Jesús Cantú
La capacidad de los mexicanos para pervertir las instituciones es enorme; siempre se encuentra la forma de sacarle la vuelta a las prohibiciones o de obtener beneficios no previstos ni buscados al diseñar y promulgar las normas. El objetivo primario de la llamada “veda electoral” era buscar la equidad en la contienda de los candidatos a un puesto de elección popular, y por eso se estableció con precisión una fecha de arranque formal de las campañas, lo que además permite una mejor fiscalización de los recursos que los candidatos utilizan; pero quienes han pretendido sacar provecho de la misma es el presidente Felipe Calderón y su gobierno, pues aprovecharon estos 43 días para intensificar la promoción de sus logros.
En el momento en que desaparecieron de los medios de comunicación los promocionales de los precandidatos a la Presidencia de la República se multiplicaron los del gobierno federal, con un costo altísimo para el erario, pues en estos momentos todos los tiempos del Estado los maneja el Instituto Federal Electoral y, por lo tanto, toda la publicidad de todas las instancias de gobierno es, en tiempo comercial, comprado con recursos públicos.
Por lo tanto, lo primero que hay que revisar es si el presupuesto del gobierno federal para el 2012 contemplaba una partida tan alta para compra de espacios en los medios de comunicación, y establecer las responsabilidades en que pudieron haber incurrido los funcionarios por desviar el destino de los recursos públicos.
El extremo de dispendio fue el acto que Calderón realizó el miércoles 28 de marzo en el Auditorio Nacional, donde, con la parafernalia propia de un informe presidencial, dirigió un mensaje para difundir lo que a su “juicio son los elementos y los cambios fundamentales que ha vivido nuestro gran país en los últimos cinco años”. Proliferaron los autoelogios y la exposición de los supuestos éxitos, sin ninguna autocrítica ni evaluación ponderada.
Según el mismo Calderón, las leyes mexicanas lo obligaron a realizar este acto, pues a partir del viernes 30 de marzo, “a diferencia de otras democracias, en nuestro país no será posible que el gobierno exprese con esa misma libertad sus argumentos o sus puntos de vista”. Cierto que la legislación mexicana establece una especie de mordaza, a todas la autoridades, durante los tres meses que faltan para la jornada electoral del 1 de julio, pero lo hace porque durante todo el resto del tiempo les permite excesos que no se autorizan en “otras democracias”, para utilizar su mismo argumento.
Un ejemplo muy ilustrativo de esto es la legislación que regula la publicidad y la comunicación institucional en España, vigente desde el 29 de diciembre de 2005. Allí se señala con toda claridad que el objetivo de las campañas institucionales es la utilidad pública, lo que implica “la erradicación de aquellas que tengan como finalidad ensalzar la labor del gobierno. Se garantiza así que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve”, que son las autoridades.
Para ello explícitamente asienta el artículo 4: “No se podrán promover o contratar campañas institucionales y de comunicación: a) que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados…” por las distintas instancias de autoridad.
Con una disposición así en la legislación mexicana, de inmediato desparecería la gran mayoría de la publicidad o comunicación oficial de los medios de comunicación masiva, pues casi toda –excepto la que tiene que ver con campañas de vacunación o alguna otra de salud, las inscripciones al sistema educativo, etcétera– está precisamente dedicada a destacar los logros y los objetivos alcanzados en el ejercicio de autoridad.
Más allá de la difusión de los logros de Calderón y su gobierno, el enorme presupuesto que transfirieron particularmente al duopolio televisivo también tiene el objetivo de recibir un trato privilegiado, como se constató en la excepcional entrevista que le realizaron periodistas de Televisa al presidente el miércoles por la noche. Eso es lo evidente y ostensible, pero en los siguientes tres meses seguramente las pantallas televisivas brindarán tratamientos privilegiados a ciertos actores, en términos de lo acordado con el gobierno federal.
Y así, por esta vía, también se incumple otro de los propósitos explícitos de la reforma electoral del 2007, que era la de ahorrar recursos públicos y evitar la intromisión de terceros, pues los ahorros generados por el acceso gratuito de los candidatos y partidos a los medios al utilizar en exclusiva los tiempos del Estado durante este periodo, muy probablemente se pierden con el incremento en el gasto gubernamental.
Aunque esto es muy difícil calcularlo en México, la citada ley española tiene una disposición destinada a fortalecer “…la transparencia de las campañas, mediante la habilitación de fórmulas que den a conocer todas las actividades de publicidad y de comunicación que prevea desarrollar la Administración General del Estado, incluidas las de las entidades que le están adscritas”. Por el contrario, en México varios gobiernos declararon el gasto en comunicación como información reservada.
Efectivamente, la legislación mexicana tiene limitaciones que no establecen las leyes de otras democracias durante los procesos electorales; pero carece de muchas disposiciones que son las que permiten los abusos de las autoridades mexicanas durante todo el resto del tiempo. Y el mejor ejemplo fue el comportamiento de Calderón y el gobierno federal en estos 43 días de veda electoral.
