Jorge Fernández Menéndez
“La legalización de las drogas no es una opción”, porque podría crear problemas mayores que los actuales tanto en el ámbito de la seguridad como de la salud pública, dijo Barack Obama en la Cumbre de Cartagena. Admitió las responsabilidades de su país pero también sostuvo que no se puede seguir responsabilizando a Estados Unidos de todos los problemas de la región, sobre todo cuando se confrontó en el tema económico y de drogas con la mandataria brasileña Dilma Rousseff. En el tema de las drogas insistió en que los distintos países tienen que contar con estructuras policiacas y de procuración de justicia que funcionen. Y en todo eso tiene razón el mandatario estadunidense. El problema es que cuando se admiten responsabilidades se deben establecer medidas que respondan a esa responsabilidad. Y Estados Unidos en el tema de las drogas no lo está haciendo. Pero además porque no se está realizando un diagnóstico adecuado de la situación.
El combate a las drogas reclama estrategias globales que vayan mucho más allá del intercambio de inteligencia e información (que podría ser infinitamente más eficiente que en la actualidad). Desde hace años se está trabajando en el diseño de vacunas contra diferentes drogas, algunas ya en etapa experimental, que con mayor financiamiento e interés de los gobiernos podrían tener resultados importantísimos. Ya desde hace años, José Luis Santiago Vasconcelos, que ya falleció, había propuesto establecer una suerte de cerco, en el Atlántico y en el Caribe, sobre las costas de Colombia, que dificultara el tránsito de la cocaína (ahora habría que buscar impedir el cada día más creciente tráfico de sustancias para drogas sintéticas que llegan de Asia, sobre todo a México). Estados Unidos tiene tres pendientes clave en todo esto: primero, por supuesto el consumo y las redes locales, que son combatidas con excesiva indulgencia en ese país; segundo, el tráfico de armas que alimenta a los cárteles, sobre todo en México, sin que el gobierno estadunidense haga absolutamente nada para frenarlo: es un dato incontrastable que la violencia ha ido de la mano con la legalización, en 2004, de la venta libre de armas de asalto en Estados Unidos y el Congreso de ese país se ha negado una y otra vez a revisar esa irracional legislación (irracional pero un negocio extraordinario para el lobby de ventas de armas nucleado en torno a la Asociación Nacional del Rifle). Tercero, el lavado de dinero que también nutre a los cárteles que invierten en el sistema financiero de EU, 90% de sus ganancias, sin que tampoco pase nada.
Pero hay un punto en el que Obama tiene toda la razón: en el de creación de fuerzas policiales y de procuración de justicia eficientes. La tiene por muchas razones pero sobre todo por una que no termina de contemplarse: cuando se habla de combate a las drogas y de grandes cárteles y de estrategias globales, se está hablando de un fenómeno. Cuando se analiza la violencia y la inseguridad, como la que vivimos en México o Centroamérica, se está hablando de otro, íntimamente relacionado con el primero, pero diferente.
Los grandes cárteles quieren colocar sus grandes cargamentos de drogas en el mercado, sobre todo en Estados Unidos, y funcionan como empresas globales, pero es verdad que hoy no son tan poderosos como antaño por los golpes que han recibido especialmente en México y Colombia. Lo que hicieron esos cárteles, sobre todo en nuestro país y en Centroamérica, es transformar ese conflicto global en una multitud de infiernos locales: distribuyeron armas y drogas para el consumo interno y los pandilleros que antes asaltaban con un revólver o una navaja ahora secuestran, extorsionan, roban con armas de asalto y pelean en las calles con el Ejército o las fuerzas de seguridad. Esas pandillas y grupos de jóvenes delincuentes, que son miles, no buscan (ni tienen posibilidades) colocar la droga del otro lado de la frontera: pelean por una esquina, una colonia, una escuela. Cobran derecho de piso o secuestran a todo tipo de personas y se identifican con uno u otro de los grandes cárteles y se matan entre ellos, pero en muchos casos ni siquiera tienen una relación orgánica con las verdaderas empresas criminales.
Y de la misma forma que la lucha contra los grandes cárteles requiere una estrategia global que ataque un comercio globalizado, esa lucha por la seguridad y el control territorial es eminentemente local, depende de las autoridades locales, de su capacidad y voluntad de afrontar se desafío, de contar, como lo dijo Obama, con policías y sistemas de justicia eficientes (y con programas sociales específicos que van más allá de la estrategia de seguridad). Son dos vías, dos combates, dos batallas, dos estrategias distintas y diferentes que deberían tener respuestas específicas a cada una de ellas y que todavía, incluso en cumbres como la de Cartagena, se siguen contemplando como una y la misma. Y por eso no encuentran, no encontramos, una salida.
