Francisco Rodriguez / Índice Político
La sabiduría popular siempre se da vuelo en cuestiones políticas. Mofarse de quienes usan y abusan del poder para su propio provecho pareciera ser un mecanismo de (inútil) defensa. Así, el refranero popular sentencia que “las leyes se hicieron para ser burladas”. También se escucha que, ante las instancias de procuración de justicia encargadas de investigar delitos sexuales, lo que menos se denuncia es que “la más violada es la Constitución”.
Lo peor de todo es que, quienes elaboran las leyes, emiten decretos o llegan a acuerdos son los primeros en violentarlos. Esto es los legisladores, los funcionarios públicos, todos quienes usufructúan el poder.
Un botón de muestra: Con fecha 29 de noviembre de 2006 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la asignación del servicio de seguridad personal para ex servidores públicos de la administración pública de la capital nacional.
Dicho acuerdo fue signado por el entonces Jefe de Gobierno del DF Alejandro Encinas Rodríguez y establece que, por la naturaleza de sus funciones, los servidores públicos de mandos superiores que hayan prestado su servicio como mínimo durante un año en actividades de procuración de justicia y seguridad pública, entre otros beneficios, contaran con la protección y seguridad institucional.
En los puntos sexto y séptimo del acuerdo en cuestión se establece que el servicio que se preste a los ex servidores públicos será por cuatro años contados a partir de la terminación de su encargo y que su escolta se compondrá de hasta 8 elementos por turno, contando para su servicio con armas de fuego y vehículos.
Pero sucede que el candidato a Jefe de Gobierno del Distrito Federal de la denominada izquierda y ex procurador general de Justicia de Marcelo Ebrard –ratificado por Felipe Calderón– Miguel Ángel Mancera Espinosa, así como el actual procurador Jesús Rodríguez Almeida, no obstante conocer el contenido del multicitado acuerdo –y con la tolerancia del Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard– lo violentan a placer, debiendo ser los primeros obligados a cumplirlo.
Documentos en poder de este escribidor comprueban que Miguel Ángel Mancera tiene asignados para su protección no “los hasta ocho elementos” que establece el acuerdo, ¡sino 23!, a los que habría que agregar a aquellos que tienen encomendada la seguridad de su esposa, hijos, su mamá y amigas varias.
Mancera también utiliza para su campaña cuatro vehículos adquiridos por los contribuyentes del DF: una camioneta Honda blindada, placas 690-WCC, una camioneta Durango negra, matrícula 190-SWT, una camioneta BMW X5, placas 280-WCW, una camioneta Voyager, con placas 102-YBP… y tres motos, marca Suzuki.
Sus familiares tienen para sus traslados una camioneta Yukón blindada, placas 997-WXB y 2 Avenger placas 169-XZA y 753-XLA.
Todo eso, vale reiterar, los 23 elementos de seguridad y los automóviles, pagados y adquiridos con dineros públicos. Los de usted y los míos. Los de todos quienes vivimos y contribuimos al erario del Distrito Federal.
Además de lo anterior Mancera tiene comisionados, para sus labores de campaña, a un grupo de ex colaboradores administrativos que siguen cobrando en la Procuraduría, contando también con recursos materiales a placer para sus actividades de proselitismo.
Lo anterior, pues, no es más que una muestra de cómo se violenta la legalidad y el orden jurídico por los mismísimos funcionarios y ex funcionarios del Distrito Federal, cuando debieran ser los primeros en cumplir con la ley.
Imagínese usted, amable lector, si esto es ahora, ¿qué nos espera a partir de diciembre de este sufrido 2012, si Mancera ocupa la Jefatura de Gobierno?
Índice flamígero: Otra prueba del cinismo con el que los funcionarios del GDF transgreden las normas que ellos mismos emiten es el caso del ex Procurador Bernardo Bátiz, quien concluyo su encargo en diciembre del 2006 y seis años después sigue gozando de la asignación de escoltas y vehículos violentando lo que establece el punto sexto del acuerdo en cuestión. El argumento para esta violación es su cercanía con el titular del Gobierno del DF, Marcelo Ebrard. + + + Arrancó este fin de semana la contienda por la gubernatura morelense. El candidato priísta Amado Orihuela salió a la pista con 14 puntos de ventaja, de acuerdo a tres casas encuestadoras. + + + Y si a Felipe Calderón ya nada más le restan 229 días en Los Pinos, ¡a Marcelo Ebrard todavía le quedan 234 en el Palacio del Ayuntamiento!
