Pedro Miguel / Navegaciones
Ahora nos enteramos, en las páginas de The New York Times, que Wal-Mart soborna a funcionarios de nuestro país para que le permitan hacer lo que le dé la gana en territorio nacional. Antes, gracias a la realización de audiencias legislativas en Estados Unidos, pudimos saber que la DEA lavó dinero para un cártel mexicano y que ATF suministró armamento a la delincuencia organizada. El año antepasado se dieron a conocer documentos judiciales del país vecino del norte que revelaban la existencia de una corrupción de clase mundial en el seno de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que involucraba a altos directivos de esa paraestatal. Por norma, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y otras instancias nacionales encargadas de procurar justicia, de combatir la corrupción y fiscalizar a los funcionarios, se enteran de esos y de otros escándalos por los medios, se desperezan, se frotan los ojos, anuncian que van a hacer algo y de vez en cuando redactan un oficio o hasta inician una averiguación previa.
Desde luego, hay otras formas de destruir, por acción o por omisión, la soberanía nacional en materia de procuración e impartición de justicia. El caso de Florence Cassez salió del ámbito de los tribunales nacionales gracias a las payasadas mediáticas de Genaro García Luna. Muchos activistas sociales, defensores de derechos humanos o simples víctimas del atropello y la prepotencia han debido hallar justicia en instancias internacionales. Por lo demás, estos últimos desgobiernos federales han tenido el gatillo fácil en materia de extradiciones. Hoy hasta parece normal que un presunto delincuente mexicano, que cometió supuestos delitos en territorio nacional, sea automáticamente arrojado al norte del Río Bravo en extradición exprés. Los gobernantes han tenido incluso el descaro de justificar tales actos argumentando que las cárceles del país, administradas por ellos, carecen de las condiciones de seguridad adecuadas, o que, como hay mucha corrupción, no vaya a ser que el preso se escape. Y por si no faltara, Felipe Calderón suele desahogar la frustración por los fracasos de sus policías y fiscales con exabruptos berlusconianos orientados a descalificar a los jueces y al poder judicial en su conjunto. Yo detengo a los delincuentes pero los jueces los dejan libres, ha dicho Calderón varias veces, sin mencionar que en muchos de esos casos no había pruebas suficientes para sentenciar a los acusados, o ni siquiera para procesar a los presentados, o bien que se trataba de culpables fabricados con los tradicionales métodos canallescos e ilegales del repertorio policial.
Junto con la propiedad pública, las instancias de bienestar social, el arbitrio del Estado, el control del territorio y las tareas de inteligencia, la procuración y la impartición de justicia han sido víctimas del demolición institucional practicado en forma sistemática en el periodo Salinas-Calderón. Si creen que Peña Nieto puede ser diferente, acuérdense –botones de muestra– de la impunidad para los policías violadores de Atenco, la epidemia de feminicidios en el estado de México y los casos de Paulette y de El Coqueto.
En el caso de la procuración y la impartición de justicia la soberanía nacional ha sido también avasallada y se ha abdicado a la potestad de México para prevenir, investigar, procesar y sancionar el delito. Se necesita mucha fe ciega en los milagros para suponer que un Estado sin capacidad ni órganos adecuados para descubrir, imputar y castigar actos ilícitos, y que delega esas tareas en la institucionalidad de otras naciones, puede ganarle la guerra a la delincuencia. Si la sociedad no opta por desechar este modelo, el país irá directo a la extinción de la autoridad y a la entronización de una ley única: la de la jungla.
Ahora nos enteramos, en las páginas de The New York Times, que Wal-Mart soborna a funcionarios de nuestro país para que le permitan hacer lo que le dé la gana en territorio nacional. Antes, gracias a la realización de audiencias legislativas en Estados Unidos, pudimos saber que la DEA lavó dinero para un cártel mexicano y que ATF suministró armamento a la delincuencia organizada. El año antepasado se dieron a conocer documentos judiciales del país vecino del norte que revelaban la existencia de una corrupción de clase mundial en el seno de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que involucraba a altos directivos de esa paraestatal. Por norma, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y otras instancias nacionales encargadas de procurar justicia, de combatir la corrupción y fiscalizar a los funcionarios, se enteran de esos y de otros escándalos por los medios, se desperezan, se frotan los ojos, anuncian que van a hacer algo y de vez en cuando redactan un oficio o hasta inician una averiguación previa.
Desde luego, hay otras formas de destruir, por acción o por omisión, la soberanía nacional en materia de procuración e impartición de justicia. El caso de Florence Cassez salió del ámbito de los tribunales nacionales gracias a las payasadas mediáticas de Genaro García Luna. Muchos activistas sociales, defensores de derechos humanos o simples víctimas del atropello y la prepotencia han debido hallar justicia en instancias internacionales. Por lo demás, estos últimos desgobiernos federales han tenido el gatillo fácil en materia de extradiciones. Hoy hasta parece normal que un presunto delincuente mexicano, que cometió supuestos delitos en territorio nacional, sea automáticamente arrojado al norte del Río Bravo en extradición exprés. Los gobernantes han tenido incluso el descaro de justificar tales actos argumentando que las cárceles del país, administradas por ellos, carecen de las condiciones de seguridad adecuadas, o que, como hay mucha corrupción, no vaya a ser que el preso se escape. Y por si no faltara, Felipe Calderón suele desahogar la frustración por los fracasos de sus policías y fiscales con exabruptos berlusconianos orientados a descalificar a los jueces y al poder judicial en su conjunto. Yo detengo a los delincuentes pero los jueces los dejan libres, ha dicho Calderón varias veces, sin mencionar que en muchos de esos casos no había pruebas suficientes para sentenciar a los acusados, o ni siquiera para procesar a los presentados, o bien que se trataba de culpables fabricados con los tradicionales métodos canallescos e ilegales del repertorio policial.
Junto con la propiedad pública, las instancias de bienestar social, el arbitrio del Estado, el control del territorio y las tareas de inteligencia, la procuración y la impartición de justicia han sido víctimas del demolición institucional practicado en forma sistemática en el periodo Salinas-Calderón. Si creen que Peña Nieto puede ser diferente, acuérdense –botones de muestra– de la impunidad para los policías violadores de Atenco, la epidemia de feminicidios en el estado de México y los casos de Paulette y de El Coqueto.
En el caso de la procuración y la impartición de justicia la soberanía nacional ha sido también avasallada y se ha abdicado a la potestad de México para prevenir, investigar, procesar y sancionar el delito. Se necesita mucha fe ciega en los milagros para suponer que un Estado sin capacidad ni órganos adecuados para descubrir, imputar y castigar actos ilícitos, y que delega esas tareas en la institucionalidad de otras naciones, puede ganarle la guerra a la delincuencia. Si la sociedad no opta por desechar este modelo, el país irá directo a la extinción de la autoridad y a la entronización de una ley única: la de la jungla.
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