Excedentes: 875 mil millones
PAN y PRI: 30 años perdidos
Carlos Fernández-Vega / México SA
El pasado sábado se aplicó el cuarto gasolinazo del año. Cuatro alzas en cuatro meses de 2012, y el responsable de tal acción, el gobierno federal, insiste en que la medida no es contraria a los bolsillos de los mexicanos, pues en el peor de los casos, dice, sólo afecta mínimamente a quienes poseen un vehículo automotor. Lo mismo arguye en el caso de las tarifas eléctricas, las cuales, según la versión oficial, son competitivas y se incrementan a la par de la inflación, no más.
Pues bien, discurso oficial aparte, qué tan cierto es que el constante incremento en precios y tarifas de los energéticos no tiene la menor importancia (Arturo de Córdova dixit). El Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, analizó el tema y entre sus conclusiones destaca que el encarecimiento de la energía y de los combustibles ha impactado la vida de las personas y la actividad empresarial, pues el incremento en el precio del diesel, gasolina, combustóleo, electricidad para uso residencial e industrial ha mermado la capacidad de recuperación económica de México, lo que también afecta la posibilidad de elevar el bienestar social del país.
Cita como ejemplo el sobrecobro de energía eléctrica estimado por algunos industriales: más de 170 mil millones de pesos durante los últimos cinco años. Lo anterior representa más de 1.2 por ciento del producto interno bruto, que traducido en inversión productiva, la que genera riqueza y empleo formal, pudo impulsar en 2 puntos porcentuales el crecimiento económico nacional. La creación de 250 mil empleos adicionales debió ser la consecuencia de no incurrir en el error de intentar aumentar los ingresos públicos mediante aumentos al precio de los derivados del petróleo y de la energía eléctrica.
El efecto negativo se registra en actividades esenciales como la agricultura, donde los incrementos promedio del precio de energía eléctrica para el bombeo de agua rebasa el 100 por ciento entre 2006 y 2011 (periodo en el que la inflación oficial fue de 24.09 por ciento). Cuando se toma en cuenta que justamente unos de los problemas graves que reporta el país es el aumento de la pobreza alimentaria, la elevación de los precios de los alimentos, la sequía y con ello la limitación en la capacidad de producción del sector agropecuario mexicano, no es claro por qué se decide mantener aumentos de esa magnitud en los cobros de la electricidad.
Una razón que podría argumentar el gobierno federal, apunta el CIEN, es que el sector público necesita mayores recursos financieros para saldar sus deudas o para hacer frente a su gasto. No obstante, cuando se revisan las cifras de los ingresos programados contra los reales que el gobierno alcanzó durante los últimos cinco años, lo que se documenta es que prácticamente en todos ha obtenido excedentes a los originalmente aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación. Tan sólo en 2011 tales excedentes superaron los 214 mil millones de pesos, y durante los últimos cinco años acumulan más de 875 mil millones de pesos.
Lo anterior representa un elevado costo de oportunidad: mientras el gobierno acumula ingresos excedentes, el sector privado debe pagar precios cada día más elevados en electricidad y combustibles. De manera interesante, esto también lleva a cuestionar si el esquema de generación de energía eléctrica basado en cada vez mayores concesiones a extranjeros es el adecuado, fundamentalmente porque no repercute en menores precios finales para los usuarios. La transformación de la Comisión Federal de Electricidad de generadora a simple distribuidora de energía no es en beneficio de menores costos para la actividad productiva nacional, y debe revisarse cuál es la razón.
La situación en Pemex no es distinta, pues el incremento del presupuesto en infraestructura no necesariamente ha implicado menores precios de los derivados del petróleo. Y la razón es simple: México no produce sus propios combustibles, y los importa a precios internacionales. De poco sirve que el costo de extracción del barril petrolero oscile entre 5 y 9 dólares por barril y que en estos momentos se venda al extranjero en 100 dólares, cuando regresa a nuestro país en forma de gasolina, turbosina, productos químicos y aceites a precios que eliminan los beneficios iniciales de la exportación. Por ello, debe revisarse el esquema fiscal al que es sometida la paraestatal y el enorme gasto en servicios personales de la CFE y del propio Pemex (más de 116 mil millones de pesos en 2012), al tiempo que se establece al sector energético como la columna vertebral del crecimiento económico y el desarrollo social.