La capacidad de los mexicanos para pervertir las instituciones es enorme; siempre se encuentra la forma de sacarle la vuelta a las prohibiciones o de obtener beneficios no previstos ni buscados al diseñar y promulgar las normas. El objetivo primario de la llamada “veda electoral” era buscar la equidad en la contienda de los candidatos a un puesto de elección popular, y por eso se estableció con precisión una fecha de arranque formal de las campañas, lo que además permite una mejor fiscalización de los recursos que los candidatos utilizan; pero quienes han pretendido sacar provecho de la misma es el presidente Felipe Calderón y su gobierno, pues aprovecharon estos 43 días para intensificar la promoción de sus logros.
En el momento en que desaparecieron de los medios de comunicación los promocionales de los precandidatos a la Presidencia de la República se multiplicaron los del gobierno federal, con un costo altísimo para el erario, pues en estos momentos todos los tiempos del Estado los maneja el Instituto Federal Electoral y, por lo tanto, toda la publicidad de todas las instancias de gobierno es, en tiempo comercial, comprado con recursos públicos.
Por lo tanto, lo primero que hay que revisar es si el presupuesto del gobierno federal para el 2012 contemplaba una partida tan alta para compra de espacios en los medios de comunicación, y establecer las responsabilidades en que pudieron haber incurrido los funcionarios por desviar el destino de los recursos públicos.
El extremo de dispendio fue el acto que Calderón realizó el miércoles 28 de marzo en el Auditorio Nacional, donde, con la parafernalia propia de un informe presidencial, dirigió un mensaje para difundir lo que a su “juicio son los elementos y los cambios fundamentales que ha vivido nuestro gran país en los últimos cinco años”. Proliferaron los autoelogios y la exposición de los supuestos éxitos, sin ninguna autocrítica ni evaluación ponderada.
Según el mismo Calderón, las leyes mexicanas lo obligaron a realizar este acto, pues a partir del viernes 30 de marzo, “a diferencia de otras democracias, en nuestro país no será posible que el gobierno exprese con esa misma libertad sus argumentos o sus puntos de vista”. Cierto que la legislación mexicana establece una especie de mordaza, a todas la autoridades, durante los tres meses que faltan para la jornada electoral del 1 de julio, pero lo hace porque durante todo el resto del tiempo les permite excesos que no se autorizan en “otras democracias”, para utilizar su mismo argumento.
Un ejemplo muy ilustrativo de esto es la legislación que regula la publicidad y la comunicación institucional en España, vigente desde el 29 de diciembre de 2005. Allí se señala con toda claridad que el objetivo de las campañas institucionales es la utilidad pública, lo que implica “la erradicación de aquellas que tengan como finalidad ensalzar la labor del gobierno. Se garantiza así que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve”, que son las autoridades.
Para ello explícitamente asienta el artículo 4: “No se podrán promover o contratar campañas institucionales y de comunicación: a) que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados…” por las distintas instancias de autoridad.
Con una disposición así en la legislación mexicana, de inmediato desparecería la gran mayoría de la publicidad o comunicación oficial de los medios de comunicación masiva, pues casi toda –excepto la que tiene que ver con campañas de vacunación o alguna otra de salud, las inscripciones al sistema educativo, etcétera– está precisamente dedicada a destacar los logros y los objetivos alcanzados en el ejercicio de autoridad.
Más allá de la difusión de los logros de Calderón y su gobierno, el enorme presupuesto que transfirieron particularmente al duopolio televisivo también tiene el objetivo de recibir un trato privilegiado, como se constató en la excepcional entrevista que le realizaron periodistas de Televisa al presidente el miércoles por la noche. Eso es lo evidente y ostensible, pero en los siguientes tres meses seguramente las pantallas televisivas brindarán tratamientos privilegiados a ciertos actores, en términos de lo acordado con el gobierno federal.
Y así, por esta vía, también se incumple otro de los propósitos explícitos de la reforma electoral del 2007, que era la de ahorrar recursos públicos y evitar la intromisión de terceros, pues los ahorros generados por el acceso gratuito de los candidatos y partidos a los medios al utilizar en exclusiva los tiempos del Estado durante este periodo, muy probablemente se pierden con el incremento en el gasto gubernamental.
Aunque esto es muy difícil calcularlo en México, la citada ley española tiene una disposición destinada a fortalecer “…la transparencia de las campañas, mediante la habilitación de fórmulas que den a conocer todas las actividades de publicidad y de comunicación que prevea desarrollar la Administración General del Estado, incluidas las de las entidades que le están adscritas”. Por el contrario, en México varios gobiernos declararon el gasto en comunicación como información reservada.
Efectivamente, la legislación mexicana tiene limitaciones que no establecen las leyes de otras democracias durante los procesos electorales; pero carece de muchas disposiciones que son las que permiten los abusos de las autoridades mexicanas durante todo el resto del tiempo. Y el mejor ejemplo fue el comportamiento de Calderón y el gobierno federal en estos 43 días de veda electoral.
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