Samuel García
Ayer la periodista de este diario, Carolina Ruiz, hizo lo que no han hecho las policías de investigación de los gobiernos municipales, estatales y federal del país: ir por los gestores que contrató Wal-Mart de México para sobornar a funcionarios públicos y así obtener licencias y permisos de construcción para levantar sus tiendas.
De quererlo, la tarea no hubiera sido muy complicada para los investigadores mexicanos, porque el propio diario que reveló el caso, The New York Times, menciona en su reportaje los nombres de los principales gestores que dio a conocer el informante Sergio Cícero Zapata.
La periodista halló y habló con el abogado y gestor de Wal-Mart, José Manuel Aguirre Juárez, en su oficina de la colonia Del Valle de la Ciudad de México, quien la recibió con una frase que retrata de cuerpo entero el estado de legalidad en el que vivimos en México: “Estoy esperando que me localicen y me denuncien”, le dijo.
Mas allá de si José Manuel Aguirre es efectivamente culpable o no de los delitos que publicó el diario estadounidense que cita como fuente a Sergio Cícero, las autoridades de todos los niveles del país no pueden presumir de estado de derecho y de legalidad, si no se hace nada después de que se da a conocer que Wal-Mart de México –una de las empresas privadas más grandes del país- corrompe a las autoridades municipales –y acaso estatales- con millonarios sobornos para obtener favores especiales.
El martes publicamos aquí acerca de ese silencio gubernamental. Nadie en las diferentes esferas gubernamentales del país, dijo nada. Tampoco lo hicieron las cúpulas empresariales, que tanto hablan de ética, responsabilidad social y combate a la ilegalidad. Ni siquiera reaccionaron empresas competidoras que cotizan en el mercado accionario, como Soriana o Comercial Mexicana, después de la defensa que hizo el presidente de la BMV de Wal Mart. En todo caso deberían estar indignadas por esa defensa, ya que la corrupción de Wal Mart las daña indirectamente (¿o acaso la puesta en evidencia de las prácticas de Wal Mart es un asunto generalizado?).
La crítica por el silencio se extendió. Y ayer, para hacerle frente, la Secretaría de la Función Pública emitió un boletín en el que dice que “inició la verificación de los permisos o trámites en el ámbito federal”. Un comunicado tibio que se emite para fines mediáticos, porque –por la investigación periodística publicada- es altamente probable que los sobornos se dieron a nivel municipal y, en todo caso, estatal.
De los gobiernos estatales, del gobierno del Distrito Federal, de las delegaciones y de los municipios en los que se abrieron tiendas de Wal Mart durante el periodo que se señala, y que están perfectamente identificados, nada. Ninguna investigación en curso. La ley se puede quebrantar y no pasa nada, es el mensaje…y el problema.
El caso Wal Mart pone en frente de nuestra nariz, al final del sexenio y en plena campaña presidencial, que la corrupción es el mayor mal endémico que tenemos. No es casualidad que México, después de Rusia y China, sea el país con la mayor práctica de sobornos en el sector empresarial, según Transparencia Internacional.
¿Qué pasará con los funcionarios municipales corruptos y sus cómplices en Wal Mart? Nada, desafortunadamente nada. Aunque francamente espero equivocarme.
Ayer la periodista de este diario, Carolina Ruiz, hizo lo que no han hecho las policías de investigación de los gobiernos municipales, estatales y federal del país: ir por los gestores que contrató Wal-Mart de México para sobornar a funcionarios públicos y así obtener licencias y permisos de construcción para levantar sus tiendas.
De quererlo, la tarea no hubiera sido muy complicada para los investigadores mexicanos, porque el propio diario que reveló el caso, The New York Times, menciona en su reportaje los nombres de los principales gestores que dio a conocer el informante Sergio Cícero Zapata.
La periodista halló y habló con el abogado y gestor de Wal-Mart, José Manuel Aguirre Juárez, en su oficina de la colonia Del Valle de la Ciudad de México, quien la recibió con una frase que retrata de cuerpo entero el estado de legalidad en el que vivimos en México: “Estoy esperando que me localicen y me denuncien”, le dijo.
Mas allá de si José Manuel Aguirre es efectivamente culpable o no de los delitos que publicó el diario estadounidense que cita como fuente a Sergio Cícero, las autoridades de todos los niveles del país no pueden presumir de estado de derecho y de legalidad, si no se hace nada después de que se da a conocer que Wal-Mart de México –una de las empresas privadas más grandes del país- corrompe a las autoridades municipales –y acaso estatales- con millonarios sobornos para obtener favores especiales.
El martes publicamos aquí acerca de ese silencio gubernamental. Nadie en las diferentes esferas gubernamentales del país, dijo nada. Tampoco lo hicieron las cúpulas empresariales, que tanto hablan de ética, responsabilidad social y combate a la ilegalidad. Ni siquiera reaccionaron empresas competidoras que cotizan en el mercado accionario, como Soriana o Comercial Mexicana, después de la defensa que hizo el presidente de la BMV de Wal Mart. En todo caso deberían estar indignadas por esa defensa, ya que la corrupción de Wal Mart las daña indirectamente (¿o acaso la puesta en evidencia de las prácticas de Wal Mart es un asunto generalizado?).
La crítica por el silencio se extendió. Y ayer, para hacerle frente, la Secretaría de la Función Pública emitió un boletín en el que dice que “inició la verificación de los permisos o trámites en el ámbito federal”. Un comunicado tibio que se emite para fines mediáticos, porque –por la investigación periodística publicada- es altamente probable que los sobornos se dieron a nivel municipal y, en todo caso, estatal.
De los gobiernos estatales, del gobierno del Distrito Federal, de las delegaciones y de los municipios en los que se abrieron tiendas de Wal Mart durante el periodo que se señala, y que están perfectamente identificados, nada. Ninguna investigación en curso. La ley se puede quebrantar y no pasa nada, es el mensaje…y el problema.
El caso Wal Mart pone en frente de nuestra nariz, al final del sexenio y en plena campaña presidencial, que la corrupción es el mayor mal endémico que tenemos. No es casualidad que México, después de Rusia y China, sea el país con la mayor práctica de sobornos en el sector empresarial, según Transparencia Internacional.
¿Qué pasará con los funcionarios municipales corruptos y sus cómplices en Wal Mart? Nada, desafortunadamente nada. Aunque francamente espero equivocarme.
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