En los primeros cinco años del sexenio, el incremento al precio de los energéticos ha sido constante. Dichos aumentos presionan fuertemente para que los productores eleven sus precios, lo que afecta su competitividad y productividad, fundamentalmente por el rol que tienen los hidrocarburos en el eslabonamiento de la cadena productiva. Si bien la inflación en la gasolina se moderó como consecuencia de la crisis de 2009, una vez que la recuperación se hizo notar también lo hicieron los continuos incrementos en los precios de la misma, que perjudican a la población en general y acentúan la problemática social, pues afectan en mayor medida a la población con menores percepciones económicas. En este sentido, el poder adquisitivo de la población se ve socavado como consecuencia de la evolución en los precios de la electricidad e hidrocarburos.
Las rebanadas del pastel
Dice el inquilino de Los Pinos que no hay que darle vueltas, porque la alternativa no es la estatización, sino la apertura, la competencia, el comercio, la libertad, la empresa, la propiedad (privada, desde luego); no son enunciados teóricos, sino resultados prácticos. Pues bien, que alguien sea tan gentil de informarle al susodicho que México ha transitado por esa ruta a lo largo de cinco gobiernos neoliberales al hilo, y los resultados prácticos han sido desastrosos: raquitismo económico (tasa anual promedio de crecimiento de 2 por ciento, cuando se requiere 6 por ciento, por lo menos), acelerada depauperación (60 millones de pobres, de los cuales 15 millones son producto del calderonato); salarios miserables y creciente pérdida de poder adquisitivo; espeluznante concentración del ingreso y la riqueza; corrupción galopante e índices de bienestar por los suelos, entre otras gracias, y ninguno de los citados es un enunciado teórico. Entonces, dar vueltas a la noria es precisamente lo que ha hecho el gobierno mexicano a lo largo de tres décadas… Tiene razón Enrique Peña Nieto cuando dice que México perdió 12 años con el PAN en Los Pinos. Sólo olvidó mencionar los otros 18 del PRI neoliberal.
PAN y PRI: 30 años perdidos
Carlos Fernández-Vega / México SA
El pasado sábado se aplicó el cuarto gasolinazo del año. Cuatro alzas en cuatro meses de 2012, y el responsable de tal acción, el gobierno federal, insiste en que la medida no es contraria a los bolsillos de los mexicanos, pues en el peor de los casos, dice, sólo afecta mínimamente a quienes poseen un vehículo automotor. Lo mismo arguye en el caso de las tarifas eléctricas, las cuales, según la versión oficial, son competitivas y se incrementan a la par de la inflación, no más.
Pues bien, discurso oficial aparte, qué tan cierto es que el constante incremento en precios y tarifas de los energéticos no tiene la menor importancia (Arturo de Córdova dixit). El Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, analizó el tema y entre sus conclusiones destaca que el encarecimiento de la energía y de los combustibles ha impactado la vida de las personas y la actividad empresarial, pues el incremento en el precio del diesel, gasolina, combustóleo, electricidad para uso residencial e industrial ha mermado la capacidad de recuperación económica de México, lo que también afecta la posibilidad de elevar el bienestar social del país.
Cita como ejemplo el sobrecobro de energía eléctrica estimado por algunos industriales: más de 170 mil millones de pesos durante los últimos cinco años. Lo anterior representa más de 1.2 por ciento del producto interno bruto, que traducido en inversión productiva, la que genera riqueza y empleo formal, pudo impulsar en 2 puntos porcentuales el crecimiento económico nacional. La creación de 250 mil empleos adicionales debió ser la consecuencia de no incurrir en el error de intentar aumentar los ingresos públicos mediante aumentos al precio de los derivados del petróleo y de la energía eléctrica.
El efecto negativo se registra en actividades esenciales como la agricultura, donde los incrementos promedio del precio de energía eléctrica para el bombeo de agua rebasa el 100 por ciento entre 2006 y 2011 (periodo en el que la inflación oficial fue de 24.09 por ciento). Cuando se toma en cuenta que justamente unos de los problemas graves que reporta el país es el aumento de la pobreza alimentaria, la elevación de los precios de los alimentos, la sequía y con ello la limitación en la capacidad de producción del sector agropecuario mexicano, no es claro por qué se decide mantener aumentos de esa magnitud en los cobros de la electricidad.
