Roberto Garduño
La Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados concluye en un estudio que el presupuesto público federal ejercido por el Instituto Federal Electoral (IFE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en los pasados 12 años, se eleva a 134 mil 858 millones de pesos.
De tal cifra, el IFE ha gastado 116 mil 160 millones de pesos, el tribunal electoral 17 mil 457 y la Fepade mil 241 millones. La Cámara de Diputados señala que en caso de una participación mayor a 60 por ciento de la lista nominal de electores, el costo de cada voto sería de 318 pesos y el promedio por ciudadano que decida abstenerse alcanzará los 556.
La responsabilidad de los procesos electorales federales en México recae en los tres organismos mencionados. El IFE organiza las elecciones, el TEPJF es la última instancia en materia de impugnaciones y la Fepade sanciona la posible comisión de delitos durante la jornada electoral.
Durante el periodo 2000-2012 se habrán erogado en el país por actividades electorales 134 mil 858 millones de pesos.. Tan sólo este año se aprobaron para estos tres organismos 17 mil 452 millones. El presupuesto público federal en materia electoral tiene una tendencia cíclica; crece significativamente durante los años en que se realizan comicios federales.
Similitudes en 2003 y 2006
El estudio elaborado en la Cámara de Diputados refiere que en los años 2003 y 2006 el gasto público para los procesos electorales federales fue casi idéntico. Este comportamiento se explica porque en el código electoral vigente hasta 2007, no se diferenciaba entre los cargos que se elegían y el financiamiento público de los partidos políticos nacionales para actividades ordinarias y extraordinarias.
Con la reforma de 2008 el gasto público para los procesos electorales federales ya no fue equivalente y fue posible diferenciar entre los cargos que se eligen y el financiamiento público de los partidos políticos nacionales para actividades ordinarias y extraordinarias.
Así, en el proceso electoral federal de 2012, en el hipotético escenario de que vote 60 por ciento de quienes conforman la lista nominal, el costo promedio por voto sería de 318.2 pesos y el de cada abstención ascendería a 556.9.
Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto para actividades electorales por 17 mil 452 millones, de los cuales al IFE se le asignaron 14 mil 953 millones, al tribunal electoral 2 mil 369 y a la Fepade 129 millones. En términos de participación, durante el periodo señalado el IFE concentró 86.13 por ciento de los recursos públicos federales totales asignados para las actividades electorales, el TEPJF 12.94 y la Fepade 0.92. Del análisis del gasto público federal para las actividades electorales se obtienen las siguientes inferencias:
“(El gasto) es significativamente alto en los años en que se realizaron elecciones federales para elegir presidente y cuando se renueva la totalidad de los miembros que conforman ambas cámaras del Congreso de la Unión (2000, 2006 y 2012).
“En los años 2003 y 2006 el gasto público para los procesos electorales federales fue casi idéntico; este comportamiento se explica porque en el código electoral vigente hasta 2007 no se diferenciaba entre los cargos que se elegían y el financiamiento público de los partidos políticos nacionales para actividades ordinarias y extraordinarias.
“En ambos procesos electorales por cada peso que se asignaba para la primera actividad se destinaba otro para los gastos de campaña, sin distinguir que en 2003 sólo se renovó la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados, y en 2006 se eligieron al titular de Ejecutivo federal y a todos los miembros que integran ambas cámaras.
En 2009 y 2012 el gasto para los procesos federales no es equivalente, porque entró en vigor la reforma de 2008, y tuvo como uno de sus ejes diferenciar entre los cargos que se eligen y el monto del financiamiento otorgado a los partidos por tipo de actividad. En los procesos donde se elige a la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados, se otorga un financiamiento para gastos de campaña equivalente a 30 por ciento de los recursos públicos para actividades ordinarias, y cuando se elige al titular de Ejecutivo federal y a todos los miembros que integran ambas cámaras el financiamiento por actividades extraordinarias sube 50 por ciento.
La Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados concluye en un estudio que el presupuesto público federal ejercido por el Instituto Federal Electoral (IFE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en los pasados 12 años, se eleva a 134 mil 858 millones de pesos.
De tal cifra, el IFE ha gastado 116 mil 160 millones de pesos, el tribunal electoral 17 mil 457 y la Fepade mil 241 millones. La Cámara de Diputados señala que en caso de una participación mayor a 60 por ciento de la lista nominal de electores, el costo de cada voto sería de 318 pesos y el promedio por ciudadano que decida abstenerse alcanzará los 556.
La responsabilidad de los procesos electorales federales en México recae en los tres organismos mencionados. El IFE organiza las elecciones, el TEPJF es la última instancia en materia de impugnaciones y la Fepade sanciona la posible comisión de delitos durante la jornada electoral.
Durante el periodo 2000-2012 se habrán erogado en el país por actividades electorales 134 mil 858 millones de pesos.. Tan sólo este año se aprobaron para estos tres organismos 17 mil 452 millones. El presupuesto público federal en materia electoral tiene una tendencia cíclica; crece significativamente durante los años en que se realizan comicios federales.
Similitudes en 2003 y 2006
El estudio elaborado en la Cámara de Diputados refiere que en los años 2003 y 2006 el gasto público para los procesos electorales federales fue casi idéntico. Este comportamiento se explica porque en el código electoral vigente hasta 2007, no se diferenciaba entre los cargos que se elegían y el financiamiento público de los partidos políticos nacionales para actividades ordinarias y extraordinarias.
Con la reforma de 2008 el gasto público para los procesos electorales federales ya no fue equivalente y fue posible diferenciar entre los cargos que se eligen y el financiamiento público de los partidos políticos nacionales para actividades ordinarias y extraordinarias.
Así, en el proceso electoral federal de 2012, en el hipotético escenario de que vote 60 por ciento de quienes conforman la lista nominal, el costo promedio por voto sería de 318.2 pesos y el de cada abstención ascendería a 556.9.
Para el ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto para actividades electorales por 17 mil 452 millones, de los cuales al IFE se le asignaron 14 mil 953 millones, al tribunal electoral 2 mil 369 y a la Fepade 129 millones. En términos de participación, durante el periodo señalado el IFE concentró 86.13 por ciento de los recursos públicos federales totales asignados para las actividades electorales, el TEPJF 12.94 y la Fepade 0.92. Del análisis del gasto público federal para las actividades electorales se obtienen las siguientes inferencias:
“(El gasto) es significativamente alto en los años en que se realizaron elecciones federales para elegir presidente y cuando se renueva la totalidad de los miembros que conforman ambas cámaras del Congreso de la Unión (2000, 2006 y 2012).
“En los años 2003 y 2006 el gasto público para los procesos electorales federales fue casi idéntico; este comportamiento se explica porque en el código electoral vigente hasta 2007 no se diferenciaba entre los cargos que se elegían y el financiamiento público de los partidos políticos nacionales para actividades ordinarias y extraordinarias.
“En ambos procesos electorales por cada peso que se asignaba para la primera actividad se destinaba otro para los gastos de campaña, sin distinguir que en 2003 sólo se renovó la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados, y en 2006 se eligieron al titular de Ejecutivo federal y a todos los miembros que integran ambas cámaras.
En 2009 y 2012 el gasto para los procesos federales no es equivalente, porque entró en vigor la reforma de 2008, y tuvo como uno de sus ejes diferenciar entre los cargos que se eligen y el monto del financiamiento otorgado a los partidos por tipo de actividad. En los procesos donde se elige a la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados, se otorga un financiamiento para gastos de campaña equivalente a 30 por ciento de los recursos públicos para actividades ordinarias, y cuando se elige al titular de Ejecutivo federal y a todos los miembros que integran ambas cámaras el financiamiento por actividades extraordinarias sube 50 por ciento.
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