Samuel García
El líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Alberto Espinosa, ya ha sido desmentido una y otra vez sin que haya podido sustentar las alarmantes cifras que lanzó hace algunos días.
El pasado martes el presidente del organismo empresarial dijo que por la inseguridad que se vive en el país cerraron 160 mil empresas en 2011, 24 millones de viajeros fronterizos dejaron de hospedarse en México en los últimos cinco años, y que las primas de seguros aumentaron 30% en los estados norteños del país.
Las cifras pueden parecer creíbles. Mucho se ha especulado sobre los graves efectos producidos en algunas economías regionales por la violencia desatada por el crimen organizado en algunas zonas del país. Incluso es altamente probable que el precio de las primas de seguros de todo tipo, efectivamente se hayan incrementado de manera notable en ésta y otras zonas de México a causa de los altos índices delictivos, y solo basta una llamada a cualquier compañía aseguradora para corroborarlo.
Pero el asunto no es de percepción colectiva. Es mucho más simple y es cuestión de rigor. Un presidente de un organismo empresarial no puede especular públicamente con cifras sobre las que no tiene sustento y que no puede demostrar. Eso ha pasado con Alberto Espinosa y la consecuencia natural, de no fundamentar sus aseveraciones, será la pérdida de credibilidad del organismo que preside.
Pero el asunto no parece ser exclusivo de Alberto Espinosa. Ayer el propio Consejo Coordinador Empresarial en voz de su presidente y ex presidente de Coparmex, Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo en un mensaje vídeo grabado que “la poca productividad que prevalece en la política nacional le cuesta muy caro al país”. Y Gutiérrez Candiani hace números apoyándose en cálculos realizados por el CEESP. Dice el presidente del CCE: “El trabajo y la riqueza no producida pudiera rondar los 19 mil millones de pesos por día y más de la mitad del PIB por año”. Siguiendo éstos cálculos Gutiérrez Candiani está diciendo que el país pierde unos 532 mil millones de dólares al año porque los políticos no han hecho su tarea de aprobar las reformas estructurales de las que habla en su mensaje. La cifra es para dejar boquiabierto a cualquiera y merece explicación.
Al igual que en el caso de Alberto Espinosa, será interesante conocer de cerca cómo se llega a esa abultada cifra y cuáles son los supuestos que se utilizaron para determinar el aporte de las ‘reformas estructurales’ consideradas en el cálculo. Supongo que un economista competente como Luis Foncerrada, director del CEESP, podrá sustentarlas en algún momento.
El punto aquí es que los órganos de representación empresarial, como sus líderes gremiales, son actores importantes en el debate de la agenda nacional en una coyuntura especialmente relevante para el país. De ellos se espera una crítica y un debate serio, con argumentos sólidos; y no dichos al aire con argumentos y cifras que no se sostienen pero que intentan denunciar la paja en el ojo de los políticos y legisladores. Por ese camino solo se llega a la desconfianza generalizada y al debate de descalificaciones.
Ya es tiempo que el liderazgo del sector privado deje de mirar la punta de su nariz e invierta en serio en centros de análisis profesionales (think-tanks) pero, más importante aún, que sus líderes les hagan caso.
El líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Alberto Espinosa, ya ha sido desmentido una y otra vez sin que haya podido sustentar las alarmantes cifras que lanzó hace algunos días.
El pasado martes el presidente del organismo empresarial dijo que por la inseguridad que se vive en el país cerraron 160 mil empresas en 2011, 24 millones de viajeros fronterizos dejaron de hospedarse en México en los últimos cinco años, y que las primas de seguros aumentaron 30% en los estados norteños del país.
Las cifras pueden parecer creíbles. Mucho se ha especulado sobre los graves efectos producidos en algunas economías regionales por la violencia desatada por el crimen organizado en algunas zonas del país. Incluso es altamente probable que el precio de las primas de seguros de todo tipo, efectivamente se hayan incrementado de manera notable en ésta y otras zonas de México a causa de los altos índices delictivos, y solo basta una llamada a cualquier compañía aseguradora para corroborarlo.
Pero el asunto no es de percepción colectiva. Es mucho más simple y es cuestión de rigor. Un presidente de un organismo empresarial no puede especular públicamente con cifras sobre las que no tiene sustento y que no puede demostrar. Eso ha pasado con Alberto Espinosa y la consecuencia natural, de no fundamentar sus aseveraciones, será la pérdida de credibilidad del organismo que preside.
Pero el asunto no parece ser exclusivo de Alberto Espinosa. Ayer el propio Consejo Coordinador Empresarial en voz de su presidente y ex presidente de Coparmex, Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo en un mensaje vídeo grabado que “la poca productividad que prevalece en la política nacional le cuesta muy caro al país”. Y Gutiérrez Candiani hace números apoyándose en cálculos realizados por el CEESP. Dice el presidente del CCE: “El trabajo y la riqueza no producida pudiera rondar los 19 mil millones de pesos por día y más de la mitad del PIB por año”. Siguiendo éstos cálculos Gutiérrez Candiani está diciendo que el país pierde unos 532 mil millones de dólares al año porque los políticos no han hecho su tarea de aprobar las reformas estructurales de las que habla en su mensaje. La cifra es para dejar boquiabierto a cualquiera y merece explicación.
Al igual que en el caso de Alberto Espinosa, será interesante conocer de cerca cómo se llega a esa abultada cifra y cuáles son los supuestos que se utilizaron para determinar el aporte de las ‘reformas estructurales’ consideradas en el cálculo. Supongo que un economista competente como Luis Foncerrada, director del CEESP, podrá sustentarlas en algún momento.
El punto aquí es que los órganos de representación empresarial, como sus líderes gremiales, son actores importantes en el debate de la agenda nacional en una coyuntura especialmente relevante para el país. De ellos se espera una crítica y un debate serio, con argumentos sólidos; y no dichos al aire con argumentos y cifras que no se sostienen pero que intentan denunciar la paja en el ojo de los políticos y legisladores. Por ese camino solo se llega a la desconfianza generalizada y al debate de descalificaciones.
Ya es tiempo que el liderazgo del sector privado deje de mirar la punta de su nariz e invierta en serio en centros de análisis profesionales (think-tanks) pero, más importante aún, que sus líderes les hagan caso.
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