John M. Ackerman
Los mexicanos merecemos un buen debate, plural y enérgico, sobre el pasado y futuro de la nación. El mejor momento para realizarlo es precisamente ahora, en el arranque de las campañas presidenciales y en la antesala de la jornada electoral más grande en la historia. Extraña y decepciona entonces que algunos actores busquen retornar a la época de las pasarelas en lugar de construir escenarios para la confrontación de las ideas.
Se equivocan quienes sostienen que los mexicanos no saben debatir, bien porque supuestamente rehúyen la confrontación o bien porque su incivilidad política no permite un diálogo con respeto. Muy por el contrario, el principal obstáculo al debate no viene del pueblo, sino precisamente de los ilustrados que se niegan a bajar de su pedestal.
El cuestionario divulgado a plana entera el martes pasado constituye un perfecto botón de muestra. Pedro Aspe, Claudio X. González, Luis Rubio, Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, Juan Ramón de la Fuente, René Drucker y Sergio Aguayo, entre otros, cuentan con poderosas redes de influencia que pudieron haber utilizado para generar espacios para un verdadero intercambio plural de ideas. En lugar de ello, prefirieron constituirse en un jurado de notables para aplicar un interrogatorio con preguntas capciosas y sesgadas. Siguiendo el ejemplo del vicepresidente de Estados Unidos, quien llamó a los candidatos, por separado, a dialogar en un hotel de Polanco, y del papa Benedicto XVI, quien los convocó a misa en el Parque Bicentenario de Silao, hoy los abajo-firmantes también quieren tener su oportunidad para llamar al banquillo de los acusados a quienes buscan la silla presidencial.
No nos confundamos. El cuestionario de los intelectuales no es neutral ni desinteresado, sino ofrece una clara agenda conservadora para la transformación del país. Algunos ejemplos: ¿Estaría de acuerdo en mantener al Ejército haciendo tareas de seguridad pública mientras no haya policías capaces de cumplir adecuadamente esta función? ¿Debería el gobierno tener una participación más activa en la inversión en infraestructura, haciendo uso de la recientemente aprobada Ley de Asociaciones Público-Privadas? ¿Estaría de acuerdo en promover la reforma constitucional necesaria que permita la inversión privada minoritaria en Pemex y CFE?
Los redactores aclaran que entre los mismos firmantes existen diferentes respuestas. Sin embargo, donde hay consenso es en la redacción de las preguntas, y es precisamente allí donde queda clara la intencionalidad del esfuerzo. Por ejemplo, desde otra perspectiva se pudieron haber formulado otras preguntas: ¿En cuanto tiempo se compromete a retirar definitivamente a los militares de las calles y poner fin a la política de encubrimiento e impunidad de las fuerzas de seguridad? ¿Estaría de acuerdo con poner un alto a la corrupción y la captura del Estado por intereses particulares por medio de la abrogación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y una sólida defensa del artículo 27 constitucional?
Evidentemente los firmantes no estarían de acuerdo con esta redacción alternativa. Con toda razón, tanto el PAN como el PRI de inmediato propusieron utilizar las preguntas del desplegado para los debates del IFE. Sorprende que figuras relacionadas con la izquierda política, e incluso potenciales integrantes del gabinete de López Obrador, también plasmaron sus firmas.
Mientras, el pasado miércoles, en una sentencia (SUP-RAP-94/2012) que destaca por su pobre argumentación jurídica y abierta parcialidad hacia el candidato presidencial del PRI, el TEPJF ha prohibido al IFE convocar a más de dos debates, así como ratificado la decisión del IFE de condicionar al consenso de todos los aspirantes su participación en otros encuentros. Recordemos que en 2006 el IFE participó activamente en la organización de dos debates adicionales, ninguno requerido por la ley, sin haber primero recibido la venia o el consenso de los aspirantes presidenciales. Hoy, sin embargo, la autoridad cambia de criterio y primero pedirá permiso al candidato puntero antes de participar en la organización de ejercicios adicionales.
Hasta la UNAM se ha sumado a la moda de organizar pasarelas en lugar de debates. El rector José Narro ha anunciado que la UNAM no es plaza pública y que se limitará a invitar a los candidatos a exponer sus ideas de manera individual en un programa de Tv UNAM. Así, en lugar de aprovechar la enorme creatividad, inteligencia y participación de la comunidad universitaria, la máxima casa de estudios se contenta con organizar otra pasarela televisada. De acuerdo con el rector, lo importante es que los candidatos establezcan compromisos en lugar de recurrir solamente a lemas y promesas. Sin embargo, el formato propuesto asegura precisamente que la superficialidad sea la regla.
Incluso figuras tan destacadas y respetadas como Carmen Aristegui han llegado a confundirse. La periodista no ha dudado en fijar lugar, fecha y hora para la un debate semanal entre los coordinadores generales de campaña. Pero no se ha atrevido a hacer lo mismo para los candidatos presidenciales, contentándose con dejar la ventana abierta para esa posibilidad.
Si de nadie surge la exigencia de que los candidatos debatan más allá de los dos encuentros impuestos por la ley, terminaremos ahogados en una eterna pasarela de espots y entrevistas que solamente servirán para alimentar el abstencionismo y el desánimo ciudadano. Eso beneficiará al candidato puntero a corto plazo, pero a la larga nos llevaría a una situación grave si la ciudadanía empieza a retirar su apoyo al sistema político en general.
Jorge Carpizo, constructor de instituciones, académico brillante y colega generoso, in memoriam.