La sabiduría popular siempre se da vuelo en cuestiones políticas. Mofarse de quienes usan y abusan del poder para su propio provecho pareciera ser un mecanismo de (inútil) defensa. Así, el refranero popular sentencia que “las leyes se hicieron para ser burladas”. También se escucha que, ante las instancias de procuración de justicia encargadas de investigar delitos sexuales, lo que menos se denuncia es que “la más violada es la Constitución”.
Lo peor de todo es que, quienes elaboran las leyes, emiten decretos o llegan a acuerdos son los primeros en violentarlos. Esto es los legisladores, los funcionarios públicos, todos quienes usufructúan el poder.
Un botón de muestra: Con fecha 29 de noviembre de 2006 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la asignación del servicio de seguridad personal para ex servidores públicos de la administración pública de la capital nacional.
Dicho acuerdo fue signado por el entonces Jefe de Gobierno del DF Alejandro Encinas Rodríguez y establece que, por la naturaleza de sus funciones, los servidores públicos de mandos superiores que hayan prestado su servicio como mínimo durante un año en actividades de procuración de justicia y seguridad pública, entre otros beneficios, contaran con la protección y seguridad institucional.
En los puntos sexto y séptimo del acuerdo en cuestión se establece que el servicio que se preste a los ex servidores públicos será por cuatro años contados a partir de la terminación de su encargo y que su escolta se compondrá de hasta 8 elementos por turno, contando para su servicio con armas de fuego y vehículos.
Pero sucede que el candidato a Jefe de Gobierno del Distrito Federal de la denominada izquierda y ex procurador general de Justicia de Marcelo Ebrard –ratificado por Felipe Calderón– Miguel Ángel Mancera Espinosa, así como el actual procurador Jesús Rodríguez Almeida, no obstante conocer el contenido del multicitado acuerdo –y con la tolerancia del Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard– lo violentan a placer, debiendo ser los primeros obligados a cumplirlo.
Documentos en poder de este escribidor comprueban que Miguel Ángel Mancera tiene asignados para su protección no “los hasta ocho elementos” que establece el acuerdo, ¡sino 23!, a los que habría que agregar a aquellos que tienen encomendada la seguridad de su esposa, hijos, su mamá y amigas varias.
Mancera también utiliza para su campaña cuatro vehículos adquiridos por los contribuyentes del DF: una camioneta Honda blindada, placas 690-WCC, una camioneta Durango negra, matrícula 190-SWT, una camioneta BMW X5, placas 280-WCW, una camioneta Voyager, con placas 102-YBP… y tres motos, marca Suzuki.
Sus familiares tienen para sus traslados una camioneta Yukón blindada, placas 997-WXB y 2 Avenger placas 169-XZA y 753-XLA.
Todo eso, vale reiterar, los 23 elementos de seguridad y los automóviles, pagados y adquiridos con dineros públicos. Los de usted y los míos. Los de todos quienes vivimos y contribuimos al erario del Distrito Federal.
Además de lo anterior Mancera tiene comisionados, para sus labores de campaña, a un grupo de ex colaboradores administrativos que siguen cobrando en la Procuraduría, contando también con recursos materiales a placer para sus actividades de proselitismo.
Lo anterior, pues, no es más que una muestra de cómo se violenta la legalidad y el orden jurídico por los mismísimos funcionarios y ex funcionarios del Distrito Federal, cuando debieran ser los primeros en cumplir con la ley.
Imagínese usted, amable lector, si esto es ahora, ¿qué nos espera a partir de diciembre de este sufrido 2012, si Mancera ocupa la Jefatura de Gobierno?
Índice flamígero: Otra prueba del cinismo con el que los funcionarios del GDF transgreden las normas que ellos mismos emiten es el caso del ex Procurador Bernardo Bátiz, quien concluyo su encargo en diciembre del 2006 y seis años después sigue gozando de la asignación de escoltas y vehículos violentando lo que establece el punto sexto del acuerdo en cuestión. El argumento para esta violación es su cercanía con el titular del Gobierno del DF, Marcelo Ebrard. + + + Arrancó este fin de semana la contienda por la gubernatura morelense. El candidato priísta Amado Orihuela salió a la pista con 14 puntos de ventaja, de acuerdo a tres casas encuestadoras. + + + Y si a Felipe Calderón ya nada más le restan 229 días en Los Pinos, ¡a Marcelo Ebrard todavía le quedan 234 en el Palacio del Ayuntamiento!
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