Jorge Fernández Menéndez
La captura del presidente municipal de Chinameca, Veracruz, Martín Padua Zúñiga, acompañado por el jefe regional de Los Zetas y un comando de ese grupo criminal, pone de manifiesto, una vez más, el eslabón más débil en el ámbito de la seguridad y en la lógica de concretar una estrategia exitosa en ese terreno.
Son demasiados los presidentes municipales que se encuentran intimidados por los delincuentes, los que se corrompen y son parte de esa estructura criminal, los que son asesinados por intentar hacer cumplir la ley (en muchas ocasiones por sus respectivos policías municipales coludidos a su vez con los criminales). Precisamente por eso es tan importante, aunque el tema haya sido olvidado una vez más por el Congreso, contar con policías con mando único, por lo menos a nivel estatal, que permitan garantizar la seguridad básica de los ciudadanos y que establezcan, aunque sea indirectamente, un marco en el cual puedan y deban operar los alcaldes. Quizás en las grandes ciudades y municipios esa no es una urgencia tan determinante, pero en la mayor parte del país, hasta que no se adopten, formalmente o de facto, esas medidas, la ciudadanía quedará en la indefensión.
El tema tiene relación, además, con un enfoque que ya hemos abordado en otras oportunidades. La violencia y la inseguridad que vivimos deviene sobre todo de las luchas por el control local: la extorsión, el chantaje, el robo. En ocasiones por la protección de otras actividades criminales. Y eso debe ser combatido por las fuerzas de seguridad locales, por las policías de los estados y las municipales. En ese sentido debe hacerse el principal replanteamiento de las políticas de seguridad. Y decimos de las políticas y no de las estrategias, porque todo eso está planteado en las estrategias actuales, propuestas que no se terminan de implementar, como el nuevo modelo de policía con mando único o la reforma al sistema de justicia penal, por diferencias o falta de operación política.
Lo que acaba de hacer la administración de Obama y que anunció en su nueva Estrategia de la política del siglo XXI para el control de drogas, me parece muy ilustrativo al respecto. Esa nueva estrategia, que en los hechos pone fin dentro (no fuera) de las fronteras de Estados Unidos (y ese es un aspecto clave para entender lo que se está planteando), la llamada guerra contra las drogas que inició Richard Nixon y reafirmaron Ronald Reagan y George Bush Jr., se basa en tres consideraciones: primero, dice el documento, la adicción es una enfermedad que puede tener tratamiento; segundo, las personas que sufren desórdenes a causa del consumo de drogas pueden recuperarse, y, tercero, “deben implementarse innovadoras intervenciones en la salud y la seguridad para tratar de manera justa y efectiva los desórdenes por el consumo de sustancias y el crimen relacionado con las drogas”.
La nueva estrategia, como lo dijo el fin de semana Obama en Cartagena de Indias, no parte de la legalización, pero se centra en la atención de adictos por medios de recuperación, sin enviar a prisión a los consumidores “no violentos”, “mejorando la seguridad pública, apuntando hacia las violentas organizaciones criminales transnacionales y expandiendo los ya existentes esfuerzos sin precedentes para asegurar la frontera suroeste (o sea nuestra frontera norte) y constituyendo alianzas internacionales”. No es muy difícil entender que, basados en el control local del tema de drogas, plantean pasar de una política de represión a una de prevención en el terreno interno. Sin embargo, para eso necesitan tener reforzadas sus fronteras y seguir combatiendo la oferta que proviene del exterior (paradójicamente, la oferta interna, por ejemplo la de la mariguana, no parece concitar demasiada atención).
El hecho es que Estados Unidos ha decidido avanzar en las salidas médicas y de prevención dentro de su territorio, establecer medidas policiales y de seguridad que vayan en consonancia con lo anterior (alguna vez un alto funcionario estadunidense nos dijo que esa era una política “de contención”), fortalecer la seguridad para la entrada de drogas en su frontera sur y seguir combatiendo, fuera de sus fronteras, a las organizaciones transnacionales. Lo que quieren con todo eso es reducir la demanda. Y, según las cifras oficiales, lo están logrando.
Pero si analizamos el documento completo, se esté o no de acuerdo con las políticas propuestas, veremos que toda la estrategia se basa en los esfuerzos locales: desde las redes de prevención hasta las medidas de seguridad, incluso hasta los márgenes de legalización o no (eso no lo dice el documento) que se establecen. El Estado, el gobierno federal, se encarga de las grandes políticas de seguridad, del combate transnacional, del fortalecimiento de la frontera, de garantizar que se tengan a disposición los instrumentos médicos novedosos, como las llamadas vacunas, para los tratamientos. Un viejo político estadunidense, Newt Gingrich, decía que todo el poder es local. Y creo que tenía razón.