Los mexicanos merecemos un buen debate, plural y enérgico, sobre el pasado y futuro de la nación. El mejor momento para realizarlo es precisamente ahora, en el arranque de las campañas presidenciales y en la antesala de la jornada electoral más grande en la historia. Extraña y decepciona entonces que algunos actores busquen retornar a la época de las pasarelas en lugar de construir escenarios para la confrontación de las ideas.
Se equivocan quienes sostienen que los mexicanos no saben debatir, bien porque supuestamente rehúyen la confrontación o bien porque su incivilidad política no permite un diálogo con respeto. Muy por el contrario, el principal obstáculo al debate no viene del pueblo, sino precisamente de los ilustrados que se niegan a bajar de su pedestal.
El cuestionario divulgado a plana entera el martes pasado constituye un perfecto botón de muestra. Pedro Aspe, Claudio X. González, Luis Rubio, Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, Juan Ramón de la Fuente, René Drucker y Sergio Aguayo, entre otros, cuentan con poderosas redes de influencia que pudieron haber utilizado para generar espacios para un verdadero intercambio plural de ideas. En lugar de ello, prefirieron constituirse en un jurado de notables para aplicar un interrogatorio con preguntas capciosas y sesgadas. Siguiendo el ejemplo del vicepresidente de Estados Unidos, quien llamó a los candidatos, por separado, a dialogar en un hotel de Polanco, y del papa Benedicto XVI, quien los convocó a misa en el Parque Bicentenario de Silao, hoy los abajo-firmantes también quieren tener su oportunidad para llamar al banquillo de los acusados a quienes buscan la silla presidencial.
No nos confundamos. El cuestionario de los intelectuales no es neutral ni desinteresado, sino ofrece una clara agenda conservadora para la transformación del país. Algunos ejemplos: ¿Estaría de acuerdo en mantener al Ejército haciendo tareas de seguridad pública mientras no haya policías capaces de cumplir adecuadamente esta función? ¿Debería el gobierno tener una participación más activa en la inversión en infraestructura, haciendo uso de la recientemente aprobada Ley de Asociaciones Público-Privadas? ¿Estaría de acuerdo en promover la reforma constitucional necesaria que permita la inversión privada minoritaria en Pemex y CFE?
Los redactores aclaran que entre los mismos firmantes existen diferentes respuestas. Sin embargo, donde hay consenso es en la redacción de las preguntas, y es precisamente allí donde queda clara la intencionalidad del esfuerzo. Por ejemplo, desde otra perspectiva se pudieron haber formulado otras preguntas: ¿En cuanto tiempo se compromete a retirar definitivamente a los militares de las calles y poner fin a la política de encubrimiento e impunidad de las fuerzas de seguridad? ¿Estaría de acuerdo con poner un alto a la corrupción y la captura del Estado por intereses particulares por medio de la abrogación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y una sólida defensa del artículo 27 constitucional?
Evidentemente los firmantes no estarían de acuerdo con esta redacción alternativa. Con toda razón, tanto el PAN como el PRI de inmediato propusieron utilizar las preguntas del desplegado para los debates del IFE. Sorprende que figuras relacionadas con la izquierda política, e incluso potenciales integrantes del gabinete de López Obrador, también plasmaron sus firmas.
Mientras, el pasado miércoles, en una sentencia (SUP-RAP-94/2012) que destaca por su pobre argumentación jurídica y abierta parcialidad hacia el candidato presidencial del PRI, el TEPJF ha prohibido al IFE convocar a más de dos debates, así como ratificado la decisión del IFE de condicionar al consenso de todos los aspirantes su participación en otros encuentros. Recordemos que en 2006 el IFE participó activamente en la organización de dos debates adicionales, ninguno requerido por la ley, sin haber primero recibido la venia o el consenso de los aspirantes presidenciales. Hoy, sin embargo, la autoridad cambia de criterio y primero pedirá permiso al candidato puntero antes de participar en la organización de ejercicios adicionales.
Hasta la UNAM se ha sumado a la moda de organizar pasarelas en lugar de debates. El rector José Narro ha anunciado que la UNAM no es plaza pública y que se limitará a invitar a los candidatos a exponer sus ideas de manera individual en un programa de Tv UNAM. Así, en lugar de aprovechar la enorme creatividad, inteligencia y participación de la comunidad universitaria, la máxima casa de estudios se contenta con organizar otra pasarela televisada. De acuerdo con el rector, lo importante es que los candidatos establezcan compromisos en lugar de recurrir solamente a lemas y promesas. Sin embargo, el formato propuesto asegura precisamente que la superficialidad sea la regla.
Incluso figuras tan destacadas y respetadas como Carmen Aristegui han llegado a confundirse. La periodista no ha dudado en fijar lugar, fecha y hora para la un debate semanal entre los coordinadores generales de campaña. Pero no se ha atrevido a hacer lo mismo para los candidatos presidenciales, contentándose con dejar la ventana abierta para esa posibilidad.
Si de nadie surge la exigencia de que los candidatos debatan más allá de los dos encuentros impuestos por la ley, terminaremos ahogados en una eterna pasarela de espots y entrevistas que solamente servirán para alimentar el abstencionismo y el desánimo ciudadano. Eso beneficiará al candidato puntero a corto plazo, pero a la larga nos llevaría a una situación grave si la ciudadanía empieza a retirar su apoyo al sistema político en general.
Jorge Carpizo, constructor de instituciones, académico brillante y colega generoso, in memoriam.
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