Carlos Ramírez / Indicador Político
En diciembre del 2011, el presidente Barack Obama refrendó la validez de las leyes patrióticas de Bush para militarizar la lucha contra el terrorismo, manteniendo no sólo los arrestos sin orden y las torturas, sino la posibilidad de que civiles sean juzgados en tribunales militares.
En México, a lo largo de estos seis años, el fuero militar se ha ido ajustando a las necesidades de defensa de los derechos humanos, pero a partir de los intereses nacionales. Sin embargo, ahora la activista Kerry Kennedy, a partir de un incidente contado unilateralmente, quiere que el papel de los militares en la seguridad nacional y en la seguridad interior se ajuste a las exigencias de los EU: Que militares mexicanos sean juzgados en tribunales civiles, mientras en los EU civiles son juzgados en tribunales militares.
Lo de menos es percibir el hecho de que las fuerzas armadas de los EU desdeñan tribunales civiles y desde luego que no reconocen tribunales y cortes internacionales, aunque toda su estrategia de dominación geopolítica-militar se base en la utilización de esos espacios pero contra adversarios que no se ajusten a la supremacía militar de Washington.
De ahí que los pronunciamientos de Kerry Kennedy tengan que matizarse en el escenario de los avances mexicanos para modernizar el fuero militar o de guerra que es la columna vertebral de la disciplina militar y por tanto el punto central de la seguridad nacional. México ya avanzó en la transformación de la Constitución de una de derechos a una de dogmas jurídicos, centralmente el de los derechos humanos. Ahora mismo se debaten ajustes en la ley de fuero militar como parte de algunas sentencias de la Corte Interamericana de DH que México acata sin pretextos.
Kerry Kennedy es presidenta del Centro para la Justicia y Derechos Humanos “Robert F. Kennedy”, por razones de ser una de las hijas del hermano de John F. Kennedy. Robert Kennedy fue procurador de justicia durante el periodo presidencial de su hermano y en 1968 se presentó como candidato presidencial pero fue asesinado en aquel aciago año que salpicó de sangre política a los EU. Robert Kennedy, por cierto, fue uno de los operadores de intentos de asesinato político ilegal de Fidel Castro, de acuerdo con una conversación liberada en los EU que sostuvieron el presidente Gerald Ford y su secretario de Estado Henry Kissinger, en base a una confidencia del director de la CIA Richard Helms.
También como secretario de Justicia del gobierno de John F. Kennedy, Robert Kennedy fue uno de los responsables de la aprobación del plan secreto para el envío de tropas de combate a Vietnam bajo la cobertura de “asesores militares” y también tuvo que ver con algunos de esos “asesores militares” que no enseñaban a los sudvientamitas tácticas de combate sino tortura a civiles para atacar a los comunistas de Vietnam del Norte. El asesinato de Robert Kennedy lo convirtió en mártir pero arrastrando las leyendas negras de decisiones de los EU con carácter imperial.
A partir de un incidente en un puesto militar cercano a Acapulco, Kerry Kennedy hace una serie de exigencias sin entender que están en camino de salida desde hace tiempo y que se han estado tomando en función de los intereses mexicanos. En su texto, publicado en Reforma, Kerry Kennedy no explica que los retenes se han colocado legalmente para romper con el tráfico de drogas para el consumo casi libre de los adictos estadunidenses, a través de los mercados al menudeo que existen en casi todas las ciudades de los EU.
En México militares acusados de violaciones a derechos humanos han sido juzgados en tribunales civiles, aunque la señora Kerry Kennedy exige lo que ya funciona. La ley de fuero militar está en el congreso mexicano y la decisión depende de los legisladores, no de las exigencias de organismos estadounidenses que están en la mismas sintonía de los objetivos del Pentágono de los EU para desmantelar o cuando menos subordinar a las fuerzas armadas de otros países. Extraña, en todo caso, que la presidenta de una ONG ignore los avances mexicanos.
El texto de la señora Kennedy en Reforma es producto de un incidente en un puesto militar en Acapulco, en donde la presencia militar ha logrado desarticular a cárteles del narco y ha recuperado territorio en manos de la delincuencia. De acuerdo con el relato, la señora no vio afectados sus derechos sino que se le trató de acuerdo a las acciones permitidas por la ley. Lamentablemente, la señora Kennedy se permite ofender a las fuerzas armadas titulando su texto con una frase que induce una lectura de opresión de los derechos humanos: “¡Quita tu bota de mi cuello!” Sin embargo, se trata de un titular tramposo porque en ninguna parte del texto acredita información que tenga que ver con el título. Así, la señora Kennedy engaña a sus lectores inflando un incidente que no violentó sus derechos humanos porque después de una revisión legal pudo seguir su camino.
La intención de la ONG’s estadounidenses se localizan en la intención de desarticular las estructuras de defensa de países como México generalizando incidentes que responden a hechos aislados que, por lo demás, están en tribunales civiles. Paradójicamente, la señora Kennedy quiere que el Ejército mexicano no ejerza los mecanismos de defensa que le permite la ley. Varias denuncias de presuntas violaciones se han diluido por haber sido acusaciones sin fundamento y algunas de ellas alentadas por el propio crimen organizado.
Lo que el Estado mexicano ha hecho para ajustarse a la doctrina de los derechos humanos no ocurre en los EU, donde los militares juzgan a civiles por acusaciones no fundamentadas de terrorismo y tropas estadunidenses no son juzgadas por los 450 mil civiles inocentes asesinados en la ocupación de Irak y Afganistán. Como buena Kennedy, la señora Kerry ve la paja en el ojo de México para ocultar la viga militar estadounidense en el propio.