La captura del presidente municipal de Chinameca, Veracruz, Martín Padua Zúñiga, acompañado por el jefe regional de Los Zetas y un comando de ese grupo criminal, pone de manifiesto, una vez más, el eslabón más débil en el ámbito de la seguridad y en la lógica de concretar una estrategia exitosa en ese terreno.
Son demasiados los presidentes municipales que se encuentran intimidados por los delincuentes, los que se corrompen y son parte de esa estructura criminal, los que son asesinados por intentar hacer cumplir la ley (en muchas ocasiones por sus respectivos policías municipales coludidos a su vez con los criminales). Precisamente por eso es tan importante, aunque el tema haya sido olvidado una vez más por el Congreso, contar con policías con mando único, por lo menos a nivel estatal, que permitan garantizar la seguridad básica de los ciudadanos y que establezcan, aunque sea indirectamente, un marco en el cual puedan y deban operar los alcaldes. Quizás en las grandes ciudades y municipios esa no es una urgencia tan determinante, pero en la mayor parte del país, hasta que no se adopten, formalmente o de facto, esas medidas, la ciudadanía quedará en la indefensión.
El tema tiene relación, además, con un enfoque que ya hemos abordado en otras oportunidades. La violencia y la inseguridad que vivimos deviene sobre todo de las luchas por el control local: la extorsión, el chantaje, el robo. En ocasiones por la protección de otras actividades criminales. Y eso debe ser combatido por las fuerzas de seguridad locales, por las policías de los estados y las municipales. En ese sentido debe hacerse el principal replanteamiento de las políticas de seguridad. Y decimos de las políticas y no de las estrategias, porque todo eso está planteado en las estrategias actuales, propuestas que no se terminan de implementar, como el nuevo modelo de policía con mando único o la reforma al sistema de justicia penal, por diferencias o falta de operación política.
Lo que acaba de hacer la administración de Obama y que anunció en su nueva Estrategia de la política del siglo XXI para el control de drogas, me parece muy ilustrativo al respecto. Esa nueva estrategia, que en los hechos pone fin dentro (no fuera) de las fronteras de Estados Unidos (y ese es un aspecto clave para entender lo que se está planteando), la llamada guerra contra las drogas que inició Richard Nixon y reafirmaron Ronald Reagan y George Bush Jr., se basa en tres consideraciones: primero, dice el documento, la adicción es una enfermedad que puede tener tratamiento; segundo, las personas que sufren desórdenes a causa del consumo de drogas pueden recuperarse, y, tercero, “deben implementarse innovadoras intervenciones en la salud y la seguridad para tratar de manera justa y efectiva los desórdenes por el consumo de sustancias y el crimen relacionado con las drogas”.
La nueva estrategia, como lo dijo el fin de semana Obama en Cartagena de Indias, no parte de la legalización, pero se centra en la atención de adictos por medios de recuperación, sin enviar a prisión a los consumidores “no violentos”, “mejorando la seguridad pública, apuntando hacia las violentas organizaciones criminales transnacionales y expandiendo los ya existentes esfuerzos sin precedentes para asegurar la frontera suroeste (o sea nuestra frontera norte) y constituyendo alianzas internacionales”. No es muy difícil entender que, basados en el control local del tema de drogas, plantean pasar de una política de represión a una de prevención en el terreno interno. Sin embargo, para eso necesitan tener reforzadas sus fronteras y seguir combatiendo la oferta que proviene del exterior (paradójicamente, la oferta interna, por ejemplo la de la mariguana, no parece concitar demasiada atención).
El hecho es que Estados Unidos ha decidido avanzar en las salidas médicas y de prevención dentro de su territorio, establecer medidas policiales y de seguridad que vayan en consonancia con lo anterior (alguna vez un alto funcionario estadunidense nos dijo que esa era una política “de contención”), fortalecer la seguridad para la entrada de drogas en su frontera sur y seguir combatiendo, fuera de sus fronteras, a las organizaciones transnacionales. Lo que quieren con todo eso es reducir la demanda. Y, según las cifras oficiales, lo están logrando.
Pero si analizamos el documento completo, se esté o no de acuerdo con las políticas propuestas, veremos que toda la estrategia se basa en los esfuerzos locales: desde las redes de prevención hasta las medidas de seguridad, incluso hasta los márgenes de legalización o no (eso no lo dice el documento) que se establecen. El Estado, el gobierno federal, se encarga de las grandes políticas de seguridad, del combate transnacional, del fortalecimiento de la frontera, de garantizar que se tengan a disposición los instrumentos médicos novedosos, como las llamadas vacunas, para los tratamientos. Un viejo político estadunidense, Newt Gingrich, decía que todo el poder es local. Y creo que tenía razón.
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