Una razón que podría argumentar el gobierno federal, apunta el CIEN, es que el sector público necesita mayores recursos financieros para saldar sus deudas o para hacer frente a su gasto. No obstante, cuando se revisan las cifras de los ingresos programados contra los reales que el gobierno alcanzó durante los últimos cinco años, lo que se documenta es que prácticamente en todos ha obtenido excedentes a los originalmente aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación. Tan sólo en 2011 tales excedentes superaron los 214 mil millones de pesos, y durante los últimos cinco años acumulan más de 875 mil millones de pesos.
Lo anterior representa un elevado costo de oportunidad: mientras el gobierno acumula ingresos excedentes, el sector privado debe pagar precios cada día más elevados en electricidad y combustibles. De manera interesante, esto también lleva a cuestionar si el esquema de generación de energía eléctrica basado en cada vez mayores concesiones a extranjeros es el adecuado, fundamentalmente porque no repercute en menores precios finales para los usuarios. La transformación de la Comisión Federal de Electricidad de generadora a simple distribuidora de energía no es en beneficio de menores costos para la actividad productiva nacional, y debe revisarse cuál es la razón.
La situación en Pemex no es distinta, pues el incremento del presupuesto en infraestructura no necesariamente ha implicado menores precios de los derivados del petróleo. Y la razón es simple: México no produce sus propios combustibles, y los importa a precios internacionales. De poco sirve que el costo de extracción del barril petrolero oscile entre 5 y 9 dólares por barril y que en estos momentos se venda al extranjero en 100 dólares, cuando regresa a nuestro país en forma de gasolina, turbosina, productos químicos y aceites a precios que eliminan los beneficios iniciales de la exportación. Por ello, debe revisarse el esquema fiscal al que es sometida la paraestatal y el enorme gasto en servicios personales de la CFE y del propio Pemex (más de 116 mil millones de pesos en 2012), al tiempo que se establece al sector energético como la columna vertebral del crecimiento económico y el desarrollo social.
En los primeros cinco años del sexenio, el incremento al precio de los energéticos ha sido constante. Dichos aumentos presionan fuertemente para que los productores eleven sus precios, lo que afecta su competitividad y productividad, fundamentalmente por el rol que tienen los hidrocarburos en el eslabonamiento de la cadena productiva. Si bien la inflación en la gasolina se moderó como consecuencia de la crisis de 2009, una vez que la recuperación se hizo notar también lo hicieron los continuos incrementos en los precios de la misma, que perjudican a la población en general y acentúan la problemática social, pues afectan en mayor medida a la población con menores percepciones económicas. En este sentido, el poder adquisitivo de la población se ve socavado como consecuencia de la evolución en los precios de la electricidad e hidrocarburos.
Las rebanadas del pastel
Dice el inquilino de Los Pinos que no hay que darle vueltas, porque la alternativa no es la estatización, sino la apertura, la competencia, el comercio, la libertad, la empresa, la propiedad (privada, desde luego); no son enunciados teóricos, sino resultados prácticos. Pues bien, que alguien sea tan gentil de informarle al susodicho que México ha transitado por esa ruta a lo largo de cinco gobiernos neoliberales al hilo, y los resultados prácticos han sido desastrosos: raquitismo económico (tasa anual promedio de crecimiento de 2 por ciento, cuando se requiere 6 por ciento, por lo menos), acelerada depauperación (60 millones de pobres, de los cuales 15 millones son producto del calderonato); salarios miserables y creciente pérdida de poder adquisitivo; espeluznante concentración del ingreso y la riqueza; corrupción galopante e índices de bienestar por los suelos, entre otras gracias, y ninguno de los citados es un enunciado teórico. Entonces, dar vueltas a la noria es precisamente lo que ha hecho el gobierno mexicano a lo largo de tres décadas… Tiene razón Enrique Peña Nieto cuando dice que México perdió 12 años con el PAN en Los Pinos. Sólo olvidó mencionar los otros 18 del PRI neoliberal.
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