Jorge Fernández Menéndez
Para mi padre,
Emilio, siempre.
Las campañas deben ser de confrontación, personal y política. Se debe comparar lo que se dice y se promete con lo que se hace y se cumple. Se debe comparar y confrontar lo que se pregona con los actos de la vida pública y privada de quienes aspiran sobre todo a la Presidencia de la República y a los principales cargos de elección popular en disputa. La nuestra es la única ley electoral del mundo que prohíbe las llamadas campañas negativas, entendidas éstas como campañas críticas cuando las mismas son la esencia de una contienda electoral. Y confunden, de paso, dos situaciones completamente diferentes: lo que está prohibido por la ley, la electoral y la penal, es la difamación, la mentira, el engaño sobre cualquier candidato o candidata, no la crítica y la confrontación.
Se difama, gravemente y es un delito, cuando se publica la foto falsa de una candidata como si fuera una delincuente, como acaba de ocurrir con Isabel Miranda de Wallace, más aún cuando, se esté o no de acuerdo políticamente con ella, se ha destacado por su aporte a la lucha contra la inseguridad (pero, claro, fue una de las acusadas de pirrurris por el entonces gobernante capitalino, hoy candidato presidencial López Obrador, por exigir a las autoridades que encontraran a su hijo secuestrado). Un candidato tan sólido como Miguel Mancera no necesita de esas ayudas ni de esos golpes bajos.
Se comete un delito cuando se saca de contexto una frase de una entrevista, no se pide autorización para utilizarla y, como ha ocurrido con Enrique Krauze, se le coloca en un comercial partidario y se deja aparecer como apoyo político de un candidato a un intelectual que está en las antípodas del candidato en cuestión.
Se comete un delito cuando se filtran averiguaciones previas, del ámbito local o federal, para involucrar a algún candidato o candidata en algún supuesto delito cuando no ha sido procesado ni obviamente condenado por el mismo, más aún cuando nos encontramos con averiguaciones a modo.
Sí es un delito (y de nivel federal) interceptar llamadas telefónicas y divulgarlas, sobre todo cuando están editadas a modo, simplemente para exhibir pláticas privadas que nada tienen que ver con las campañas.
Decir que alguien es un peligro para México porque insta a mandar al diablo las instituciones, no es una difamación ni un delito, tampoco lo es decir que un político no está diciendo la verdad, se trate de los compromisos de Peña Nieto o de los pisos firmes de Josefina. No es un delito recordar los errores de Peña cuando tiene que hablar de sus libros preferidos, como tampoco recurrir a los errores del equipo de Josefina en el Estadio Azul o comparar lo que ahora dice López Obrador con lo que ha dicho y escrito a lo largo de años, incluida la calificación de mafiosos a personajes a los que ahora acoge en su campaña para que lo financien.
No es un delito ni una difamación exigirles a los candidatos que nos digan, y lo comprueben, cuánto tienen, de qué viven. Yo quisiera saber, como muchos mexicanos, cómo le hace López Obrador para vivir, según él, con 50 o 60 mil pesos; quisiera saber quién pagó, según el testimonio de una involucrada, un viaje de seducción de Peña Nieto a China; quisiera saber cuánto gana y exactamente qué hace el esposo de Josefina. O de qué vive Quadri. Quisiera saber quién paga el vestuario, los traslados, los viajes de todos ellos, y en qué medida están involucradas sus familiares en su campaña. Se podrá alegar que son temas de índole personal, y es verdad, pero no estamos hablando de ciudadanos comunes y corrientes, sino de hombres y mujeres que nos quieren gobernar y se están postulando, voluntariamente, para ello.
No nos debe interesar, por lo menos no a quien esto escribe, si uno es más seductor, más alto, más bajo o más gordo que el otro, si alguna vez una u otro tuvieron más o menos novias o novios, si recurrieron a un cirujano plástico para sacarse o para ponerse algo o sobre si tienen o no una vida sexual satisfactoria y con quiénes. Pero incluso eso, si se divulga, no constituye un delito siempre y cuando no sea parte de una difamación, de una mentira orquestada. Y, paradójicamente, en lo que va de esta campaña, lo que hemos visto y oído, sobre todo a través de unas redes sociales que están sirviendo a fines muy alejados de lo que se pregona, son difamaciones y no una campaña de contrastes.
Qué bueno que Josefina asegure que Peña no cumple sus compromisos y si es así que lo demuestre. Qué bueno que Peña diga que no es verdad que se hayan construido tres millones de pisos firmes durante la gestión de Josefina en la Sedesol y si es así que lo demuestre. Qué bueno que se confronte lo que dice López Obrador ahora y lo que decía hace sólo unos meses. Confrontemos ideas, propuestas, logros y personalidades. Y al que difame que le caiga todo el peso de la ley (y justicia que no es expedita no es justicia) y de los votos.