En diciembre del 2011, el presidente Barack Obama refrendó la validez de las leyes patrióticas de Bush para militarizar la lucha contra el terrorismo, manteniendo no sólo los arrestos sin orden y las torturas, sino la posibilidad de que civiles sean juzgados en tribunales militares.
En México, a lo largo de estos seis años, el fuero militar se ha ido ajustando a las necesidades de defensa de los derechos humanos, pero a partir de los intereses nacionales. Sin embargo, ahora la activista Kerry Kennedy, a partir de un incidente contado unilateralmente, quiere que el papel de los militares en la seguridad nacional y en la seguridad interior se ajuste a las exigencias de los EU: Que militares mexicanos sean juzgados en tribunales civiles, mientras en los EU civiles son juzgados en tribunales militares.
Lo de menos es percibir el hecho de que las fuerzas armadas de los EU desdeñan tribunales civiles y desde luego que no reconocen tribunales y cortes internacionales, aunque toda su estrategia de dominación geopolítica-militar se base en la utilización de esos espacios pero contra adversarios que no se ajusten a la supremacía militar de Washington.
De ahí que los pronunciamientos de Kerry Kennedy tengan que matizarse en el escenario de los avances mexicanos para modernizar el fuero militar o de guerra que es la columna vertebral de la disciplina militar y por tanto el punto central de la seguridad nacional. México ya avanzó en la transformación de la Constitución de una de derechos a una de dogmas jurídicos, centralmente el de los derechos humanos. Ahora mismo se debaten ajustes en la ley de fuero militar como parte de algunas sentencias de la Corte Interamericana de DH que México acata sin pretextos.
Kerry Kennedy es presidenta del Centro para la Justicia y Derechos Humanos “Robert F. Kennedy”, por razones de ser una de las hijas del hermano de John F. Kennedy. Robert Kennedy fue procurador de justicia durante el periodo presidencial de su hermano y en 1968 se presentó como candidato presidencial pero fue asesinado en aquel aciago año que salpicó de sangre política a los EU. Robert Kennedy, por cierto, fue uno de los operadores de intentos de asesinato político ilegal de Fidel Castro, de acuerdo con una conversación liberada en los EU que sostuvieron el presidente Gerald Ford y su secretario de Estado Henry Kissinger, en base a una confidencia del director de la CIA Richard Helms.
También como secretario de Justicia del gobierno de John F. Kennedy, Robert Kennedy fue uno de los responsables de la aprobación del plan secreto para el envío de tropas de combate a Vietnam bajo la cobertura de “asesores militares” y también tuvo que ver con algunos de esos “asesores militares” que no enseñaban a los sudvientamitas tácticas de combate sino tortura a civiles para atacar a los comunistas de Vietnam del Norte. El asesinato de Robert Kennedy lo convirtió en mártir pero arrastrando las leyendas negras de decisiones de los EU con carácter imperial.
A partir de un incidente en un puesto militar cercano a Acapulco, Kerry Kennedy hace una serie de exigencias sin entender que están en camino de salida desde hace tiempo y que se han estado tomando en función de los intereses mexicanos. En su texto, publicado en Reforma, Kerry Kennedy no explica que los retenes se han colocado legalmente para romper con el tráfico de drogas para el consumo casi libre de los adictos estadunidenses, a través de los mercados al menudeo que existen en casi todas las ciudades de los EU.
En México militares acusados de violaciones a derechos humanos han sido juzgados en tribunales civiles, aunque la señora Kerry Kennedy exige lo que ya funciona. La ley de fuero militar está en el congreso mexicano y la decisión depende de los legisladores, no de las exigencias de organismos estadounidenses que están en la mismas sintonía de los objetivos del Pentágono de los EU para desmantelar o cuando menos subordinar a las fuerzas armadas de otros países. Extraña, en todo caso, que la presidenta de una ONG ignore los avances mexicanos.
El texto de la señora Kennedy en Reforma es producto de un incidente en un puesto militar en Acapulco, en donde la presencia militar ha logrado desarticular a cárteles del narco y ha recuperado territorio en manos de la delincuencia. De acuerdo con el relato, la señora no vio afectados sus derechos sino que se le trató de acuerdo a las acciones permitidas por la ley. Lamentablemente, la señora Kennedy se permite ofender a las fuerzas armadas titulando su texto con una frase que induce una lectura de opresión de los derechos humanos: “¡Quita tu bota de mi cuello!” Sin embargo, se trata de un titular tramposo porque en ninguna parte del texto acredita información que tenga que ver con el título. Así, la señora Kennedy engaña a sus lectores inflando un incidente que no violentó sus derechos humanos porque después de una revisión legal pudo seguir su camino.
La intención de la ONG’s estadounidenses se localizan en la intención de desarticular las estructuras de defensa de países como México generalizando incidentes que responden a hechos aislados que, por lo demás, están en tribunales civiles. Paradójicamente, la señora Kennedy quiere que el Ejército mexicano no ejerza los mecanismos de defensa que le permite la ley. Varias denuncias de presuntas violaciones se han diluido por haber sido acusaciones sin fundamento y algunas de ellas alentadas por el propio crimen organizado.
Lo que el Estado mexicano ha hecho para ajustarse a la doctrina de los derechos humanos no ocurre en los EU, donde los militares juzgan a civiles por acusaciones no fundamentadas de terrorismo y tropas estadunidenses no son juzgadas por los 450 mil civiles inocentes asesinados en la ocupación de Irak y Afganistán. Como buena Kennedy, la señora Kerry ve la paja en el ojo de México para ocultar la viga militar estadounidense en el propio.
Comentarios