Privatizar, ¿tendencia mundial?
Peña, Chepina, Quadri: iguales
Carlos Fernández-Vega / México SA
Cinco inquilinos de Los Pinos al hilo no quitaron el dedo del reglón, y en la perspectiva político-electoral tres de los cuatro candidatos al hueso mayor se han pronunciado en el mismo sentido: lo moderno, lo actual, lo de avanzada, lo chic, es privatizar el sector petrolero nacional, despojar al país de esa renta (de la que, por cierto, vivió, y muy bien, esa quinteta). Los primeros avanzaron en su intento, aunque no todo lo que querían; los segundos ofrecen redondear la tarea, llegar hasta el fondo, abrir hasta el último resquicio para que por la puerta grande ingrese, orondo y voraz, el gran capital, como en tantas otras áreas de la economía mexicana.
Tras la decisión argentina de nacionalizar –paradójicamente– su petróleo y, con ello, salvaguardar el interés nacional, el furibundo Felipe Calderón reaccionó como si le hubieran quitado algo propio, y soltó un rosario: fue, dijo, una medida irresponsable y muy poco racional; ningún empresario en sus cinco sentidos pensará en invertir en un país que expropia las inversiones; es una decisión que no va a hacer bien a nadie; no es un acto racional; el camino no es ni el proteccionismo ni las expropiaciones; que Cristina Fernández de Kirchner rectifique esa lamentable medida. Lo moderno, pues, es entregar los recursos naturales a intereses extranacionales.
Los tres candidatos que se han comprometido a no gobernar con más de lo mismo dicen al respetable que, de llegar a la primera silla de la nación, ofrecerán exactamente eso, más de lo mismo: A) realizaré una reforma energética que dé apertura al sector privado en las áreas de exploración y refinación en la industria petrolera (Enrique Peña Nieto); B) reglas más amigables para que el capital privado invierta en petróleo; no creo en el camino de las expropiaciones” (Chepina); y C) convertir a Pemex en una empresa de sociedad anónima, pues así colocaría acciones en la BMV; estoy contra dogmas, catecismos y fetiches del pasado que comprometen seriamente el desarrollo de México (Quadri).
Entonces, según todos ellos, la tendencia mundial es ceder el petróleo al voraz capital financiero-especulativo. ¿Será? Pues bien, encontramos luz en el propio proyecto de ley que la presidenta Fernández de Kirchner envió al Congreso de su país para nacionalizar YPF, y lo que en este sentido destaca es que, en realidad, la norma internacional es el control del Estado sobre los hidrocarburos, comenzando por la empresa Petrobras, tan presumida y cacareada por la derecha privatizadora como ejemplo de modernidad.
Lo actual, pues, no es lo que proponen los modernos políticos mexicanos, sino todo lo contrario: Arabia Saudita, el mayor productor petrolero mundial, cuenta con la empresa Saudi Aramco, cuya propiedad, al 100 por ciento, corresponde al Estado. El consorcio ruso Gazprom, el mayor productor de gas natural en el planeta, pertenece al Estado ruso (51 por ciento), quien decide cómo, cuándo y a quién, y no la inversión privada minoritaria. Del mismo origen, la empresa Rosneft (75 por ciento) es la segunda productora internacional.
Entre otras, propiedad del Estado (100 por ciento) son las petroleras CNPC (China), NIOC (Irán), PDVSA (Venezuela), Pemex (México), Adnoc (Emiratos Arabes Unidos), KPC (Kuwait), Sonatrach (Argelia), Kazmunaigas (Kazajistán), QP (Qatar), Pertamina (Indonesia), Socar (Azerbaiyán), Petronas (Malasia), EGPC (Egipto), Petroecuador (Ecuador), SPC (Siria), YPFB (Bolivia), ANCAP (Uruguay), NNPC (Nigeria), y ENAP (Chile, el sempiterno ejemplo para presumir los éxitos privatizadores neoliberales).
Otras petroleras, que permiten participación privada, también tienen propiedad y control mayoritario del Estado: Sinopec y CNOOC (China), con 75 y 67 por ciento, respectivamente; Petrobras (Brasil), 51 por ciento; Statoil Hydro (Noruega), 63 por ciento; PNGC (India), 74 por ciento; PDO (Omán), 60 por ciento; y Ecopetrol (Colombia), 90 por ciento. Entre las pocas que aparecen con participación estatal minoritaria están OMV de Austria (32 por ciento del Estado); Inpex de Japón (29 por ciento) y Eni de Italia (30 por ciento). Como se constata, en materia petrolera lo chic no es, ni lejanamente, ceder el control y el usufructo de la riqueza petrolera a trasnacionales del ramo, por mucho que éstas intenten meter la mano en todas partes. México conoce muy bien de qué se trata la intervención de los vampiros petroleros, y el enorme costo (político, económico y social) de mantenerlos en casa. Argentina también lo vivió y lo entendió, y por ello su gobierno actuó en consecuencia.
