combatir la corrupción, que tanto presumieron.
La otra cara de la moneda en este caso son las autoridades de los gobiernos estatales y municipales involucrados y que el reporte periodístico no identifica. Cómo olvidar, por ejemplo, las reiteradas denuncias planteadas por el Frente Cívico por la Defensa del Valle de Teotihuacán que en 2004 insistentemente increpó a Wal-Mart de México y a las autoridades municipales y federales de violentar los reglamentos para construir una tienda del grupo estadounidense en esa zona arqueológica del Estado de México. Las denuncias no sirvieron de mucho y finalmente la tienda se estableció allí a pesar de la ausencia de permisos, como lo señalaron en aquel tiempo los activistas ciudadanos.
Pero los casos se multiplican como la corrupción entre los funcionarios municipales y estatales que recibieron miles de dólares de los gestores y directivos de Wal-Mart, según documentan los testimonios recogidos por el Times.
¿Quiénes son estos funcionarios y qué gobiernos recibieron estos sobornos? Son las preguntas que ahora deben responderse a partir de una investigación seria desde la secretaría de la Función Pública a pesar del tiempo transcurrido.
El caso es una muestra más de la corrupción sistémica enquistada en el sector público y que tiene en estas grandes empresas a sus mejores ‘aliados’.
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