Alejandra Cullen Benítez
El escándalo desatado este domingo por el New York Times sobre la corrupción de Wal Mart a autoridades mexicanas es un reflejo de las distorsiones del modelo de desarrollo nacional. Wal Mart quería acelerar su expansión sin dar tiempo a sus competidores para reaccionar. Mientras, los alcaldes se llevaban su tajada y presumen la creación de empleos. Wal Mart tendrá que lidiar con sus inversionistas, pero México no tiene herramientas para corregir fácilmente su problema.
Los sobornos fueron otorgados a autoridades municipales y, el sistema jurídico no cuenta con herramientas legales para enfrentar a los corporativos en ese ámbito. Los delitos son del fuero común por lo que difícilmente puede interferir el orden federal. A nivel local, las instituciones no tienen la fuerza ni los incentivos para castigar a los responsables. Cambiaron planes de desarrollo urbano, y quién sabe cuantas concesiones que aún desconocemos. Aún así, las autoridades involucradas quedarán impunes por falta de pruebas para perseguirlos. Unos ya no son funcionarios, para otros el crimen ya prescribió y para los que siguen vigentes, el sistema de justicia local no encontrará elementos para consignarlos.
En México se acepta la inversión a cualquier costo bajo el argumento de la generación de empleos (sin siquiera revisar la calidad de los mismos). Como Wal Mart invertirá 19,740 millones de pesos y generará 23,000 empleos, hasta Luis Téllez, director de la bolsa, salió a defenderla. Implícitamente, justifican su forma de operar.
Como para Wal Mart, previo pago, en México todo se permite. Los hoteles se apropian de las playas, se transforman los planes de desarrollo urbano, se construyen guarderías vulnerables. El espacio público se vende y facilita el desarrollo anárquico, aislado y desordenado. La calidad y cantidad de la infraestructura depende de los arreglos privados entre autoridades y lideres más que de las necesidades o la planeación.
Así se cerró los ojos ante lamentable desarrollo de Acapulco y las zonas turísticas. Lo mismo sucedió con la franja fronteriza, particularmente en Ciudad Juárez. Las autoridades locales, a lo largo de los años, se negaron a aceptar la crisis social, las muertas de Juárez, la necesidad de infraestructura básica para una ciudad que crecía a tasas aceleradas. En aras de defender a las maquiladoras y a la inversión extranjera, y de crear un entorno, supuestamente competitivo, nunca se les exigieron condiciones razonables de trato a las empleadas. No se atrevieron a exigir la creación de infraestructura social para la población. Lo más que lograron fue un débil sistema de transporte que acercara a los empleados a sus centros de trabajo.
A costa de la inversión extranjera crecieron muchas urbes con empleo pero sin condiciones sociales aceptables. La facilidad con la que se expande la corrupción permitió a autoridades vender hasta la última banqueta, mientras los ciudadanos carecemos de herramientas jurídicas o políticas que lo impidan.
El problema es local, y la falta de reelección de alcaldes nos impide castigar a los políticos incumplidos. Para colmo, el PRI impidió la incorporación de dicho cambio en la última reforma política.
El periodo electoral ya inició. Habrá que exigir a los candidatos que se pronuncien sobre el combate a la corrupción, y sobre como transformar ese modelo de desarrollo regional. Sin reelección consecutiva, que nos expliquen como pretenden tranformar las acciones de las autoridades locales.
El escándalo desatado este domingo por el New York Times sobre la corrupción de Wal Mart a autoridades mexicanas es un reflejo de las distorsiones del modelo de desarrollo nacional. Wal Mart quería acelerar su expansión sin dar tiempo a sus competidores para reaccionar. Mientras, los alcaldes se llevaban su tajada y presumen la creación de empleos. Wal Mart tendrá que lidiar con sus inversionistas, pero México no tiene herramientas para corregir fácilmente su problema.
Los sobornos fueron otorgados a autoridades municipales y, el sistema jurídico no cuenta con herramientas legales para enfrentar a los corporativos en ese ámbito. Los delitos son del fuero común por lo que difícilmente puede interferir el orden federal. A nivel local, las instituciones no tienen la fuerza ni los incentivos para castigar a los responsables. Cambiaron planes de desarrollo urbano, y quién sabe cuantas concesiones que aún desconocemos. Aún así, las autoridades involucradas quedarán impunes por falta de pruebas para perseguirlos. Unos ya no son funcionarios, para otros el crimen ya prescribió y para los que siguen vigentes, el sistema de justicia local no encontrará elementos para consignarlos.
En México se acepta la inversión a cualquier costo bajo el argumento de la generación de empleos (sin siquiera revisar la calidad de los mismos). Como Wal Mart invertirá 19,740 millones de pesos y generará 23,000 empleos, hasta Luis Téllez, director de la bolsa, salió a defenderla. Implícitamente, justifican su forma de operar.
Como para Wal Mart, previo pago, en México todo se permite. Los hoteles se apropian de las playas, se transforman los planes de desarrollo urbano, se construyen guarderías vulnerables. El espacio público se vende y facilita el desarrollo anárquico, aislado y desordenado. La calidad y cantidad de la infraestructura depende de los arreglos privados entre autoridades y lideres más que de las necesidades o la planeación.
Así se cerró los ojos ante lamentable desarrollo de Acapulco y las zonas turísticas. Lo mismo sucedió con la franja fronteriza, particularmente en Ciudad Juárez. Las autoridades locales, a lo largo de los años, se negaron a aceptar la crisis social, las muertas de Juárez, la necesidad de infraestructura básica para una ciudad que crecía a tasas aceleradas. En aras de defender a las maquiladoras y a la inversión extranjera, y de crear un entorno, supuestamente competitivo, nunca se les exigieron condiciones razonables de trato a las empleadas. No se atrevieron a exigir la creación de infraestructura social para la población. Lo más que lograron fue un débil sistema de transporte que acercara a los empleados a sus centros de trabajo.
A costa de la inversión extranjera crecieron muchas urbes con empleo pero sin condiciones sociales aceptables. La facilidad con la que se expande la corrupción permitió a autoridades vender hasta la última banqueta, mientras los ciudadanos carecemos de herramientas jurídicas o políticas que lo impidan.
El problema es local, y la falta de reelección de alcaldes nos impide castigar a los políticos incumplidos. Para colmo, el PRI impidió la incorporación de dicho cambio en la última reforma política.
El periodo electoral ya inició. Habrá que exigir a los candidatos que se pronuncien sobre el combate a la corrupción, y sobre como transformar ese modelo de desarrollo regional. Sin reelección consecutiva, que nos expliquen como pretenden tranformar las acciones de las autoridades locales.
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