Carmen Aristegui
En ruta de cometer un acto de regresión contra el alcance de la reforma electoral que muchos de ellos aprobaron en otra Legislatura, los diputados parecen haberse dado cuenta del tamaño del despropósito que habían cometido. Empiezan a dar marcha atrás a lo que ya algunos calificaban como la “Ley Televisa II”.
Estaba en curso la reedición del vergonzoso capítulo vivido por el Congreso mexicano, en donde, también en tiempos electorales, candidatos a la Presidencia, diputados y una mayoría de senadores aprobaron, bajo guía y sometimiento a las televisoras, lo que se dio en llamar la “Ley Televisa”. La Corte declaró inconstitucionales partes sustantivas de esa ley, que fue identificada como un atraco a la nación. Se ajustó la ley, pero el mote quedó.
La “Ley Televisa” quedó como una expresión que ilustra la manera en que puede ser sometido un poder de la República ante un interés particular. Mucho se dijo que la propia ley había sido, incluso, redactada por el cuerpo jurídico de la principal televisora del país. No queda clara la autoría de la que hoy se discute.
En esta ocasión, la Cámara de Diputados aprobó, con 244 votos a favor, una reforma a la Ley de Radio y Televisión que quiso ser presentada como de avanzada, por reconocer a las estaciones indígenas y comunitarias. El tema está en la ley pero como una frágil careta de lo que realmente tiene de trasfondo la reforma. En el mejor de los casos, tomó desprevenidos a muchos legisladores que se tragaron la píldora de que la ley era progresista a favor de los pueblos indígenas y, en el peor, mostró cómo las ambiciones políticas y acuerdos inconfesables hicieron que esta reforma fuera promovida, desde la propia izquierda, por quienes andan impulsando sus candidaturas. Se retrató el descuido de los distraídos y la maña de los interesados.
La reforma atiende, sí, el asunto de las radios indígenas, pero con motivo de eso se libera a las televisoras nacionales de lo que, hasta ahora también tienen obligación de difundir en tiempos electorales, es decir, las campañas locales en todo el país. Se trata de una enorme cantidad de tiempo-aire que podrían explotar comercialmente. “Gran regalo a las televisoras”, “regresión” e “inicio de la contrarreforma electoral” fueron las primeras expresiones que se oyeron en voz de los expertos en lo que parecía el inicio de una avalancha de críticas y descalificaciones a los diputados que aprobaron dicha reforma, consciente o inconscientemente, como una nueva gran concesión a los que ya parecen tenerlo todo.
Vuelve a ponerse de relieve el tema de las telebancadas, que no son otra cosa que el grupo de legisladores que ha estado y está íntimamente relacionado con las televisoras y sus intereses, y que ha jugado un papel central en todo esto.
Las alertas se encendieron. Los senadores, que debían discutir y votar el dictamen aprobado por los diputados, salieron al paso y dijeron, mejor, que en este periodo no habrá tiempo para tal cosa.
Lo insólito, ahora, es que el dictamen ya votado por el pleno será devuelto a comisiones.
En algo que no se ve todos los días, se aprobó que la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía vuelva a discutir –si es que alguna vez lo discutieron– el dictamen que aprobaron hace ocho días.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo argumentó que con el artículo 93 del reglamento se abría paso a la revisión de algo que se da por consumado.
El PVEM, que no oculta de qué lado juega, alegó que se viola la ley al devolverse esta reforma, aprobada de forma abrumadora, y tan apetitosa para las televisoras.
La votación contó sólo con cuatro votos en contra y tres abstenciones.
Hay una clara impresión de que la mayoría, que ha tomado conciencia de lo votado, pretende aplicar reversa.
Discutible, sin duda, la legalidad de este intento por revertir un hecho que favorece de tal manera a la televisión. Sin embargo, se han echado a andar las maquinarias, unos para intentarlo y otros para impedirlo.
Si la Cámara de Diputados no puede deshacer una reforma de la que parecen arrepentirse, en apenas una semana, queda el Senado, que tendrá que revisar los alcances y efectos de una reforma de esta naturaleza. Varios de los actuales senadores son los mismos que, en su momento, promovieron y aprobaron el actual marco legal electoral. No se ve cómo, ellos que conocen las entrañas, los motivos y las razones de la reforma electoral que dio paso a la actual ley vigente, aprueben ahora esta que va en sentido contrario de lo que, en su momento, impulsaron desde una visión de Estado.
