Raymundo Riva Palacio
La campaña presidencial se adentra a una de sus fases colaterales, los debates. El IFE acordó el formato para los encuentros que tendrán los candidatos presidenciales el 6 de mayo y el 10 de junio, y se espera respondan a una batería máxima de 200 preguntas. Si se mantiene el formato, contestarán un cuestionario negociado por ellos, que realmente será respondido por asesores, quienes les dirán qué decir y cómo decirlo, para que en dos minutos de apertura y réplicas de unos 15 segundos cada uno, jueguen para la televisión con sound bites. Es decir, estamos ante una nueva farsa democrática.
Los debates son herramientas que utilizan varias democracias para que el público pueda conocer mejor a quienes con su voto, entregarán el mandato para que tome decisiones colectivas en nombre suyo. En ningún país son una obligación legal para participar en ellos, pero el costo político de no ir suele ser alto, como le sucedió a Andrés Manuel López Obrador en 2006. En esta ocasión, quizás porque va muy abajo del puntero Enrique Peña Nieto y necesita confrontarse con él, quería que hubieran 12 debates, lo cual fue desechado y visto, incluso, como una excentricidad.
Más allá de sus motivos, la propuesta de López Obrador era pertinente y necesaria. Dos debates presidenciales son una burla que sólo sirven al IFE y a quienes no ven necesidad alguna, por democrática que sea, de exponerse. Dos debates no sirven al electorado, y menos aún por el formato acordado, al que si bien se le ha quitado rigidez al permitir que haya una buena cantidad de réplicas y contrarréplicas, por el número de participantes y límite de tiempo será imposible profundizar en cualquier tema. Este lunes terminarán de decidirse asuntos pendientes sobre los debates, como el que se refiere al moderador –si es uno o dos- y, sobretodo, de dónde saldrán las preguntas que deberán responder, que hasta este momento se anticipa serán filtradas, o dicho llanamente, serán censuradas.
Los debates están totalmente controlados por el establecimiento político. Están bajo el control de los partidos y del IFE, que responde directamente a sus intereses. No hay organización independiente que los organice y que pudiera hacer frente a las presiones de los partidos de edulcorar y manipular el debate. Esta tentación no es patrimonio mexicano. En Estados Unidos, el espejo más próximo donde se ve nuestra clase política, los debates los organizaba la apartidista Liga de Mujeres Votantes, que dejó de hacerlo en 1987 en protesta porque para el proceso de1988 demócratas y republicanos querían “cometer un fraude” al elector, porque querían “vaciarlos de sustancia, espontaneidad y respuestas a preguntas duras”.
Desde entonces hay una Comisión de Debates Presidenciales en Estados Unidos, fundada por los partidos Demócrata y Republicano. Aún así, no hay comparación con México. Por ejemplo, el actual proceso electoral en esa nación comenzó con los republicanos en la primavera del año pasado, y de mayo de 2011 a marzo de 2012, los aspirantes a la Casa Blanca se enfrentaron en 27 debates, lo que le permitió al electorado conocerlos y a los militantes del partido tener más y mejor información para votar en las primarias. Una vez que haya candidato republicano, sostendrá tres debates con el presidente Barack Obama, y uno más tendrá el vicepresidente Joseph Biden con quien resulte ungido en la fórmula rival.
Los debates no muestran quién puede ser bueno o mejor presidente, pero presenta una parte de sus fortalezas. Esto, claro, cuando son debates de verdad. En los que se preparan en México, los electores no verán quién está el mejor preparado ni más compenetrado con los problemas nacionales y sus posibles soluciones, sino quién puede interpretar mejor el papel que le confecciones sus asesores. Imagen no fondo. Citas citables y recordables, no profundidad. Encuentros cosméticos para el trámite, no ejercicio democrático real. Esto, por supuesto, tiene que cambiar, aunque quizás para mayo, no será posible.
La campaña presidencial se adentra a una de sus fases colaterales, los debates. El IFE acordó el formato para los encuentros que tendrán los candidatos presidenciales el 6 de mayo y el 10 de junio, y se espera respondan a una batería máxima de 200 preguntas. Si se mantiene el formato, contestarán un cuestionario negociado por ellos, que realmente será respondido por asesores, quienes les dirán qué decir y cómo decirlo, para que en dos minutos de apertura y réplicas de unos 15 segundos cada uno, jueguen para la televisión con sound bites. Es decir, estamos ante una nueva farsa democrática.
Los debates son herramientas que utilizan varias democracias para que el público pueda conocer mejor a quienes con su voto, entregarán el mandato para que tome decisiones colectivas en nombre suyo. En ningún país son una obligación legal para participar en ellos, pero el costo político de no ir suele ser alto, como le sucedió a Andrés Manuel López Obrador en 2006. En esta ocasión, quizás porque va muy abajo del puntero Enrique Peña Nieto y necesita confrontarse con él, quería que hubieran 12 debates, lo cual fue desechado y visto, incluso, como una excentricidad.
Más allá de sus motivos, la propuesta de López Obrador era pertinente y necesaria. Dos debates presidenciales son una burla que sólo sirven al IFE y a quienes no ven necesidad alguna, por democrática que sea, de exponerse. Dos debates no sirven al electorado, y menos aún por el formato acordado, al que si bien se le ha quitado rigidez al permitir que haya una buena cantidad de réplicas y contrarréplicas, por el número de participantes y límite de tiempo será imposible profundizar en cualquier tema. Este lunes terminarán de decidirse asuntos pendientes sobre los debates, como el que se refiere al moderador –si es uno o dos- y, sobretodo, de dónde saldrán las preguntas que deberán responder, que hasta este momento se anticipa serán filtradas, o dicho llanamente, serán censuradas.
Los debates están totalmente controlados por el establecimiento político. Están bajo el control de los partidos y del IFE, que responde directamente a sus intereses. No hay organización independiente que los organice y que pudiera hacer frente a las presiones de los partidos de edulcorar y manipular el debate. Esta tentación no es patrimonio mexicano. En Estados Unidos, el espejo más próximo donde se ve nuestra clase política, los debates los organizaba la apartidista Liga de Mujeres Votantes, que dejó de hacerlo en 1987 en protesta porque para el proceso de1988 demócratas y republicanos querían “cometer un fraude” al elector, porque querían “vaciarlos de sustancia, espontaneidad y respuestas a preguntas duras”.
Desde entonces hay una Comisión de Debates Presidenciales en Estados Unidos, fundada por los partidos Demócrata y Republicano. Aún así, no hay comparación con México. Por ejemplo, el actual proceso electoral en esa nación comenzó con los republicanos en la primavera del año pasado, y de mayo de 2011 a marzo de 2012, los aspirantes a la Casa Blanca se enfrentaron en 27 debates, lo que le permitió al electorado conocerlos y a los militantes del partido tener más y mejor información para votar en las primarias. Una vez que haya candidato republicano, sostendrá tres debates con el presidente Barack Obama, y uno más tendrá el vicepresidente Joseph Biden con quien resulte ungido en la fórmula rival.
Los debates no muestran quién puede ser bueno o mejor presidente, pero presenta una parte de sus fortalezas. Esto, claro, cuando son debates de verdad. En los que se preparan en México, los electores no verán quién está el mejor preparado ni más compenetrado con los problemas nacionales y sus posibles soluciones, sino quién puede interpretar mejor el papel que le confecciones sus asesores. Imagen no fondo. Citas citables y recordables, no profundidad. Encuentros cosméticos para el trámite, no ejercicio democrático real. Esto, por supuesto, tiene que cambiar, aunque quizás para mayo, no será posible.
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