Por unanimidad de todas las fracciones parlamentarias, la Cámara de Diputados aprobó con 369 votos a favor la Ley General de Víctimas, la cual creará un registro nacional de muertos a causa de la Guerra en Contra del Crimen Organizado, emprendida en la actual administración.
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Decenas de personas de familiares fallecidos o desaparecidos por el crimen organizado o por acciones de la autoridad, que asistieron al Palacio Legislativo de San Lázaro corearon: “¡Ni un muerto más…ni un muerto más!”
Esta nueva legislación obliga al Estado a otorgar asistencia y protección a personas afectadas por la inseguridad o la violación de sus derechos humanos, además de garantizarles el pago de hasta 500 veces el salario mínimo mensual como reparación del daño causado.
Al aprobarse esta Ley, que ahora pasa el Ejecutivo Federal para su promulgación, se cumplió el compromiso que asumió ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia en los diálogos del Castillo de Chapultepec, celebrados en julio de 2011.
La nueva ley establece que el afectado por el delito podrá acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación integral, que no será paraestatal, cuando la institución médica que la atiende no cumpla las disposiciones que la obligan a cubrir los costos de atención y servicios sanitarios.
También se obliga a los tres niveles de Gobierno a garantizar ayuda, asistencia y reparación del daño a quienes padezcan violaciones a sus derechos humanos, y las víctimas podrán participar en el proceso de adopción y aplicación del reglamento a nivel nacional.
Además se integra el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso oportuno y efectivo a la ayuda, atención y reparación integral, así como para que haya cifras exactas “sobre el número de ellas y la cifra negra de las que no quieren denunciar pero desean que su caso se registre”.
Como un órgano de participación de los afectados y organizaciones de la sociedad civil, se crea el Sistema Nacional de Víctimas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
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Decenas de personas de familiares fallecidos o desaparecidos por el crimen organizado o por acciones de la autoridad, que asistieron al Palacio Legislativo de San Lázaro corearon: “¡Ni un muerto más…ni un muerto más!”
Esta nueva legislación obliga al Estado a otorgar asistencia y protección a personas afectadas por la inseguridad o la violación de sus derechos humanos, además de garantizarles el pago de hasta 500 veces el salario mínimo mensual como reparación del daño causado.
Al aprobarse esta Ley, que ahora pasa el Ejecutivo Federal para su promulgación, se cumplió el compromiso que asumió ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia en los diálogos del Castillo de Chapultepec, celebrados en julio de 2011.
La nueva ley establece que el afectado por el delito podrá acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación integral, que no será paraestatal, cuando la institución médica que la atiende no cumpla las disposiciones que la obligan a cubrir los costos de atención y servicios sanitarios.
También se obliga a los tres niveles de Gobierno a garantizar ayuda, asistencia y reparación del daño a quienes padezcan violaciones a sus derechos humanos, y las víctimas podrán participar en el proceso de adopción y aplicación del reglamento a nivel nacional.
Además se integra el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso oportuno y efectivo a la ayuda, atención y reparación integral, así como para que haya cifras exactas “sobre el número de ellas y la cifra negra de las que no quieren denunciar pero desean que su caso se registre”.
Como un órgano de participación de los afectados y organizaciones de la sociedad civil, se crea el Sistema Nacional de Víctimas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
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