“La legalización de las drogas no es una opción”, porque podría crear problemas mayores que los actuales tanto en el ámbito de la seguridad como de la salud pública, dijo Barack Obama en la Cumbre de Cartagena. Admitió las responsabilidades de su país pero también sostuvo que no se puede seguir responsabilizando a Estados Unidos de todos los problemas de la región, sobre todo cuando se confrontó en el tema económico y de drogas con la mandataria brasileña Dilma Rousseff. En el tema de las drogas insistió en que los distintos países tienen que contar con estructuras policiacas y de procuración de justicia que funcionen. Y en todo eso tiene razón el mandatario estadunidense. El problema es que cuando se admiten responsabilidades se deben establecer medidas que respondan a esa responsabilidad. Y Estados Unidos en el tema de las drogas no lo está haciendo. Pero además porque no se está realizando un diagnóstico adecuado de la situación.
El combate a las drogas reclama estrategias globales que vayan mucho más allá del intercambio de inteligencia e información (que podría ser infinitamente más eficiente que en la actualidad). Desde hace años se está trabajando en el diseño de vacunas contra diferentes drogas, algunas ya en etapa experimental, que con mayor financiamiento e interés de los gobiernos podrían tener resultados importantísimos. Ya desde hace años, José Luis Santiago Vasconcelos, que ya falleció, había propuesto establecer una suerte de cerco, en el Atlántico y en el Caribe, sobre las costas de Colombia, que dificultara el tránsito de la cocaína (ahora habría que buscar impedir el cada día más creciente tráfico de sustancias para drogas sintéticas que llegan de Asia, sobre todo a México). Estados Unidos tiene tres pendientes clave en todo esto: primero, por supuesto el consumo y las redes locales, que son combatidas con excesiva indulgencia en ese país; segundo, el tráfico de armas que alimenta a los cárteles, sobre todo en México, sin que el gobierno estadunidense haga absolutamente nada para frenarlo: es un dato incontrastable que la violencia ha ido de la mano con la legalización, en 2004, de la venta libre de armas de asalto en Estados Unidos y el Congreso de ese país se ha negado una y otra vez a revisar esa irracional legislación (irracional pero un negocio extraordinario para el lobby de ventas de armas nucleado en torno a la Asociación Nacional del Rifle). Tercero, el lavado de dinero que también nutre a los cárteles que invierten en el sistema financiero de EU, 90% de sus ganancias, sin que tampoco pase nada.
Pero hay un punto en el que Obama tiene toda la razón: en el de creación de fuerzas policiales y de procuración de justicia eficientes. La tiene por muchas razones pero sobre todo por una que no termina de contemplarse: cuando se habla de combate a las drogas y de grandes cárteles y de estrategias globales, se está hablando de un fenómeno. Cuando se analiza la violencia y la inseguridad, como la que vivimos en México o Centroamérica, se está hablando de otro, íntimamente relacionado con el primero, pero diferente.
Los grandes cárteles quieren colocar sus grandes cargamentos de drogas en el mercado, sobre todo en Estados Unidos, y funcionan como empresas globales, pero es verdad que hoy no son tan poderosos como antaño por los golpes que han recibido especialmente en México y Colombia. Lo que hicieron esos cárteles, sobre todo en nuestro país y en Centroamérica, es transformar ese conflicto global en una multitud de infiernos locales: distribuyeron armas y drogas para el consumo interno y los pandilleros que antes asaltaban con un revólver o una navaja ahora secuestran, extorsionan, roban con armas de asalto y pelean en las calles con el Ejército o las fuerzas de seguridad. Esas pandillas y grupos de jóvenes delincuentes, que son miles, no buscan (ni tienen posibilidades) colocar la droga del otro lado de la frontera: pelean por una esquina, una colonia, una escuela. Cobran derecho de piso o secuestran a todo tipo de personas y se identifican con uno u otro de los grandes cárteles y se matan entre ellos, pero en muchos casos ni siquiera tienen una relación orgánica con las verdaderas empresas criminales.
Y de la misma forma que la lucha contra los grandes cárteles requiere una estrategia global que ataque un comercio globalizado, esa lucha por la seguridad y el control territorial es eminentemente local, depende de las autoridades locales, de su capacidad y voluntad de afrontar se desafío, de contar, como lo dijo Obama, con policías y sistemas de justicia eficientes (y con programas sociales específicos que van más allá de la estrategia de seguridad). Son dos vías, dos combates, dos batallas, dos estrategias distintas y diferentes que deberían tener respuestas específicas a cada una de ellas y que todavía, incluso en cumbres como la de Cartagena, se siguen contemplando como una y la misma. Y por eso no encuentran, no encontramos, una salida.
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