Como lo apunta el citado proyecto de ley, la experiencia internacional no hace más que confirmar que la posibilidad de garantizar el autoabastecimiento en materia de combustibles contribuye de manera crucial a determinar el tipo de modelo económico y de crecimiento que puede desenvolverse en cada país. Así, durante la vigencia del denominado Consenso de Washington, la política en materia de hidrocarburos que el neoliberalismo implementó en Argentina buscó maximizar la extracción de este recurso natural con vistas a colocarlo en el mercado mundial, conduciendo al desabastecimiento interno, el cual es impulsado por el incentivo que constituye para el sector privado la completa apropiación del excedente económico generado por un recurso natural no renovable.
Así, la precisa intervención del Estado en la definición de la política de producción y precios de los combustibles “es crucial en un mundo que ha estado crecientemente afectado por la participación de capitales financieros especulativos en los mercados de materias primas en general, y del petróleo en particular, impactando así en los costos de producción a escala mundial… Hay tres elementos a tener en cuenta y que aconsejan la injerencia directa del Estado en la política de precios y cantidades: su impacto sobre la competitividad de la economía, el efecto de su precio sobre el poder adquisitivo de los salarios y la apropiación de los excedentes derivados de la explotación de los hidrocarburos”.
Las rebanadas del pastel
Entonces, lo moderno es que los grandes recursos petroleros y su producción estén en manos estatales, y no como coto de caza del capital trasnacional, como Repsol comprenderá. Que Calderón y comparsas repitan como pericos que lo mejor para México es privatizar sus hidrocarburos no es más que el canto de una suerte de Menem michoacano al que no le fue suficiente destrozar el tejido social del país, sino que intentó lo mismo con el último jirón de soberanía económica.
Peña, Chepina, Quadri: iguales
Carlos Fernández-Vega / México SA
Cinco inquilinos de Los Pinos al hilo no quitaron el dedo del reglón, y en la perspectiva político-electoral tres de los cuatro candidatos al hueso mayor se han pronunciado en el mismo sentido: lo moderno, lo actual, lo de avanzada, lo chic, es privatizar el sector petrolero nacional, despojar al país de esa renta (de la que, por cierto, vivió, y muy bien, esa quinteta). Los primeros avanzaron en su intento, aunque no todo lo que querían; los segundos ofrecen redondear la tarea, llegar hasta el fondo, abrir hasta el último resquicio para que por la puerta grande ingrese, orondo y voraz, el gran capital, como en tantas otras áreas de la economía mexicana.
Tras la decisión argentina de nacionalizar –paradójicamente– su petróleo y, con ello, salvaguardar el interés nacional, el furibundo Felipe Calderón reaccionó como si le hubieran quitado algo propio, y soltó un rosario: fue, dijo, una medida irresponsable y muy poco racional; ningún empresario en sus cinco sentidos pensará en invertir en un país que expropia las inversiones; es una decisión que no va a hacer bien a nadie; no es un acto racional; el camino no es ni el proteccionismo ni las expropiaciones; que Cristina Fernández de Kirchner rectifique esa lamentable medida. Lo moderno, pues, es entregar los recursos naturales a intereses extranacionales.
Los tres candidatos que se han comprometido a no gobernar con más de lo mismo dicen al respetable que, de llegar a la primera silla de la nación, ofrecerán exactamente eso, más de lo mismo: A) realizaré una reforma energética que dé apertura al sector privado en las áreas de exploración y refinación en la industria petrolera (Enrique Peña Nieto); B) reglas más amigables para que el capital privado invierta en petróleo; no creo en el camino de las expropiaciones” (Chepina); y C) convertir a Pemex en una empresa de sociedad anónima, pues así colocaría acciones en la BMV; estoy contra dogmas, catecismos y fetiches del pasado que comprometen seriamente el desarrollo de México (Quadri).