En ruta de cometer un acto de regresión contra el alcance de la reforma electoral que muchos de ellos aprobaron en otra Legislatura, los diputados parecen haberse dado cuenta del tamaño del despropósito que habían cometido. Empiezan a dar marcha atrás a lo que ya algunos calificaban como la “Ley Televisa II”.
Estaba en curso la reedición del vergonzoso capítulo vivido por el Congreso mexicano, en donde, también en tiempos electorales, candidatos a la Presidencia, diputados y una mayoría de senadores aprobaron, bajo guía y sometimiento a las televisoras, lo que se dio en llamar la “Ley Televisa”. La Corte declaró inconstitucionales partes sustantivas de esa ley, que fue identificada como un atraco a la nación. Se ajustó la ley, pero el mote quedó.
La “Ley Televisa” quedó como una expresión que ilustra la manera en que puede ser sometido un poder de la República ante un interés particular. Mucho se dijo que la propia ley había sido, incluso, redactada por el cuerpo jurídico de la principal televisora del país. No queda clara la autoría de la que hoy se discute.
En esta ocasión, la Cámara de Diputados aprobó, con 244 votos a favor, una reforma a la Ley de Radio y Televisión que quiso ser presentada como de avanzada, por reconocer a las estaciones indígenas y comunitarias. El tema está en la ley pero como una frágil careta de lo que realmente tiene de trasfondo la reforma. En el mejor de los casos, tomó desprevenidos a muchos legisladores que se tragaron la píldora de que la ley era progresista a favor de los pueblos indígenas y, en el peor, mostró cómo las ambiciones políticas y acuerdos inconfesables hicieron que esta reforma fuera promovida, desde la propia izquierda, por quienes andan impulsando sus candidaturas. Se retrató el descuido de los distraídos y la maña de los interesados.
La reforma atiende, sí, el asunto de las radios indígenas, pero con motivo de eso se libera a las televisoras nacionales de lo que, hasta ahora también tienen obligación de difundir en tiempos electorales, es decir, las campañas locales en todo el país. Se trata de una enorme cantidad de tiempo-aire que podrían explotar comercialmente. “Gran regalo a las televisoras”, “regresión” e “inicio de la contrarreforma electoral” fueron las primeras expresiones que se oyeron en voz de los expertos en lo que parecía el inicio de una avalancha de críticas y descalificaciones a los diputados que aprobaron dicha reforma, consciente o inconscientemente, como una nueva gran concesión a los que ya parecen tenerlo todo.
Vuelve a ponerse de relieve el tema de las telebancadas, que no son otra cosa que el grupo de legisladores que ha estado y está íntimamente relacionado con las televisoras y sus intereses, y que ha jugado un papel central en todo esto.
Las alertas se encendieron. Los senadores, que debían discutir y votar el dictamen aprobado por los diputados, salieron al paso y dijeron, mejor, que en este periodo no habrá tiempo para tal cosa.
Lo insólito, ahora, es que el dictamen ya votado por el pleno será devuelto a comisiones.
En algo que no se ve todos los días, se aprobó que la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía vuelva a discutir –si es que alguna vez lo discutieron– el dictamen que aprobaron hace ocho días.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo argumentó que con el artículo 93 del reglamento se abría paso a la revisión de algo que se da por consumado.
El PVEM, que no oculta de qué lado juega, alegó que se viola la ley al devolverse esta reforma, aprobada de forma abrumadora, y tan apetitosa para las televisoras.
La votación contó sólo con cuatro votos en contra y tres abstenciones.
Hay una clara impresión de que la mayoría, que ha tomado conciencia de lo votado, pretende aplicar reversa.
Discutible, sin duda, la legalidad de este intento por revertir un hecho que favorece de tal manera a la televisión. Sin embargo, se han echado a andar las maquinarias, unos para intentarlo y otros para impedirlo.
Si la Cámara de Diputados no puede deshacer una reforma de la que parecen arrepentirse, en apenas una semana, queda el Senado, que tendrá que revisar los alcances y efectos de una reforma de esta naturaleza. Varios de los actuales senadores son los mismos que, en su momento, promovieron y aprobaron el actual marco legal electoral. No se ve cómo, ellos que conocen las entrañas, los motivos y las razones de la reforma electoral que dio paso a la actual ley vigente, aprueben ahora esta que va en sentido contrario de lo que, en su momento, impulsaron desde una visión de Estado.
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