Para mi padre,
Emilio, siempre.
Las campañas deben ser de confrontación, personal y política. Se debe comparar lo que se dice y se promete con lo que se hace y se cumple. Se debe comparar y confrontar lo que se pregona con los actos de la vida pública y privada de quienes aspiran sobre todo a la Presidencia de la República y a los principales cargos de elección popular en disputa. La nuestra es la única ley electoral del mundo que prohíbe las llamadas campañas negativas, entendidas éstas como campañas críticas cuando las mismas son la esencia de una contienda electoral. Y confunden, de paso, dos situaciones completamente diferentes: lo que está prohibido por la ley, la electoral y la penal, es la difamación, la mentira, el engaño sobre cualquier candidato o candidata, no la crítica y la confrontación.
Se difama, gravemente y es un delito, cuando se publica la foto falsa de una candidata como si fuera una delincuente, como acaba de ocurrir con Isabel Miranda de Wallace, más aún cuando, se esté o no de acuerdo políticamente con ella, se ha destacado por su aporte a la lucha contra la inseguridad (pero, claro, fue una de las acusadas de pirrurris por el entonces gobernante capitalino, hoy candidato presidencial López Obrador, por exigir a las autoridades que encontraran a su hijo secuestrado). Un candidato tan sólido como Miguel Mancera no necesita de esas ayudas ni de esos golpes bajos.
Se comete un delito cuando se saca de contexto una frase de una entrevista, no se pide autorización para utilizarla y, como ha ocurrido con Enrique Krauze, se le coloca en un comercial partidario y se deja aparecer como apoyo político de un candidato a un intelectual que está en las antípodas del candidato en cuestión.
Se comete un delito cuando se filtran averiguaciones previas, del ámbito local o federal, para involucrar a algún candidato o candidata en algún supuesto delito cuando no ha sido procesado ni obviamente condenado por el mismo, más aún cuando nos encontramos con averiguaciones a modo.
Sí es un delito (y de nivel federal) interceptar llamadas telefónicas y divulgarlas, sobre todo cuando están editadas a modo, simplemente para exhibir pláticas privadas que nada tienen que ver con las campañas.
Decir que alguien es un peligro para México porque insta a mandar al diablo las instituciones, no es una difamación ni un delito, tampoco lo es decir que un político no está diciendo la verdad, se trate de los compromisos de Peña Nieto o de los pisos firmes de Josefina. No es un delito recordar los errores de Peña cuando tiene que hablar de sus libros preferidos, como tampoco recurrir a los errores del equipo de Josefina en el Estadio Azul o comparar lo que ahora dice López Obrador con lo que ha dicho y escrito a lo largo de años, incluida la calificación de mafiosos a personajes a los que ahora acoge en su campaña para que lo financien.
No es un delito ni una difamación exigirles a los candidatos que nos digan, y lo comprueben, cuánto tienen, de qué viven. Yo quisiera saber, como muchos mexicanos, cómo le hace López Obrador para vivir, según él, con 50 o 60 mil pesos; quisiera saber quién pagó, según el testimonio de una involucrada, un viaje de seducción de Peña Nieto a China; quisiera saber cuánto gana y exactamente qué hace el esposo de Josefina. O de qué vive Quadri. Quisiera saber quién paga el vestuario, los traslados, los viajes de todos ellos, y en qué medida están involucradas sus familiares en su campaña. Se podrá alegar que son temas de índole personal, y es verdad, pero no estamos hablando de ciudadanos comunes y corrientes, sino de hombres y mujeres que nos quieren gobernar y se están postulando, voluntariamente, para ello.
No nos debe interesar, por lo menos no a quien esto escribe, si uno es más seductor, más alto, más bajo o más gordo que el otro, si alguna vez una u otro tuvieron más o menos novias o novios, si recurrieron a un cirujano plástico para sacarse o para ponerse algo o sobre si tienen o no una vida sexual satisfactoria y con quiénes. Pero incluso eso, si se divulga, no constituye un delito siempre y cuando no sea parte de una difamación, de una mentira orquestada. Y, paradójicamente, en lo que va de esta campaña, lo que hemos visto y oído, sobre todo a través de unas redes sociales que están sirviendo a fines muy alejados de lo que se pregona, son difamaciones y no una campaña de contrastes.
Qué bueno que Josefina asegure que Peña no cumple sus compromisos y si es así que lo demuestre. Qué bueno que Peña diga que no es verdad que se hayan construido tres millones de pisos firmes durante la gestión de Josefina en la Sedesol y si es así que lo demuestre. Qué bueno que se confronte lo que dice López Obrador ahora y lo que decía hace sólo unos meses. Confrontemos ideas, propuestas, logros y personalidades. Y al que difame que le caiga todo el peso de la ley (y justicia que no es expedita no es justicia) y de los votos.
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