Entonces, según todos ellos, la tendencia mundial es ceder el petróleo al voraz capital financiero-especulativo. ¿Será? Pues bien, encontramos luz en el propio proyecto de ley que la presidenta Fernández de Kirchner envió al Congreso de su país para nacionalizar YPF, y lo que en este sentido destaca es que, en realidad, la norma internacional es el control del Estado sobre los hidrocarburos, comenzando por la empresa Petrobras, tan presumida y cacareada por la derecha privatizadora como ejemplo de modernidad.
Lo actual, pues, no es lo que proponen los modernos políticos mexicanos, sino todo lo contrario: Arabia Saudita, el mayor productor petrolero mundial, cuenta con la empresa Saudi Aramco, cuya propiedad, al 100 por ciento, corresponde al Estado. El consorcio ruso Gazprom, el mayor productor de gas natural en el planeta, pertenece al Estado ruso (51 por ciento), quien decide cómo, cuándo y a quién, y no la inversión privada minoritaria. Del mismo origen, la empresa Rosneft (75 por ciento) es la segunda productora internacional.
Entre otras, propiedad del Estado (100 por ciento) son las petroleras CNPC (China), NIOC (Irán), PDVSA (Venezuela), Pemex (México), Adnoc (Emiratos Arabes Unidos), KPC (Kuwait), Sonatrach (Argelia), Kazmunaigas (Kazajistán), QP (Qatar), Pertamina (Indonesia), Socar (Azerbaiyán), Petronas (Malasia), EGPC (Egipto), Petroecuador (Ecuador), SPC (Siria), YPFB (Bolivia), ANCAP (Uruguay), NNPC (Nigeria), y ENAP (Chile, el sempiterno ejemplo para presumir los éxitos privatizadores neoliberales).
Otras petroleras, que permiten participación privada, también tienen propiedad y control mayoritario del Estado: Sinopec y CNOOC (China), con 75 y 67 por ciento, respectivamente; Petrobras (Brasil), 51 por ciento; Statoil Hydro (Noruega), 63 por ciento; PNGC (India), 74 por ciento; PDO (Omán), 60 por ciento; y Ecopetrol (Colombia), 90 por ciento. Entre las pocas que aparecen con participación estatal minoritaria están OMV de Austria (32 por ciento del Estado); Inpex de Japón (29 por ciento) y Eni de Italia (30 por ciento). Como se constata, en materia petrolera lo chic no es, ni lejanamente, ceder el control y el usufructo de la riqueza petrolera a trasnacionales del ramo, por mucho que éstas intenten meter la mano en todas partes. México conoce muy bien de qué se trata la intervención de los vampiros petroleros, y el enorme costo (político, económico y social) de mantenerlos en casa. Argentina también lo vivió y lo entendió, y por ello su gobierno actuó en consecuencia.
Como lo apunta el citado proyecto de ley, la experiencia internacional no hace más que confirmar que la posibilidad de garantizar el autoabastecimiento en materia de combustibles contribuye de manera crucial a determinar el tipo de modelo económico y de crecimiento que puede desenvolverse en cada país. Así, durante la vigencia del denominado Consenso de Washington, la política en materia de hidrocarburos que el neoliberalismo implementó en Argentina buscó maximizar la extracción de este recurso natural con vistas a colocarlo en el mercado mundial, conduciendo al desabastecimiento interno, el cual es impulsado por el incentivo que constituye para el sector privado la completa apropiación del excedente económico generado por un recurso natural no renovable.
Así, la precisa intervención del Estado en la definición de la política de producción y precios de los combustibles “es crucial en un mundo que ha estado crecientemente afectado por la participación de capitales financieros especulativos en los mercados de materias primas en general, y del petróleo en particular, impactando así en los costos de producción a escala mundial… Hay tres elementos a tener en cuenta y que aconsejan la injerencia directa del Estado en la política de precios y cantidades: su impacto sobre la competitividad de la economía, el efecto de su precio sobre el poder adquisitivo de los salarios y la apropiación de los excedentes derivados de la explotación de los hidrocarburos”.
Las rebanadas del pastel
Entonces, lo moderno es que los grandes recursos petroleros y su producción estén en manos estatales, y no como coto de caza del capital trasnacional, como Repsol comprenderá. Que Calderón y comparsas repitan como pericos que lo mejor para México es privatizar sus hidrocarburos no es más que el canto de una suerte de Menem michoacano al que no le fue suficiente destrozar el tejido social del país, sino que intentó lo mismo con el último jirón de soberanía económica.
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